Sentencia 10874 de octubre 30 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández.

Ref.: Exp. 10.874

Actor: Sociedad Medical International de Colombia Ltda.

Demandada: Caja de Previsión Social de Santafé de Bogotá, D.C.

Santafé de Bogotá, D.C., octubre treinta de mil novecientos noventa y siete.

Así las cosas al rompe se observa que para la fecha del proferimiento de la Resolución 1044 de 1988, el término pactado en el contrato Nº G-143/86, se encontraba vencido, pues como se observó el perfeccionamiento del contrato tuvo ocurrencia el 8 de agosto de 1986, lo cual supone que la vigencia del mismo por el año pactado se extendía hasta el 8 de agosto de 1987. Por este aspecto, esta sería razón suficiente para confirmar la sentencia impugnada pues sabido se tiene que en vigencia del Decreto 222 de 1983, la posibilidad de ejercer las facultades exorbitantes por parte de la administración, en lo que a declaratoria de incumplimiento respecta, no podían extenderse y utilizarse por parte de las entidades contratantes, por regla general, más allá del término de ejecución del contrato pactado y ello con el solo propósito de imponer las multas pactadas en el contrato. Excepcionalmente y en todo caso antes de la liquidación del contrato podía la administración o entidad contratante declarar el incumplimiento con el solo propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. En este orden de ideas la declaratoria de incumplimiento proferida por la entidad contratante más allá de la época del término del contrato, e incluso como se ha vistÁ luego de liquidado el mismo de común acuerdo por las partes, vicia de nulidad el acto impugnado, por falta de competencia de la entidad demandada para proferir Áal declaración, que únicamente puede ser pronunciada par parte del juez del contrato.

Adicionalmente ha de tenerse presente que la circunstancia de haber procedido a liquidar el contrato de común acuerdo par las partes, le otorga a dicha liquidación el carácter de acuerdo de voluntades, que por lo mismo no puede ser desconocido unilateralmente por uno de los intervinientes. Repárese en que de conformidad con la liquidación efectuada el contratista asumió una obligación de entregar los faltantes, dentro del término de 30 días y luego de aprobada la licencia de importación por el Incomex. A juzgar por el requerimiento que el contratista dirigió a la entidad contratante en abril 13 de 1988, claramente se deduce que la entidad contratante no suscribió y devolvió los registros de importación, que habían sido remitidos con anterioridad por el contratista, entre otras, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Aquí es pertinente recordar que al acreedor de la prestación también le competen deberes genéricos de cooperación que permitan al deudor satisfacer el interés de aquél. En efecto, para proceder a la legalización y trámite de los registros de importación, si que también de la obtención de las exenciones arancelarias, la entidad contratante ha debido prestar su colaboración para el logro de tales cometidos, pues de acuerdo con el contenido negocial que se infiere del contrato celebrado entre las partes el contratista se comprometió a gestionar y legalizar los respectivos registros ante el Incomex al igual que las exenciones arancelarias, pero para ello naturalmente se reclamaba que la entidad contratante prestara su concurso suscribiendo por intermedio de su representante legal los formatos de los registros correspondientes, para lo cual fue requerida por el contratista sin que obre prueba de la colaboración y del cumplimiento que en tanto acreedor y beneficiario de la prestación, le competía al contratante. En estas circunstancias no resulta compatible con la ocurrencia de los hechos invocar como fundamento de la declaratoria, por lo demás extemporánea, de incumplimiento, la no observancia por el contratista de las obligaciones con respecto a dichos trámites toda vez que la prueba documental arrimada al proceso da cuenta de todo lo contrario.

Por último debe tenerse presente que la imposición de multas pactadas en el contrato celebrado entre las partes estaba sujeta al procedimiento contenido en la cláusula décima, que las previó para el caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones del vendedor, y que su aplicación habría de ir precedida de resolución motivada, habiendo señalado el contrato la proporción de las mismas con respecto al valor del contrato. La entidad contratante a más de las razones expuestas, inobservó el reglamento contractual que condicionaba el ejercicio de la facultad exorbitante a los precisos términos pactados en la cláusula décima del contrato. En este orden de ideas la pretendida imposición de multas mediante la resolución impugnada no consulta la razón de ser de su establecimiento, pues sabido se tiene que la función de la multa dentro del contrato es la de intimar o inducir al contratista al cumplimiento y de ninguna manera la de sancionarlo cuando el contrato se encuentra terminado por vencimiento del plazo, salvo la declaración de incumplimiento para hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en los términos del artículo 72 del Decreto 222 de 1983.

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