Sentencia 10877 de septiembre 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero ponente:

Dr. Daniel Suárez Hernández

Ref.: Exp. 10.877

Actor: Sociedad Disarchivo Ltda.

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diez de mil novecientos noventa y siete.

Demandada: Incomex

No es de recibo el argumento que apunta a endilgarle a la entidad licitante inobservancia de las exigencias previstas en el pliego, más bien por el contrario, lo que se puede inferir es que en el punto relacionado con los precios de los trabajos y suministros requeridos para el primer piso, la firma adjudicataria sí los consideró, a juzgar por las aclaraciones que sobre el particular requirieron los miembros de la junta y las explicaciones dadas por la persona que elaboró el cuadro con base en los precios ofertados.

En este aspecto la Sala echa de menos además, la prueba que pudiera permitir concluir el error numérico en que habría incurrido la entidad licitante al asignar el puntaje por los precios ofertados, pues si el actor pretendió establecer el mencionado error que encontraría su base en el contenido de la propuesta económica de la firma Su Archivo, era de suponerse el acreditamiento adecuado y concreto por cotejo de ambas ofertas, del mencionado error, lo cual no hizo, pues para arribar a la conclusión base de sus pretensiones, se hacía necesario que por lo menos demostrase que su oferta era mejor, lo cual obviamente supone, central la atención del debate en la comparación del contenido de la oferta de su contrincante, hecho este no acreditado en el presente proceso, pues es lo cierto que, no se allegó la prueba que dé cuenta de la propuesta económica de la firma Su Archivo. Empero, con los documentos públicos aducidos y analizados antes se concluye que el principio de igualdad, directriz de necesaria observancia dentro de la selección de las varias ofertas, fue observando a cabalidad por el ente demandado.

Además, no ha de olvidarse, que si bien es cierto el acto de adjudicación no se concibe como una competencia absolutamente discrecional por parte de la entidad licitante, pues ha de suponerse que para la selección ha de observarse los criterios de carácter objetivo plasmados en la ley, para el caso los contenidos en el artículo 33 del Decreto 222 de 1983, norma esta bajo cuyo amparo se adelantó el proceso de licitación objeto de debate, también es cierto que, el criterio precio, no es determinante por sí solo, para la selección del contratista pues la conveniencia de la oferta que habrá de ser seleccionada, exige de la entidad licitante la consideración de todos los aspectos que puedan redundar en el interés público, y desde luego el acto administrativo mediante el cual la administración manifiesta su voluntad en relación con un determinado oferente, para derivar validez y ser compatible con el principio de la legalidad ha de estar caracterizado en cuanto a sus fundamentos por la necesaria razonabilidad y ponderación que se esperan de toda actividad administrativa tendiente a producir efectos vinculantes y válidos.

Por todo lo anterior la Sala encuentra que el proceso de selección adelantado por la entidad demandada estuvo en un todo adecuado a la normativa existente para la época y cumplió con los principios de igualdad para todos los oferentes, sin que se haya acreditado la existencia de error alguno en la consideración del contenido de las ofertas, pues en últimas, por este aspecto, la de la firma adjudicataria, resultaba ser la más conveniente».

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