Sentencia 10888 de marzo 2 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NO SUJECIÓN DE ENTIDADES VINCULADOS AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

EXTRACTOS: «Se decide en la instancia sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la Secretaría de Hacienda del municipio de Floridablanca, Santander, negó la solicitud de liquidación de corrección de la declaración del impuesto de industria y comercio presentada por la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano por la vigencia fiscal de 1995.

La controversia planteada se concreta en determinar si la actividad de servicios médicos quirúrgicos en el área cardiovascular, desarrollada por la actora se encuentra sujeta o no al gravamen, atendiendo al efecto las disposiciones legales generales aplicables, así como las previstas de manera específica para el municipio de Floridablanca.

Según el artículo 39 de la Ley 14 de 1983,

“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (esto es la facultad de los municipios de otorgar exenciones de impuestos municipales), continuarán vigentes:

2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904, además subsisten para los departamentos y municipios las siguientes prohibiciones: (...).

d) La de gravar con el impuesto de industria y comercio, los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.

Conforme el artículo 6º del Decreto 3070 de 1983, “para que las entidades sin ánimo de lucro previstas en el literal d numeral 2º del artículo 39 de la Ley 14 de 1983 puedan gozar del beneficio a que el mismo se refiere, presentarán a las autoridades locales la respectiva certificación con copia auténtica de sus estatutos”.

En desarrollo de las citadas normas legales, se expidió el Decreto Municipal 230 de 1993, donde se consagraron como actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio, las siguientes:

ART. 105.—Actividades no sujetas. Continúan vigentes como actividades no sujetas del impuesto de industria y comercio, aquellas derivadas de obligaciones contraidas por el Gobierno Nacional, en virtud de tratados o convenios internacionales que hayan celebrado el Gobierno Nacional, y además: (…).

3. Los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las entidades culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud”.

De acuerdo con las normas legales referenciadas, son actividades no sujetas al impuesto de industria y comercio los servicios de salud prestados a través de las entidades hospitalarias adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud, entendiéndose que a dicho sistema pertenecen todas las entidades que según la normatividad aplicable, integran el sistema nacional de salud.

Al respecto el Decreto 356 de 1975 “por el cual se establece el régimen de adscripción y vinculación de las entidades que prestan servicio de salud”, disponía en su artículo 9º: “Las entidades de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, por el solo hecho de prestar estos servicios, se entienden vinculadas al sistema nacional de salud”.

Si bien la Ley 10 de 1990, “por la cual se reorganiza el sistema nacional de salud y se dictan otras disposiciones”, derogó expresamente en su artículo 52 el anterior decreto, no excluyó del sistema nacional de salud a las entidades de derecho privado, sino que por el contrario, las incluyó de manera expresa en su artículo 5º, así:

“ART. 5º—Sector Salud. El sector salud esta integrado por:

1. El subsector oficial, al cual pertenecen todas las entidades públicas que dirijan o presten servicios de salud, y específicamente:

a)…

2. El subsector privado, conformado por todas las entidades o personas privadas que presten servicio de salud y, específicamente, por:

a) Entidades o instituciones privadas de seguridad social y cajas de compensación familiar, en los pertinente a la prestación de servicios de salud;

b) Fundaciones o instituciones de utilidad común;

c) Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro;

d) Personas privadas naturales o jurídicas”.

En relación con las entidades privadas, dispone el artículo 7º de la misma ley:

“ART. 7º—Prestación de servicios de salud por entidades privadas. Las fundaciones o instituciones de utilidad común, las asociaciones y corporaciones, sin ánimo de lucro, y en general, las personas privadas jurídicas, podrán prestar servicios de salud en los niveles de atención y grados de complejidad que autorice el Ministerio de Salud o la entidad territorial delegatoria”.

Obran en el proceso (fls. 137 a 146), los estatutos de la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano, según los cuales “la entidad es una fundación de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica propia...”, cuyo objeto es “la prestación de servicios médico-quirúrgicos en el área cardiovascular que estén relacionados con la prevención, diagnóstico, tratamiento rehabilitación de enfermedades cardiovasculares ...”.

Consta igualmente en el plenario (fl. 151 anverso) la certificación expedida por el Ministerio de Salud, según la cual, “mediante Resolución 8772 de julio 6 de 1990, emanada del ministerio se reconoció personería jurídica a la entidad denominada Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano, con domicilio en Bucaramanga (Santander) como entidad sin ánimo de lucro”.

Todo lo anterior permite concluir que, contrario a lo estimado por el tribunal, la prestación de servicios de salud por parte de entidades privadas, tales como las asociaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, hacen parte del sistema nacional de salud, y que, concretamente en el caso de la actora, se cumplen los presupuestos que la ley consagra para que se le reconozca su actividad de servicios de salud adscrita o vinculada al sistema nacional de salud, y concretamente en lo que hace a la autorización del Ministerio de Salud y la entidad territorial delegada.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la normatividad fiscal referenciada en acápites anteriores, no hace distinción alguna cuando consagra la no sujeción del impuesto de industria y comercio para las actividades de servicios de salud hospitalaria, tratándose de entidades adscritas o vinculadas al sistema nacional de salud; estando demostrado que el subsector privado integra con el subsector oficial dicho sistema; que del primero de ellos hace parte la fundación actora, cumpliendo al efecto con los requisitos que la ley consagra, hecho que corrobora la autorización que le fuera otorgada por el Ministerio de Salud y la entidad territorial delegada, debe necesariamente concluirse que la actividad de servicios de salud desarrollada por dicha fundación, no está sujeta al impuesto de industria y comercio. Siendo ello así, los actos acusados, en cuanto niegan a la actora el derecho a corregir su declaración con el fin de acceder al beneficio de la no sujeción al gravamen, resultan violatorios de las normas legales a que se ha hecho referencia, por lo que habrá de decretarse la nulidad de los mismos.

Al margen de lo anterior debe precisarse que la no aplicación del artículo 11 de la Ley 50 de 1984, que versa sobre la sujeción al impuesto de las actividades industriales y comerciales realizadas por las entidades a que se refiere el numeral 2º literal d) de la Ley 14 de 1983; así como la definición de actividades de servicios “análogas” que contiene el artículo 199 del Decreto 1333 de 1986, de donde deduce el a quo que los servicios de salud prestados por la actora están sujetos al gravamen y se entienden incluidos en dicha definición, son argumentos que resultan irrelevantes tratándose de definir la legalidad de los actos demandados, pues de una parte no es ni ha sido objeto de controversia entre las partes la sujeción o no al impuesto de las actividades industriales y comerciales que puedan llegar a ejercer las entidades adscritas al sistema nacional de salud; y por otra, porque es evidente que no cabe similitud alguna entre prestación de servicios de salud y los conceptos que según la norma se definen como actividad de servicios para efectos del impuesto de industria y comercio así:

“Expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurantes, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como corretaje, la comisión, los mandatos y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y video, negocios de montepíos y servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho”.

Máxime cuando existe prohibición expresa de gravar con tal gravamen dicha actividad.

Conforme las precedentes consideraciones encuentra la Sala configurados los cargos de la demanda, por lo que habrá de darse prosperidad al recurso de apelación interpuesto por la actora, revocándose en consecuencia la sentencia impugnada».

(Sentencia de marzo 2 de 2001. Radicación 10.888. Consejero ponente: Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié).

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