SENTENCIA 1089 DE MARZO 3 DE 1994

 

Sentencia 1089 de marzo 3 de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

CALIDADES PARA SER PERSONERO

EL INTERINO TAMBIÉN DEBE CUMPLIRLAS

EXTRACTOS: «El Tribunal Administrativo de Boyacá al resolver el fondo del asunto sub judice, denegó las súplicas de la demanda incoada por Blas Emiro García Rojas, en la que este ciudadano por conducto de apoderado solicita la nulidad de la elección de la señora Priscila Rojas de Ríos, como personera del municipio de Cómbita (Boyacá), la cual hizo el concejo de esta localidad en sesión del 30 de agosto de 1992.

El a quo encontró probado el supuesto de hecho alegado por el actor, consistente en la violación de los artículos 37 de la Ley 11 de 1986 y 137 del D. 1333 de 1986, por no reunir la nombrada los requisitos exigidos en estas disposiciones para acceder legalmente al desempeño de dicho cargo.

Las pruebas de las cuales dedujo el hecho corresponden al acta Nº 007 del 30 de agosto de 1992 vista a folios 17 y 18 contentiva del acto acusado y la declaración rendida en el proceso por la señora Priscila Rojas de Ríos, en la que manifiesta no poseer ninguna de las calidades previstas en la ley para desempeñarse en tal posición.

Sin embargo, pese a estar claramente demostrados los aspectos fácticos, el Tribunal desatendió las súplicas de la demanda con base en la siguiente argumentación:

”Así las cosas, si bien la señora Priscila Rojas no podía ser elegida personera municipal en propiedad, por no reunir las calidades exigidas en el artículo 137 del D. 1333 de 1986, ante la circunstancia de tampoco tenerlas los demás postulados para el cargo, ni existir aspirante con el lleno de las mismas, y, además, habida cuenta de que según el artículo 1º de la Ley 3ª de 1990, en cada municipio debe haber un personero municipal, que implica una función de servicio público permanente, y por ende no puede sufrir interrupción alguna, en nuestro caso, procedía acudir al mecanismo de la interinidad para la provisión del cargo, que permite la continuidad de la prestación del servicio y verificar con la elección en propiedad en el momento que se presente la persona que cumpla con las exigencias legales para tal fin”.

Frente a estos planteamientos la Sala no puede menos que entender la posición de inconformidad de los recurrentes con el fallo, pues encuentra que en ellos el a quo se aleja de la realidad procesal y jurídica existentes en el proceso, para llegar a unas conclusiones contrarias al ordenamiento legal.

En efecto, se aparta de los hechos alegados y que considera probados e ignora la norma legal cuyo supuesto se estima quebrantado, aplicando en cambio otros criterios circunstanciales sin ningún apoyo legal, para dar validez al acto de nombramiento en interinidad.

La circunstancia de que además de la demandada, otros postulados no reunieran las calidades para desempeñar el cargo de personero municipal de Cómbita-Boyacá, situación que no se acreditó, ni se presentaran más aspirantes que las cumplieran, no constituyen a juicio de la Sala, elementos de juicio suficientes para legitimar el acceso a dicha investidura, con el argumento de que las funciones correspondientes a su ejercicio no admiten interrupción por tratarse de un servicio público. Considera la Sala que mientras la ley no señale otros presupuestos, trátese de nombramiento en propiedad o en interinidad, el investido para el cargo debe reunir uno de los dos que expresamente consagra el artículo 137 del D. 1333 de 1986, vale decir, ser abogado titulado o haber terminado estudios de derecho. La disposición como bien lo anota la distinguida colaboradora del Ministerio Público, no hace ninguna salvedad cuando el nombramiento se haga en uno u otro sentido, a lo que debe agregarse que tampoco la hace en el caso de personero suplente o personero delegado en lo penal, cargos para los que también se deben reunir los mismos presupuestos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 1º de la Ley 3ª de 1990 y 4º de la Ley 53 del mismo año, respectivamente.

Estas exigencias legales en materia de calidades, tienen su explicación lógica dadas las funciones que dentro del marco constitucional y legal ejercen tales servidores públicos en nombre del Estado y la sociedad.

Consta en el expediente que a la señora Priscila Rojas de Ríos le fue notificado el auto admisorio de la demanda por edicto, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 numeral 3º del CCA, pero no consta que a pesar de haber sido vinculada al proceso mediante este acto, hubiera ejercido una actitud de defensa con la finalidad de desvirtuar los hechos allí presentados, en su condición de sujeto pasivo de la acción.

Su participación obedeció no a su carácter de demandada, sino a la declaración que le solicitó rendir en la etapa de pruebas el demandante. Es de observar, que tanto la petición como el decreto de la prueba no se ajustaron al procedimiento que para el interrogatorio de las partes consagra el título XIII, capítulo II del C. de P.C. Se recepcionó el testimonio como si se tratara de un tercero ajeno al proceso, cuando en realidad se trata de una parte a la cual debe cobijar necesariamente los efectos de la sentencia. Por esta razón la declaración así vertida carece de valor legal al estar afectada de nulidad.

Ahora si bien la antecitada prueba es ineficaz para acreditar los hechos en que se fundamentan las pretensiones, ello no quiere decir que aquellos no hayan sido demostrados por otros medios legales. En efecto, tratándose el cargo de una proposición negativa indefinida, en virtud del principio consagrado en el artículo 177 del C. de P.C., opera el fenómeno de la inversión de la carga de la prueba, según el cual, a la demandada correspondía desvirtuar la afirmación del actor, o sea, aportar las pruebas que acreditasen su condición de abogado titulado o haber terminado estudios de derecho, pero como aquella no intervino en el proceso como atrás quedó explicado, el cargo no tuvo ninguna contradicción y dada esta circunstancia, adquirió mérito legal para servir de apoyo a la solicitud de nulidad del acto demandado por violación del artículo 137 del D. 1333 de 1986.

De las anteriores consideraciones se deduce claramente que la decisión a adoptar en esta instancia, no puede ser distinta a la de revocatoria de la sentencia apelada para en su lugar dar prosperidad a la pretensión demandada».

(Sentencia de marzo 3 de 1994. Expediente 1089. Consejero Ponente: Dr. Luis Eduardo Jaramillo Mejía).

__________________________________