Sentencia 10904 de diciembre 12 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Carlos Betancur Jaramillo

Ref.: Exp. 10.904

Indemnizatorio

Actor: Hermes Dolores Palacios Palacios. Demandada: Fiscalía General de la Nación.

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre doce de mil novecientos noventa y seis.

La sentencia de primera instancia será confirmada rechazando las pretensiones del demandante, pues la Sala estima que en el presente evento no aparece evidenciada la existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad demandada que pueda comprometer su responsabilidad patrimonial, en los términos del artículo 90 de la Constitución Nacional.

1. En el expediente está acreditado que el abogado Hermes Palacios Palacios denunció a un juez por el delito de prevaricato, habiéndose abstenido la justicia de iniciar en su contra investigación por los hechos objeto de dicha denuncia; y que, por lo anterior, el citado juez denunció a su vez al abogado por falsa denuncia.

En el proceso adelantado contra el abogado, el Fiscal 29 de Ipiales, luego de oír en indagatoria al abogado, profirió el 28 de marzo de 1993 en su contra medida de aseguramiento consistente en caución prendaria, conminándolo a consignar la suma de $ 200.000 (f. 20). Esa decisión fue revocada en segunda instancia por providencia del 4 de mayo de 1993 (fl. 43); y ser ordenó devolver la caución al abogado el 12 de mayo del mismo año (fl. 67).

2. Los hechos anteriores en forma alguna evidencian la causación de un daño jurídico para el demandante. Éste, que es abogado de profesión, debe saber mejor que nadie que la jurisdicción es ejercida por seres humanos; que al estar confiada a ellos la administración de justicia, su ejercicio implica entonces, la posibilidad de comisión de errores y la eventualidad de interpretaciones distintas de los hechos y de las disposiciones legales sometidas a su análisis y aplicación; esta razón explica, por lo demás, que la institución de los recursos, que permite una nueva revisión de los asuntos sea de la esencia de la jurisdicción y que esté consagrado constitucionalmente que “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada salvo las excepciones que consagre la ley”. (art. 31 C.P.).

3. Esas consideraciones hacen que los particulares que son los destinatarios y beneficiarios del servicio público de justicia deban soportar ciertas cargas cuando ellas no revistan especial gravedad o anormalidad, que es lo que evidencia su carácter de antijurídicos; de no ser así, imposible sería la prestación de este servicio público.

Respecto de este punto, la Sala ha dicho:

“La Sala considera de interés ir fijando pautas jurisprudenciales en relación con el real alcance del concepto constitucional daños antijurídicos que le sean imputables.

Dentro de una óptica debe quedar en claro que el perjuicio que da origen a la responsabilidad es el antijurídico y esa nota hay que buscarla en el hecho en sí mismo, no en la conducta que lo causa. Por ello no existe antijuricidad cuando el particular está obligado a soportar el perjuicio”.

“Citando a De la Cuetara, se agrega:

“Estas y otras cuestiones que pueden plantearse nos informan que la antijuridicidad de los daños posee unos límites, límites que lo son también la de la operatividad del sistema jurídico y de los que, para cerrar este tema, recordaremos la formulación realizada por Villar Palasi: son, por un lado, la actuaciones de la administración encaminadas a la creación de las condiciones sustanciales de la vida colectiva (manifestadas a través del ejercicio de las potestades organizatorias de la vida común) y por otro lado, aquellos perjuicios que por el número de los afectados o por la cuantía implicarían una indemnización incompatible con el mantenimiento de la economía de un país (tal sucede, por ejemplo en los daños de guerra, en algunas operaciones drásticas del sistema de saneamiento económico etc.)”. (Sent. dic. 14/92, Exp. 7130, ponente Dr. Julio Cesar Uribe Acosta).

“Dentro de la perspectiva jurídica anterior, aplicable al derecho administrativo colombiano, a la luz del artículo 90 de la Constitución Nacional, el Estado sólo está obligado a responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Pero en este momento del discurso judicial se impone recordar que todos los ciudadanos tienen que soportar las dificultades y los daños que el control de la situación de orden público les pueda causar en situaciones como la que dio erigen al presente proceso. La ley permite, en ciertos casos, la retención de las personas, el allanamiento, la requisa, la detención preventiva de ciudadanos etc., etc. Es indudable que con todas esas conductas, permitidas por el ordenamiento positivo se pueden causar perjuicios a las personas, pero en tales eventos, la víctima, tiene el deber de soportarlas. Por ello se enseña que, en tales eventos el perjuicio no es antijurídico y, por lo mismo la administración no está obligada a repararlo” (Sent. feb. 3/94. Consejero ponente, Dr. Julio Cesar Uribe Acosta).

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