Sentencia 10907 de junio 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

INSCRIPCIÓN DE JUNTAS DIRECTIVAS DE SINDICATOS

PROCEDE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD

EXTRACTOS: «Por intermedio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad contemplada en el artículo 84 del CCA., la sociedad comercial Derivados del Maíz S.A. solicita ante esta corporación se declare la nulidad de las resoluciones números 96 y 142 del 17 de mayo y 17 de junio de 1994 del inspector de trabajo de la división de trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Antioquía y de la número 164 del 14 de julio de ese mismo año, expedida por el jefe de la división mencionada, por medio de las cuales se ordenó la inscripción en el registro sindical de la elección y designación de cargos de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos “Sinaltrainal” seccional Itagüí.

(...).

Posición de Sinaltrainal

Por intermedio de apoderado Sinaltrainal propone la excepción de falta de competencia, por cuanto el conocimiento del proceso no compete al Consejo de Estado sino al Tribunal Administrativo de Antioquia, en virtud de que los actos acusados no fueron proferidos por funcionarios del orden nacional sino por el inspector de trabajo de división de trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Seguridad Social de Antioquia, dependencia que de acuerdo con sus funciones, no tiene ámbito nacional sino local, siendo su superior inmediato el jefe de la división de trabajo de dicha dirección, funcionario con jurisdicción únicamente en ese departamento, por tanto, la competencia para conocer del proceso, según voces del artículo 132 del CCA, la ostenta el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Igualmente propone la excepción de falta de interés jurídico y de causa para demandar de la empresa Derivados del Maíz S.A., aduciendo que ésta no es socia suya y que conforme con sus estatutos, sólo los afiliados al sindicato tienen interés para ello; que no puede un tercero inmiscuirse en los asuntos internos de un sindicato y que tampoco la demandante ha sido afectada “con el derecho de asociación de sus trabajadores quienes de acuerdo con la Constitución Política artículo 39 tienen el derecho de afiliarse o crear asociaciones con la sola obligación de cumplir con los estatutos” (fl. 141).

(...).

Consideraciones

En primer término, se precisa que no obstante haber sido expedidas por funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social radicados en el departamento de Antioquia, cuya competencia funcional estaba circunscrita al territorio de éste, ello no quiere decir que los actos acusados sean originarios de autoridades departamentales, puesto que los funcionarios que los expidieron actuaron a nombre del Ministerio del Trabajo en virtud de la desconcentración de funciones que opera en él y que consiste en el otorgamiento de funciones de una entidad nacional a agentes suyos que se desplazan físicamente a las diversas partes del territorio para que las desarrollen más ágilmente en la respectiva región dada la imposibilidad e inconveniencia de ejercer adecuada y rápidamente desde la capital, todas las atribuciones que por ley le competen a dicha institución.

Por tanto, los actos administrativos que expiden la autoridades con que cuenta ese ministerio en las distintas regionales, vale decir aquellos proferidos por los agentes que tiene en esas entidades territoriales, no ostentan carácter departamental, como erróneamente estima Sinaltrainal, sino que, inequívocamente, son actos administrativos del orden nacional y como tal y de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 128 del CCA, compete a esta corporación.

Conforme con lo expuesto, la excepción propuesta por Sinaltrainal con fundamento en tales consideraciones carece de vocación de prosperidad, al igual que la basada en la inexistencia de interés jurídico para demandar de la empresa Derivados del Maíz S.A., por cuanto la sección ha admitido siempre que contra estos actos como el de inscripción de juntas directivas, que aun cuando son de carácter particular y subjetivo, puede interponerse la acción de simple nulidad por cualquier persona, dada la trascendencia que tiene en el ámbito nacional el que las organizaciones sindicales funcionen siempre conforme al ordenamiento jurídico que las rige. El derecho de asociación es un derecho fundamental consagrado en la Constitución y es la sociedad en general la que tiene interés jurídico en que se ejerza adecuadamente; aún cuando no se invoque interés particular en las resultas del juicio. Por tal razón, es perfectamente procedente en este caso la acción pública de nulidad y no prospera, en consecuencia, la excepción propuesta».

(Sentencia de junio 11 de 1998. Expediente 10907. Consejera Ponente: Dra. Clara Forero de Castro).

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