Sentencia 10.923 de octubre 2 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

RESPONSABILIDAD ESTATAL

EXTRACTOS: «Como bien se ha dicho, la responsabilidad patrimonial del Estado por las acciones u omisiones de sus agentes puede tener como causa, el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el funcionamiento anormal de la administración de justicia.

En el caso sub examine, pretende la actora que se declare la responsabilidad administrativa y como consecuencia se condene a la Nación - Ministerio de Justicia y al Consejo Superior de la Judicatura, a pagar los perjuicios morales y materiales que se produjeron a los demandantes por la detención de que fue objeto el señor Rafael Antonio Leal Medina.

Es importante entonces, recordar la tesis sostenida para que tal responsabilidad se estructure. Se tiene claro que el Estado es responsable patrimonialmente por la privación injusta de la libertad de los administrados, sin consideración alguna respecto de la regular o irregular conducta de los agentes judiciales con cuyas decisiones se haya producido tal decisión. Pero para que dicha responsabilidad se configure, se debe demostrar que la privación de la libertad sufrida por una persona no tiene sustento legal.

Está claro dentro del proceso que el día 13 de septiembre de 1990, el señor Rafael Antonio Leal Medina, disparó un revólver, cuando viajaba de la ciudad de Florencia a la ciudad de Neiva en el bus de placas XY2724 de la empresa Coomotor Florencia.

Que como consecuencia de dichos disparos, ocasionó la muerte a los señores Jaime González Córdoba, Myriam Galvis Rojas, Orlando Méndez Ortiz, Jaime Tovar Tovar y al menor Hernán Naranjo.

Sin detenerse la Sala a analizar los motivos que llevaron al señor Leal Medina a tomar esta actitud, observa la Sala que como consecuencia de tales hechos, el Juzgado Catorce de Instrucción Criminal radicado en Florencia inició la investigación penal pertinente y el sindicado fue privado de la libertad. El 17 de septiembre de 1991 el Juzgado Primero Superior le concedió el beneficio de libertad provisional, la que fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Sala Penal. Más adelante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia lo absolvió, sentencia que al ser consultada, fue confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia mediante providencia del 9 de marzo de 1993.

Observa la Sala que la detención de que fue objeto el señor Rafael Antonio Leal Medina, por parte de las autoridades judiciales, estaba sustentada en normas tanto procedimentales como sustantivas de nuestro ordenamiento penal, en virtud de las cuales el funcionario investigador en desarrollo de sus obligaciones instructivas perfectamente puede ordenar distintas medidas de aseguramiento, según la naturaleza y punición del hecho delictivo.

Conforme al artículo 388 del Código de Procedimiento Penal resultan procedentes las medidas de conminación, caución, prohibición de salir del país, la detención domiciliaria y la detención preventiva, para cuya aplicación el juez deberá tener en cuenta que contra el procesado exista por lo menos un indicio grave de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas en el proceso.

Toma en cuenta la Sala que el delito por el cual se determinó la privación de la libertad del demandante Rafael Antonio Leal Medina fue el de homicidio ejecutado en las cinco personas anteriormente relacionadas y que la investigación fue prolongada y difícil, hasta el punto de que en el fallo absolutorio se le reconoció una legítima defensa haciendo de lado el dictamen pericial de la sección de psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal conforme al cual el sindicado al momento de los hechos presentó un trastorno mental transitorio, para considerarlo como sujeto inimputable. Conviene igualmente tomar en consideración la prolífera actividad probatoria desplegada por el funcionario instructor encaminada precisamente a clarificar lo sucedido para en esa forma deducir la responsabilidad o inocencia del sindicado. Desde luego que esa notable labor instructiva significó así mismo un importante cúmulo de tiempo, el cual se estima normal frente a la entidad del punible o de los punibles investigados, adicionado con la dificultad de establecer la calidad de imputable o inimputable del procesado.

En las anteriores condiciones considera la Sala que por tratarse de un delito de homicidio la medida de aseguramiento legalmente procedente era la de detención preventiva, es decir, que desde este punto de vista la detención preventiva encontraba pleno respaldo legal conforme a los artículos 388, 389, 397 y 398 del Código de Procedimiento Penal, en razón a que el instructor contaba con el caudal probatorio e incriminatorio suficiente para privar al sindicado de su libertad. No puede, pues, sostenerse que el detenido demandante fue privado injustamente de su libertad porque como se deduce del expediente penal existieron suficientes pruebas sustentatorias de la detención.

Si como se ha dicho por la Sala, el someterse a una investigación significa una de las cargas que todos los ciudadanos estamos obligados a soportar, en el caso bajo examen, por causa de la gravedad del ilícito ejecutado el sindicado debía esperar los resultados de la investigación. De no ser así, se llegaría a la situación absurda y ostensiblemente peligrosa para el mantenimiento del orden social y el funcionamiento de la justicia penal, de que a la más leve insinuación de una causal exculpativa o de justificación, sin comprobación adecuada, diera lugar a liberar de inmediato al sindicado, so pena, de una parte, que el Estado necesariamente tendría que asumir la responsabilidad por privar de la libertad al sindicado y, de otra, el funcionario investigador actuaría bajo la presión que le significa la posibilidad de que el Estado mismo pueda en un caso dado repetir contra él. Por supuesto que éste no puede ser el entendimiento del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal.

En este orden de ideas y como conclusión estima la Sala que para configurar la responsabilidad reclamada en este proceso, la privación de la libertad ha debido ser injusta, es decir fruto de decisiones contrarias al derecho o abiertamente arbitrarias, con desconocimiento de disposiciones tanto constitucionales como legales, constitutivas de verdaderas garantías de ese derecho fundamental de las personas, las cuales en ningún momento se vieron vulneradas por la medida privativa de la libertad».

(Sentencia de octubre 2 de 1996. Expediente 10.923. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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