Sentencia 1094-01 de febrero 24 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Expediente 250002324000200101094 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso

Actor: Gloria Mercedes Albarracín Pineda

Bogotá, D.C., febrero veinticuatro del año dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la providencia del 10 de junio de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsección B, mediante la cual declaró no probada la excepción propuesta por el apoderado de la entidad accionada y negó las pretensiones de la demanda.

(...).

IV. Consideraciones de la Sala

En relación con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala considera:

Mediante la Resolución 106 del 2 de febrero de 2001, por la cual se resuelve una solicitud de convalidación, se resolvió no convalidar para todos los efectos en Colombia, el título de master en investigación educativa, expedido el 9 de junio de 1999, por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de La Habana, Cuba, a Gloria Mercedes Albarracín Pineda.

En la citada resolución se consignó:

“Que de acuerdo con dichas disposiciones, dentro de las diligencias legales adelantadas para obtener la certeza requerida por la ley en el sentido de que los estudios han sido cursados en territorio extranjero, esta subdirección solicitó información sobre su tiempo de permanencia en Cuba a la dirección de extranjería del DAS.

Que con reporte de fecha 4 de julio de 2000 la dirección de extranjería, unidad de estadística del DAS, respondió al Icfes dando cuenta de solo una salida de la solicitante a Cuba; entre el 2 y 23 de enero de 1998. Todo lo cual evidencia el incumplimiento del presupuesto fundamental de adelantar los estudios en el exterior.

Que la certificación contenida en el reporte es prueba concluyente de que los estudios no se adelantaron en el exterior como lo ordena la ley. Y por consiguiente la solicitud de convalidación en referencia, con arreglo a las anteriores consideraciones, no reúne los requisitos legales y resulta improcedente a todas luces”.

Por su parte, en la Resolución 431 del 6 de abril de 2001, mediante la cual se resuelve recursos de reposición, se consignó:

Adicionalmente debe señalarse que tanto los programas semipresenciales como los programas a distancia, contienen un elemento presencial en el que los tutores y docentes orientan el trabajo y la autoformación del estudiante. Este módulo presencial no puede limitarse a unas semanas al final del curso, pues no habría tal acompañamiento, sino que debe realizarse de manera periódica a lo largo del mismo. Por las razones expuestas, el argumento será descartado.

(...).

Por otra parte, los recurrentes confunden la función de convalidación de títulos radicada en cabeza del Icfes con la de exigir títulos de idoneidad, radicada en cabeza del legislador. La primera es básicamente un trámite administrativo dirigido a dotar a los títulos correspondientes a estudios cursados en el exterior de las formalidades necesarias con el fin de emplearlos para efectos académicos y laborales; mientras que la segunda se contrae a la exigencia de estudios o capacitación calificados (que usualmente se acreditan con el título) para poder ejercer determinadas profesiones u oficios. Por lo anterior, el argumento está llamado a no prosperar.

(...).

Como se ha demostrado anteriormente, la decisión de no convalidar no carece de fundamento jurídico sino que es un desarrollo armónico de lo dispuesto en la normatividad vigente. La libertad de escoger profesión y oficio encuentra límite en la facultad legislativa de reglamentar las profesiones.

(...).

La convalidación, no constituye una exigencia adicional, toda vez que está prevista tanto en la normatividad vigente y la misma Corte Constitucional ha señalado que corresponde a este instituto dicha responsabilidad.

(...)”.

La Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior señala como función del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes, la de “homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior”.

Según el Diccionario de la Lengua Española, Real Academia, por los términos “convalidar” y “homologar” se entiende:

“Convalidar”. Dar validez académica, en un país, institución, facultad, sección, etc., a estudios aprobados en otro país, institución, etc.”.

“Homologar. Equiparar, poner en relación de igualdad o semejanza dos cosas. Contrastar una autoridad oficial el cumplimiento de determinadas especificaciones o características de un objeto o una acción (...)”.

La Constitución Política en su artículo 26 dispone:

“ART. 26.—Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

(...)”.

El artículo 27 de la Ley 42 de 1993 establece que los exámenes de Estado son pruebas académicas de carácter oficial que tienen por objeto, entre otros, el de “homologar y convalidar títulos de estudios de educación superior realizados en el exterior, cuando sea pertinente a juicio del Consejo Nacional para la Educación Superior, CESU.

El Consejo de Estado ha señalado que es de la esencia de la convalidación y homologación que los estudios hayan sido efectivamente realizados en el exterior. Así lo expresó en fallo del año 2002:

“Al respecto se tiene que el literal i) del artículo 38 de la Ley 30 de 1992, entre otras funciones del Icfes, señala la de “Homologar y convalidar títulos de estudios cursados en el exterior”. Ello significa que es de la esencia de esa homologación y convalidación que los estudios correspondientes a dichos títulos hayan sido cursados en el exterior, es decir, que el requisito exigido por la entidad demandada sí está previsto en la citada norma, y no se evidencia en el plenario que la actora hubiere acreditado ese requisito, e incluso, ni siquiera controvierte lo afirmado por la demandada sobre la ausencia del mismo, luego la motivación jurídica en ese sentido se presume veraz, de allí que no se da la falsa motivación que al respecto le endilga la actora al acto acusado (Cfr. C.E., Sec. Primera. C.P. Manuel Urueta. Exp. 8183. Sent., sep. 12/2002).

Mediante la Ley 421 de 1998, se aprobó el “Convenio de reconocimiento mutuo de estudios y títulos de educación superior entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República de Cuba” suscrito en La Habana el 4 de mayo de 1994.

El artículo 8º de dicho convenio, que sería aplicable en el presente caso, dispone:

“ART. 8º—Los títulos que corresponden a programas académicos diferentes a los mencionados en el presente convenio podrán ser reconocidos con las observaciones de los requisitos contemplados en las disposiciones legales vigentes de cada Estado”.

En nuestro país, el Decreto 836 de 1994 establece los procedimientos para la creación y funcionamiento de programas de maestrías y dispone en el artículo 1º:

“ART. 1º—Podrán ofrecer programas de maestrías:

a) Las universidades que satisfagan dentro de un proceso de acreditación los requisitos contemplados en los artículos 19 y 20 de la Ley 30 de 1992;

b) Las universidades y las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas que cumplan, dentro de un proceso de acreditación, con lo dispuesto en el artículo 19 y en el literal a) del artículo 20 de la Ley 30 de 1992 y con los requisitos de calidad en los campos de acción afines al programa propuesto, y

c) Las instituciones dedicadas exclusiva o primordialmente a la investigación, previo convenio con universidades y cumpliendo con las disposiciones de este decreto”.

El artículo 2º de este decreto señala los requisitos mínimos para autorizar programas específicos de maestrías, los cuales son:

“ART. 2º—Para autorizar programas específicos de maestrías se tendrán en cuenta los siguientes requisitos mínimos:

(...).

5. Definir el número de estudiantes que puedan atender la maestría, las jornadas e indicar la infraestructura y los recursos requeridos”.

El Icfes, entidad competente para convalidar el título obtenido por la demandante en el exterior, considera que, de conformidad con la certificación expedida por el DAS, una permanencia de tan solo 21 días en La Habana, no es suficiente para lograr la convalidación del título obtenido en Cuba, puesto que por norma general lo programas de maestrías son de dos años. La Sala comparte este criterio puesto que, aunque en las maestrías la labor investigativa copa la mayor parte del tiempo sin que sea necesaria la interrelación directa de profesor-alumno, no es viable afirmar que con una corta estancia de tan solo 21 días se obtuvo un título en el exterior, el cual pueda ser convalidado en el nuestro.

De conformidad con las facultades de inspección, vigilancia y control en cabeza del Presidente de la República, corresponde al Estado la vigilancia sobre los centros educativos de educación superior que operan en el país mas no sobre los extranjeros.

La Corte Constitucional en Sentencia C-050 de 1997 sobre el particular señaló:

“... Pero como al Estado colombiano le es imposible ejercer la misma vigilancia sobre los centros de educación extranjeros, es perfectamente explicable que este se reserve el derecho de homologar o reconocer los estudios parciales efectuados en una institución extranjera, y de aceptar los títulos extranjeros, a fin de reconocer la idoneidad de sus poseedores y otorgarles el mismo tratamiento concedido a las personas con similares títulos de origen nacional. Lo dicho ilustra suficientemente el motivo por el cual les autoridades colombianas deben homologar estudios parciales y convalidar los títulos de educación superior obtenidos en el exterior” (Cfr. C. Const. Sent. C-050/97. M.P. Jorge Arango Mejía).

El proceso de convalidación pretende reconocer la idoneidad de los títulos otorgados en el exterior, los cuales deben cumplir con las mismas condiciones de los obtenidos en Colombia. Para ello se remiten a instituciones nacionales de reconocida calidad, no solo los títulos debidamente legalizados sino los programas detallados de sus contenidos, la lista de profesores, tiempo de duración y, en general, toda la información pertinente.

Por las razones expuestas, en el presente caso al no haberse cumplido satisfactoriamente con el presupuesto de “estudios en el exterior”, la Sala procederá a confirmar el fallo del tribunal.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, subsección B.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en su sesión de fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2005».

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