Sentencia 10954 de abril 10 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Radicación: 10954

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: Luis Ardo Vásquez Lubo y otros

Demandado: La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

Santafé de Bogotá, D.C., diez de abril de mil novecientos noventa y siete.

Por la doble vía del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora y del grado jurisdiccional de la consulta, conoce la Sala de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 8 de mayo de 1995, mediante la cual se dispuso:

“1) Declárase que la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, es administrativamente responsable de la muerte del Soldado del Ejército Nacional JUAN JÓSE VÁSQUEZ GÓMEZ en hechos ocurridos el 18 de marzo de 1992 y quien falleció el 26 de marzo del mismo año, dentro de las circunstancias de modo, tiempo y lugar descritos en esta providencia.

2). Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la NACIÓN COLOMBIANA - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, a pagar los perjuicios morales subjetivos, los siguientes valores:

a) 1.000 gramos de oro fino para LUIS ARDO VÁSQUEZ LUBO y ELSA MARÍA GÓMEZ VIVEROS (padres del occiso), y DIOSELINA LUBO (abuela del occiso), para cada uno de ellos.

b) 370 gramos oro fino a JULIAN DARIO, JHONY ALEJANDRO, SAMI FERNANDO, ISABEL CRISTINA, ALEXIS, MÓNICA y LUIS ARDO VÁSQUEZ GÓMEZ (hermanos menores del occiso) quienes están representados debidamente por sus padres, para cada uno de ellos.

c) 370 gramos oro fino para AIDA SOFÍA y JAKELINE VÁSQUEZ GÓMEZ (hermanas del occiso), para cada una de ellas.

d) 370 gramos oro fino a DIEGO VÁSQUEZ JIMÉNEZ (hermano del occiso).

e) 370 gramos oro fino para ESNEDA GÓMEZ (hermana del occiso).

Estos valores se consideran como condena en concreto y se tasaran (sic) de acuerdo a la certificación del Banco de la República, sobre el precio del oro a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, y se pagarán a favor de las personas antes nombradas o quien acredite estar facultado por ellos para recibir en sus respectivos nombres”.

Antecedentes procesales

1. Las pretensiones:

LUIS ARDO VÁSQUEZ LUBO, ELSA MARÍA GÓMEZ VIVERO en nombre propio y en representación de sus hijos menores JULIAN DARIO, JHONY ALEJANDRO, SAMY FERNANDO, ISABEL CRISTINA, ALEXIS, MÓNICA Y LUIS ARDO VÁSQUEZ GÓMEZ; AIDA SOFÍA Y JACKELINE VÁSQUEZ GÓMEZ, DIEGO VÁSQUEZ JIMÉNEZ, ESNEDA GÓMEZ Y DIOSELINA LUBO, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, el 23 de marzo de 1994 formularon demanda ante el Tribunal Administrativo del Caquetá para que se les indemnizara de todos los perjuicios morales ocasionados con las lesiones y posterior muerte del soldado JUAN JOSE VÁSQUEZ GÓMEZ, en hechos ocurridos el 16 de marzo en la Base Militar de “Larandia” jurisdicción de Florencia (Caquetá).

2. Fundamentos de hecho.

Aparecen relacionados en la demanda y se encuentran en los folios 36 a 38 del expediente, así:

1. JUAN JOSÉ VÁSQUEZ GÓMEZ fue incorporado a las filas del Ejército Nacional y destinado al Batallón “HEROES” de Guapí, adscrito a la XII Brigada con sede en Florencia (Caquetá).

2. Para el 16 de Marzo de 1992, se encontraba cumpliendo con las funciones propias de su oficio, debidamente uniformados, provistos de las armas de dotación en la Base Militar “LARANDIA”, de esa misma circunscripción territorial, produciéndose un disparo por la indebida manipulación del artefacto, por un compañero suyo.

3. Lesionado de gravedad, el militar JUAN JOSÉ VÁSQUEZ GÓMEZ, fue trasladado al Hospital Militar con sede en Santafé de Bogotá en donde pese a los esfuerzos de los facultativos falleció el día 26 de Marzo del mismo año.

4. La muerte del Soldado JUAN JOSE VÁSQUEZ GÓMEZ obedeció sin lugar a dudas, a falta o falla en el servicio, pues el hecho generador de responsabilidad fue cometido por un militar en ejercicio de sus funciones, debidamente uniformado, utilizando el armamento de dotación oficial y con clara violación del Manuel de Medidas de Seguridad”.

3. La sentencia recurrida.

El a quo declaró administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional por el perjuicio moral ocasionado a los demandantes, pues a su juicio la entidad demandada violó el reglamento de medidas de seguridad que se relacionan con el manejo de armas de fuego cuando el Cabo Cardozo ordenó al Dragoneante LUIS ALBERTO CASTILLO CAICEDO que le hiciera aseo a su arma de dotación no obstante la prohibición de entregar éstas a los soldados.

Finalmente deja claro que el hecho fue causado con arma de dotación oficial, accionada por un miembro de la Fuerza Pública que se encontraba en ejercicio de sus funciones y que por este motivo se predica la falla que obliga a la demandada a probar algún eximente de responsabilidad lo cual no se logró dentro del presente proceso.

4. Razones de la apelación.

El apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación por encontrarse inconforme con la cuantificación de los perjuicios para los hermanos, injustificadamente inferior a lo que ordinariamente ha reconocido esta Corporación.

Afirma que el a quo no explicó la razón de la disminución, la que en su opinión surgió del concepto del Ministerio Público que se fundamentó en lo expresado en la audiencia de conciliación, donde el Magistrado y las partes formularon sus respectivas propuestas sin quedar vinculados a las mismas.

Hace énfasis en que quedó suficientemente probado el afecto familiar sostenido entre la víctima y sus hermanos ya que se trataban de personas solteras que tenían el mismo hogar paterno.

Las partes, incluido el Ministerio Público, guardaron silencio durante el trámite de esta instancia.

Consideraciones de la Sala

1. Resulta indudable que en el presente asunto no opera el fenómeno de la caducidad, puesto que en la demanda el apoderado judicial de la parte actora vincula a la acción realizada el 18 de marzo de 1992 por el agente estatal, la consecuencia del fallecimiento del soldado Vásquez Gómez ocurrido el 26 de marzo de 1992, fecha a partir de la cual se debe empezar a contar el término de caducidad, fenómeno que no ocurrió en este proceso pues la demanda se presentó el 23 de marzo de 1994.

En reciente ocasión la Sala, al examinar situación semejante a la planteada en este proceso, dijo:

“….en el capítulo de las pretensiones la parte actora destaca con notoria nitidez que la falla del servicio que se imputa a la administración se hace consistir en el hecho “que culminó con el fallecimiento del joven Francisco Javier Mosquera Sevilla, acaecido el día 26 de febrero de 1994 en la ciudad de Cali” Y como la prueba de autos determina que éste efectivamente falleció el 26 de febrero de 1994 (fl. 12) y la demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Cauca el 23 de febrero de 1996, fluye con verdad jurídica que la demanda fue presentada en tiempo” (Proceso 12090, Actor: JESÚS ANTONIO MOSQUERA, Ponente: Dr. JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS).

Esta es igualmente, la tendencia de la jurisprudencia española que interpreta con generosidad el plazo para acudir en demanda ante el Juez, “lo que impide que queden privados de cobertura por razones formales los daños que la merecen”(1).

Esa interpretación está orientada por el principio pro damato, por cuanto significa un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho al resarcimiento.

En casos como el presente, la prolongación de la duración de un tratamiento o un proceso de sanidad, no permite a la víctima saber a ciencia cierta cuando el daño ha terminado de producirse, a efecto de fijar el diez a quo del cómputo del plazo(2).

2. Para la Sala no existe duda alguna con respecto a la existencia de la falla del servicio en el hecho que culminó con la muerte del soldado VÁSQUEZ GÓMEZ.

Por tratarse de un daño ocasionado con arma de dotación oficial, accionada por un miembro de la fuerza pública el presente caso se debe manejar bajo la teoría de la falla presunta del servicio, de manera que la entidad demandada sólo se exoneraría de responsabilidad en la medida en que probara alguno de los eximentes (fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero también con carácter exclusivo y determinante). Como ello no aconteció en este caso, el numeral primero de la sentencia impugnada no merece reparo alguno.

Por lo demás obran en el expediente pruebas suficientes de que por el desacato del reglamento de medidas de seguridad, que prohibía a los suboficiales entregar sus armas a los soldados, culminó con la desafortunada lesión y posterior muerte de quien figura como víctima en este proceso.

3. Sobre los perjuicios morales reconocidos en cuantía equivalente a trescientos setenta gramos para cada uno de los hermanos, no obstante el criterio de la Sala de respetar la razonable discrecionalidad del fallador de primera instancia para tasar este tipo de perjuicios, no se encuentra en las consideraciones del fallo proferido por el a quo ni en el proceso motivo o razón alguna que justifique o explique por qué se disminuye el valor que normalmente la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido para los hermanos de la víctima. Y no podría argumentarse que la reducción obedezca a alguna deficiencia probatoria en cuanto al dolor que la muerte del soldado Vásquez Gómez produjo en sus hermanos, pues desde la providencia de 17 de julio de 1992, Proceso 6750, Actor: LUIS MARÍA CALDERÓN SÁNCHEZ Y OTROS, la Sala ha sostenido:  

“Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna razón encuentra para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no demuestren la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la corrección jurisprudencial, se presume que un daño antijurídico inferido a una persona, causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean ascendientes, descendientes o colaterales.

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se han tornado inamistosas o incluso que se han deteriorado totalmente”.

Atendiendo la jurisprudencia de esta Corporación y dejando en claro que la entidad demandada no demostró que las relaciones filiales y fraternales entre la víctima y sus hermanos estaban notoriamente debilitadas o eran inamistosas, se modificará la sentencia apelada aumentando a quinientos gramos de oro el monto de los perjuicios morales para cada uno de los hermanos.  

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmanse los numerales 1º, 3º, 4º y 5º y el literal a) del numeral 2º de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá el 8 de mayo de 1995.

2. Modifícanse los literales b, c, d y e del numeral 2º, en el sentido de que la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional pagará por concepto de perjuicios morales a los menores JULIAN DARIO, JHONY ALEJANDRO, SAMI FERNANDO, ISABEL CRISTINA, ALEXIS, MÓNICA y LUIS ARDO VÁSQUEZ GÓMEZ, representados por sus padres LUIS ARDO VÁSQUEZ LUBO y ELSA MARÍA GÓMEZ VIVEROS y a los señores AIDA SOFÍA y JAKELINE VÁSQUEZ GÓMEZ, DIEGO VÁSQUEZ JIMÉNEZ y ESNEDA GÓMEZ la suma equivalente a quinientos (500) gramos de oro, para cada uno de ellos.

3. El precio del gramo de oro que se tendrá en cuenta para el pago de los perjuicios morales, será el interno que certifique el Banco de la República para la fecha de ejecutoria de esta providencia.

4. A partir de la fecha de ejecutoria de este fallo, las sumas concretadas por perjuicios morales causarán los intereses que establece el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5. Expídanse copias a las partes por intermedio de sus apoderados para su cumplimiento, según lo previsto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, 115 y del Código de Procedimiento Civil y 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase al tribunal de origen.

Publíquese en los anales del Consejo de Estado.

Magistrados: Carlos Betancur Jaramillo, Presidente Sala—Jesús María Carrillo B.—Ricardo Hoyos Duque—Juan de Dios Montes Hernández—Daniel Suarez Hernández.

Lola Elisa Benavides López, Secretaria Sección.

1 Tomás Ramón Fernández, El Contencioso Administrativo y la Responsabilidad del Estado en La Responsabilidad Patrimonial de la Administración: Fundamentos y tendencias actuales. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1986, pág. 105.

2 En tal sentido puede verse a Ricardo de Ángel Yagüez, Tratado de Responsabilidad Civil. Madrid, Edit. Civitas, 1993, pág. 951 y ss.

Salvamento de voto

Con todo respeto me separo de la decisión mayoritaria, porque ella desconoce lo dispuesto por el inciso 4º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (D. 2304/89, art. 23).

Se hace la afirmación precedente porque si el hecho dañoso ocurrió el 18 de marzo de 1992, fecha en la cual el soldado Vásquez Gómez recibió el disparo que lo condujo a la muerte el 26 de los mismos mes y año, la demanda debió formularse a más tardar el 19 de julio de 1994. Y muestran los autos que esa presentación se hizo sólo el día 23 del citado mes.

La ley es clara cuando señala que en las acciones de reparación directa el plazo de caducidad se contará “a partir del acaecimiento del hecho” ... Pretender que el cómputo se debe hacer como lo efectúa la sala en la decisión que aquí se glosa, es desconocer abiertamente el mandato legal, porque la ley no habla de que el plazo de caducidad deberá contarse a partir de la consolidación del daño.

Por lo demás, en los eventos en que el hecho perjudicial (se entiende por éste la conducta dañosa de la administración) aparezca ocurrido en fecha cierta conocida de todos y no discutida, no podrá acudirse a la concreción del daño para hacer el respectivo cómputo. El daño sólo es el efecto de una conducta perjudicial de la administración, pero no el punto de partida para juzgar esta conducta.

No puede hablarse que la mayoría hizo prevalecer el derecho sustancial sobre el formal o adjetivo (art. 228 de la Carta), porque la jurisprudencia de la corporación ha sostenido en forma reiterada que el fenómeno caducatorio es de indiscutible carácter sustantivo.

Con todo respecto,

Carlos Betancur Jaramillo.