Sentencia 10981 de julio 30 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

RESPONSABILIDAD ESTATAL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SERVICIO PRESTADO EN VEHÍCULOS PARTICULARES

EXTRACTOS: «1. El régimen de responsabilidad en accidentes de tránsito. Dado que el asunto sub judice se refiere a la muerte de una persona como consecuencia de las lesiones que sufrió al ser atropellada por un vehículo, mientras se desplazaba en una bicicleta, es necesario en primer término definir el régimen de responsabilidad bajo el cual se analizará el caso.

En relación con el ejercicio de actividades peligrosas como el uso de armas de fuego o la conducción de vehículos automotores esta sección consideró hasta el año de 1989 que el régimen aplicable era el de la falla probada. Pero, a partir de ese año, mediante sentencia del 19 de diciembre(1) adoptó el régimen de falla presunta para juzgar este tipo de eventos por considerar que “un vehículo automotor, por su peligrosidad, al ser nexo instrumental en la causación de un perjuicio, compromete de por si la responsabilidad del ente público a quien el vehículo pertenece, sin necesidad de que se pruebe la falla del servicio, que por demás bien puede existir”.

(1) C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo, expediente Nº 4484, actor: Rosa Helena Franco de Bernal.

Posteriormente, en sentencia del 24 de agosto de 1992(2), esta sección con el objeto de resolver sobre un asunto en el que estaba comprometida la responsabilidad en la prestación del servicio médico, estableció diferencias entre el régimen aplicable en estos eventos y el que debía regir frente a los daños producidos por cosas o actividades peligrosas y consideró que en relación con los últimos en los que no se juzga la conducta irregular de la administración sino el daño antijurídico, opera una presunción de responsabilidad y no una presunción de falta. Así se dijo en la sentencia:

(2) C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente Nº 6754, actor: Henry Enrique Saltarín Monroy.

“Mientras en el evento de la responsabilidad por falla del servicio médico oficial se presume dicha falla, es decir, se presume uno de los tres supuestos de esa responsabilidad (los otros, como se sabe, son el daño y la relación de causalidad), en el evento de los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, ya no juega la falla o la conducta irregular de la administración, sino solo el daño antijurídico (C.N., art. 90) produciéndose así más que una presunción de falla, una de responsabilidad (...).

...cuando se habla de responsabilidad por los daños producidos por las cosas o actividades peligrosas, en las que no juega ya la noción de falla, ni la probada ni la presunta, le incumbe a la demandada demostrar, para exculparse, la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho de tercero, también exclusivo y determinante. Y por eso mismo se entiende que en estos casos no se pueda exonerar la administración demostrando la diligencia y cuidado. En otras palabras, estos eventos encuentran en el derecho colombiano respaldo inequívoco en el artículo 90 de la Constitución”.

Esta última posición ha sido reiterada en fallos posteriores de la Sala(3) y se considera hoy la más acertada para definir los asuntos relacionados con la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas, siempre que dadas las circunstancias del caso concreto, no se esté en presencia de una falla probada del servicio.

(3) V.gr. Sentencia del 15 de abril de 1994, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente: 8536, actor: Leonidas Erazo Erazo y otros; sentencia del 24 de agosto de 1997, con ponencia de quien proyecta este fallo, expediente Nº 10.024, actor: Javier Elí Ríos Castrillón.

Ahora bien, es cierto que la víctima se desplazaba en una bicicleta y que ésta también puede representar una actividad peligrosa, v. gr. frente a un peatón, pero en este caso concreto no hay lugar a considerar una “neutralización de presunciones”, en virtud de que sólo se pretende la reparación de los perjuicios causados en relación con uno de los intervinientes en el hecho.

En relación con este aspecto la Sala asume la tesis sostenida por los Mazeaud y Tunc(4), de acuerdo con la cual cuando existe un perjuicio unilateral o, por lo menos, cuando sólo uno de los afectados con el hecho acude a los tribunales en procura del resarcimiento del perjuicio sufrido, no puede hablarse de “neutralización de presunciones”.

(4) Mazeaud, H. y L. Andre Tunc. Tratado teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. Buenos Aires, EJEA, 1977, Tomo segundo, volumen II, num. 1533 págs. 135-137.

En estas circunstancias, al actor para sacar avante su pretensión le basta acreditar que la actividad riesgosa le causó el daño, sin que deba demostrar la falla del servicio, pues bajo el régimen de la presunción de responsabilidad ésta no es elemento constitutivo de la misma; en tanto que al demandado para exonerarse de responsabilidad le corresponde demostrar una causa extraña.

2. El vehículo particular fue utilizado temporalmente para la prestación del servicio. Un aspecto fundamental que debe resolverse antes de entrar en el análisis del caso concreto es el referido a la responsabilidad del Estado cuando el bien con el que se ejerce la actividad peligrosa no es de su propiedad.

En sentencia del 25 de mayo de 1990(5) consideró esta Sala que en los supuestos de daños producidos con armas o artefactos de dotación oficial se presume la falla del servicio, pero en los casos en que no se acredite esa titularidad del bien la falla deberá probarse.

(5) C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente 5821, actor Marco Antonio López y otros.

Esta posición jurisprudencial se rectifica ahora de una parte porque el régimen de responsabilidad aplicable frente a actividades peligrosas no es el de la presunción de falla sino el de la presunción de responsabilidad y de otra porque para definir la responsabilidad del Estado en relación con el uso de cosas riesgosas no importa tanto determinar la titularidad del bien sino identificar quién es el guardián del mismo en el momento en que se causo el daño. Cuando se acredita que el Estado es el propietario de la cosa se presume que tiene su guarda, pero esta presunción puede ser desvirtuada.

En consecuencia, el Estado responde cuando utiliza cosas peligrosas para cumplir sus funciones frente a quien no ha asumido los riesgos de esa actividad y sufre un daño, dada su calidad de guardián de ellas y no por ser su propietario. Así, cuando un automóvil o un arma de propiedad particular se utilizan temporalmente para la prestación de un servicio público, el régimen aplicable para resolver las demandas que se presenten contra el Estado será el de presunción de responsabilidad, ya que el fundamento para darle ese tratamiento jurídico no deviene del carácter oficial del bien sino de su naturaleza que implica un riesgo considerable que las víctimas no han asumido.

Se hace esta precisión porque en el escrito de respuesta a la demanda la entidad planteó como hecho exceptivo que la actividad del sargento Alberto Gil Nieto no comprometía la responsabilidad de la administración y sólo le es imputable a aquél a título personal, porque el vehículo con el que se causó el daño no era de uso oficial ni se vinculó a la prestación del servicio “por acto administrativo alguno u orden” (fls. 40-42 C. 1).

En la diligencia de indagatoria rendida por el agente mencionado ante el Juzgado Diecisiete de Instrucción Criminal afirmó:

“El día 31 de diciembre del año pasado a eso de las cinco de la tarde me encontraba de servicio en el aeropuerto de Santa Ana, de la ciudad de Cartago, en donde me desempeño como comandante del mismo, recibí un comunicado de la sala de radio del Distrito de Policía de Cartago, en el cual se me comunicaba que debía enviar los libros que se llevan del servicio allí para hacer el acta de cierre de fin de año y apertura o comienzo del nuevo año, para lo cual me dirigí inmediatamente en compañía del agente Ávila Ráquira Vitalino en el vehículo Renault 12 de placas LD 88-66 de propiedad de mi señora esposa...” (fl. 52 C-2).

Su versión fue confirmada por la del agente Vitalino Ávila Ráquira quien lo acompañó en el vehículo a cumplir la misión oficial encomendada (fls. 58-59 C-2).

Aunque de acuerdo con la constancia expedida por el jefe de sección del archivo general de la Policía Nacional (fl. 30 C-2) el sargento Gil Nieto estaba al servicio del Departamento de Policía de Caldas, en el mes de diciembre de 1991, está acreditado mediante prueba testimonial que en la fecha del accidente estaba cumpliendo sus funciones en el municipio de Cartago. Así lo declararon varios bomberos del aeropuerto de esa ciudad, Hernán Ceballos Grajales (fl. 64 C-2), José Ricardo Garzón Burbano (fl. 65 C-2), Wildemán Bedoya Agudelo (fl. 66 C-2) y William Quiceno (fl. 67 C-2).

Es cierto que no obra constancia de la expedición de un acto administrativo ni orden emitida por autoridad superior del sargento en relación con el uso del vehículo particular, sin embargo, por las circunstancias en que se dio la orden de traslado al funcionario que reclamaba su cumplimiento inminente, bien puede considerarse que la entidad dejó a su arbitrio la decisión de medio que decidiera utilizar para cumplirla, pues tampoco está acreditado que dispusiera de vehículo oficial ni que se le hubiera prohibido hacer uso de uno particular.

En consecuencia, como el vehículo estaba afectado provisionalmente a servicio público por decisión de un servidor público que se encontraba en ejercicio de las funciones que le habían sido asignadas y podía comprometer la responsabilidad de la entidad para la cual prestaba sus servicios, el caso sub judice debe examinarse de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales que ha sentado esta Sala en relación con la actividad peligrosa consistente en la conducción de vehículos automotores».

(Sentencia de julio 30 de 1998. Expediente 10.981. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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