Sentencia 1081 de marzo 20 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Rad.: AC- 11001-03-15-000-2002-01081-01, mar. 20/2003

C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Municipio de Itagüí

Referencia: Acción de tutela

Decide la Sala la impugnación a la providencia de la Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, al considerar la parte actora la existencia de una vía de hecho en una providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que accedió a las pretensiones de la demanda, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Antecedentes

1. La Petición. El municipio de Itagüí, obrando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia.

Como causa petendi de la presente acción se adujo:

1.1. Mediante sentencia proferida el 31 de julio de 2002, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, declaró la nulidad por falta de motivación, del Decreto 359 de 2001, mediante el cual, el municipio de Itagüí, suprimió el cargo de secretaria adscrita de la Secretaría de Tránsito de dicho municipio.

1.2. A juicio de la parte actora, las razones que consideró el Tribunal para declarar la nulidad del acto demandado, según las cuales existía falta de motivación del acto, no son óbice para que el Tribunal Administrativo, hubiera procedido con esta declaratoria.

1.3. La parte actora agrega que en el proceso fallado por el Tribunal, no se logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo, pues las motivaciones del municipio de racionalización del gasto y reducción de la burocracia administrativa, son suficientes para suprimir el cargo de secretaria adscrita.

1.4. Manifestó que el Tribunal presumió la mala fé de la administración, sin que existiera respaldo probatorio para tal afirmación.

1.5. Indicó que la Sentencia SU-250 de 1998, que sirvió de motivación al tribunal, no era aplicable a las circunstancias del caso.

1.6. La parte actora señaló que la sentencia demandada incurre en vía de hecho por cuanto existe:

a) Defecto procesal: Porque existe inversión de la carga de la prueba.

b) Defecto sustancial: Porque no hay norma que exija que los actos administrativos deban motivarse de determinada forma.

c) Defecto fáctico: Porque el Tribunal hace una valoración indebida de las pruebas.

1.7. Señala que el asunto es de única instancia, lo cual hace imposible apelar la decisión y deja como única vía la tutela en contra de la providencia demandada.

1.8. Por lo expuesto solicita se decrete la nulidad de la providencia demandada.

2. Respuesta a la tutela.

La entidad demandada, manifestó que se atiene a lo expresado en la sentencia demandada, que dicha sentencia se explica por sí misma y además considera que no es válido que el municipio de Itagüí, a posteriori, motive su acto administrativo dándole un alcance diferente. Agrega que contra la providencia demandada, no se interpuso recurso alguno.

3. La providencia impugnada.

Mediante sentencia de noviembre 14 de 2002, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, negó las pretensiones de la demanda por considerar que no es viable la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

4. La impugnación.

La actora, impugnó la decisión del a quo, alegando que la acción de tutela en contra de providencias judiciales sí es procedente.

Agrega que en este caso está de por medio la presencia de un perjuicio grave e irremediable que hace procedente la acción de tutela.

Consideraciones de la Sala

1. La importancia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales en el Estado social de derecho.

A contrario de lo expresado por el juez de primera instancia, la acción de tutela o amparo en contra de providencias judiciales, es un principio del Estado social de derecho.

El amparo constitucional en contra de providencias judiciales no es un invento exótico y extraño de la jurisprudencia colombiana o de la H. Corte Constitucional.

Muy por el contrario, el aceptar esta posición fue una conquista jurídica de la tradición romano germánica y es obra propia de los tribunales constitucionales.

Desde el siglo pasado, en la década de los 50, el Tribunal Constitucional Alemán, en el célebre caso Luth (1) , daba por sentado que era viable ejercer un recurso de amparo en contra de la actuación jurisdiccional y declarar sin efectos una providencia proferida por un juez. Este caso además es célebre pues fue el fallo que dio vida a la teoría de la Drittwirkung der Grundenetche o del efecto horizontal de los derechos fundamentales.

(1) Tribunal Constitucional Alemán, sentencia de enero 15 de 1958.

Mas el caso del Tribunal constitucional Alemán no es el único:

Ya desde 1982, cuando empezaba a tener desarrollo la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional Español aceptó la procedencia del recurso de amparo en contra de providencias judiciales y de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales:

“La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desarrolla, en sus artículos 41 y siguientes, lo dispuesto por la Constitución en relación al recurso de amparo (arts. 53.2 y 161.1 b), especialmente) y establece su ámbito de modo que comprende los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Ámbito que no es objeto de reducción alguna cuando la violación de tales libertades y derechos tuviere su origen directo e inmediato en un acto u omisión de un órgano judicial (2) ”.

(2) STC-2 de 1982.

La consagración del recurso de amparo en contra de providencias judiciales, incluso se encuentra consagrada expresamente en las Constituciones de varias naciones:

Así la Ley fundamental de Bonn, lo consagró y además por ejemplo el artículo 18 de la Constitución de Portugal determina:

“ART. 18.1.—Los preceptos constitucionales relativos a los derechos y libertades y garantías son directamente aplicables a las entidades públicas y privadas y vinculan a estas” (traducción libre).

Así mismo en Latinoamérica se encuentra consagrada esta posibilidad, por ejemplo el artículo 43 de la Constitución Argentina expresa:

“ART. 43.—Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derehos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley.

En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y el consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, al afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado, fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caduciadad de la instancia, pero una y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo, tampoco procederán el desistimento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la asamblea general, o el segundo emane de ésta;

III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia” (negrillas de la Sala)

Igualmente en el artículo 10 de la Ley sobre recurso de amparo de Guatemala, se recoge la posibilidad de ejercer este recurso contra providencias judiciales:

“ART. 10.—Procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o entidades de derechos privado.

Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos:

a) Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la Constitución o cualquier otra ley.

b) Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución o reconocidos por cualquier otra ley.

c) Para que en casos concretos se declarare que una disposición o resolución no meramente legislativa del Congreso de la República, no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional.

d) Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable por otro medio legal de defensa.

e) Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recursos de efecto suspensivo.

f) Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta días, una vez agotado el procedimiento correspondiente así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite.

g) En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron por probadas en el recurso de revisión.

h) En los asuntos de las órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos establecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan” (negrillas de la Sala).

Los recursos de origen constitucional en contra de providencias judiciales, no son elementos únicamente de la tradición romano-germánica (3) , pues en el Common Law, existe la figura de los sharms trails o juicios simulados que consiste en anular un juicio por considerar que no se respetó el due process of law, (debido proceso) y en este sentido el sharm trail, es una excepción al double jeopardy (nom bis in ídem).

(3) En un sentido pertinente con el asunto en cuestión, en los tribunales internacionales se ha reconocido que la actuación de los órganos jurisdiccionales pueden vulnerar los derechos humanos.

En el derecho internacional de los derechos humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el caso Ireland v. the United Kingdom, (18.1.1978), ha reconocido que las actuaciones de un órgano jurisdiccional pueden vulnerar los derechos humanos. Así también ya es jurisprudencia aceptada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Loayza Tamayo (Sent. de fondo de sep. 17/97).

La Corte Internacional de Justicia, en el caso Barcelona Traction (Case concerning the Barcelona Traction, light and power company limited. Second phase, 05.02.70) reconoció que las actuaciones de un órgano judicial de un Estado pueden originar responsabilidad internacional, incluyendo dentro de estas, actos que vulneren los derechos humanos.

Es por eso que la aceptación de los recursos de amparo en contra de providencias judiciales, obedece a una serie de postulados dentro de los Estados sociales de derecho que han reconocido que una actuación de un juez, puede vulnerar derechos fundamentales y por esto, la acción de tutela debe ser procedente en contra de providencias judiciales. Por ende, la Sala comparte la opinión expresada en el salvamento de voto de la sentencia de primera instancia, según el cual, en Colombia, por ser Estado social de derecho, existe la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de providencias judiciales, pues como lo expresaba el pensador Jhon Rawls:

“La justicia de un esquema social depende esencialmente de cómo se asignan los derechos y deberes fundamentales, y de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en los diversos sectores de la sociedad” (4) .

(4) Rawls Jhon, Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica, Bogotá.

Es decir que en el Estado social de derecho, desde hace más de cincuenta (50) años, se viene abriendo paso a la posibilidad de incoar acciones constitucionales en contra de sentencias judiciales, pues en el Estado social de derecho se ha reconocido la primacía de los derechos fundamentales y de la dignidad humana.

Es en aplicación del artículo 5º de la Constitución Política que expresa:

“ART. 5º—El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad”.

Que se han desarrollado las bases de la protección constitucional en contra de providencias judiciales, pues en una ponderación, principios como la cosa juzgada deben subordinarse ante la autoritas y la potestas de los derechos fundamentales, pues el imperio de los derechos fundamentales, configura la piedra angular del Estado social de derecho. En este sentido esta Sala ha expresado:

“El texto constitucional es claro al determinar la categoría del Estado social de derecho, concepto que supera al Estado de derecho en aras de obtener la equidad y el beneficio de la comunidad.

Con el Estado social de derecho, los valores de la Constitución pasaron a tomar un papel más preponderante en la actividad judicial, es así como el valor constitucional y el principio constitucional se convierten en elementos que constituyen la base con la cual el juez emite su decisión judicial... ” (5) .

(5) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AC-0279 de marzo 22 de 2001.

Igualmente la profesora Ángela Figueruelo señalaba:

“Las variaciones producidas en las condiciones materiales de vida, crean distintas demandas de protección y aspiraciones de libertad que exigen mecanismos actualizados para su satisfacción. Es acertado mantener, pues, que en cada momento el catálogo de derechos fundamentales estará delimitado por la fuente ideológica propia de un sistema jurídico determinado, más el contexto histórico que la rodea (6) ”.

(6) Figueruelo Burrieza, Ángela, “Los derechos fundamentales en el Estado social y su eficacia en las relaciones privadas”. Universidad de Salamanca, ponencia presentada en el foro sobre Filosofía del derecho, Sociología jurídica y derechos humanos, Universidad Externado de Colombia, agosto de 1996, pág. 10.

Al acoger estos criterios no encuentra la Sala motivo alguno que haga posible predicar la imposibilidad de ejercer la acción de tutela en contra de providencias judiciales.

Además, la acción de tutela en contra de providencias judiciales, previene procedimientos mucho más onerosos jurídica y económicamente, pues con este recurso se salva la posibilidad de una demanda de reparación directa por error judicial o peor aún un fallo de un tribunal internacional por desafío de justicia.

Así entonces, en el presente caso la Sala observa que la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial, depende de la ocurrencia de una vía de hecho, o de la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable el amparo.

2. El debido proceso.

La Constitución Nacional en su artículo 29 consagra el derecho al debido proceso, como el conjunto de formas y reglas que debe observarse en todas las actuaciones, bien sea judiciales o administrativas, ya que solo mediante ellas se garantiza el debido funcionamiento de los diversos procesos que el legislador ha previsto para que los asociados puedan obtener la satisfacción de sus intereses.

En ese orden de ideas, toda actuación sea judicial o administrativa debe ser garante y respetuosa del debido proceso, el cual jurisprudencialmente ha sido definido como el conjunto de garantías necesarias para procurar la protección del individuo partícipe en un proceso judicial o administrativo, atendiendo dentro de su trámite las formalidades propias de cada juicio. La norma constitucional consagró dicha garantía para todo tipo de actuaciones, para que las diversas situaciones de controversia que puedan presentarse en cualquier tipo de proceso estén previamente definidas y regladas en el ordenamiento jurídico, ya que este es el encargado de señalar los parámetros a través de los cuales se logre un respeto de los derechos y obligaciones que ostentan las partes de un proceso, buscando que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio arbitrio, sino que sea el resultado de la gran cantidad de procedimientos descritos en la ley y en los reglamentos (7) .

(7) Corte Constitucional, Sentencia T-073 de febrero 17 de 1997, actor: Édgar Artunduaga Sánchez, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

3. La vía de hecho como presupuesto para conceder la acción de tutela contra las providencias judiciales.

Sobre la aplicación de esta figura se han manifestado diferentes posiciones: En principio la jurisprudencia constitucional fue reacia para aceptar la procedencia de la acción de tutela bajo estos presupuestos:

“Si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho —“non bis in idem”—, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado. Aunque se admitiera, en gracia de la discusión, que, a pesar de las razones enunciadas, fuera procedente la acción de tutela para que un juez impartiera órdenes a otro en relación con las providencias proferidas por su despacho, tal posibilidad de todas maneras resultaría contraria al espíritu y al mandato del artículo 86 de la Constitución, pues reñiría con su carácter inmediato, en cuanto la orden habría de retrotraerse necesariamente al proceso culminado, con la inequívoca consecuencia de la invalidación, total o parcial, de etapas anteriores a la adopción del fallo, prolongando indefinidamente la solución del litigio. No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente. Se hace posible la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales distintas de las providencias” (8) .

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.

Posteriormente, la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional dio a luz la figura de la vía de hecho, como presupuesto para decretar el amparo constitucional en contra de las providencias judiciales:

“El proceso es un juicio y es lícito en cuanto implica un acto de justicia. Y como es evidente por la naturaleza procesal, se requieren tres condiciones para que un proceso sea debido: Primera, que proceda de una inclinación por la justicia; Segunda, que proceda de la autoridad competente; Tercera, que se profiera de acuerdo con la recta razón de la prudencia, en este caso, que se coteje integralmente toda pretensión, de tal manera que siempre esté presente el derecho de defensa, y que el juez en ningún momento se arrogue prerrogativas que no están regladas por la ley, ni exija, así mismo, requisitos extralegales. Siempre que faltaren estas condiciones, o alguna de ellas, el juicio será vicioso e ilícito. El acto del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Popayán, al negar un recurso, como el de apelación, aduciendo un requisito jurídicamente inexistente, no sólo es violatorio del debido proceso y concretamente del derecho de defensa, sino que incurre en contradicción con los artículos 6º y 84 del Estatuto Superior” (9) .

(9) Corte Constitucional, Sentencia T-158 de 1993.

A. La motivación de las sentencias como presupuesto necesario dentro del Estado social de derecho.

Uno de los presupuestos básicos del Estado social de derecho, consiste en el derecho que todo ciudadano tiene de obtener una pronta y adecuada administración de justicia bajo los parámetros de los artículos 228 y 229 de nuestra Carta Magna. La jurisprudencia de la H. Corte Constitucional determina que en aras del carácter prevalente que gozan los derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad, las providencias judiciales deben motivarse en especial cuando se van a separar del precedente judicial.

En un estudio de las normas penales, H. Corte Constitucional manifestó lo siguiente sobre la motivación de las providencias:

“Las decisiones que toma el juez, que resuelven asuntos sustanciales dentro de un proceso, deben consignar las razones jurídicas que dan sustento al pronunciamiento; se trata de un principio del que también depende la cabal aplicación del derecho al debido proceso. Siempre será necesario aportar razones y motivos suficientes en favor de la decisión que se toma, mucho más si de lo que se trata es de garantizar el derecho a la igualdad.

(...).

El razonamiento que ha llevado a la Corte Constitucional a adoptar la postura vigente en la materia, es decir, la necesidad de respetar los precedentes judiciales y fallar de igual forma aquellos casos que presentan identidad respecto del problema jurídico debatido, guarda, entonces, una estrecha relación con la defensa de principios esenciales del ordenamiento jurídico —i.e. seguridad jurídica, igualdad, adecuada motivación de las sentencias, unificación de jurisprudencia— que garantizan, a través del seguimiento de una línea jurisprudencial específica, la efectiva administración de justicia por parte del Estado a los particulares (10) ” (negrillas y subrayas fuera de texto).

(10) Corte Constitucional, Sentencia C-252 de 2001.

El texto constitucional es claro al determinar la categoría del Estado social de derecho, concepto que supera al Estado de derecho en aras de obtener la equidad y el beneficio de la comunidad.

Con el Estado social de derecho, los valores de la Constitución pasaron a tomar un papel más preponderante en la actividad judicial, es así como, el valor constitucional y el principio constitucional se convierten en elementos que constituyen la base con la cual el juez emite su decisión judicial, son estas bases las que permiten que el fallo del juez y en este caso del juez de tutela se convierta en una decisión ajustada al derecho y teniendo siempre en cuenta la jerarquía normativa encabezada en la pirámide legal por nuestra Carta Magna que configura el Telos del juez: la protección del ciudadano. Es por esto que la finalidad del juez y en especial del juez de tutela es la de permitir, cuando los hechos así lo determinen, del disfrute del derecho fundamental que se ha transgredido. En esta situación la intención del Estado mediante la actuación de sus entes, debe ser acorde con los valores constitucionales que promueven el bienestar general y el disfrute de los derechos.

La efectiva administración de justicia, debe comprender el derecho que tiene todo ciudadano de acceder a los tribunales, esta efectividad se garantiza cuando el juez, permite el adecuado ejercicio de los recursos y acciones judiciales que tiene previsto el ordenamiento jurídico.

Bajo estos presupuestos, la jurisprudencia de tutela ha reconocido la vía de hecho cuando se atenta contra el principio de la motivación de las sentencias judiciales.

En efecto, la Sala en reciente pronunciamiento, donde concedió la acción de tutela por configurarse una vía de hecho expresó:

“La Sala Civil-Familia-Laboral-Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal evidentemente incurrió en una irregularidad, toda vez que el fallo de segunda instancia es incongruente, ya que, si bien es cierto esa corporación era y es competente para conocer del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia por acción de reintegro según el artículo 2º de la Ley 362 de 1997, en ese momento al declararse incompetente por estimar que el asunto era competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, no debió confirmar el fallo, y menos aún sin motivar su decisión, al punto que la sentencia de primer grado fue confirmada sin que el superior profiriera ni una sola razón para fundamentar su decisión, lo cual, por supuesto, pone de presente una vía de hecho por inmotivación de la sentencia (11) ” (negrillas).

(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente AC-241 de agosto 9 de 2001, C.P. Germán Rodríguez.

En igual posición, la Corte Constitucional expresó:

“La jurisprudencia de la Corte Constitucional que señala que no toda interpretación judicial es constitucionalmente válida, tiene como corolario que existen limitaciones a la autonomía judicial en la materia. Dichas restricciones tienen como fundamento el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, así como en disposiciones constitucionales particulares que fijan criterios de interpretación vinculantes para todo funcionario judicial.

3.1. En cuanto al derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, la Corte ha advertido que el ejercicio de la autonomía judicial no puede tener como consecuencia que los ciudadanos se vean sometidos a decisiones judiciales contradictorias. Se trata, llanamente, de asegurar un mínimo de seguridad jurídica a los destinatarios de las normas. Sobre el particular, en la Sentencia T-123 de 1995 (12) , la Corte señaló que el juez o la Sala de decisión de un tribunal está vinculado a sus decisiones anteriores (precedente), de manera que únicamente podrá apartarse de su posición si lo justifica debidamente (13) .

(12) Jurisprudencia reiterada en las sentencias T-574 de 1997, M.P. Jorge Arango Mejía y T-321 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(13) “La Corte considera que existe un medio para conciliar ambos principios. Si el juez, en su sentencia, justifica de manera suficiente y razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que su mismo despacho ha seguido en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la independencia judicial. No podrá reprocharse a la sentencia arbitrariedad ni inadvertencia y, por tanto, el juez no habrá efectuado entre los justiciables ningún género de discriminación. De otro lado, el juez continuará gozando de un amplio margen de libertad interpretativa y la jurisprudencia no quedará atada rígidamente al precedente”. T-123 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Con posterioridad, en Sentencia SU-047 de 1999, la Corte estableció de qué manera puede apartarse el juez de sus precedentes: (i) comprobando que la ratio decidendi no es aplicable al caso, por tratarse de un caso distinto y, (ii) que abiertamente decide apartarse de ella, en cuyo caso se exige una suficiente y estricta justificación de la decisión (14) .

(14) En la Sentencia SU-047 de 1999 se indicó: ”Este fenómeno explica entonces ciertas técnicas inevitables que modulan la fuerza vinculante de los precedentes: así, en algunos eventos, el juez posterior “distingue” (distinguishing) a fin de mostrar que el nuevo caso es diferente del anterior, por lo cual el precedente mantiene su fuerza vinculante, aunque no es aplicable a ciertas situaciones, similares pero relevantemente distintas, frente a las cuales entra a operar la nueva jurisprudencia. En otros casos, el tribunal posterior concluye que si bien en apariencia, la ratio decidendi del caso anterior parece aplicarse a la nueva situación, en realidad ésta fue formulada de manera muy amplia en el precedente, por lo cual es necesario concluir que algunos de sus apartes constituyen una opinión incidental, que no se encontraba directamente relacionada a la decisión del asunto. El tribunal precisa entonces la fuerza vinculante del precedente, ya que restringe (narrowing) su alcance. En otras situaciones, la actuación del juez ulterior es contraria y amplía el alcance de una ratio decidendi que había sido entendida de manera más restringida. En otras ocasiones, el tribunal concluye que una misma situación se encuentra gobernada por precedentes encontrados, por lo cual resulta necesario determinar cuál es la doctrina vinculante en la materia. O, a veces, puede llegar a concluir que un caso resuelto anteriormente no puede tener la autoridad de un precedente por cuanto carece verdaderamente de una ratio decidendi clara”.

De otra parte, se indicó, que frente a los precedentes derivados de las sentencias de sus superiores jerárquicos y, en particular, de las corporaciones que están en el vórtice de la estructura judicial colombiana, el juez está en la obligación de acatarlas, es decir, se aplica el principio stare deciris (15) . En estos eventos, la autonomía judicial se restringe al máximo, de suerte que únicamente podrá apartarse del precedente fijado por tales autoridades judiciales si se verifica que existen hechos en el proceso que hacen inaplicable el precedente al caso concreto” (16) . (negrillas y subrayas no son del texto original).

(15) Sobre el particular, ver Sentencia SU-047 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(16) Corte Constitucional, Sentencia T-1625 de 2000.

B. Los demás presupuestos para la procedencia de la vía de hecho. En el presente caso la Sala observa que la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial, por lo que para su procedencia es necesario la ocurrencia de una vía de hecho, o la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente el amparo de manera transitoria.

Aparte de la indebida motivación de una providencia judicial, como presupuesto para que proceda la protección constitucional mediante la acción de tutela, se han establecido otros presupuestos para la procedencia del amparo constitucional:

“... una providencia judicial constituye una vía de hecho cuando (1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y (4) presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. En suma, una vía de hecho se produce cuando el juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en su sola voluntad, actúa en franca y absoluta desconexión con la voluntad del ordenamiento jurídico. La Sala no duda en reiterar que la intervención del juez de tutela en una sentencia judicial, calificándola como una vía de hecho, sólo puede producirse en aquellos casos en que el vicio alegado sea constatable a simple vista. Adicionalmente, el defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela, debe conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de estos, pueden ser atacadas mediante la acción de tutela” (17) (negrillas y subrayas de la Sala).

(17) Sentencia T-567 de octubre 7 de 1998, actor: Avelino Pasachoa Cely, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

Esta corporación ha insistido en que la acción de tutela no puede utilizarse para controvertir una decisión judicial ejecutoriada como tercera o cuarta instancia, pues ello a todas luces es un despropósito, ya que se atentaría contra el principio de la seguridad jurídica que impera en nuestro ordenamiento jurídico y además las providencias judiciales son de obligatorio cumplimiento no solo para la administración, sino también para los particulares.

El caso concreto.

En el presente caso, advierte la Sala que la parte actora pretende, en ejercicio de esta acción, dejar sin efectos la providencia de julio 31 de 2002, que declaró la nulidad del Decreto 359 de 2001, expedido por el alcalde de Itagüí.

Al respecto la Sala se permite hacer las siguientes consideraciones:

La vía de hecho se predica cuando la actuación del juez es manifiestamente grosera e impertinente, cuando el error judicial es apreciable a simple vista y no se necesita ninguna valoración adicional del juez.

Aduce la parte actora que se incurrieron en graves errores ya que se desconocen normas contenidas en el ordenamiento jurídico tales como la falsa motivación de los actos en lugar de la indebida motivación.

A. La impertinencia de la tutela por vía de hecho como fórmula de instancia.

La Sala observa que las reglas de la sana crítica y libre convicción permiten la suficiente autonomía al juez para apreciar las pruebas y dictar sentencia bajo tales parámetros, por lo tanto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, es libre de la apreciación de las pruebas y de decidir el caso de acuerdo con los límites establecidos en las reglas anteriormente mencionadas.

Por consiguiente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, hizo uso de la sana crítica y valoró las pruebas y consideró las normas aplicables de acuerdo con su propia convicción, en innumerables ocasiones, la Sala compartiendo la jurisprudencia constitucional ha insistido que la acción de tutela en contra de providencias judiciales, no es una fórmula de segunda, tercera o cuarta instancia, pues en este proceso, el juez sólo constata si hubo una vía de hecho, mas no como lo pretende la parte actora, da nueva valoración a las pruebas, a la jurisprudencia y a las normas alegadas, y no se puede caer en la falacia que pretende alegar la parte actora, pues si bien el Tribunal Administrativo aduce una de las causales como una falsa motivación, mal puede alegar, en un juego que pretende confundir, el uso de las palabras, que una cosa es falsa motivación y otra indebida motivación o ausencia de motivación, pues todos estos conceptos pueden comprenderse en un solo término como lo es la falsa motivación.

Esta razón, sumada a los demás argumentos, permiten concluir que la parte actora acude a la acción de tutela, como fórmula de instancia para discutir cómo el juez valoró la prueba y obró en su aplicación, situación que no es óbice para que exista una vía de hecho pues como bien lo señala el artículo 230 de la Constitución:

“ART. 230.—Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial”.

Y en este sentido, el juez de tutela no puede entrar a cuestionar criterios, pues se repite, el juez de tutela sólo puede constatar si existe o no una vía de hecho, que en este caso no existe y por consiguiente, no se puede entrar nuevamente a emitir un juicio, pues la tutela no es una apelación de una sentencia debidamente fallada.

En cuanto al perjuicio irremediable, la Sala encuentra que no existe sustento probatorio, para que se pueda predicar la existencia de tal perjuicio que eventualmente, hiciere procedente el amparo transitorio.

En conclusión, la Sala confirmará la sentencia impugnada pero únicamente por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA :

1. RECONÓCESE personería a la doctora, Lina María Tamayo, identificada con la T.P. Nº 92.755 del CSJ, como apoderada de la parte actora.

2. CONFÍRMASE la sentencia impugnada, esto es la proferida el 29 de noviembre de 2002.

3. Dentro del término de ley, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Enviar al a quo, copia de este proveído.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Jesús María Carrillo Ballesteros, Presidente de Sala—Alier Eduardo Hernández E.—María Elena Giraldo Gómez—Ricardo Hoyos Duque.

Germán Rodríguez Villamizar. 

________________________________