Sentencia 2006-00969 de septiembre 11 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-15-000-2006-00969-00

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Actor: María Stella Zapata Lasso

Ref.: Acción de tutela

Fallo

Bogotá, D.C., once de septiembre de dos mil seis.

Decide la Sala la acción de tutela presentada por la parte actora contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.

Antecedentes

La señora María Stella Zapata Lasso, en nombre propio instauró acción de tutela contra la Sección Tercera del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al buen nombre, a la igualdad, a la familia y los de sus hijos menores, contenidos en el artículo 44 de la Constitución Política.

De la lectura del expediente se advierten como hechos los siguientes:

Presentó acción de reparación directa ante el Tribunal Administrativo del Tolima mediante la cual pretendía la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados con ocasión de su detención injustificada.

En sentencia el tribunal negó las pretensiones de la demanda. Contra dicha providencia interpuso recurso de apelación el cual fue inadmitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia de 17 de junio de 2005.

Manifestó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Tolima vulnera sus derechos y los de sus hijos menores en tanto se puso en peligro su estabilidad física y emocional.

Solicitó el amparo de los derechos invocados y en consecuencia se ordene al Tribunal Administrativo del Tolima revocar la sentencia que negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida en contra de la Fiscalía General de la Nación. En subsidio pidió que se anule el auto de 17 de junio de 2005 por el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado inadmitió el recurso de apelación.

Una vez avocado el conocimiento de la presente acción, mediante auto de 31 de agosto de 2006 se ordenó notificar a las partes y a la Fiscalía General de la Nación como tercero interesado en las resultas del proceso (fls. 47 y 48).

Oposición

• La doctora Ruth Stella Correa Palacio, magistrada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, rindió informe en los siguientes términos:

Recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario que tiene como propósito proteger los derechos fundamentales y no puede ser invocada so pretexto de revivir términos judiciales precluidos, pues solo procede si no existe otro mecanismo judicial idóneo.

• La jefe de la oficina jurídica de la Fiscalía General de la Nación contestó la acción de tutela de la siguiente manera:

Consideró, con fundamento en jurisprudencia constitucional, que las interpretaciones no compartidas por las partes procesales realizadas por el juez en desarrollo de su función, no pueden ser estimadas como vías de hecho.

Agregó que la acción de tutela no es una instancia judicial adicional por la cual se puedan revivir términos.

Consideraciones de la Sala

La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional se reglamenta mediante el Decreto 2591 de 1991 que en el artículo 1º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”, la cual procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Mediante el ejercicio de la presente acción se pretende en concreto que se revoque la sentencia por la cual el Tribunal Administrativo del Tolima negó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por la actora contra la Fiscalía General de la Nación y en subsidio que se anule el auto de 17 de junio de 2005 por el cual la Sección Tercera del Consejo de Estado inadmitió el recurso de apelación. No obstante, la Sala estima que no procede la tutela contra providencia judicial por las razones que a continuación se exponen:

De los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Nacional se evidencia la competencia de la Corte Constitucional respecto de la acción de tutela y el Decreto 2591 de 1991, artículo 33, regula el procedimiento para el efecto.

Los artículos 11, 12 y 40 del citado decreto fueron objeto de estudio por la Corte Constitucional quien mediante Sentencia C-543 de octubre 1º de 1992, M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo, los declaró inexequibles, respecto de la tutela contra sentencias o providencias judiciales con base en que en la Asamblea Nacional Constituyente la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales no se acogió y así quedó plasmado en sus actas (1) .

Del texto del artículo 86 de la Constitución, es claro que la acción de tutela procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, presupuesto reiterado en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 y en el caso de las providencias judiciales, todos los estatutos procesales consagran específicamente recursos o medios de defensa judicial, tanto para autos como para sentencias (recursos ordinarios, grado de consulta, recurso extraordinario de revisión y nulidades procesales).

Con posterioridad a la Sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional revivió en diferentes pronunciamientos la acción de tutela contra providencias judiciales (2) , fundada en la figura de la “vía de hecho” y así jurisprudencialmente extendió su competencia a la revisión de providencias judiciales de otras jurisdicciones.

Nuestra legislación consagra las figuras de la aclaración y del salvamento de voto (L. 270/96, art. 56), las cuales se apoyan en los principios de libertad e imparcialidad del juez y permiten que en el caso del juez plural la decisión que se adopte pueda hacerse por mayoría y no por unanimidad. Ellas son entonces expresiones de la libertad ideológica y jurídica y no pueden conducir a que el disentimiento convierta en vía de hecho una decisión judicial.

6. La cosa juzgada es una institución fundada no solamente en los conceptos de jurisdicción y competencia sino especialmente en el principio de la seguridad jurídica. Es por ello que tampoco proceden las nuevas ampliaciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional para intervenir en la competencia de otras jurisdicciones incluso por “indebidas interpretaciones” jurídicas o probatorias (3) .

En consecuencia esta corporación rechazará por improcedente la solicitud de tutela interpuesta por la señora María Stella Zapata Lasso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. RECHÁZASE por improcedente la solicitud de tutela instaurada por la señora María Stella Zapata Lasso.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

3. Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible.

Cópiese, publíquese, notifíquese, cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Magistrados: Héctor J. Romero Díaz—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Juan Ángel Palacio Hincapié.

(1) Asamblea Nacional Constituyente. Informe-Ponencia “Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico”. Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional 77, mayo 20 de 1991, págs. 9 y 10.

(2) Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional T-43 de 1993, T-79 de 1993, T-198 de 1993, T-173 de 1993, T-331 de 1993, T-368 de 1993, T-245 de 1994 y C-590 de 2005.

(3) C-590 de 2005.

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