Sentencia 498 de octubre 3 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN B

EJERCICIO DE LA POTESTAD DE VIGILANCIA JUDICIAL

NATURALEZA DE LAS SANCIONES IMPUESTAS Y CONTROL JURISDICCIONAL

EXTRACTOS: «Profiere la Sala el pronunciamiento de mérito en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que contempla el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo promovida contra las resoluciones 205 de 26 de octubre de 1999 y 219 de 10 de noviembre del mismo año, proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa de Risaralda.

Antecedentes

L... impugna las mentadas resoluciones a través de las cuales en lo pertinente, se dispuso:

“... Aplicar los efectos del artículo 8º del Acuerdo 088 de 1997 por el cual se reglamenta el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, expedido por la sala administrativa del Consejo Superior de la judicatura, al doctor L..., Juez Primero Civil Municipal de ..., respecto de la actuación surtida en el específico proceso objeto de vigilancia judicial administrativa y referido en la parte motiva de la presente resolución, con la anotación de un (1) punto menos en la calificación del factor eficiencia o rendimiento que le sea asignada por esta Sala en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1999 y que incidirá significativamente en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contempladas en el artículo 155 de la Ley 270 de 1996 y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996”.

A título de restablecimiento del derecho, se solicita restablecer el derecho al demandante, dejando sin efecto la sanción impartida en las resoluciones impugnadas; que se comunique la decisión a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al Tribunal Superior de Pereira para la desanotación de la sanción en la hoja de vida del funcionario y las anotaciones que hayan existido por causa de los actos controvertidos en la carpeta de calificación integral de servicios del demandante en su condición de Juez Primero Civil Municipal de ...

(...)

Para resolver,

Se considera

1. Las resoluciones acusadas.

Son la 205 de 26 de octubre de 1999 y la 219 de 10 de noviembre de 1999, proferidas por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Sala Administrativa, en virtud de las facultades consagradas por el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 88 de 17 de junio de 1997 dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

2. La naturaleza de los actos acusados.

Las normas precedentes (num. 6º del art. 101 de la L. 270/96) consagran como función de las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura: “Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta rama”.

El precepto en mención fue reglamentado por el Acuerdo 88 de 17 de junio de 1997 que atribuyó la competencia para el conocimiento de la vigilancia administrativa a las salas administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura respecto de los despachos judiciales ubicados en el ámbito territorial de su competencia (art. 2º). El magistrado que conoce del asunto evaluará las explicaciones del funcionario o empleado requerido, analizará las pruebas y decidirá “si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate” (art. 6º).

El funcionario o empleado requerido está en la obligación de normalizar la situación de deficiencia dentro del término concedido para dar las explicaciones y cuando la deficiencia sea de naturaleza operativa la dirección seccional de la rama judicial competente adoptará, dentro del mismo término y de acuerdo con las disponibilidades presupuestales, las medidas necesarias para atender los requerimientos del despacho judicial (art. 7º).

Toda actuación inoportuna e ineficaz del servicio público determinada en desarrollo de las diligencias de que trata el mencionado acuerdo, será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el Acuerdo 198 de 1996, incidirá en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contemplados en el artículo 155 de la Ley 270 de 1996 y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996 (art. 8º).

La sanción impuesta al actor es de naturaleza administrativa, nace en ejercicio de la potestad de vigilancia judicial, mecanismo establecido para asegurar que las labores de los funcionarios y los empleados de la rama judicial se desarrollen de manera oportuna y eficaz, y es diferente de la función jurisdiccional disciplinaria a cargo de las autoridades disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura y de la del control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación.

Siendo así, es pertinente comprender los alcances de esta potestad en aras de no confundirla con la disciplinaria, pues aunque ambas entran en el terreno de las sancionatorias, la vigilancia administrativa propende por la eficacia y eficiencia de la administración de justicia para lograr las finalidades que le ha instituido el artículo 228 de la C.P. que conjugan el propósito del mejoramiento del servicio y la disciplinaria, resuelve las infracciones en que incurren los funcionarios y empleados judiciales en el cumplimiento de los deberes y prohibiciones, vale decir frente a normas de carácter ético, dirigidas a exigir el acatamiento de las responsabilidades que le corresponden al servidor en el desenvolvimiento de su función.

Atendiendo el elemento material, puede otorgarse el carácter de acto administrativo a las decisiones que expiden las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura en el ejercicio de la función de vigilancia administrativa, dado que la Sala administrativa cumple funciones administrativas si se revisan las contempladas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, a diferencia de la función jurisdiccional que administra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en el orden nacional y seccional conforme a lo previsto en el título IV, capítulo IV de la Ley 270 de 1996.

En esta delimitación de facultades, se hace necesario señalar que el incumplimiento de los deberes y prohibiciones que le incumbe a los funcionarios y empleados judiciales, puede ser a su turno materia de conocimiento por la vía de la vigilancia administrativa, cuando quiera que éste afecte el mejoramiento del servicio, sin perjuicio de que se ejerza la potestad disciplinaria, sólo que se acude a un mecanismo expedito encaminado a lograr remover los factores que incidan en el mejoramiento del servicio, que comporta la adopción de correctivos y desde luego de sanciones en contra del servidor judicial que se reflejan en su rendimiento laboral.

Por consiguiente, siendo de la esencia de la vigilancia judicial lograr que la prestación del servicio se desarrolle en forma oportuna y eficaz, advierte la Sala que las resoluciones acusadas, son actos administrativos, surgidos como consecuencia del seguimiento de la actividad funcional y por ello, estando descartada su naturaleza disciplinaria, son juzgables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, consistiendo el control de legalidad, en examinar si se ha incurrido en vicios que afecten la presunción de mejoramiento del servicio.

3. Los medios exceptivos.

a) Caducidad de la acción. 

Sin necesidad de mayores elucubraciones que resultan innecesarias, advierte la Sala la improsperidad de la excepción, al observar que la Resolución 219 de 10 de noviembre de 1999 que desató el recurso de reposición fue notificada el 12 de noviembre de 1999 (fl. 28) y la demanda se presentó el 10 de febrero de 2000 (fl. 47) es decir antes de los cuatro (4) meses que establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

b) Ineptitud de la demanda. 

El motivo aducido para sustentarla consistente en que el fundamento de la demanda descansa sobre supuestos que no se reflejan en el acto acusado”, es materia del pronunciamiento de mérito y por ende, no constituye propiamente un medio exceptivo.

4. Análisis de la legalidad de la sanción impuesta.

En los actos acusados, se reprocha al actor el haber mantenido en inactividad procesal durante ocho (8) meses el proceso ejecutivo singular de menor cuantía en el que actuó como demandante la señora María Carmenza Sánchez Rincón, se le endilgó el incumplimiento del principio de celeridad contemplado en el artículo 4º de la Ley 270 de 1996 y además, se le atribuyó transgresión “...de los deberes establecidos en los numerales 5º, 7º, 15, 20 y demás del artículo 153 de la Ley 270 de 1996; y del artículo 17 de la Ley 446 de 1998”.

El examen del material probatorio, permite a la Sala concluir en forma incontrovertible, que no se desmejoró ni se afectó la prestación del servicio público de administración de justicia que le correspondía al Juez Primero Civil Municipal de ..., arista del mecanismo administrativo instituido en el artículo 101 numeral 6º de la Ley 270 de 1996, toda vez que no incurrió en incumplimiento de los deberes establecidos en los numerales 5º, 7º, 15 y 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, el artículo 17 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 4º de la Ley 270 de 1996.

En efecto, la revisión de las actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo que dio origen a la expedición de los actos acusados, demuestra que la “inactividad procesal de ocho (8) meses, entre el período comprendido en abril 2 de 1997 y el 19 de diciembre de 1997”, que sustentó la sanción administrativa, obedeció a la falta de impulso del ejecutante en promover la notificación del mandamiento de pago desconociendo el esquema eminentemente dispositivo del proceso ejecutivo singular.

En efecto, en el proceso de ejecución, se impetró entre otras medidas cautelares, el embargo de la quinta parte deducido el salario legal del sueldo que la señora Clara Inés Vélez Duque devengaba como empleada al servicio de la empresa Seguros Bolívar y para perfeccionar la medida, el Juez Primero Civil Municipal de ... dictó el auto de 17 de enero de 1997 ordenando librar el oficio correspondiente (fl. 8v del cdno. 4); consta que dicho oficio fue reclamado y enviado por correo certificado a la ciudad de Bogotá (fl. 8v y 9 del cdno. 4).

Ante la falta de respuesta por parte del pagador de la empresa, el apoderado judicial de la ejecutante el 31 de marzo de 1997, solicitó nuevamente reiterar el oficio de embargo 30, lo cual fue dispuesto por el juez en auto de 2 de abril de 1997 requiriendo al pagador de Seguros Bolívar para que explicara los motivos por los cuales no se habían hecho los descuentos del sueldo de la ejecutada, librando el oficio 197 de 10 de abril de 1997, el cual fue reclamado el 16 del mismo mes y año (fls. 10, 11 y 11v del cdno. 4).

Transcurrieron por los menos ocho (8) meses hasta cuando por auto de 19 de diciembre de 1997, el juez ordenó que el proceso “.. pasará al suspenso del despacho” entendiendo ello que se reactivaba hasta que la ejecutante le diera impulso, lo cual hizo el mandatario judicial el 5 de marzo de 1998, cuando solicitó librar despacho comisorio al Juez Civil Municipal (reparto) en la ciudad de Cali para que se hiciera la notificación del mandamiento de pago (fl. 14 cdno. 3).

Infiere la Sala de lo anterior, que la falta del adecuado impulso procesal le correspondía a la ejecutante, porque el funcionario judicial estaba imposibilitado para ordenar la notificación del mandamiento de pago, en tanto estaba pendiente el resultado de la práctica de las medidas cautelares y además si se observa que la diligencia de notificación del mandamiento de pago es un trámite dispositivo del interesado quien debe suministrar los medios para que ello se realice.

Nótese que el funcionario judicial, cumplió eficientemente con la prestación del servicio realizando las conductas que estaban a su alcance, las cuales eran acceder a las solicitudes de embargo del salario de la ejecutada y abstenerse de practicar oficiosamente la notificación del mandamiento de pago hasta que tuviera certeza de que se hicieran efectivas tales medidas, lo cual ocurrió hasta el 24 de febrero de 2000 cuando el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, informó haber surtido efectos el embargo de remanentes (fl. 12 del cdno. 4º).

En consecuencia, se infiere con claridad, que el estancamiento del proceso durante el lapso referido en los actos acusados (2 de abril de 1997 al 19 de diciembre del mismo año), no obedeció a un actuar negligente del funcionario judicial y por esta somera razón, es comprensible que como no se afectó la prestación del servicio y en especial el principio de celeridad contemplado en el artículo 4º de la Ley 270 de 1996, los actos sancionatorios adolecen de falsa motivación.

5. Conclusiones.

Se impone la nulidad de las resoluciones impugnadas y el consecuente restablecimiento del derecho, al determinarse que el funcionario judicial no incurrió en el incumplimiento de los deberes que se endilgaron con fundamento en los numerales 5º, 7º, 15 y 20 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 17 de la Ley 446 de 1998.

No prospera la excepción de inepta demanda, dado que revisado el libelo demandatorio, se observa una elaboración armónica y coherente de los aspectos fácticos invocados que guardan relación con las razones expresadas en los actos acusados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Decláranse no probadas las excepciones de caducidad de la acción e ineptitud de la demanda formuladas por el apoderado judicial de la entidad demandada por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2 DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 205 de 26 de octubre de 1999 dictada por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa de Risaralda a través de la cual se dispuso en el artículo primero: “... Aplicar los efectos del artículo 8º del Acuerdo 88 de 1997 por el cual se reglamenta el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor L... Juez Primero Civil Municipal de ... respecto de la actuación surtida en el específico proceso objeto de vigilancia judicial administrativa y referido en la parte motiva de la presente resolución, con la anotación de un (1) punto menos en la calificación del factor eficiencia o rendimiento que le sea asignada por esta Sala en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 1999 y que incidirá significativamente en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contempladas en el artículo 155 de la Ley 270 de 1996 y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996” y de la Resolución 219 de 10 de noviembre de 1999 que confirmó el acto anterior.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordena dejar sin efectos la sanción impuesta en los actos anulados y las decisiones que en cumplimiento de dichos actos se hayan proferido. Igualmente, desanotar la sanción de la hoja de vida del demandante L... y las anotaciones que hayan existido por causa de las resoluciones anuladas en la carpeta de calificación integral de servicios del demandante. Se efectuarán las comunicaciones de rigor al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Administrativa y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de 3 de octubre de 2002. Expediente 498-2001. Consejero Ponente. Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado).

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