Sentencia 11001-03-27-000-1998-0044-00 de julio 10 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

EMPRESA UNIPERSONAL

NO RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR IMPUESTOS DEL COMERCIANTE

EXTRACTOS: «Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de los artículos 11, 12, 26 y 30 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997, expedido por el Gobierno Nacional, y concretamente en cuanto hace a determinar si tales disposiciones exceden o no el contenido y alcance de las normas superiores que justifican su expedición, estableciendo como consecuencia de ello si el ejecutivo desbordó o no los límites de su competencia normativa reglamentaria.

1. Artículo 11 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997. Facturación de consorcios y uniones temporales.

De acuerdo con esta disposición, los consorcios y las uniones temporales para efectos de cumplir con la obligación formal de facturar, tendrán la opción de hacerlo a nombre propio, en representación de sus miembros o en forma separada, cumpliendo en todo caso con los requisitos previstos en las normas legales y reglamentarias para la expedición de las facturas, entre otros la discriminación del IVA y el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los consorciados.

Para el actor, la obligación formal de facturar, establecida en el artículo 615 del estatuto tributario, no puede ser atribuida a los consorcios y las uniones temporales, como lo hace la norma reglamentaria acusada, en consideración a que ellos carecen de personería jurídica y no son contribuyentes del impuesto de renta ni responsables del IVA de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 18 y 437 del estatuto tributario. Además afirma, la obligación de discriminar el IVA en la factura, es función atribuida de manera exclusiva a los responsables del IVA, según los artículos 511 y 618 del mismo estatuto.

Considera la Sala que el cargo formulado no está llamado a prosperar, por las razones que a continuación se exponen.

Dice el inciso 1º del artículo 615 del estatuto tributario.

“ART. 615.—Obligación de expedir factura. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales” (resalta la Sala).

Como se observa, es evidente que la obligación formal de facturar establecida en la ley no surge de la calidad de contribuyente o responsable de los impuestos de renta o ventas, sino que, por el contrario, es independiente de ella por disposición expresa de la misma ley, luego no puede aceptarse que los consorcios y las uniones temporales, por el hecho de no tener la calidad de contribuyentes de los impuestos de renta y ventas, estarían excluidos de la obligación formal de facturar, como lo pretende el actor, pues ello sería desconocer el contenido y alcance de la ley, máxime cuando como ocurre en este caso es de tal claridad que no admite interpretación distinta de aquella que se deduce de su tenor literal.

Ahora bien, en cuanto al argumento según el cual dice el actor, los consorcios y las uniones temporales por carecer de “personería jurídica”, no corresponden a la expresión toda las personas y entidades, que utiliza el legislador en el citado artículo 615, y que como consecuencia de ello estarían excluidos de la obligación formal de facturar, la Sala comparte los planteamientos expuestos por la delegada del Ministerio Público y la apoderada de la Nación, que sugieren un análisis gramatical y lógico, para establecer quiénes son los destinatarios de la norma legal.

En efecto, la norma aludida se refiere a “todas” las “personas” y “entidades” que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales, presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera.

En el lenguaje jurídico según las prescripciones del Código Civil, las “personas” son los seres capaces de tener derechos y contraer obligaciones, reconociéndose dos clases de personas, los individuos de la especie humana o personas físicas y ciertos establecimientos, fundaciones o seres colectivos a los cuales se denomina personas morales o personas jurídicas.

Por “entidades”, según el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas se entienden aquellas “colectividades, instituciones, establecimientos, agrupaciones o empresas” y el vocablo “colectividad”, según el Diccionario de la Lengua Española se define como el “conjunto de personas reunidas o concertadas para un fin”.

De acuerdo con el principio general de interpretación de la ley consagrado en el artículo 28 del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal.

De acuerdo con las anteriores definiciones y acudiendo al principio de interpretación de la ley enunciado, puede concluirse, sin lugar a dudas, que en efecto, los consorcios y las uniones temporales, son destinatarios de la norma contenida en el artículo 615 del estatuto tributario, pues evidentemente el legislador cuando utilizó la expresión “todas las entidades” quiso con ello abarcar cualquier forma de asociación o colectividad, ya que lo relevante en la norma no son precisamente los sujetos pasivos de la obligación de facturar, hasta el punto que ella misma expresa que esta es independiente de la calidad de contribuyente o no de los impuestos nacionales, sino definir a través de la obligación de expedir factura un mecanismo eficaz de control del impuesto sobre las ventas, cualquiera sea el sujeto que la origine.

De manera que, independiente de la naturaleza jurídica atribuida a los consorcios y las uniones temporales, como una forma de asociación o colectividad contractual, es claro que en los términos del artículo 615 del estatuto tributario, no están excluidos de la obligación de facturar, razón por la cual las precisiones que se hacen en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997 acusado, constituyen un desarrollo de la citada disposición legal, no la creación misma de la obligación.

En efecto, el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, define los consorcios y las uniones temporales en los siguientes términos:

“ART. 7º—De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos de esta ley se entiende por:

1. Consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y comisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

2. Unión temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

PAR. 1º—Los proponentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará el consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.

PAR. 2º—Para efectos impositivos, a los consorcios y uniones temporales se les aplicará el régimen previsto en el estatuto tributario para las sociedades pero, en ningún caso estarán sujetos a doble tributación”. (Subraya la Sala).

Como se observa, la ley define tanto los consorcios como las uniion temporal, como una “colectividad” o conjunto de “personas” reunidas o concertadas para un fin específico; los obliga a designar una “persona” que las represente para “todos los efectos” e igualmente señala que tales colectividades para efectos impositivos, están sujetas a las disposiciones previstas en el estatuto tributario para las sociedades, luego en primer término sí tienen los consorcios y las uniones temporales el carácter de “entidad” con capacidad representativa y en lo pertinente le son aplicables las normas fiscales que rigen para las sociedades.

Así que, precisada la obligación legal de expedir facturas por parte de los consorcios y uniones temporales, es lógico que éstas deban cumplir con los requisitos exigidos de manera general en el artículo 617 del estatuto tributario, para las facturas, incluida la discriminación del IVA, porque en todo caso las personas que hacen parte del consorcio o la unión temporal, según los términos del artículo 18 ib. deben llevar en su contabilidad y declarar de manera independiente los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de acuerdo con su participación y de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Reglamentario 380 de 1996 “los miembros del consorcio o de la unión temporal son responsables del IVA respecto de las operaciones gravadas que realicen”.

De manera que la discriminación del IVA en las facturas expedidas por el consorcio o la unión temporal, a que se refiere el reglamento acusado, tiene plena justificación legal, en cuanto no solo consulta los términos en que deben cumplirse las obligaciones propias de cada uno de los asociados, sino además porque a los consorcios y las uniones temporales le son aplicables en lo pertinente las normas tributarias de las sociedades las cuales de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 511, 618 y 499 del estatuto tributario están obligadas en todos los casos a discriminar el IVA en las facturas como una obligación formal adicional propia del régimen común al cual pertenecen.

De acuerdo con las anteriores consideraciones para la Sala la norma contenida en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997, se ajusta a los parámetros de la ley reglamentada, sin exceder su contenido y alcance, debiendo en consecuencia negarse la pretensión de nulidad propuesta.

2. Artículo 12 Decreto Reglamentario 3050 de 1997. Garantía para demandar.

Como en efecto lo expresó la Sala al decidir sobre la suspensión provisional de los efectos de la citada norma reglamentaria, es manifiesta su infracción al artículo 867 del estatuto tributario en cuanto establece un término mínimo de un (1) año por el cual deberá suscribirse la garantía para demandar y su renovación sucesiva por el mismo término, modificando totalmente los términos de la norma legal, según la cual la vigencia de la garantía “deberá ser por el término de duración del proceso y tres meses más, contados a partir de la fecha de la sentencia o decisión jurisdiccional ejecutoriada”.

De manera que, no son admisibles los argumentos aducidos por la apoderada de la Nación según los cuales, no se trata de un “término procesal”, por lo que debería entender la Sala, sería posible su modificación mediante el reglamento y tampoco la conveniencia del mismo, en cuanto dice la apoderada, el término de un (1) año se ajusta al ordenamiento mercantil.

Al respecto proceden las siguientes consideraciones:

Como lo ha manifestado en anteriores oportunidades la Sala, la facultad reglamentaria no está establecida para subsanar las omisiones de la ley y en desarrollo de la misma no caben las consideraciones de conveniencia, sino de competencia y necesidad, luego no es posible mediante el reglamento corregir los errores o las omisiones en que pudo incurrir el legislador, al establecer un término indefinido de vigencia de la garantía para demandar, sin consultar la normatividad mercantil aplicable, con el argumento que el reglamento aunque no sujeto a la ley reglamentada, se adecua a las “normas sobre garantías”, que consagra el Código de Comercio, como lo sugiere la apoderada de la Nación.

En efecto, mediante la facultad reglamentaria no puede el ejecutivo modificar el contexto de la ley, adicionándolo o restringiéndolo, pues con ello incurre no solo en violación de la norma legal reglamentada, sino de la norma constitucional que define el poder reglamentario dentro de los límites de competencia y necesidad, entendiéndose esta última en el caso que la ley sea oscura o imprecisa, no en el sentido que lo entiende la apoderada de la Nación, esto es, modificándola para adecuarla a las necesidades de la legislación mercantil, cuya finalidad propia del contrato de seguros es bien diferente a la garantía materia de estudio.

Ahora bien, que el término de vigencia de la garantía, consagrado en el artículo 867 del estatuto tributario, tenga o no el carácter de procesal, resulta irrelevante para definir la legalidad del reglamento acusado, y no justifica el exceso en que incurrió el ejecutivo al expedirlo, porque en todo caso los límites de la facultad reglamentaria se enmarcan dentro del contexto de la ley, luego si como ocurre en el caso concreto, la ley no señala un límite de tiempo referido al calendario, sino que toma como presupuesto para fijar el límite por el cual se debe tomar la garantía, la duración del proceso, no puede el reglamento modificar tal presupuesto, estableciendo el término de un año calendario a partir de la presentación de la demanda y adicionalmente la renovación de la garantía por un período igual, pues con ello está desconociendo el contenido de la norma legal reglamentada, desbordando así los límites de la facultad reglamentaría.

De acuerdo con las consideraciones expuestas la Sala procederá a declarar la nulidad de la norma reglamentaria acusada, pues es evidente que ésta se aparta del marco normativo previsto por el legislador, creando exigencias adicionales en relación con la garantía para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

3. Artículo 26 Decreto Reglamentario 3050 de 1997. Empresas asociativas excluidas de la exención.

Afirma el actor, que con la expedición de esta norma reglamentaria se desconoce el contenido de los artículos 14 y 15 de la Ley 10 de 1991, en cuanto según estas disposiciones, las utilidades de los miembros de una empresa asociativa de trabajo, están exentas del impuesto sobre la renta en una proporción del 50% y los rendimientos e ingresos de los mismos miembros por los conceptos de que trata el artículo 13 de la misma ley (activos, bienes, o equipo en préstamo o arrendamiento), en una proporción del 35%, de manera general y para todas las actividades susceptibles de ejercer mediante este tipo de empresas; en tanto que el reglamento pretende negar tal beneficio al ejercicio a las empresas asociativas y sus miembros, cuando se crean “con el fin de ejercer profesiones liberales”.

Al respecto observa la Sala. En efecto como lo señala la apoderada de la Nación, los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 10 de 1991, “por la cual se regulan las empresas asociativas de trabajo”, se entienden modificados por la Ley 383 de 1997 cuando en su artículo 44 dispuso:

“Para efectos de los beneficios previstos en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 10 de 1991, se excluyen las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas”.

El Decreto 3050 de diciembre 23 de 1997, es reglamentario de la Ley 383 de 1997, luego el análisis sobre la presunta ilegalidad de su artículo 26, debe hacerse teniendo en cuenta las modificaciones introducidas por esta ley, a las disposiciones contenidas en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 10 de 1991.

Dispone el artículo 26 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997:

“ART. 26.—Empresas asociativas excluidas de la exención. Las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas, no gozarán de los beneficios previstos en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 10 de 1991, razón por la cual, las empresas asociativas de trabajo creadas con el fin de ejercer profesiones liberales no están exentas de los impuestos sobre la renta y complementarios; las utilidades obtenidas por los miembros de dichas empresas estarán gravadas en su totalidad, sin perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter tributario más favorables. Los rendimientos e ingresos que obtengan los miembros de las empresas mencionadas anteriormente, por concepto de lo señalado en el artículo 13 de la Ley 10 de 1991 no estarán exentos de pago del impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter tributario más favorables” (subraya la Sala).

Para la Sala es evidente que la citada disposición se ajusta a los parámetros de la ley reglamentada, pues habiendo sido excluidas por ella del beneficio de la exención del impuesto sobre la renta y complementarios, “las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a las mismas”, se limita el reglamento a precisar el contenido y alcance de la ley, sin modificarla ni adicionarla, luego resultan infundados los cargos de violación propuestos por el actor y como consecuencia de ello debe reconocerse la legalidad de la norma reglamentaria acusada.

4. Artículo 30 Decreto Reglamentario 3050 de 1997. Efectos tributarios de la conformación de empresas unipersonales.

Reza la citada disposición:

“ART. 30.—Efectos tributarios de la conformación de empresas unipersonales. Cuando un comerciante persona natural destine parte de sus activos a la realización de actividades mercantiles mediante la constitución de una empresa unipersonal, para efectos del impuesto sobre las ventas no se considerará que existe una transferencia de dominio respecto de los activos móviles involucrados.

La empresa unipersonal así conformada responderá solidariamente con el comerciante persona natural por todas las obligaciones tributarias de este último, exigibles al momento de su constitución, como de las que se origine a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones y de cobro, correspondientes a períodos anteriores a su constitución”.

Para el actor la norma reglamentaria establece una responsabilidad solidaria de la empresa unipersonal con el comerciante persona natural, por todas las obligaciones tributarias de este último, exigibles al momento de su constitución y las que se originen con posterioridad, sin ningún fundamento legal, razón por la cual considera, debe declararse su nulidad.

Al respecto proceden las siguientes consideraciones.

Sobre la empresa unipersonal, dispuso la Ley 222 de 1995 en sus artículos 71 y 73:

“ART. 71.—Concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil.

La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil forma una persona jurídica.

PAR.—Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados.

ART. 73.—Responsabilidad de los administradores. La responsabilidad de los administradores será la prevista en el régimen general de sociedades”.

Ahora bien, en materia tributaria, el parágrafo único del artículo 18 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 61 de la Ley 223 de 1995 dispone:

“PAR.—Para efectos impositivos, a las empresas unipersonales de que trata el Código de Comercio, se les aplicará el régimen previsto en el estatuto tributario para las sociedades de responsabilidad limitada”.

Para la Sala, esta última disposición no solo se entiende referida a lo previsto en el artículo 13 del estatuto tributario, que hace relación a las sociedades de responsabilidad limitada, como sujetos pasivos del impuesto de renta y complementarios, como lo sugiere el actor en la demanda, sino que también implica la aplicación del régimen general establecido por el mismo estatuto en su título VII relacionado con la responsabilidad por el pago de los tributos.

Hecha esta precisión, deberá establecerse si de acuerdo con las normas tributarias que consagran la responsabilidad por el pago del tributo, la solidaridad de que habla el reglamento acusado tiene o no respaldo legal.

Sobre la responsabilidad solidaria disponen los artículos 793 y 794 del estatuto tributario:

“ART. 793.—Responsabilidad solidaria. Responden con el contribuyente por el pago del tributo:

a) Los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legados y sin perjuicio del beneficio de inventario;

b) Los socios de sociedades disueltas hasta concurrencia del valor recibido en la liquidación social, sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente;

c) La sociedad absorbente respecto de las obligaciones tributarias incluidas en el aporte de la absorbida;

d) Las sociedades subordinadas, solidariamente entre sí y con su matriz domiciliada en el exterior que no tenga sucursal en el país, por las obligaciones de ésta;

e) Los titulares del respectivo patrimonio asociados o copartícipes, solidariamente entre sí, por las obligaciones de los entes colectivos sin personalidad jurídica, y

f) Los terceros que se comprometan a cancelar obligaciones del deudor”.

ART. 794.—Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros, responden solidariamente por los impuestos de la sociedad correspondientes a los años gravables 1987 y siguientes, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta responsabilidad solidaria no involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por inflación. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas o anónimas.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas inscritas en la bolsa de valores, a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión”.

De acuerdo con el contenido de las normas legales transcritas es claro que la responsabilidad solidaria de las sociedades, entiéndase para el caso “empresas unipersonales”, respecto de las obligaciones tributarias de sus socios, ya sean estos personas naturales o jurídicas, independientes de la calidad de comerciantes de las primeras, no está consagrada en la ley.

De manera que, cuando el reglamento establece que existe solidaridad de la “empresa unipersonal”, con la persona natural comerciante, asociado, por las obligaciones fiscales que este último tenga al momento de su constitución, o las que surjan a su cargo, con posterioridad, está creando una solidaridad por el pago de los tributos no prevista en las normas tributarias que dice reglamentar, excediendo así el ejecutivo los límites de la facultad reglamentaria consagrada en el artículo 189-11 de la Constitución Política, razón por la cual debe declararse su nulidad.

En cuanto a la afirmación hecha por la apoderada de la Nación, según la cual el artículo 30 del Decreto 3050 de 1997, tendría respaldo legal en lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 71 de la Ley 222 de 1995, que establece la responsabilidad solidaria sobre las obligaciones de la empresa unipersonal respecto de los titulares de las respectivas cuotas de capital y los administradores, comparte la Sala la apreciación hecha por la Procuradora Delegada, en cuanto considera inaceptable tal aseveración, pues en efecto, la solidaridad allí establecida parte de unos presupuestos bien distintos a los señalados en el reglamento acusado, como son la utilización de la empresa unipersonal para fines defraudatorios y la responsabilidad solidaria por las obligaciones surgidas de tales actos, presupuestos de los que de manera alguna puede inferirse una solidaridad de la empresa unipersonal frente a las obligaciones a cargo de la persona natural comerciante, antes y después de su conformación, que es la prevista por el reglamento acusado.

Además, la posibilidad de fraude al Estado mediante la figura de la empresa unipersonal, no es un problema que pueda resolver el reglamento acusado, no es un problema que pueda resolver el reglamento acusado, como lo sugiere la apoderada de la Nación, porque, en primer término, otros son los mecanismos legales previstos para tal evento y, de otra parte, es al legislador y no el ejecutivo a quien corresponde establecer cuándo y bajo qué supuestos existe solidaridad para el pago de los tributos de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 150-12 de la Constitución Política.

Sin perjuicio de lo expuesto y habida consideración que la acusación de ilegalidad según los términos de la demanda recae únicamente sobre el contenido del inciso 2º del artículo 30 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997 y no sobre el inciso 1º que consagra un efecto tributario bien distinto a la “responsabilidad solidaria” prevista en aquel, consistente en que:

“ART. 30.—Efectos tributarios de la conformación de empresas unipersonales. Cuando un comerciante persona natural destine parte de sus activos a la realización de actividades mercantiles mediante la constitución de una empresa unipersonal, para efectos del impuesto sobre las ventas no se considerará que existe una transferencia de dominio respecto de los activos móviles involucrados.

La empresa unipersonal así conformada responderá solidariamente con el comerciante persona natural por todas las obligaciones tributarias de este último, exigibles al momento de su constitución, como de las que se origine a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones y de cobro, correspondientes a períodos anteriores a su constitución”.

La Sala declarará la nulidad del inciso 2º del artículo 30 del citado decreto reglamentario de acuerdo con las consideraciones ya expuestas y se abstendrá de hacerlo en relación con el inciso 1º de la misma norma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del artículo 12 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997, expedido por el Gobierno Nacional.

2. DECLÁRASE la nulidad del inciso 2º del artículo 30 del Decreto Reglamentario 3050 de 1997, expedido por el Gobierno Nacional, cuyo texto es el siguiente:

“La empresa unipersonal así conformada responderá solidariamente con el comerciante persona natural por todas las obligaciones tributarias de este último, exigibles al momento de su constitución, como de las que se origine a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones y de cobro, correspondientes a períodos anteriores a su constitución”.

3. DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de julio 10 de 1998. Expediente 11001-03-27-000-1998-0044-00. Consejero Ponente: Dr. Julio Enrique Correa Restrepo).

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