CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCIÓN CUARTA

IMPUESTO DE REGISTRO

ACTOS SOMETIDOS A REGISTRO ANTE DOS ENTIDADES

EXTRACTOS: «La demanda recae sobre los apartes que se subrayan del parágrafo único del artículo 2º del Decreto Reglamentario 0650 de 1996, expedido por el Gobierno Nacional, cuyo texto es el siguiente:

“DECRETO NÚMERO 650 DE 1996

(Abril 3)

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995.

El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

ART. 2º—Causación y pago. El impuesto se causa en el momento de la solicitud y se paga por una sola vez, por cada acto, contrato o negocio jurídico sujeto a registro.

Cuando un mismo documento contenga diferentes actos sujetos a registro, el impuesto se liquidará sobre cada uno de ellos, aplicando la base gravable y tarifa establecidas en la ley.

PAR.—No podrá efectuarse el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo de pago del impuesto. Cuando se trate de actos, contratos o negocios jurídicos entre entidades públicas, dicho requisito no será necesario”.

(...).

Cuestiona el accionante la legalidad de la disposición reglamentaria según la cual, no podrá efectuarse el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo de pago del impuesto, contenida en el parágrafo único del artículo 2º del Decreto Reglamentario 650 de 1996, en cuanto considera que con su expedición se están modificando los términos de la Ley 223 de 1995, que dice reglamentar.

El cargo se concreta en afirmar que en virtud de la norma reglamentaria acusada se estaría impidiendo el registro mercantil de actos o documentos en las cámaras de comercio, cuando aquellos a su vez estén sometidos a registro civil ante la oficina de instrumentos públicos, por la sencilla razón de que en este evento resulta imposible acompañar el recibo de pago del impuesto y además, porque a juicio del actor, según la ley el único funcionario competente para negar la inscripción es la oficina de registro de instrumentos públicos, instancia en la cual se causa el impuesto de registro, permitiendo que las cámaras de comercio efectúen el registro sin necesidad de acreditar el pago previo del impuesto.

Sobre el particular, procede la Sala a hacer las siguientes consideraciones:

Según el artículo 27 del Código de Comercio, corresponde a las cámaras de comercio llevar el registro mercantil de aquellos actos, contratos o negocios jurídicos, respecto de los cuales la ley exija esa normalidad para su publicidad o para los efectos a que haya lugar.

En cuanto al registro civil en la oficina de instrumentos públicos de los actos, contratos, providencias, que impliquen constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación o extinción del dominio sobre bienes raíces, la competencia esta asignada por mandato del Decreto-Ley 1250 de 1970 a las oficinas de registro de instrumentos públicos.

De acuerdo con las anteriores disposiciones la Ley 223 de 1995, al regular el impuesto de registro en el artículo 226 dispuso:

“ART. 226.—Hecho generador. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio” (resalta la Sala).

Acorde con la anterior disposición, el artículo 223 ibídem, en la parte pertinente establece:

“Las oficinas de registro de instrumentos públicos y las cámaras de comercio serán responsables de realizar la liquidación y recaudo del impuesto”.

Quiere decir entonces que de acuerdo con la ley la competencia para efectuar el registro mercantil y el registro civil de los documentos o contratos sometidos por disposición legal a esta formalidad, está radicada en las cámaras de comercio y las oficinas de registro de instrumentos públicos, en su orden, e igualmente que la competencia para liquidar y recaudar el impuesto de registro que se origine por la inscripción de los mismos contratos y documentos, radica en las citadas entidades, según se trate del registro mercantil o del registro civil de instrumentos públicos.

Como quiera que de acuerdo con la ley, un solo contrato o negocio jurídico puede estar sometido a la formalidad del registro tanto en la oficina de instrumentos públicos, como en la cámara de comercio, la Ley 223 de 1995 en su artículo 226, previó, que en este evento, “el impuesto se genera solamente en la instancia de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos”.

En concordancia con la anterior disposición, debe entenderse que cuando el legislador en el artículo 228 ibídem estableció que el funcionario competente no podrá realizar el registro si la solicitud se ha acompañado de la constancia o recibo de pago del impuesto, está haciendo relación a la oficina de instrumentos públicos, tratándose de documentos o negocios jurídicos sometidos a la doble formalidad de registro, mercantil y civil de instrumentos públicos.

Para el evento consagrado en la citada norma legal y con el propósito de precisar los términos de su aplicación, dispuso el reglamento, artículo 10 del Decreto 650 de 1996:

“ART. 10.—Impuesto de registro sobre actos, contratos o negocios jurídicos que deban registrarse tanto en las oficinas de registro de instrumentos públicos como en las cámaras de comercio. Cuando los actos, contratos o negocios jurídicos deban registrarse tanto en oficinas de registro de instrumentos públicos como en cámaras de comercio, la totalidad del impuesto se genera en la instancia de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos, sobre el total de la base gravable definida en el artículo 229 de la Ley 223 de 1995.

En el caso previsto en el inciso anterior, el impuesto que se genere sobre los actos, contratos o negocios que no se refieran a inmuebles será liquidado por las cámaras de comercio y recaudado por las oficinas de registro de instrumentos públicos, conjuntamente con el generado por los inmuebles, cuando los departamentos no hayan decidido asumir la liquidación y recaudo”. (Subraya la Sala).

Según los términos de la norma reglamentaria transcrita, debe entenderse que tratándose de documentos, actos o negocios jurídicos respecto de los cuales deba efectuarse el registro tanto en la cámara de comercio como en la oficina de instrumentos públicos, la cámara de comercio accederá al registro mercantil liquidando el impuesto generado por el mismo, sin exigir la comprobación del pago, toda vez que el recaudo del impuesto se hará por parte de las oficinas de registro de instrumentos públicos, conjuntamente con el generado por el registro civil.

Así las cosas, la precisión que hace el reglamento en el parágrafo único del artículo 2º del Decreto 0650 de 1996, en el sentido de señalar que “no podrá efectuarse el registro si la solicitud no se ha acompañado de la constancia o recibo de pago del impuesto”, debe interpretarse en concordancia con la norma reglamentaria referenciada, esto es que en el evento de actos sometidos tanto al registro mercantil como al registro civil en la oficina de registro de instrumentos públicos, tal exigencia sólo se hará efectiva por parte de la oficina competente para el recaudo del impuesto que se origine por uno y otro concepto, o sea la oficina de registro de instrumentos públicos, tal como lo precisa el mismo reglamento y lo establece el artículo 226 de la ley reglamentada, que en su parte pertinente reza:

“Cuando un acto, contrato o negocio jurídico deba registrarse tanto en la oficina de registro de instrumentos públicos como en la cámara de comercio, el impuesto se generará solamente en la instancia de inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos”.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, encuentra la Sala ajustada a la ley la norma reglamentaria acusada, en cuanto su contenido y efectos se enmarcan en los términos y parámetros de regulación previstos por el legislador para el impuesto de registro, sin modificarlos ni restringirlos, razón por la cual procede a negar la prosperidad del cargo de violación propuesto por el actor.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese. Cúmplase».

(Sentencia de agosto 14 de 1998. Expediente 11001-03-27-000-1998-0088-00. Consejero Ponente: Dr. Julio Enrique Correa Restrepo).

________________________________