Sentencia 11001-0327-0001998-0090-00 de noviembre 13 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Ref.: Expediente 11001-0327-0001998-0090-00

Actor: Juan Manuel Idrovo Cubides C/la Nación. Nulidad Resolución 3391 de 1997, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Acto acusado

Se trata del artículo 6º de la Resolución 3391 de 1997, expedida por la Dirección de Impuestos Nacionales “por la cual se aclaran las resoluciones 1751, 1759, 1760, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767, 1768, 2002 de octubre de 1997, a que se refieren los artículos 623, 623-1, 623-2, 623-3, 624, 625, 628, 629, 629-1, 631 y 684-2 del estatuto tributario, respecto de la información que debe ser presentada a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en medio magnético”... el cual señala:

“ART. 6º—Obligados que no deben presentar información. Las personas y entidades obligadas a informar que no hubiesen tenido movimiento o el movimiento no está sujeto a ser informado durante el año gravable en referencia, cumplen con su obligación tributaria, informándolo por medio de un oficio firmado por el representante legal y contador o revisor fiscal, dirigido al grupo de información exógena de la subdirección de fiscalización para el control y la penalización tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santafé de Bogotá, D.C., dentro de los plazos establecidos para presentar la información de cada resolución.

Lo anterior sin perjuicio de la verificación que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

(...).

Consideraciones:

Se discute en esta instancia la legalidad del artículo 6º de la Resolución 3391 de 1997, expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a la cual acusa el actor de vulnerar los artículos 3º, 113 y 338 de la Constitución Política y 631 del estatuto tributario.

La controversia planteada se concreta en determinar si, como lo afirma la parte demandante, la administración mediante la Resolución 3391 de 1996 determinó nuevos sujetos pasivos de la obligación de informar o si por lo contrario, como dice la demanda, esta exigencia tiene fundamental legal.

Considera la Sala pertinente, precisar en primer lugar, las facultades de la administración de impuestos y aduanas, en materia de fiscalización.

El artículo 684 del estatuto tributario, al efecto, señala:

“La administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario.

b) Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados.

c) Citar o requerir el contribuyente o a terceros para que rindan informes o contesten interrogatorios.

d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones cuando unos u otros estén obligados a llevar libros de contabilidad.

f) En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación”.

Del análisis de la norma transcrita, encuentra la Sala que la administración tiene amplias facultades de fiscalización e investigación tendientes a la correcta determinación del impuesto.

Sin embargo, estas facultades se deben utilizar con sujeción a la ley, puesto que la única fuente de la obligación tributaria es precisamente la ley.

Es decir, que no puede la administración, so pretexto de ejercer las facultades prescritas en el artículo 684 del estatuto tributario, ejercer una facultad legislativa para limitar o extralimitar las normas legales que dice aplicar con la finalidad del recaudo de los tributos.

Desde esta perspectiva, procede la Sala al estudio de los cargos formulados por los demandantes.

Señala el artículo atacado:

“ART. 6º—Obligados que no deben presentar información. Las personas y entidades obligadas a informar, que no hubiesen tenido movimiento o el movimiento no está sujeto a ser informado durante el año gravable en referencia, cumplen con su obligación tributaria, informándolo por medio de un oficio firmado por el representante legal y contador o revisor fiscal, dirigido al grupo de información exógena de la subdirección de la fiscalización para el control y la penalización tributaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Santafé de Bogotá, D.C., dentro de los plazos establecidos para presentar la información de cada resolución.

Lo anterior sin perjuicio de la verificación que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

Por otra parte, prescribe el artículo 631 del estatuto tributario:

ART. 631.—Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la administración de impuestos, el director de impuestos nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos:

a) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que sean socias, accionistas, cooperadas, comuneras o asociadas de la respectiva entidad, con indicación del valor de las acciones, aportes y demás derechos sociales, así como de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles.

b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido.

c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y entidad donde les fue practicada.

d) Apellidos y nombre o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, con indicación del concepto y valor acumulado por beneficiario.

e) Apellidos y nombre o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior a diez millones de pesos ($ 10.000.000) base año gravable (base 1995), (hoy $ 13.700.000) con indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable:

f) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco millones de pesos ($ 25.000.000) (Hoy $ 34.300.000) base en año gravable de 1995 con indicación del concepto, e impuesto sobre las ventas liquidado, cuando fuere el caso.

g) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos, con indicación de la cuantía de los mismos.

h) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor.

i) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de créditos activos, con indicación del valor del crédito.

j) Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de adquisición exceda de quinientos mil pesos ($ 500.000), (hoy $ 5.300.000) con indicación del valor patrimonial y del costo fiscal.

k) La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las declaraciones tributarias.

l) El valor global de las ventas o prestación de servicios por cada uno de los establecimientos comerciales con indicación del número y tipo de máquina registradora y o intervalos de numeración de facturación de venta de utilizada en el año, ciudad y dirección del establecimiento, y

m) Cuando el valor de la factura de ventas de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción y otorguen derecho al impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, sea superior a cinco millones de pesos ($ 5.000.000) (valor base año gravable 1997), (hoy $ 5.800.000), se deberá informar el número de la factura de venta, con indicación de los apellidos y nombres o razón social y NIT del tercero.

PAR. 1º—La solicitud de información de que trata este artículo, se formulará mediante resolución del Director de Impuestos y Aduanas Nacionales en la cual se establecerán, de manera general, los grupos o sectores de personas o entidades que deben suministrar la información requerida para cada grupo o sector, los plazos para su entrega, que no podrán ser inferiores a dos (2) meses, y los lugares a donde deberá enviarse.

PAR. 2º—Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del año inmediatamente anterior a aquel en el cual se solicita la información, hubieren poseido un patrimonio bruto superior a doscientos millones de pesos ($ 200.000.000) (hoy $ 2.108.000.000), o cuando los ingresos brutos de dicho año sean superiores a cuatrocientos millones de pesos ($ 400.000.000), (hoy $ 4.216.000.000) la información a que se refiere el presente artículo, deberá presentarse en medios magnéticos que sean procesados por la Dirección de Impuestos Nacionales.

PAR. 3º—La información a que se refiere el presente artículo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 y 629 del estatuto tributario, deberá presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la información.

La Sala comprende el concepto de la procuraduría séptima delegada ante la corporación, en cuanto se debe acceder a las súplicas de la demanda por cuanto la resolución atacada está adicionando el contenido del artículo 631 del estatuto tributario, al exigir información a quienes no hubiesen tenido movimiento o éste no esté sujeto a ser informado y penalizar dicho incumplimiento.

Dijo así, textualmente, la Procuraduría:

“...si bien es cierto la administración de impuestos nacionales goza de amplias facultades de fiscalización e investigación, ellas están sujetas a que la administración ponga en ejercicio tal facultad, con el propósito claro y único de asegurar el efectivo cumplimiento de normas sustanciales.

Bajo esta premisa, y dando una lectura desprevenida al artículo 631 del estatuto tributario, se tiene que éste de manera contundente señala no sólo el funcionario competente para solicitar la información allí establecida, sino además precisa el tipo de información a solicitar, los montos y topes a tener en cuenta para el suministro de la misma, y el fin concreto para el cual es pedida tal información.

En el caso en estudio, la resolución atacada, en el artículo acusado, hace una aparente aclaración, respecto de las personas y entidades obligadas a informar; pero en verdad está adicionando el contenido del artículo 631 del estatuto tributario, al exigir a quienes no hubiesen tenido movimiento o el movimiento no esté sujeto a ser informado la presentación de un oficio que dé cuenta de tal hecho y penalizando de paso, el incumplimiento de la obligación impuesta mediante la resolución acusada.

Es obvio que la exigencia de deberes tributarios debe estar expresamente prevista en disposiciones de carácter legal, y por lo tanto es inadmisible la imposición que de una obligación tributaria hace la administración a través de una resolución, así esta obligación sea tan solo accesoria, y aun menos admisible si como en el presente caso la oficina gubernamental establece una consecuencia, como es la de penalizar su incumplimiento.

De otra parte el presupuesto de hecho previsto por la ley para que surja la obligación de informar fue justamente el contrario al contemplado en el artículo 6º de la resolución atacada, pues ésta tan solo previó la obligación de informar para aquellas personas o entidades que tuviesen cierto movimiento e incluso sobrepasaran determinada cuantía en sus operaciones mas no para quienes “no hubiesen tenido movimiento o el movimiento no está sujeto a ser informado durante el año gravable en referencia ...”.

En conclusión para la Sala, la Resolución 3391 de 1996 sí quebranta los preceptos constitucionales y legales invocados por le accionante, toda vez que la administración mediante dicho acto establece una nueva obligación tributaria no señalada en la ley lo que impone, en consecuencia, su declaratoria de nulidad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del artículo 6º de la Resolución 3391 de 1996 (sic).

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en la Sala de la sesión de la fecha.

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