Sentencia 9053 de diciembre 11 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 11001-03-27-000-1998-0119-00

Radicación 9053

Consejero Ponente:

Daniel Manrique Guzmán

Acción de nulidad contra algunos apartes de los artículos 11 y 14 de la Resolución 2002 de 31 de octubre de 1997, expedida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Actor: Vicente Javier Torres Vásquez

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre 11 de mil novecientos noventa y ocho.

Fallo

(...).

Antecedentes

El texto completo de las disposiciones a que pertenecen las expresiones acusadas, es el siguiente:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 2002

“(31 oct. 1987)

“(...).

“ART. 11.—Autorización. La autorización podrá darse por autorización automática o autorización a través de evaluación técnica del producto SAF realizada directamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Autorización automática.

“Inicialmente todos los fabricantes desarrolladores, y/o comercializadores y/o distribuidores de software aplicativo de facturación podrán solicitar la autorización automática, para lo cual seguirán el siguiente procedimiento:

“1. La empresa solicitante emitirá una certificación en la cual hará constar que el software aplicativo de facturación cumple con los requisitos funcionales y técnicos y demás características establecidas en (la) presente resolución, documento que deberá ser suscrito por el representante legal, revisor fiscal y la persona quien aparezca registrada como propietaria ante el Ministerio de Gobierno, de los derechos de autor del software aplicativo de facturación.

“(...).

“PAR. 1º—Los propietarios de software aplicativo de facturación para uso exclusivo, podrán optar por la autorización automática, en las mismas condiciones señaladas en este artículo. En este caso la certificación podrá estar firmada por contador o revisor fiscal.

“(...).

“ART. 14.—Documentación. Los fabricantes y/o desarrolladores y/o comercializadores y/o distribuidores o propietarios para uso exclusivo, para el proceso de autorización automática o solicitud directa de evaluación técnica, deberán presentar la siguiente documentación:

“(...).

“f) Certificación firmada por el revisor fiscal o contador, según el caso, representante legal y persona quien aparezca registrada como propietaria ante el Ministerio de Gobierno, de los derechos de autor del software aplicativo de facturación;

“(...).

“k) Copia de la matrícula profesional del revisor fiscal o contador, según el caso”. (Destacados en el texto de la demanda).

(...).

Consideraciones de la Sala

Se trata de definir en el presente proceso, si la exigencia de certificaciones de contador público o revisor fiscal, que hacen las normas parcialmente demandadas de la Resolución 2002 de 31 de octubre de 1997, exceden, o no, el campo cognoscitivo específico de los profesionales de la contaduría pública en funciones de tales o como revisores fiscales y por lo mismo si violan o no las normas reguladoras de la contaduría y la revisoría fiscal.

La Sala advierte, en primer lugar, que la fuente primordial de cualquier “software” o programa de computador de naturaleza tributaria, en cuanto hace al movimiento de ingresos y egresos, costos, deducciones y descuentos tributarios, activos y pasivos, emisión de facturas y comprobantes, producción de notas crédito y otros análogos, lo es necesariamente la contabilidad y sus soportes, de acuerdo con los datos e informes y documentación suministrados, obviamente, por un contador público, pues no se ve cómo un ingeniero de sistemas normalmente pudiera estar familiarizado con las características y exigencias legales de la contabilidad y del régimen impositivo referente al registro o asiento de las operaciones o transacciones realizadas por la empresa.

Observa la Sala así mismo, que el monitoreo de un procesador de datos y el acceso a la información en pantalla para visualizar el contenido del programa sistematizado, no exige a particulares conocimientos en la materia.

Sin embargo, por lo que se desprende de las normas demandadas de la Resolución 2002 de 1997, aparte de la ambigüedad advertida por la señora procuradora delegada sobre cuál es el contador o revisor fiscal que debe certificar lo exigido en la resolución, la Sala encuentra que la función del contador o revisor fiscal, según dichas normas, no se contrae a las labores relativamente sencillas (para un contador) descritas, sino que abarcan un campo de mayor amplitud.

En efecto, la certificación a que alude el numeral 1º del artículo 11 de la resolución acusada, y que debe estar firmada, entre otros, por el revisor fiscal, exige hacer constar que “el software aplicativo de facturación cumple con los requisitos funcionales y técnicos y demás características establecidas en (la) presente resolución...”.

Dado que los “requisitos funcionales y técnicos” del software en cuestión, no son propia ni exclusivamente los referentes al sistema contable y sus soportes, o al régimen impositivo de costos, deducciones, descuentos tributarios, activos o pasivos, sino que dice relación con el diseño, funcionalidad y especificaciones técnicas del programa mismo, no cabe la suposición de que tales “requisitos funcionales” o especificaciones “técnicas” sean del dominio ordinario de los profesionales de la contaduría, sino que necesariamente constituyen un trabajo de confrontación propio del ingeniero de sistemas y, en esa medida desbordan en mucho las exigencias de las leyes que regulan la profesión de la contaduría.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que las demás expresiones censuradas, acusan los mismos caracteres de exorbitancia de la expresión antes analizada, la Sala considera probados suficientemente los cargos de violación de las normas invocadas por el actor, en especial las pertenecientes a la Ley 43 de 1990, debiendo accederse a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

ANÚLANSE parcialmente las siguientes disposiciones de la Resolución 2002 de 31 de octubre de 1997, del Director de Impuestos y Aduanas Nacionales:

Del artículo 11, numeral 1º y parágrafo 1º, respectivamente las locuciones “revisor fiscal” y “en este caso la certificación podrá estar firmada por contador o revisor fiscal”.

Y del artículo 14, literales f) y k), respectivamente, las expresiones “certificación firmada por el revisor fiscal o contador, según el caso” y “copia de la matrícula profesional del revisor fiscal o contador, según el caso”.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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