Sentencia 9401 de septiembre 10 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref. Expediente 11001-03-27-000-1999-006009401

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Actor: José Manuel Abuchaibe Escobar

DIAN-Concepto No. 00077 de 1993.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diez de mil novecientos noventa y nueve.

Se decide en esta oportunidad la acción pública de nulidad instaurada por el ciudadano José Manuel Abuchaibe Escobar, contra el Concepto Jurídico 00077, del 28 de mayo de 1993, expedido por la subdirección jurídica de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Aduanas Nacionales DIAN y dirigido a los directores, jefes de oficina, administradores de aduana, jefes de división jurídica de todo el país.

El acto acusado fue divulgado en la publicación “Doctrina Aduanera”, conceptos jurídicos Nº 2 de abril y junio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Está referida a la interpretación y aplicación de normas en materia aduanera, particularmente plantea como problema jurídico la procedencia de la formulación de las cuentas adicionales y plasma como tesis jurídica que “sí procede la formulación de cuentas adicionales a las declaraciones definitivas de saneamiento”.

EXTRACTOS: «(...).

“Se procede a analizar el contenido del Concepto acusado frente a las provisiones del Decreto-Ley 1751 de 1991, “por el cual se establecen mecanismos de saneamiento aduanero”. Considera el actor que el concepto objeto de este proceso, en cuanto dispone que “sí procede la formulación de cuentas adicionales a las declaraciones definitivas de saneamiento” viola la norma superior particularmente el artículo 1º, cuyo texto es el siguiente:

“Saneamiento. Quienes declaren mercancías que hubieren ingresado al país con anterioridad al 1º de septiembre de 1990, que se encuentren en situación de incumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen aduanero, podrán adelantar los trámites correspondientes al saneamiento de dichas mercancías, siempre y cuando se acredite el pago oportuno de la tarifa ad valorem, conforme al mecanismo que más adelante se establece, sin que haya lugar a decomiso, ni a formulación de cuentas adicionales, ni a imponer sanción alguna, ni al ejercicio de ninguna acción penal con ocasión de las infracciones aduaneras que se hubieren cometido (subraya la Sala)

PAR. 1º—La presentación de la declaración de saneamiento deberá efectuarse en el lapso comprendido entre el 1º de agosto de 1991 y el 31 de octubre de 1991.

PAR. 2º—Sólo podrán acogerse al saneamiento las mercancías que se encuentren en zona secundaria aduanera y que sean objeto de declaración y presentación voluntaria. El saneamiento no será aplicable respecto de mercancías que hubieren sido objeto de aprehensión por parte de las autoridades, ni respecto de mercancías en relación con las cuales se hubiere iniciado despacho o procedimiento aduanero alguno”.

Como se recuerda, el Congreso de la República mediante la Ley 49 de 1990, en el numeral 7º del artículo 61 concedió facultades extraordinarias al Presidente de la República para “establecer mecanismos que permitan la declaración y pago de derechos e impuestos, respecto de mercancías que hubiesen ingresado al país con anterioridad al 1º de septiembre de 1990, sin el cumplimiento de requisitos establecidos en el régimen aduanero”. En desarrollo de las mismas, fue expedido el Decreto 1751 de 1991, cuya finalidad, como la precisó la señora procuradora, fue la de sanear mercancías ingresadas ilegalmente al país antes del 1º de septiembre de 1990.

Para la Sala resulta claro que dicha normatividad contiene un régimen excepcional de saneamiento y un procedimiento especial, que en el tema que regula, debe aplicarse de manera preferente sobre las disposiciones generales en materia aduanera.

Conforme al artículo 1º del decreto, que estableció los mecanismos de saneamiento aduanero, quienes declaren mercancías que hubieren ingresado al país con anterioridad al 1º de septiembre de 1990, respecto de las cuales se hubiere dado cumplimiento a la normatividad aduanera, obtendrán los beneficios allí establecidos, “siempre y cuando se acredite el pago oportuno de la tarifa ad valorem” consistentes en que no habrá lugar al decomiso, ni a la formulación de cuentas adicionales, ni a imponer sanción alguna, como tampoco al ejercicio de acciones penales con ocasión de las infracciones aduaneras cometidas.

Por su parte, el artículo 2º del decreto determina que “las mercancías saneadas serán consideradas, para todos los efectos, como mercancías en libre circulación y la declaración de saneamiento debidamente aceptada y pagada hará las veces de declaración de despacho para consumo en firme y tendrá todos sus efectos jurídicos”.

La circular acusada trata como tema jurídico “la formulación de cuentas adicionadas a las declaraciones definitivas de saneamiento”, y analiza distintos aspectos de la competencia para la procedencia de la cuenta adicional, concluyendo la tesis jurídica de: “sí procede la formulación de cuentas adicionales a las declaraciones definitivas de saneamiento”.

Así las cosas y en la forma como la Sala lo expresó en el auto que decretó la suspensión provisional del acto acusado surge nítida la oposición entre el concepto acusado y la norma superior, que consagra un mecanismo especial de saneamiento aduanero, al establecer en forma expresa que al cumplirse los requisitos de oportunidad, forma y contenido, allí fijados los contribuyentes serían objeto de la garantía de que no se formularán cuentas adicionales a la declaración definitiva de saneamiento aduanero.

En desacato a dicha previsión, el acto acusado dispuso la procedencia de la formulación de cuentas adicionales, al interpretar que de acuerdo con las previsiones contenidas en el artículo 2º que asimila las declaraciones de saneamiento aduanero con las de despacho para consumo, las primeras son susceptibles de cuenta adicional, siendo viable su revisión conforme al procedimiento establecido en el Decreto 2666 de 1984 y demás normas aduaneras generales, posición que no comparte la Sala, como quiera que de ella se deriva hacer nugatorias la finalidad y previsiones de la norma especial, recordándose que la ley debe interpretarse de manera que produzca efectos.

En este orden ideas y por cuanto a juicio de la Sala, es evidente que el concepto acusado, infringió las normas superiores en las que debió fundarse y por tanto incurrió en causal de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se declarará la nulidad del concepto demandado.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE LA NULIDAD del Concepto Jurídico Nº 00077 del 28 de mayo de 1993, expedido por la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Aduanas Nacionales, subdirección jurídica.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese, cúmplase.

Se deja constancia que la anterior povidencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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