Sentencia 9531 de noviembre 5 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente Nº 11001-03-27-000-1999-015-00-9531

Actor: Vicente Javier Torres Vásquez

Nulidad parcial Circular Externa 01 de 1999 de la Superintendencia de Valores.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre cinco de mil novecientos noventa y nueve.

El ciudadano Vicente Javier Torres Vásquez en ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, ha presentado ante esta corporación demanda de nulidad con suspensión provisional previa, de varios apartes contenidos en los numerales 2. “evaluación plan de trabajo y resultados”, 3. “certificación de cumplimiento” y 5. “dictamen e informe del revisor fiscal” y de los anexos denominados “evaluación plan de trabajo año 2.000” (anexo 1) y “certificación” (anexo 2) contenidos en la Circular Externa 01 del 15 de enero de 1999, proferida por la Superintendencia de Valores.

Antecedentes

El texto completo de las disposiciones a que pertenecen las expresiones acusadas, las cuales se subrayan, es el siguiente:

“CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 01 DE 1999

(Enero 15)

Señores representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores.

Asunto: Problema año 2000

(...).

2. Evaluación plan de trabajo y resultados alcanzados. Para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado, todas las entidades deberán diligenciar y remitir a la delegatura para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar, el día 29 de enero de 1999, el anexo 1, titulado “evaluación plan de trabajo año 2000”. Si alguna de las preguntas formuladas tiene como respuesta NO, la entidad está en la obligación de revisar, replantear y acelerar el desarrollo del plan de trabajo, el cual deberá culminar el 30 de junio de 1999. El anexo deberá ser suscrito por el representante legal y el revisor fiscal”.

3. Certificación de cumplimiento. El desarrollo exitoso del plan de trabajo deberá culminar con la expedición de una certificación de cumplimiento con el año 2000, que deberá contener, al menos, la información a que se hace alusión en el Anexo 2, de esta circular, titulado “certificación”. La certificación deberá ser suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la correspondiente entidad y deberá ser enviada a la delegatura para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar, el 15 de julio de 1999, junto con el documento en el cual se deje constancia de la evaluación de las pruebas y el plan de contingencia ajustado para el año 2000. Dicha certificación, una vez evaluada, será remitida al registro nacional de valores e intermediarios para los efectos de publicidad del mismo. Obviamente la certificación sólo se podrá expedir después de realizar las pruebas y elaborar o ajustar el plan de contingencia al año 2000.

(...).

5. Dictamen e informe del revisor fiscal. Sobre el denominado problema del año 2.000, los revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta superintendencia, en el dictamen e informe que sobre los estados financieros y el manejo y administración de la sociedad deben emitir por disposiciones de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, deberán opinar y pronunciarse respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 009 de 1997, haciendo énfasis en el plan de trabajo formulado por la sociedad para solucionar dicho problema en sus sistemas de información. fundamentalmente en lo que atañe al cumplimiento del cronograma elaborado para introducir los correctivos pertinentes, destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación de los sistemas de información al año 2000.

Así mismo, los revisores fiscales deberán opinar y pronunciarse sobre los resultados de la evaluación del plan de trabajo del año 2000 la cual deben realizar, de manera obligatoria, todas las entidades vigiladas en un plazo máximo que vence el día 29 de enero de 1999”.

Así mismo se demandan los anexos denominados “evaluación plan de trabajo año 2000” (anexo 1) y “certificación” (anexo 2) en cuanto a la exigencia de “la firma por parte del revisor fiscal en lo concerniente a la implementación del software y ajustes necesarios al hardware de los sistemas para solucionar el problema del año 2000”.

(...).

Consideraciones de la Sala

El debate sometido a consideración de la Sala, se concreta en determinar la legalidad o ilegalidad de la exigencia de las firmas de las certificaciones por parte del revisor fiscal de las sociedades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores, que hacen los apartes demandados de la Circular 01 de 1999 expedida por dicha entidad, por considerar el accionante que no tienen soporte en ninguna norma de carácter legal y contrarían las disposiciones propias de la profesión, pues las cuestiones que se exigen certificar no corresponden a la competencia técnica del contador en el ejercicio de su profesión.

A juicio del actor, la circular acusada, establece requerimientos adicionales a los legales para el ejercicio de la profesión, al exigir que el software y modificaciones al hardware ante el problema del año 2000, de la sociedad vigilada ante la que se desempeña sea técnica y funcionalmente certificado por el revisor fiscal.

Para poder determinar si las instrucciones impartidas mediante las normas demandadas, quebrantan las disposiciones contenidas en los artículos 1º, 8º, 10 y 13 de la Ley 43 de 1990, que estructuran el marco normativo de referencia para el ejercicio de la contaduría y por ende se violan los preceptos constitucionales señalados en la demanda, procede la Sala a efectuar un análisis de cada una de los apartes demandados de la Circular 01 de 1999.

1. El texto del numeral 2º de la circular es el siguiente:

“CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 01 DE 1999

(Enero 15)

Señores

Representantes legales, miembros de juntas directivas y revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores.

Asunto: Problema año 2000

(...).

2. Evaluación plan de trabajo y resultados alcanzados. Para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado, todas las entidades deberán diligenciar y remitir a la delegatura para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar, el día 29 de enero de 1999, el anexo 1, titulado “evaluación plan de trabajo año 2000”. Si alguna de las preguntas formuladas tiene como respuesta NO, la entidad está en la obligación de revisar, replantear y acelerar el desarrollo del plan de trabajo, el cual deberá culminar el 30 de junio de 1999. El anexo deberá ser suscrito por el representante legal y el revisor fiscal”.

Ahora bien, el cuestionario a que se refiere dicho numeral y cuya firma del revisor fiscal se demanda, corresponde al Anexo 1 denominado “evaluación plan de trabajo año 2000” y comprende lo siguiente:

“Tipo y código de entidad _______________

Nombre de la entidad __________________

1. Proyecto

¿Existe conciencia de la gravedad y consecuencias del problema año 2000?

¿Cuándo se inició el proyecto?

¿Existe un cronograma detallado que refleje claramente el plan de acción?

¿Las fechas asignadas para desarrollar las actividades del plan de acción son adecuadas para terminar el proyecto en junio de 1999?

2. Equipo de trabajo

¿Hay miembros pertenecientes a las altas directivas?

¿Hay miembros pertenecientes a las directivas de las dependencias expertas o relacionadas con el tema (Informática, sistemas, operaciones, organización y métodos etc.)?

¿Hay miembros pertenecientes a las dependencias usuarias de mayor grado de riesgo?

¿Hay miembros asesores externos? (esta respuesta puede ser no, aunque sería deseable contar con alguno).

¿Están claramente definidas las funciones del grupo de trabajo?

¿Están claramente definidas las funciones de cada miembro del grupo de trabajo?

3. Inventario del hardware

¿Se tiene un inventario completo y detallado?

¿El inventario se realizó en todas las dependencias de la entidad, incluyendo las de otras ciudades?

¿Se tienen certificaciones de cumplimiento del año 2000, expedida por el proveedor o fabricante, para cada elemento sensible al manejo de fechas?

¿Si cada equipo acepta el año 2000 y maneja adecuadamente las fechas críticas (años bisiestos) se comprobó mediante una simulación o prueba y ello se documentó?

4. Inventario de software

¿Se tiene un inventario completo y detallado?

¿El inventario se realizó en todas las dependencias de la entidad, incluyendo las de otras ciudades?

¿Se tienen certificaciones de cumplimiento del año 2000, expedidas por los proveedores o fabricantes, para cada elemento sensible al manejo de fechas?

¿Se comprobó mediante una prueba o simulación, para cada producto o aplicación, el cumplimiento con el año 2000 y el manejo de los años bisiestos y ello se documentó?

¿Se realizaron ensayos o simulacros para confirmar cada aplicación satélite (pequeñas aplicaciones elaboradas por los usuarios finales para ayudarse en su trabajo y que han cobrado importancia para el usuario y la entidad en general), y existe prueba escrita de ello?

¿Si la aplicación toma o suministra información a otra aplicación o sistema (de la entidad o de otra compañía) estas otras aplicaciones o sistemas manejan adecuadamente el año 2000 y los años bisiestos?

5. Inventario de redes y dispositivos de comunicación

¿Se tiene un inventario detallado y completo de redes y dispositivos de comunicaciones?

¿El inventario se realizó en todas las dependencias de la entidad, incluyendo las de otras ciudades?

¿Se tienen certificaciones de cumplimiento del año 2000, expedidas por los proveedores o fabricantes, para cada elemento sensible al manejo de fechas?

¿Se comprobó mediante una prueba o simulación que cada elemento maneje adecuadamente el año 2000 y los años bisiestos y ello se documentó?

6. Otros dispositivos

¿Se tiene un inventario detallado y completo de otros dispositivos? (cajas fuertes, conmutadores, faxes, fechadores electrónicos, ascensores, aire acondicionado, etc.).

¿El inventario se realizó en todas las dependencias de la entidad, incluyendo las de otras ciudades?

¿Se tienen certificaciones de cumplimiento del año 2000, expedidas por los proveedores o fabricantes, para cada elemento sensible al manejo de fechas?

¿Para cada elemento susceptible de ser probado se comprobó su cumplimiento con el año 2000 y los años bisiestos, mediante una simulación y ello se documentó?

7. Papelería

¿Se tiene un inventario detallado y completo de formas de papelería externa e interna utilizadas?

¿El inventario se realizó en todas las dependencias de la entidad, incluyendo las de otras ciudades?

¿Es necesario hacer cambios en la papelería para manejar adecuadamente el año 2000 y los años bisiestos?

8. Pruebas, simulaciones y ajustes

¿Se probaron todos los sistemas críticos para la operación normal de la entidad?

¿Las pruebas y/o simulaciones se realizaron más de una vez, cambiando la información de entrada?

¿Los resultados positivos y negativos son revisados y analizados por el grupo de trabajo?

¿Los ajustes realizados son comprobados con varias pruebas y/o simulaciones?

¿Los usuarios participaron como apoyo en el desarrollo de las soluciones, pruebas y/o simulaciones?

9. Plan de contingencia

¿Se cuenta con un plan ajustado a los posibles siniestros que pueda ocasionar el año 2000?

¿El plan está aprobado, probado y es conocido por todos los interesados?

10. Otros

¿Se ha establecido contacto con los principales clientes y proveedores para que se adapten al año 2000 y no le causen traumatismos a su operación normal?

¿Se ha establecido contacto con otros proveedores de bienes y servicios para que se adapten al año 2000 y no le causan traumatismos a su operación normal? (bancos, empresas de servicios públicos, administración del edificio, aseguradoras, compañías de seguridad, etc.).

* ______________________________________________________________
Representante legalRevisor fiscal
Nombre:Nombre:”

De acuerdo a la anterior transcripción se desprende que la instrucción impartida por la Superintendencia de Valores frente al problema del año 2000, es la certificación por parte del representante legal y el revisor fiscal de la entidad vigilada, de que el plan de trabajo a seguir para afrontar dicha problemática, se ha evaluado y que los resultados se han alcanzado, como se anuncia literalmente en el numeral 2º demandado.

Ahora bien, las funciones del revisor fiscal, quien debe ser contador público de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Comercio, son definidas legalmente por el mismo estatuto mediante el artículo 207 y en el que se señalan las siguientes:

1. “Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a las prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva.

2. Dar oportuna cuenta, por escrita a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y en el desarrollo de sus negocios.

3. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.

4. Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y por que se conserven debidamente la correspondencia de la sociedad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines.

5. Inspeccionar asiduamente los bienes de la sociedad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título.

6. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.

7. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o informe correspondiente.

8. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

9. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios”.

Si bien, de acuerdo a la anterior enumeración de las funciones del revisor fiscal, se evidencian unas amplias atribuciones en la verificación del desarrollo del objeto social de la persona en la cual se desempeña, dicho funcionario carece por completo de facultades administrativas o de representación de la entidad misma, por lo tanto su gestión integral no puede comprender aspectos ajenos a las funciones propias de su cargo ni mucho menos a su profesión de contador público.

En efecto, no debe olvidarse que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 43 de 1990, el contador público es la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general.

Y que de conformidad con el artículo 10 de la misma ley, la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo que a los estatutarios en el caso de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que éstos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.

En consecuencia, siendo del campo propio de la profesión de contador la materia referente a la contaduría, el revisor fiscal tiene la responsabilidad de procurar y velar por el cumplimiento por parte de la sociedad de las normas legales y estatutarias sobre el manejo contable y patrimonial de los entes en los cuales desempeña sus funciones, evidenciándose de esta forma una gestión de medio y no de resultado.

En este orden de ideas, a juicio de la Sala, en el caso sometido a consideración, no se puede exigir la certificación por parte del revisor fiscal de la evaluación del plan de trabajo y resultados alcanzados en frente a la problemática del año 2000, pues las labores que debe certificar, no se reducen a la labor propia de un contador público, como revisor fiscal, sino que abarcan un campo del conocimiento que no es propio de él.

En efecto y a manera de ejemplo observa la Sala algunas preguntas para resolver en el anexo en estudio, respecto de las cuales el revisor fiscal no puede dar fe, como son, si ¿se tiene un inventario completo y detallado de hardware y software?; Si ¿cada equipo acepta el año 2000 y maneja adecuadamente las fechas críticas, como los años bisiestos, mediante prueba o simulación?; Si ¿se realizaron ensayos para confirmar cada aplicación satélite?, entre otras.

Estima la Sala, que si bien el revisor fiscal puede informar que la sociedad vigilada tiene los inventarios a que se refiere la circular demandada, no puede dar fe de que ellos sean completos y detallados pues para certificarlo debe tener conocimiento de los requerimientos informáticos que sobre los mismos se necesiten.

De igual forma para que pueda certificar tan sólo que las pruebas y simulacros se realizaron, se necesita de un conocimiento técnico en la materia, que escapa del grado cognoscitivo de este profesional.

Siendo así las cosas, en la medida en que el anexo 1 de la Circular 01 de 1999 de la Superintendencia de Valores, que se debe diligenciar “para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado” exigen la firma por parte del revisor fiscal, desborda las previsiones legales para el debido ejercicio de la contaduría y las funciones asignadas al revisor fiscal, a juicio de la Sala debe ser retirada del ordenamiento jurídico el aparte demandado del numeral 2º de la mencionada circular y así se declarará.

2. El texto del numeral 3º de la Circular 01 de 1999 es del siguiente tenor:

3. Certificación de cumplimiento. El desarrollo exitoso del plan de trabajo deberá culminar con la expedición de una certificación de cumplimiento con el año 2000, que deberá contener, al menos, la información a que se hace alusión en el anexo 2, de esta circular, titulado “certificación” la certificación deberá ser suscrita por el representante legal y el revisor fiscal de la correspondiente entidad y deberá ser enviada a la delegatura de valores para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar, el 15 de julio de 1999, junto con el documento en el cual se deje constancia de la evaluación de las pruebas y el plan de contingencia ajustado para el año 2000. Dicha certificación, una vez evaluada, será remitida al registro nacional de valores e intermediarios para los efectos de publicidad del mismo. Obviamente la certificación sólo se podrá expedir después de realizar las pruebas y elaborar o ajustar el plan de contingencia al año 2000.

(...).

Ahora bien, el anexo a que se refiere este numeral reza lo siguiente:

“Anexo 2

Certificación

El representante legal y el revisor fiscal de la entidad XXX

Certifican que:

Todas los sistemas de información utilizados por la entidad XXX para el desarrollo normal de su negocio, han sido revisados, ajustados y probados, confirmando el cumplimiento de ellos con el año 2000.

Todos los sistemas susceptibles de verse afectados por el manejo de fechas y que afectan la operación normal de la entidad XXX, se han probado y se ha confirmado su cumplimiento con el año 2000.

Se han solicitado y recibido certificaciones de todos los proveedores de bienes y servicios, donde consta el cumplimiento de los productos suministrados o de los servicios contratados con el año 2000, o que se están adelantando los trabajos de adecuación necesarios.

Se ha establecido contacto con los principales clientes, a efecto de que se adapten al año 2000, con el propósito de evitar traumatismos en su operación normal.

Se cuenta con un plan de contingencias debidamente probado, ajustado con los posibles siniestros que pueda ocasionar el año 2000.

Por lo dicho en los numerales precedentes, la entidad XXX se encuentra preparada para afrontar adecuadamente el año 2000.

* ______________________________________________________________
Representante legalRevisor fiscal
Nombre:Nombre:”

Igual como se consideró en el punto anterior, no es del campo propio del profesional de la contaduría la responsabilidad de certificar, entre otras cosas, “que todos los sistemas de información han sido revisados, ajustados y probados, confirmando el cumplimiento de ellos con el año 2000” (subraya la Sala), por lo tanto se evidencia una violación a las normas legales citadas que reglamentan el ejercicio de la profesión y consagran las funciones del revisor fiscal.

Estas consideraciones son suficientes para declarar la nulidad del aparte demandado de este numeral en cuanto consagra la obligación de la firma del revisor fiscal en el certificado denominado “anexo 2”.

Es preciso advertir que no obstante manifiesta la apoderada judicial de la Superintendencia de Valores que actualmente la firma del revisor fiscal en el anexo en estudio no forma parte del ordenamiento jurídico positivo, por cuanto la Circular 04 de 1999, estableció que los anexos a que ella se refiere “se deberán enviar junto con la certificación solicitada en la Circular Externa 001 del 15 de enero de 1999 (anexo 2), firmada por el representante legal” (fl. 121, cdno. ppal.), considera la Sala que sobre su nulidad sí debe haber pronunciamiento, en la medida en que tuvo vigencia entre los meses enero a marzo de 1999 y tuvo la virtualidad de producir efectos.

En atención a lo anterior, se declarará la nulidad de la exigencia de la firma del revisor fiscal en el mencionado anexo, contenida en el numeral 3º de la Circular 001 de 1999.

Finalmente se refiere la Sala al numeral 5º cuyos apartes subrayados son objeto de demanda.

Dispone el numeral 5º de la Circular 001 de 1999:

“5. Dictamen e informe del revisor fiscal

Sobre el denominado problema del año 2.000, a los revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta superintendencia, en el dictamen e informe que sobre los estados financieros y el manejo y administración de la sociedad deben emitir por disposiciones de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, deberán opinar y pronunciarse respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 09 de 1997, haciendo énfasis en el plan de trabajo formulado por la sociedad para solucionar dicho problema en sus sistemas de información, fundamentalmente en lo que atañe al cumplimiento del cronograma elaborado para introducir los correctivos pertinentes, destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación, de los sistemas de información al año 2000.

Así mismo, los revisores fiscales deberán opinar y pronunciarse sobre los resultados de la evaluación del plan de trabajo del año 2000, la cual deben realizar, de manera obligatoria, todas las entidades vigiladas en un plazo máximo que vence el día 29 de enero de 1999”.

La Circular 009 de 1997 a la que se refiere el numeral transcrito, está relacionada con las medidas a tomar para adecuar los sistemas de información para el año 2000, en la que luego de hacer algunas consideraciones sobre el origen del problema y sus implicaciones, imparte instrucciones sobre el plan de trabajo que deberán ejecutar las entidades inspeccionadas y vigiladas por la Superintendencia de Valores, para solucionar el problema, así:

“... cada entidad deberá formular y presentar a su revisor fiscal, a más tardar el 31 de diciembre de 1997, un plan de trabajo a ejecutar con miras a diagnosticar, evaluar y corregir los problemas que se puedan originar por el cambio del milenio. El plan deberá ser discutido y aprobado por la junta directiva de cada entidad.

El revisor fiscal está en la obligación de verificar el cumplimiento del plan e informar a esta superintendencia sobre cualquier hecho o retraso que pudiera afectar la operación normal de la entidad, en éste o en los próximos 3 años.

El plan de trabajo y los informes del revisor fiscal deberán estar a disposición de la Superintendencia de Valores, quien los podrá solicitar en cualquier momento, sin perjuicio de las visitas que programe con el fin de verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas.

De acuerdo a lo anterior, estima la Sala que la obligación por parte del revisor fiscal de “opinar y pronunciarse” respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 9 de 1997 haciendo énfasis en el plan de trabajo para solucionar el problema en los sistemas de información y destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación de los sistemas de información al año 2000, son exigencias que abarcan aspectos técnicos de informática, que no son propios de la labor del revisor fiscal y por lo tanto deben anularse.

En efecto, la Superintendencia de Valores no puede exigir que un profesional de la contaduría opine sobre un plan de trabajo que ha sido discutido y aprobado por la junta directiva del ente societario en el cual se desempeña como tal, cuando en la Circular 009 de 1997, se le impone el deber de verificar su cumplimiento y no de emitir juicios de valor sobre el mismo, toda vez que respecto de ellos no tiene el grado de conocimiento propio al de la técnica informática, que se predica de otros profesionales.

Teniendo en cuenta que todo el inciso está referido a la exigencia antes analizada, la Sala considera que debe anularse en su totalidad.

En relación con el segundo inciso del numeral demandado y cuya totalidad acusa el actor, encuentra la Sala que en efecto debe anularse, por considerar al igual que en los puntos anteriores, que se le está exigiendo a los revisores fiscales una labor que no es propia de su campo de profesión, pues los conocimientos en la informática, no corresponden a los que se prevén para el ejercicio de la contaduría y por lo tanto están en la imposibilidad legal y física de emitir algún pronunciamiento o juicio de valor sobre los resultados alcanzados por la sociedad en sus sistemas de información para conjurar la probIemática del año 2000.

Finalmente, observa la Sala que la nulidad total del inciso 2º del numeral en cuestión, no modifica en nada la obligación de las entidades vigiladas de realizar la evaluación del plan de trabajo del año 2000, en un plazo máximo que vence el día 29 de enero de 1999, por cuanto dicha exigencia está prevista en forma expresa en el numeral 2º de la Circular 01 de 1999.

De acuerdo a todo lo considerado, reitera la Sala el criterio expuesto por la corporación sobre la ilegalidad en la exigencia para los revisores fiscales, como contadores públicos, de certificar sobre aspectos que no son “del dominio ordinario de los profesionales de la contaduría, sino que necesariamente constituyen un trabajo de confrontación propio del ingeniero de sistemas y, en esa medida, desbordan en mucho las exigencias de las leyes que regulan la profesión de la contaduría”, jurisprudencia plasmada en la sentencia de la sección, dentro del expediente Nº 11001-03-27-000-1998-0119-00, radicación Nº 9053, Actor: Vicente Javier Torres Vásquez, con ponencia del doctor Daniel Manrique Guzmán.

En el anterior orden de ideas, se accederá totalmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad parcial de las siguientes disposiciones de la Circular Externa 01 del 15 de enero de 1999 de la Superintendencia de Valores:

a) Del numeral 2º (evaluación plan de trabajo y resultados alcanzados) la expresión “y el revisor fiscal” el cual quedará así:

“2. Evaluación plan de trabajo y resultados alcanzados

Para medir el rigor, la formalidad y los resultados del plan desarrollado, todas las entidades deberán diligenciar y remitir a la delegatura para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar, el día 29 de enero de 1999, el Anexo 1, titulado “evaluación plan de trabajo año 2000”. Si alguna de las preguntas formuladas tiene como respuesta NO, la entidad está en la obligación de revisar y acelerar el desarrollo del plan de trabajo, el cual deberá culminar el 30 de junio de 1999. El anexo deberá ser suscrito por el representante legal”.

b) Del numeral (certificación de cumplimiento) la expresión “y el revisor fiscal” el cual quedará así:

“3. Certificación de cumplimiento. El desarrollo exitoso del plan de trabajo deberá culminar con la expedición de una certificación de cumplimiento con el año 2000, que deberá contener, al menos, la información a que se hace alusión en el Anexo 2, de esta circular, titulado “certificación”. La certificación deberá ser suscrita por el representante legal de la correspondiente entidad y deberá ser enviada a la delegatura para intermediarios de valores y demás entidades vigiladas, a más tardar el 15 de julio de 1999, junto con el documento en el cual se deje constancia de la evaluación de las pruebas y el plan de contingencia ajustado para el año 2000. Dicha certificación, una vez evaluada, será remitida al Registro Nacional de Valores e Intermediarios para los efectos de publicidad del mismo. Obviamente la certificación sólo se podrá expedir después de realizar las pruebas y elaborar o ajustar el plan de contingencia al año 2000”.

En consecuencia, de los anexos denominados “Evaluación plan de trabajo año 2000” (anexo 1) y “certificación” (anexo 2) en cuanto a la exigencia de la firma por parte del revisor fiscal.

c) La totalidad del numeral 5 (dictamen e informe del revisor fiscal), que reza:

5. Dictamen e informe del revisor fiscal. Sobre el denominado problema del año 2.000, los revisores fiscales de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de esta superintendencia, en el dictamen e informe que sobre los estados financieros y el manejo y administración de la sociedad deben emitir por disposiciones de los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, deberán opinar y pronunciarse respecto del cumplimiento de lo ordenado por la Circular Externa 009 de 1997, haciendo énfasis en el plan de trabajo formulado por la sociedad para solucionar dicho problema en sus sistemas de información, fundamentalmente en lo que atañe al cumplimiento del cronograma elaborado para introducir los correctivos pertinentes, destacando lo concerniente al grado de avance alcanzado a diciembre 31 de 1998 por la sociedad respecto de la adecuación de los sistemas de información al año 2000.

Así mismo, los revisores fiscales deberán opinar y pronunciarse sobre los resultados de la evaluación del plan de trabajo del año 2000, la cual deben realizar, de manera obligatoria, todas las entidades vigiladas en un plazo máximo que vence el día 29 de enero de 1999”.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese, cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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