Sentencia 9552 de noviembre 26 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Daniel Manrique Guzmán

Ref.: 11001-03-27-00-1999-024-00

Actores: Francisco Javier Llano Rodríguez y Amparo Elisa Preciado Hoyos.

Acción de la nulidad del ordinal 3º del artículo 25 del Decreto Reglamentario 2141 de 25 de noviembre de 1996 expedido por el Gobierno Nacional.

Santafé de Bogotá, D.C., noviembre veintiséis de mil novecientos noventa y nueve.

Fallo

EXTRACTOS: « Antecedentes del acto acusado

El estatuto a que pertenece la norma acusada, es un decreto reglamentario expedido por el Presidente de la República, en ejercicio, según reza su epígrafe, de facultades constitucionales y legales, en particular, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, y “por el cual se reglamentan los capítulos VII, VIII, IX, X y XI (y) el artículo 257 de la Ley 223 de 1995, y se dictan otras disposiciones”.

La norma acusada es parte del capítulo V del decreto en referencia, que trata de las “Aprehensiones, decomisos y venta de mercancías decomisadas o declaradas en abandono”.

La norma acusada, que como queda dicho, es el numeral 3º del artículo 25 del decreto, dice:

“ART. 25.—Aprehensiones. Sin perjuicio de las facultades que tienen los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (y) los funcionarios departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá que tengan la competencia funcional para ejercer el control operativo de rentas, podrán aprehender en sus respectivas jurisdicciones los productos nacionales y extranjeros, en los siguientes casos:

“(...).

3. Cuando no se declare el impuesto de los productos que sean o hayan sido introducidos para distribución, venta, permuta publicidad, comisión, donación o autoconsumo en la respectiva entidad territorial” (en negrillas la norma censurada).

Según se desprende del libelo introductorio, el precepto específicamente reglamentado por la norma acusada lo sería el artículo 222 de la Ley 223 de 1995, perteneciente al capítulo X de la misma (“Disposiciones comunes al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado”), que expresa:

“ART. 222.—Aprehensiones y decomisos. Los departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán aprehender y decomisar en sus respectivas jurisdicciones, a través de las autoridades competentes, los productos sometidos a los impuestos al consumo de que trata este capítulo, que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables”.

(...).

Consideraciones de la Sala

Se contrae la litis en el presente proceso a definir si son fundados y viables, o no, los cuestionamientos y pretensiones de los actores sobre el ordinal 3º del artículo 25 del Decreto Reglamentario 2141 de 25 de noviembre de 1996, en relación particularmente con el artículo 222 de la Ley 223 de 1995, que es uno de los preceptos superiores que se dicen violados.

El texto confrontado de dichas normas, es el siguiente:

LEY 223 DE 1995 

“ART. 222.—Aprehensiones y decomisos. Los departamentos y el Distrito Capital de Santafé de Bogotá podrán aprehender y decomisar en sus respectivas jurisdicciones, a través de las autoridades competentes, los productos sometidos a los impuestos al consumo de que trata este capítulo que no acrediten el pago del impuesto, o cuando se incumplan las obligaciones establecidas a los sujetos responsables” (negrilla fuera de texto).

DECRETO REGLAMENTARIO 2141 DE 1996 

“ART. 25.—Aprehensiones sin perjuicio de las facultades que tienen los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (y) los funcionarios departamentales y del Distrito Capital de Santafé de Bogotá que tengan la competencia funcional para ejercer el control operativo de rentas podrán aprehender en sus respectivas jurisdicciones los productos nacionales y extranjeros, en los siguientes casos:

(...).

3. Cuando no se declare el impuesto de los productos que sean o hayan sido introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, comisión, donación o auto consumo en la respectiva entidad territorial” (las negrillas para destacar el texto acusado).

Contrario a lo que asumen la parte demandada y el Ministerio Público y por lo que se desprende del texto y contenido implícito de las normas en conflicto, son más los motivos de disparidad que los de consonancia entre éstas, pues sus efectos difieren notoriamente en tiempo y espacio.

En efecto, si bien la declaración y pago del tributo se cumplen comúnmente en actos coetáneos, no propiamente simultáneos, se trata de obligaciones de índole diferente, de las cuales, como lo anota la parte actora, el pago es de carácter “sustancial” y la declaración, de orden “formal” (E.T., art. 1º), sucediéndose la una a la otra (se supone primero es la declaración y luego el pago), y no siendo imprescindible que vayan “inescindiblemente” juntas, como lo sostiene la parte demandada, pues hay situaciones en que como lo exponen los actores, por estar exento o excluido el producto o el propio sujeto pasivo, o disponer éste de saldos a favor, no se requiere un desembolso físico a tiempo de la declaración. Inversamente, si no existe una declaración, esto no implica que no subsista la obligación de pago, pues las administraciones tributarias territoriales disponen de amplias facultades de fiscalización e investigación para determinar los tributos y sanciones mediante el aforo.

El hecho de que las dos obligaciones en cuestión no sean propiamente simultáneas, sino consecutivas, impide alterar a voluntad el criterio de preferencia o primacía señalado por la ley. Conforme al texto del artículo 222 de la Ley 223 de 1995, norma supuestamente reglamentada, lo primero es el pago del impuesto y alternativamente las demás obligaciones del responsable, pues de otro modo, es palmario que sobraría la locución referente al pago, bastando con que se probara el “cumplimiento de las obligaciones del responsable”.

Por otra parte, es un hecho que la norma reglamentaria censurada se aparta aún más del texto legal, toda vez que fuera de variar la secuencia impartida por el legislador, trocando “pago” por “declaración”, altera así mismo el momento de la causación, o de la propia realización del hecho generador como lo advierten los actores.

En efecto, mientras que los artículos 188, 204 y 209 de la Ley 223 de 1995, que en su orden se refieren al impuesto de consumo de los productos “cervezas, sifones y refajos”, “licores, vinos, aperitivos y similares” y “cigarrillos y tabaco elaborado”, son absolutamente coherentes en cuanto a que la causación de dicho impuesto, en los tres casos de productos relacionados, tiene ocurrencia “en el momento en que el productor los entrega (los productos) en fábrica o en planta para su distribución, venta o permuta en el país, o para publicidad, promoción, donación (o) comisión o los destina a autoconsumo” (destacados fuera de texto), el ordinal 3º del artículo 25 del Decreto Reglamentario 2141 de 1996, norma acusada, fija la “introducción” del respectivo producto como momento de la causación, o de realización del hecho generador lo que impone, a su vez, la declaración del impuesto, variándose notoriamente los presupuestos en la materia indicados por la ley.

Si bien la Ley 223 de 1995, en los tres artículos citados, prevé la “introducción” como factor de causación del impuesto al consumo de que se habla, lo hace exclusivamente en relación con productos extranjeros traídos o introducidos al país.

Adicionalmente el ordinal 3º acusado generaliza y hace extensiva la figura de la aprehensión a toda clase de “productos”, mientras que el artículo 222 de la Ley 223 de 1995, limita dicha aprehensión a “los productos sometidos a los impuestos al consumo de que trata este capítulo”.

Las anteriores razones son suficientes para que se acceda a la declaración de nulidad impetrada, por violación directa de las normas legales que se dejan mencionadas, e indirecta de los preceptos constitucionales enunciados en la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Anúlase el ordinal 3º del artículo 25 del Decreto Reglamentario 2541(sic) de 25 de noviembre de 1996, que expresa:

“3. Cuando no se declare el impuesto de los productos que sean o hayan sido introducidos para distribución, venta, permuta, publicidad, comisión, donación o autoconsumo en la respectiva entidad territorial”. (negrillas fuera de texto).

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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