Sentencia 9605 de febrero 11 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 11001-03-27-000-1999-032-00-9605

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Actor: Vélez de Monchaux e Hijos y Cía S. en C. autoridades nacionales — oficio Nº 49670 de 1998 del Incomex.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., febrero once de dos mil.

EXTRACTOS: «La litis se centra en establecer la legalidad del acto administrativo mediante el cual el Incomex, se abstuvo de certificar en los términos solicitados, una inscripción de la actora en el registro nacional de exportadores, al estimar que para el efecto debió seguirse el procedimiento fijado en la Resolución 437 de 1993. Por su parte la sociedad, aduce que sí se encontraba inscrita en el mencionado registro, al cumplir el trámite indicado para tal fin en la Circular Externa 53 de 1992.

En la forma como se expuso en los antecedentes, la sociedad solicitó el 4 de agosto de 1998 y con destino a la Dirección de Impuestos Nacionales, que la entidad demandada certificara sobre su inscripción en el registro nacional de exportadores durante el período comprendido entre el 8 de noviembre de 1996 al 7 de noviembre de 1998.

El 13 de agosto de 1998, mediante comunicación 903-32189, el Incomex señaló al apoderado de la actora “ratificar” que de acuerdo con sus archivos y la información que aparece en el sistema, “la sociedad... se inscribió en el registro nacional de exportadores el 27 de abril de 1993 y presentó su renovación el 20 de marzo de 1998”.

Le advirtió así mismo, que en tales condiciones “mal podríamos certificar que la sociedad por usted representada se encontraba inscrita en el lapso comprendido entre el 8 de noviembre de 1996 y el 19 de marzo de 1998, si la renovación sólo fue presentada el 20 de marzo de 1998” (fl. 40).

Finalmente, en el oficio del 11 de diciembre de 1998 (fl. 62) y ante la insistencia de la sociedad, mediante el derecho de petición radicado el 3 de diciembre de 1998, para que la entidad “la inscribiera”, para el período comprendido entre el 8 de noviembre de 1996 y el 19 de marzo de 1998, en el registro nacional de exportadores, y certificara, dicha inscripción, se recuerda la necesidad de acuerdo con la Circular Externa 26 de 1996 del Incomex, de acatar el procedimiento establecido en la Resolución 437 de 1993 y se observa como inexplicable el que la sociedad realizara unos trámites completamente diferentes a los ordenados en la normatividad citada.

Con miras a decidir la legalidad de los actos, cabe recordar que para fines tributarios, la obligación de la inscripción en el registro nacional de exportadores se halla contenida en el artículo 507 del estatuto tributario, en la forma como fue adicionado por el 69 de la Ley 6ª de 1992, disposición que previó a partir del 1º de enero de 1993, como requisito indispensable para los exportadores solicitantes de devoluciones de saldos a favor del IVA, la inscripción en el mencionado registro “previamente a la realización de las operaciones que dan derecho a la devolución”.

Norma legal que a su vez fue reglamentada por el Decreto 2076 de 1992, que en su artículo 43 previó que “la renovación del registro será anual...”. Así mismo, conforme al Decreto 621 del 31 de marzo de 1993, los exportadores con derecho a devoluciones debían adjuntar la constancia de encontrarse Inscritos en el registro nacional de exportadores, siendo el Instituto Colombiano de Comercio Exterior la entidad encargada de llevar el citado registro.

Mediante la Resolución 437 del 1º de abril de 1993 dictada por el director y el secretario general del Incomex, “se establecen los requisitos y se determina el procedimiento para la inscripción en el registro nacional de exportadores”, a que se refiere el artículo 69 de la Ley 6ª de 1992, como se determina en su artículo 1º. Igualmente allí se señaló que los exportadores deberán diligenciar el formato que para este efecto suministra el Incomex, previéndose entre otros en su artículo 3º, que “el registro tendrá validez por un (1) año, contado a partir de la fecha de su inscripción” y que la entidad “procederá a efectuar el registro de los exportadores una vez confrontados los documentos requeridos con los datos suministrados”.

De otra parte, la Circular Externa 053 que fue expedida el 6 de junio de 1992, es anterior a la Resolución 437 de 1993 y se refiere a un documento diferente, al “registro de productor nacional, oferta exportable y determinación de origen” y de su texto se desprende como lo señala la entidad demandada, que es un mecanismo que facilita el ejercicio de la actividad de los usuarios del Incomex, registra los productos con capacidad de exportación, califica el origen de los productos a exportar y apunta al aprovechamiento de ventajas arancelarias. La actualización de este registro se efectúa cada dos años.

La solicitud de inscripción de la sociedad en el citado registro de productores, fue radicada bajo el 44140, el 17 de octubre de 1996, acompañada de los formatos “0010” obrantes en el expediente a folios 4 a 30 y se llevó a cabo, en la forma como se da cuenta en el oficio 51-028848 del 8 de noviembre de 1996, mediante el que se envió a la sociedad “relación de inscripción determinación de origen” para sus productos de exportación, documento en el que equivocadamente pretende ampararse la sociedad actora para obtener la certificación exigida para fines impositivos y concretamente para adjuntarla a la solicitud de devolución de saldos de impuesto sobre las ventas.

Bajo el marco normativo anterior, a juicio de la Sala, resulta inobjetable la motivación y fundamentación de la decisión administrativa, “motivación”, sobre la que la actora no presenta reparo alguno, como acertadamente lo observa la señora procuradora, pues lo allí dicho guarda pleno respaldo probatorio en la certificación obrante a folio 96 del expediente en el sentido de que la inscripción de la sociedad tuvo lugar “a partir del 27 de abril de 1993 y presentó renovación en marzo 20 de 1998”. En otras palabras, que la sociedad si bien se inscribió en el citado registro desde el 27 de abril de 1993, para las fechas en las que pretendió se expidiera la certificación, no aparecía vigente su registro al desatender su deber de renovar anualmente su inscripción y que la misma no podía efectuarse retroactivamente.

Aparentemente la sociedad incurrió en confusión al entender que con la solicitud efectuada al Incomex el 17 de octubre de 1996, para su inscripción “registro de productor nacional, oferta exportable y determinación de origen”, efectuaba su renovación de la inscripción en el “registro nacional de exportadores”, no obstante que para aquella inscripción debió seguirse el procedimiento indicado en la Resolución 437 de 1993, como lo indicó la entidad demandada y que agrega la Sala, tiene alcance, objetivos y destinatario legalmente determinados, que difieren de la finalidad asignada al registro de productor nocional, que regulaba la Circular Externa 053 de 1992.

Equivocación, que estima la Sala inexcusable, como quiera que la obligación especial, con miras al cumplimiento de disposiciones tributarias, consistente en la inscripción previa a la realización de las operaciones de que se trata, en el registro nacional de exportadores y su renovación oportuna, se halla impuesta por normas de carácter superior, ley y decretos, que debieron ser conocidas y acatadas por la sociedad y cuya inobservancia en manera alguna justifica su proceder al pretender que la entidad demandada certificara, en forma contraria a la ley y a sus deberes, hechos que carecían de respaldo en sus registros.

Así las cosas, carecen de fundamento jurídico las violaciones de normas superiores que a la actuación administrativa le endilga la demanda, pues la entidad se limitó a certificar sobre lo que constaba en sus registros y archivos, conforme a los trámites adelantados por la sociedad, en relación con dos actos de carácter general, que obedecen a disposiciones y finalidades diferentes y sin que de allí pueda sostenerse válidamente una “discriminación” violatoria del artículo 13 de la Carta, o la exigencia de formalidades y requisitos no contenidos en normas superiores, o el desconocimiento del debido proceso administrativo.

Adicionalmente, al no haberse solicitado ni diligenciado los documentos tendientes a la renovación de la inscripción en el registro nacional de exportadores, mal puede pretenderse la aplicación para ese efecto de los artículos 12 y 33 del Código Contencioso Administrativo, referidos a eventos distintos, esto es, petición de pruebas y documentos adicionales en actuaciones administrativas y remisión oficiosa de la petición al funcionario competente.

A juicio de la Sala, son suficientes las consideraciones anteriores, para desestimar las pretensiones de la demanda.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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