Sentencia 9782 de mayo 5 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Julio E. Correa Restrepo

Ref.: Expediente 11001-03-27-000-1999-056-00-9782

Actor: Carlos Alfredo Ramírez Guerrero C/ La Nación

Acción pública de nulidad artículo 12 del Decreto 1000 de 1997 del Gobierno Nacional.

Fallo

Santafé de Bogotá, D.C., mayo cinco del año dos mil.

Consideraciones de la Sala

EXTRACTOS: «El debate en la presente oportunidad se concreta en determinar la legalidad del artículo 12 del Decreto 1000 de 1997 “por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y compensaciones y se dictan otras disposiciones”, en cuanto dicha disposición consagra que cuando haya lugar al reconocimiento de intereses moratorios a favor del contribuyente de conformidad con el artículo 863 del estatuto tributario, se liquidarán “diariamente” a la tasa vigente que se aplica para cancelar en forma extemporánea los impuestos administrados por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, establecida de acuerdo con el artículo 635 del mismo estatuto.

Considera el actor, como transgredidos los artículos 13 y 189 numeral 11 de la Constitución Política, así como de las normas superiores a las que debió sujetarse, como son los artículos 634, 635, 863 y 864 del estatuto tributario, toda vez que la forma de liquidar los intereses moratorios a favor de la administración y a cargo de los contribuyentes, se efectúa por mes o fracción de mes, mientras la norma demandada, ordena efectuar dicha liquidación “diariamente”.

La norma demandada hace parte del Decreto 1000 de 1997 expedido por el Presidente de la República en uso de la facultad conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con los artículos 815 y 850 del estatuto tributario, que consagran el derecho que asiste a los contribuyentes o responsables de imputar, o solicitar la compensación de los saldos a favor liquidados en sus aclaraciones tributarias o la devolución de los mismos y de los pagos en exceso o de lo no debido, que éstos hayan efectuado por concepto de obligaciones tributarias y aduaneras, cualquiera que fuere el concepto del pago.

DeI texto de la norma demandada es el siguiente:

“Decreto Reglamentario 1000 de 1997.

ART. 12.—Tasa y liquidación de intereses. Cuando haya lugar al reconocimiento de intereses moratorios a fa ver del contribuyente o responsable de conformidad con lo previsto en el artículo 863 del estatuto tributario, se liquidarán diariamente a la tasa vigente que se aplica para cancelar en forma extemporánea los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, establecida de acuerdo con el artículo 635 del mismo estatuto, previa solicitud del contribuyente o responsable”

Ahora bien, el artículo 863 del estatuto tributario, vigente a la fecha en que se expidió el Decreto 1000, publicado el 10 de abril de 1997, dispone:

“ART. 863.—Modificado Ley 49 de 1990, artículo 44. Intereses a favor del contribuyente. Cuando hubiere un pago en exceso o en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses corrientes y moratorias, en los siguientes casos:

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere presentado solicitud de devolución y el saldo a favor estuviere en discusión, desde la fecha de notificación del requerimiento especial o del acto que niegue la devolución, según el caso, hasta la del acto o providencia que confirme total o parcialmente el saldo a favor.

Se causan intereses moratorias, a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación.

Lo dispuesto en este artículo sólo se aplicará a las solicitudes de devolución que se presenten a partir de la vigencia de esta ley.

A partir de 1996, cuando en las declaraciones tributarias resulte un saldo a favor del contribuyente, se causan intereses desde el tercer mes siguiente a la fecha de presentación de la declaración donde consta el saldo y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de la suma devuelta. Cuando el saldo a favor tenga origen en un pago en exceso que no figura en la declaración tributaria, se causan intereses a partir del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud de devolución y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de la suma devuelta”.

La anterior disposición, consagra los eventos en los cuales procede el reconocimiento de intereses corrientes y moratorios a favor del contribuyente en el caso de un pago en exceso o un saldo a favor resultante en una declaración tributaria y el lapso de su causación, sin embargo, no contiene la forma de liquidación de los mismos.

De otra parte el artículo 864 dispone que “El interés a que se refiere el artículo anterior, será igual a la tasa de interés prevista en el artículo 635 del estatuto tributario “, norma que determina:

“ART. 635.—Determinación de la lasa de interés moratorio. Para efectos tributarios, la tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés de captación más representativa del mercado a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, según certificación que al respecto emita la Superintendencia Bancaria, aumentada dicha tasa en una tercera parte.

Sobre las anteriores bases, el gobierno publicará, en el mes de febrero de cada año, la tasa de interés moratorio que regirá durante los doce (12) meses siguientes. Hasta tanto el gobierno no publique la tasa a que se refiere este artículo, el interés moratorio será del 42% anual”.

De lo anterior, observa la Sala, que tampoco en esta disposición se consagra la forma de liquidar los intereses, es decir, no ordena que los mismos deban ser liquidados por mes o fracción de mes calendario o diariamente.

Siendo así las cosas, cuando el artículo demandado dispone que la liquidación de los intereses moratorios se hará “diariamente”, no desconoce ni se aparta de las normas superiores a las que debió someterse y las que fueron transcritas anteriormente, pues ellas, se refieren a la causación de los mismos y a la tasa aplicable, sin mencionar la forma de liquidación, por lo que el Presidente de la República en ejercicio de la facultad conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, podía mediante la norma demandada hacerlo para “la cumplida ejecución” del artículo 863 del estatuto tributario.

En efecto, por el acto acusado, se hace operante el reconocimiento de los intereses moratorios causados en los términos del artículo 863 del estatuto tributario, pues no obstante en las normas superiores se establecía el lapso desde el cual transcurrían los mencionados intereses, así como la tasa aplicable, nada se mencionaba sobre la forma de liquidarlos correspondiendo en consecuencia al gobierno en uso de la mencionada facultad, reglamentarlo para efecto de su efectivo cumplimiento.

A juicio de la Sala, la liquidación diaria de los intereses moratorias se halla en armonía con las fechas que comprenden su causación, pues el artículo 863, sobre el particular ordena que los mismos corren “a partir del vencimiento del término para devolver y hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación”, es decir, si se causan según la ley a partir del (día) del vencimiento del término para devolver hasta la fecha (día) del pago (giro del cheque, emisión del titulo o consignación), su liquidación prevista en forma diaria, corresponde de manera precisa y adecuada a la ley reglamentada, por lo que se considera no hubo exceso del ejercicio de la facultad reglamentaria del presidente.

Ahora bien, sobre la alegada violación al equilibrio de las partes de la obligación tributaria, que dice el actor está contenido implícitamente en el artículo 13 de la Constitución Política y que lo fundamenta en el hecho de que, contrario a lo dispuesto en la norma demandada, de conformidad con el artículo 634 del estatuto tributario “Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección General de lmpuestos Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago...”, considera la Sala, que el mismo no se quebranta, por cuanto, si bien es cierto la redacción de la forma de liquidar los intereses moratorios es diferente a la señalada en el acto acusado, también lo es, que de su interpretación no se evidencia diferencia alguna.

Sin embargo, cuando la disposición contenida en el artículo 634 del estatuto tributario, se refiere a “cada mes o fracción de mes calendario”, no está consagrando otra forma de liquidación diferente a la diaria; pues si el contribuyente se encuentra en mora un mes y tres días en el pago de los impuestos, no puede entenderse que la liquidación se efectúe sobre dos meses, sino sobre un mes y tres días.

Lo anterior, por cuanto el mes es susceptible de ser dividido o fraccionado en días, por lo tanto cada día es una fracción de mes; así transcurridos, según el ejemplo anterior, tres días de mora, la fracción de mes de retardo son tres días y no un mes completo.

Así las cosas, para la Sala, la norma demandada no quebranta el equilibrio de las partes de la obligación tributaria (estado y contribuyente), toda vez que, se repite, se trata de una diferencia en la redacción de las normas confrontadas, pero que interpretadas en la forma como se hizo anteriormente, se llega a la misma conclusión.

Una interpretación del artículo 634 del estatuto tributario diferente a los términos antes señalados conllevaría al quebrantamiento del equilibrio que debe imperar en las relaciones recíprocas entre el estado y los contribuyentes; en consecuencia, un acto administrativo que se expida con desconocimiento del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta, sería susceptible de ser retirado del ordenamiento jurídico, por contravenir el mandato constitucional.

En este orden de ideas, y por cuanto los cargos erigidos contra el artículo 12 del Decreto 1000 de 1997, no tienen vocación de prosperidad, se procederá a negar las pretensiones de la demanda.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y archívese. cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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