Sentencia 12286 de septiembre 5 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 11001-03-27-000-2001-0251-01 12286

Consejera Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Actor: Fiducolombia S.A.

Demandado: U.A.E. - DIAN

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo Nº 1078 de octubre 17 de 2000, de la DIAN.

Bogotá, D.C., septiembre cinco de dos mil dos.

Fallo

Decide la Sala la acción de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por la sociedad Fiducolombia S.A. contra la actuación administrativa en virtud de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN negó la solicitud de modificación del proyecto de contrato de estabilidad tributaria.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 7 de junio de 2000 la demandante presentó ante la DIAN solicitud con el fin de acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria por los ejercicios gravables completos de 2001 a 2010.

Por medio del oficio 5800000-01373 de julio 24 de 2000 la DIAN citó a la demandante con el fin de firmar el contrato de estabilidad tributaria suscrito previamente por el director de la DIAN. En dicha oportunidad no se envió copia de éste, la que solo fue solicitada el 8 de septiembre de 2000.

En el texto del “contrato” se indica que el régimen de estabilidad tributaria se concede por el término de (1) un año, correspondiente a la vigencia fiscal del 2000. Fiducolombia en ejercicio del derecho de petición el 3 de agosto y el 29 de septiembre de 2000 dirigió escritos al director de la DIAN en los cuales pidió modificar el documento “contrato de estabilidad tributaria” respecto al término de duración y solicitó que el régimen fuera aplicable por diez (10) años contados a partir del 1º de enero de 2000.

El 7 de octubre del mismo año, mediante oficio Nº 001078, la DIAN negó la solicitud de la sociedad.

Consideraciones de la Sala

Antes de proceder a analizar el fondo del asunto debe la Sala pronunciarse sobre la solicitud formulada por la apoderada de la Nación en el sentido de que la Sala profiera un fallo inhibitorio.

Se sustenta en que toda la argumentación de la demanda se dirigió a desvirtuar la legalidad del proyecto de contrato de estabilidad tributaria. Por tanto al admitirse la demanda únicamente sobre el oficio con el cual se respondió la solicitud de modificación de aquél, por sustracción de materia es imposible analizarlo con los fundamentos señalados en el libelo, lo que impide una decisión de fondo.

Para la Sala el oficio 001078 de 17 de octubre de 2000 es la culminación de una actuación administrativa que promovió la contribuyente con la solicitud presentada ante la DIAN para acogerse al régimen de estabilidad tributaria. Por consiguiente el proyecto de contrato aunque no podía ser demandado por no considerarse acto administrativo, si hace parte de los antecedentes que deben ser analizados para decidir sobre la legalidad del mencionado oficio. Por tanto la Sala estima improcedente un pronunciamiento inhibitorio y analizará de fondo la actuación para decidir si los argumentos expuestos en la demanda logran desvirtuar la presunción de legalidad que la ampara.

La controversia en este proceso se contrae a determinar si la administración tributaria actuó legalmente al negarse a modificar algunas cláusulas del proyecto de contrato de estabilidad tributaria en los términos solicitados por la sociedad actora.

El artículo 169 de la Ley 223 de 1995, creó un régimen especial de estabilidad tributaria en los siguientes términos:

“ART. 169.—Régimen especial de estabilidad tributaria. Adiciónase el estatuto tributario con el siguiente artículo:

ART. 240-1.—Régimen especial de estabilidad tributaria. Créase el régimen especial de estabilidad tributaria aplicable a los contribuyentes personas jurídicas que opten por acogerse a él. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen especial de estabilidad, será superior en dos puntos porcentuales (2%), a la tarifa del impuesto de renta y complementarios general vigente al momento de la suscripción del contrato individual respectivo.

La estabilidad tributaria se otorgará en cada caso mediante la suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el término de diez (10) años. Cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta y complementarios, por encima de las tarifas pactadas, que se decretare durante tal lapso, no les será aplicable a los contribuyentes sometidos a este régimen especial.

Cuando en el lapso de duración del contrato se reduzca la tarifa del impuesto de renta y complementarios, la tarifa aplicable al contribuyente sometido al régimen de estabilidad tributaria, será igual a la nueva tarifa aumentada en los dos puntos porcentuales.

Los contribuyentes podrán renunciar por una vez al régimen especial de estabilidad antes señalado y acogerse al régimen general, perdiendo la posibilidad de someterse nuevamente al régimen especial.

Las solicitudes que formulen los contribuyentes para acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria, deberán presentarse ante el director de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado, quien suscribirá el contrato respectivo, dentro de los dos meses siguientes a la formulación de la solicitud. Si el contrato no se suscribiere en este lapso la solicitud se entenderá resuelta a favor del contribuyente, el cual quedará cobijado por el régimen especial de estabilidad tributaria.

Los contratos que se celebren en virtud del presente artículo deben referirse a ejercicios gravables completos”.

Lo primero que se advierte es que el régimen especial de estabilidad tributaria fue derogado por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000 que rige a partir de su promulgación realizada el 29 de diciembre de ese año.

En el caso sub judice, el 7 de junio de 2000 el representante legal de Fiducolombia presentó solicitud dirigida al director de Impuestos Nacionales en la cual manifiesta expresamente que se acoge al régimen de estabilidad tributaria previsto en el artículo 240-1 del estatuto fiscal. En dicha petición precisó que el contrato respectivo debía suscribirse dentro del lapso de dos meses a partir de la fecha de su radicación y cubrir los ejercicios gravables completos de diez años desde del 2000 (fl. 16).

El 24 de julio de 2000 la DIAN informa a la peticionaria que ha suscrito el contrato de estabilidad tributaria y que debe presentarse ante la subdirección de fiscalización tributaria para firmarlo (fl. 17).

El proyecto de contrato (fls. 20 a 25) efectivamente está suscrito por la directora de impuestos y fechado el 14 de septiembre de 2000.

La cláusula primera - objeto dice:

“El objeto del presente contrato es otorgar al contribuyente por el término de un (1) año, correspondiente a la vigencia fiscal del año dos mil (2000), el régimen de estabilidad tributaria, consistente en que el contribuyente se obliga a pagar por dicho año gravable una tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del treinta y siete por ciento (37%), que es dos puntos porcentuales superior a la tarifa general del treinta y cinco por ciento (35%) hoy vigente...” (El destacado es de la Sala).

En comunicación de 29 de septiembre de 2000, el representante legal de Fiducolombia solicita a la administración tributaria:

“En el anterior orden de ideas, en forma comedida reiteramos la solicitud para que el contrato de estabilidad tributaria que se celebre con Fiducolombia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 240-1 del estatuto tributario, se celebre por un término de duración de 10 años gravables completos, contados a partir del 1º de enero de 2000, como lo manifestamos expresamente en nuestra solicitud inicial” (fl. 26).

La DIAN mediante oficio 001078 de 17 de octubre de 2000 (fl. 28) da respuesta a la anterior petición, así:

“En respuesta a su escrito de la referencia en el cual solicita que se modifique el contrato de estabilidad tributaria entre Fiducolombia y la DIAN, para que sea aplicable por el término de diez (10) años contados a partir del 1º de enero de 2000, le manifestó lo siguiente.

El artículo 240-1 del estatuto tributario establece que la estabilidad tributaria se otorgará mediante la suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el término de diez (10) años. En tal sentido, está dentro de las facultades de la DIAN definir el término por el cual se otorga la estabilidad, ateniéndose exclusivamente al límite que señala la norma. Los términos y condiciones del convenio indican que la administración de impuestos nacionales no tiene actualmente interés en celebrar contratos de estabilidad superiores a un año.

En cuanto a la fecha de suscripción del contrato le aclaro que esta corresponde a la fecha en que efectivamente fue suscrito el convenio por la DIAN, independientemente de que la citación para la firma por parte del contribuyente se haya notificado con posterioridad; en todo caso, la respuesta a la solicitud de suscribir el contrato de estabilidad tributaria se notificó dentro del término legal.

Por lo anterior no es viable acceder a su solicitud. Cordialmente.

Firmado Fabiola Barraza Agudelo

Directora de Impuestos (E)”.

El oficio anterior es el objeto de la impugnación en este proceso, por tanto corresponde a la Sala pronunciarse sobre los cargos formulados contra él.

Según el demandante la administración violó los artículos 240-1 del estatuto tributario y 35 del Código Contencioso Administrativo.

Al respecto la Sala considera;

De conformidad con el transcrito artículo 240-1 del estatuto tributario, los contribuyentes personas jurídicas podían optar por pagar dos (2) puntos adicionales por concepto del impuesto a la renta y como contraprestación la ley les garantizaba un régimen especial de estabilidad tributaria, es decir que cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciera con posterioridad a la suscripción del contrato o cualquier incremento en las tarifas del citado impuesto, por encima de la pactada, que se decretare durante su vigencia, no se aplicaría a estos contribuyentes. Para tal efecto, en cada caso se debía suscribir un contrato el cual tendría vigencia hasta por 10 años referidos a períodos gravables completos.

Como se advierte, la norma establece un régimen especial para aquellos contribuyentes personas jurídicas que decidan acogerse a él, vale decir que son éstos quienes optan por someterse o no a la figura en procura de obtener la estabilidad que se pretendía con la disposición consistente en los beneficios que allí se consagran y con el cumplimiento de todos los requisitos para ello.

Se destaca de la actuación impugnada la incongruencia entre la petición presentada por la actora y la respuesta de la administración de impuestos y de ésta con la norma. En efecto, mientras la sociedad decide acogerse al mencionado régimen especial y en consecuencia radica la correspondiente solicitud por los períodos gravables completos de diez años desde el 2000, inclusive, la oficina de impuestos fija en el proyecto de contrato que el régimen será solo por el año 2000 que de hecho no corresponde al período gravable completo.

Como se advirtió, el artículo 240-1 al crear el régimen especial de estabilidad tributaria utiliza la expresión “aplicable a los contribuyentes personas jurídicas que opten por acogerse a él”, es decir que se consagra una opción pero no en favor de la administración sino del contribuyente persona jurídica. Esto significa que dentro de las condiciones indicadas por la ley es del arbitrio de aquél acogerse al régimen. En efecto, opción según el Diccionario de la Real Academia significa “Libertad o facultad de elegir” ... “Derecho a elegir entre dos o más cosas, fundado en precepto legal o en negocio jurídico”.

Por tanto si la facultad de acogerse o no al régimen se consagra a favor del contribuyente y si la petición está conforme a los presupuestos que contiene la norma, no puede unilateralmente la administración imponer los términos de duración del contrato y le corresponde aceptar los solicitados por el titular del derecho de opción, salvo que éste acepte reducir su pretensión.

En estas condiciones el “contrato” a que se refiere la norma tiene por finalidad formalizar el acuerdo de conformidad con las obligaciones que adquieren tanto la Nación como el contribuyente dentro del régimen especial de estabilidad tributaria y en consonancia con lo previsto en el precepto en cuestión.

Determina la norma dos situaciones. De un lado, que se suscriba el llamado “contrato”, lo cual implica el acuerdo entre la administración y el contribuyente persona jurídica y a este último sólo le basta manifestar que se acoge al régimen especial. De otro, parte la disposición del supuesto de la inexistencia “contrato” escrito, pues prevé la operancia del silencio administrativo con efectos positivos.

La fuente de las obligaciones entonces es la ley y en principio se concretan en un “contrato” para lo cual no se fijan más parámetros que los incluidos en el artículo 240-1 del estatuto tributario. Ni siquiera se prevé una manifestación fuera de ellos por parte de la administración porque si la propuesta no se decide dentro de los dos meses siguientes a la presentación de la solicitud del contribuyente, surge a la vida jurídica el derecho a pertenecer al régimen por efectos del indicado silencio cuya consecuencia no es entender que se celebró un “contrato” pues expresamente se indica que si éste no se suscribe dentro del señalado plazo, la petición se resolverá a favor del contribuyente con el resultado de quedar cobijado por el régimen especial de estabilidad tributaria.

Firmado el “contrato”, ninguna disposición nueva que se ajuste a las condiciones señaladas para el citado régimen puede afectar al contribuyente persona jurídica pues el presunto acuerdo de voluntades no es el que determina su ingreso a él sino optar de acuerdo con la norma. En caso de que opere el silencio administrativo con efectos positivos por no suscribirse el “contrato” a tiempo, el resultado es el mismo, de lo cual surge la afirmación válida de que el “contrato” estatuido en la norma no constituye sino una formalidad que no trasciende a lo sustancial y solo instrumenta las obligaciones determinadas en la ley cuando se han dado los presupuestos allí establecidos, vale decir encontrarse en las condiciones de acogerse al señalado régimen especial de naturaleza tributaria. Se reitera entonces que tal “contrato” no es sino la forma propia de instrumentar el régimen cuando no opera el silencio administrativo.

En el caso concreto la empresa optó expresamente por acogerse al régimen y así lo manifestó en la solicitud formulada ante el competente funcionario para el efecto, para lo cual incluyó en su escrito las condiciones del artículo 240-1 del estatuto tributario por un término de diez años comprendidos entre el 2000 y el 2009, inclusive, a lo cual la administración respondió por fuera del contexto de la petición y de la ley, aceptando el ingreso al régimen especial durante un solo año (2000), período que se encontraba a punto de expirar.

El proyecto así firmado por la administración no es sino un forma de negarse a suscribir el “contrato” lo que obstaculizaba la aplicación del régimen especial fundado ello en que no tenía interés en aceptar tales contratos por términos superiores a un año, lo cual se manifiesta en el acto demandado. Los anteriores factores constituyen el concepto de violación especialmente en cuanto se refiere al artículo 240-1 del estatuto tributario. De otra parte, colocarle al documento suscrito solo por el funcionario público una fecha en la que ni siquiera el contribuyente conocía su texto, no puede admitirse como base para indicar que con ello la entidad cumplió la disposición legal. Advierte la Sala que si la administración tenía fundadas razones para no acceder a la petición en los términos en ella solicitados, debió negarla y exponer sus motivos para tomar esa determinación.

Se considera necesario precisar que la norma fue incluida por la Ley 223 de 1995 a raíz de la presentación del proyecto denominado por el gobierno de entonces como “Ley de racionalización tributaria”. En la ponencia para primer debate se indicó que la principal finalidad de esta ley era responder a las necesidades fiscales del país para ejecutar el plan de desarrollo económico, social y ambiental denominado “El Salto Social” y conjurar el déficit en su financiación. Respecto de la norma en cuestión, en los comentarios y explicaciones según publicación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se indica:

“Como una garantía para los inversionistas, particularmente los extranjeros y especialmente para inversiones de largo plazo, se introduce un novedoso mecanismo que se ha aplicado en otros países que consiste en celebrar un convenio con la DIAN hasta por 10 años para someterse a pagar una tarifa adicional del 2% a la vigente y aun aplicable si la tarifa disminuye sobre dicha tarifa rebajada a cambio de que no le cubran los cambios en nuevos impuestos o incrementos de tarifas durante la vigencia del convenio.

El procedimiento exige una solicitud y una respuesta dentro de los dos meses siguientes con silencio administrativo positivo.

Este régimen de estabilidad recoge el clamor de los inversionistas especialmente los extranjeros y particularmente los exploradores de recursos naturales que han estado sometidos a sobretasas y contribuciones especiales justificadas en la financiación de la seguridad exigidas en las zonas de exploración” (1) .

(1) Reforma tributaria 1995, comentarios y explicaciones, Julio Roberto Piza y Fernando Zarama, Cámara de Comercio de Bogotá. Pág. 259.

Tal comentario respalda la conveniencia que en ese momento representaba el régimen especial para las finanzas del país, situación que bien puede entenderse variada a raíz de su derogatoria por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000 lo cual no podía afectar las peticiones presentadas conforme a la ley ni desatender las formuladas con anterioridad a la derogatoria ni menos aún incluir cláusulas en el proyecto de contrato sobre aspectos no contemplados en la ley, que es la fuente de las obligaciones en este caso.

La actitud del ente fiscal hace inane la voluntad del legislador y convierte su disposición en letra muerta por cuanto la DIAN al imponer un término sin fundamento legal, en últimas decide no hacer efectiva, no ejecutar, no cumplir la ley que consagró el régimen especial. En la razón esgrimida en el oficio objeto de la impugnación, se observa tal postura cuando se afirma: “Los términos y condiciones del convenio suscrito indican que la administración de impuestos nacionales no tiene actualmente interés en celebrar contratos de estabilidad superiores a un (1) año”.

La Sala no encuentra razonable que si la ley fijó un límite hasta por diez años, la administración tributaria justifique que solo los realizará por un año, porque simplemente no tiene interés en suscribir “contratos” por términos superiores. Al respecto se advierte que ni siquiera cuando los funcionarios públicos tienen facultades discrecionales, que no es este el caso, pueden tomar determinaciones que desconozcan el principio de legalidad que rige todas sus actuaciones ya que los motivos que respaldan el ejercicio de su función, no pueden obedecer al capricho o la arbitrariedad con violación del artículo 6º de la Constitución Nacional.

De otra parte, la actuación administrativa impugnada choca contra el propósito de la ley cuando consagra la opción de “estabilidad”. En efecto, ésta significa que durante un lapso hasta de diez años los contribuyentes que se acojan no estarán sometidos a las variaciones ocasionadas por las continuas reformas tributarias que tradicionalmente se expiden para solucionar situaciones coyunturales. La decisión de la administración de negarse a otorgar la estabilidad por el término solicitado y hacerlo unilateralmente por el segundo bimestre del año 2000, contraría el sentido y la finalidad del régimen que establecía el artículo 240-1. Sobre este aspecto debe precisarse que uno es el período o vigencia fiscal —que en el impuesto sobre la renta y complementarios es del 1º de enero al 31 de diciembre—, y otro el año en que se cumplen las obligaciones que de él se derivan (declaración y pago). Además debe destacarse que tal actuación atenta contra los principios de justicia y equidad (C.N., arts. 95-9 y 363), por cuanto el contribuyente de haber acogido el término contenido en el mencionado proyecto, debía pagar por todo el año 2000 el 37% del impuesto de renta pero igualmente le afectaría la reforma tributaria de la Ley 633 de 2000 que por disposición del artículo 338 de la Constitución Nacional, solo puede aplicarse a partir del 1º de enero del 2001.

Sobre este particular en Sentencia de 24 de agosto del 2001, expediente 11636, consejero ponente doctor Germán Ayala Mantilla, la Sala puntualizó:

“En efecto, en términos prácticos, al fijarse en un año la vigencia de los contratos de estabilidad tributaria, la consecuencia es que para el año por el cual se suscribe el contrato, el contribuyente debe pagar dos puntos más de la tarifa establecida para el impuesto sobre la renta, como lo señala el inciso tercero del artículo 240-1 del estatuto tributario, pero dicho contribuyente no recibe la contraprestación establecida en la misma norma, relativa a que cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad a la vigencia del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento en las tarifas del impuesto sobre la renta y complementarios, por encima de las tarifas pactadas, que se decretare durante tal lapso, no les será aplicables a quienes por haber suscrito el contrato de estabilidad tributaria, estén cobijados por el régimen especial, toda vez que sin necesidad de haber suscrito dicho contrato, las modificaciones de carácter sustancial que se efectúen en materia tributaria durante un determinado año, no son aplicables hasta el período fiscal siguiente.

Así pues, sin necesidad de suscribir un contrato en este sentido, las leyes que regulen contribuciones cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, como lo indica el artículo 338 de la Carta Política.

De acuerdo con lo anterior, es evidente que si los contratos de estabilidad tributaria se limitan al término de un año, las reformas tributarias que se efectúen durante tal año no resultarán aplicables a los contribuyentes por el término de vigencia del contrato, esto es por dicha anualidad, pero no por virtud de la suscripción del contrato, sino por expresa disposición constitucional, que también señala su aplicabilidad para el período siguiente, al cual tampoco puede sustraerse el contribuyente porque para tal época ya no se encontrará en vigencia el contrato suscrito”.

Así las cosas la Sala encuentra que la decisión de la administración tributaria consignada en el oficio 001078 de 17 de octubre de 2000 es contraria a los artículos 240-1 del estatuto tributario, vigente para la época de los hechos por lo cual declarará su nulidad.

Se procede entonces a analizar el restablecimiento del derecho para lo cual se tendrán en cuenta las pretensiones del demandante frente al texto de la ley.

Lo primero que advierte la Sala es que el artículo 240-1 del estatuto tributario crea un régimen especial lo cual significa que la norma es restrictiva por ser de excepción y por tanto no pueden extenderse sus efectos más allá de lo estatuido en la misma.

De su texto puede establecerse lo siguiente:

1. Crea el régimen especial de estabilidad tributaria que se aplica exclusivamente a los contribuyentes personas jurídicas que manifiesten acogerse a él.

2. Una vez el interesado ingresa al régimen la tarifa del impuesto de renta y complementarios se aumentará en el 2% de la general vigente al momento de suscribirse el “contrato” o de operar el silencio administrativo con efectos positivos.

3. La duración es hasta por el término de diez años (período gravable completo en renta).

4. No se aplicarán cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad al momento de ingresar al régimen o durante su vigencia, ni las tarifas superiores en el impuesto de renta y complementarios diferentes de las pactadas que se decretaren durante el mismo plazo.

5. Si se disminuye la tarifa del impuesto de renta y complementarios, la aplicable seria la nueva aumentada en el 2%.

6. Se permite la renuncia al régimen.

En este orden de ideas se precisa que ni el impuesto a las ventas ni el de timbre fueron considerados dentro la norma.

Así las cosas, como la anulación de la actuación administrativa implica el ingreso al régimen de estabilidad tributaria por no haberse suscrito el contrato dentro del término señalado en la ley y conforme a las condiciones de la disposición, durante su vigencia, que para el caso comprende del año 2000 al 2009 inclusive —conforme a la opción presentada por el contribuyente— no se le aplicará a la sociedad tributo o contribución del orden nacional que se establezca con posterioridad a su ingreso al régimen.

Sobre el particular se precisa que la expresión tributo no se emplea en la norma en su acepción general e indiscriminada de gravamen sino en la especial referida a impuesto. A esta conclusión llega la Sala teniendo en cuenta que se utiliza la conjunción disyuntiva “o” y a continuación se refiere el precepto al concepto de contribución que en principio estaría contenido dentro de la expresión genérica de tributo. En relación con este último concepto advierte la Sala que al no haber sido calificada la contribución debe entenderse que se trata de las fiscales y no se incluyen las parafiscales, máxime cuando éstas no son administradas por la DIAN.

Reitera la Sala que tampoco se comprende dentro del régimen lo relacionado con los impuestos de ventas y de timbre por cuanto ellos ya se encuentran establecidos en la ley con anterioridad a la vigencia del régimen que ahora se reconoce. Igual situación se predica de cualquier impuesto o contribución creados antes del 1º de enero de 2000.

Debe anotarse igualmente que frente a los impuestos y contribuciones fiscales establecidos antes del 1º de enero de 2000, con posterioridad el Congreso de la República en uso de su facultad legislativa puede modificar los términos en los cuales se ha concedido una exención tributaria para reducir su cobertura o el término de su vigencia o bien en cuanto a los sujetos pasivos o en lo referente a las bases y hechos gravables lo que no puede entenderse como “establecer” el impuesto o la contribución fiscal ya que se trata simplemente del ajuste de alguno o algunos de los elementos del tributo ya creado. Como se indicó anteriormente la Ley 223 de 1995 fue presentada por el gobierno como proyecto de ley de racionalización tributaria y su aprobación se surtió dentro de las facultades ordinarias del Congreso de la República por lo cual estima la Sala de toda validez dejar en claro que del beneficio dispuesto por el artículo 240-1 del estatuto tributario, cuando se ha producido el ingreso al anotado régimen especial, se excluyen en todo caso todas las medidas impositivas que se adopten con ocasión de los estados de excepción previstos en la Constitución Nacional.

Así mismo cuando en el artículo en cuestión se hace referencia a cualquier tributo o contribución del orden nacional debe destacar la Sala que como el régimen especial de estabilidad tributaria tiene efectos por razón del “contrato” o por la operancia del silencio administrativo, siempre frente a la DIAN, solo pueden aplicarse los beneficios de exclusión de impuesto o contribución fiscal en cuanto los administre esa entidad.

Respecto de los incrementos a las tarifas, la ley solo hace referencia al impuesto de renta y complementarios y por tanto tampoco comprende las de otros tributos o contribuciones fiscales del orden nacional.

En las anotadas condiciones como restablecimiento del derecho se decretará que el contribuyente Fiducolombia 800.150.280-0 pertenece al régimen de estabilidad tributaria entre el 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009 en los términos del artículo 240-1 del estatuto tributario cuyo alcance se ha explicado en esta providencia.

En cuanto a las pretensiones de la demandante en el sentido de que se ordene la devolución de las sumas pagadas por concepto de impuestos creados con posterioridad al 14 de julio de 2000, la Sala observa lo siguiente:

El citado artículo 240-1 al crear el régimen de estabilidad tributaria, lo desarrolló con fundamento en que cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta y complementarios, por encima de las pactadas, que se decreten durante tal lapso, no les será aplicable a los contribuyentes que se sometan a aquél, por lo que es claro que los beneficios legales tienen como punto de partida el hecho de la suscripción y como quiera que en sub lite ésta no se presentó debido al vencimiento del término para ello y a la configuración del silencio administrativo positivo, ha de entenderse que el punto de referencia es el 7 de agosto de 2000, vale decir dos meses después de radicada la petición (7-Vl-00), fecha límite en que debió suscribirse el “contrato”, pues en esta sentencia se reconoce la operancia del aludido silencio.

Ahora bien, la Ley 633 de 2000 fue promulgada el 29 de diciembre de 2000 y en ella se creó el gravamen a los movimientos financieros a partir del 1º de enero de 2001, es decir con posterioridad a la fecha en la cual se reconoce el ingreso de la empresa al régimen de estabilidad tributaria y por ende proceden tanto la exclusión del gravamen como la devolución solicitada desde la fecha de vigencia de la ley que lo estableció, previa compensación (E.T., art. 861), pues al quedar cobijado por el anotado régimen, este impuesto no puede aplicarse a este contribuyente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad del Oficio 001078 de 17 de octubre de 2000 suscrito por la Directora de Impuestos Nacionales (E).

2. DECLÁRASE que la sociedad Fiducolombia Sociedad Fiduciaria S.A. NIT. 800.150.280-0, está amparada por el régimen de estabilidad tributaria desde el 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009 en los términos y condiciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Como consecuencia de lo anterior Fiducolombia Sociedad Fiduciaria S.A. debe pagar durante el período señalado, por concepto de impuesto sobre la renta y complementarios dos puntos porcentuales (2%) adicionales sobre la tarifa general que le corresponda a los demás contribuyentes y no le serán aplicables los impuestos y contribuciones del orden nacional que se establezcan durante el mismo lapso, conforme a la parte considerativa de esta sentencia.

4. Conforme con lo dispuesto en el numeral anterior ORDÉNASE la devolución de las sumas pagadas por concepto del gravamen a los movimientos financieros establecido por la Ley 633 de 2000, a partir del 1º de enero de ese año, previa compensación.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha».

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