Sentencia 12998 de agosto 9 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001 03 27 000 2001 0429 01 12998

Consejero Ponente:

María Inés Ortiz Barbosa

Ref.: Acción de nulidad y restablecimiento de derecho contra el acto administrativo 2493 de noviembre 23 de 2000 de la DIAN.

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil dos.

Actor: Sociedad Comercializadora Las Telas Ltda. y Cía. SCA

Demandado: La Nación - DIAN

Fallo

Decide la Sala la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho interpuesta por la sociedad Comercializadora Las Telas Ltda. contra la actuación administrativa en virtud de la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, negó la solicitud de modificación del proyecto de contrato de estabilidad tributaria.

EXTRACTOS: «Antecedentes

El 9 de agosto de 2000 la representante legal de la sociedad comercializadora Las Telas Ltda. presentó solicitud dirigida al Director de Impuestos Nacionales con el fin de acogerse al régimen de estabilidad tributaria establecido en el artículo 240-1 del estatuto tributario en la cual precisó que el contrato respectivo se celebraba por diez años y que debía cubrir los ejercicios gravables completos 2001 a 2010.

El 6 octubre de 2000 se informa a la sociedad que la DIAN ha firmado el contrato de estabilidad tributaria entre la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y sociedad comercializadora Las Telas Ltda. por lo cual debe el representante legal de la sociedad presentarse a firmarlo.

Conocido el texto del proyecto de contrato la sociedad solicitó el 27 de octubre de 2000, su modificación en el sentido de contener los períodos solicitados y acoger las condiciones establecidas en la ley.

El 23 de noviembre de 2000 el director de impuestos remitió el acto administrativo 2493 mediante el cual niega la modificación con fundamento en que la DIAN tiene facultades para definir el término por el cual se otorga la estabilidad, ateniéndose exclusivamente al límite que señala la norma.

(...).

Consideraciones de la Sala

Antes de proceder a analizar el fondo del asunto debe la Sala pronunciarse sobre la excepción de caducidad de la acción formulada oportunamente por la parte opositora no sin advertir que en el auto admisorio de la demanda (fls. 47 y 48), expresamente se indicó que como en el libelo se alegaba la notificación por conducta concluyente, el presupuesto procesal de la acción se decidiría en la sentencia.

Indica la parte demandada que la acción caducó el 24 de marzo de 2001 y fue ejercitada el 18 de diciembre del mismo año sin referirse a la fecha de iniciación del término pues se limita a citar las fechas del proyecto de contrato de estabilidad tributaria y del oficio que negó su modificación sin indicar la de notificación para concluir que la demanda se encuentra por fuera del término legal y que la excepción debe prosperar por haber transcurrido 9 meses desde la “comunicación” del oficio. Transcribe apartes de providencias de esta corporación, descarta la supuesta notificación por conducta concluyente por haberse comunicado vía correo el oficio 2493 a la dirección informada, tal como lo dispone el artículo 565 del estatuto tributario. Indica que si en gracia de discusión se aceptara la notificación por conducta concluyente, no sería posible establecer la oportunidad de la demanda porque no se ha demostrado cuándo o en qué circunstancias el actor se dio por notificado.

Para resolver la Sala advierte que la caducidad es un presupuesto procesal que debe ser cumplido cabalmente cuando se trata de demandar actos administrativos de carácter particular y concreto en acción de nulidad y restablecimiento del derecho y para el efecto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo se dispone que será de 4 meses contados a partir del día siguiente, para el caso, de la “notificación” del acto.

En el sub lite por tratarse el oficio demandado de un acto administrativo proferido por la Administración de Impuestos Nacionales no procede la comunicación sino la notificación tal como lo prevé el artículo 565 del estatuto tributario, norma especial que regula este acto procesal cuya fecha constituye el extremo inicial para el conteo de la caducidad.

El demandante respecto de la excepción, con cita de los artículos 209 de la Constitución Nacional y 3º, 43, 44, 45 y 48 del Código Contencioso Administrativo, manifiesta que la notificación de los actos “individuales” está regulado en el citado código por lo cual es claro que no se intentó la notificación personal pues solamente se le envió citación por correo para la notificación del proyecto de contrato, el que le fue remitido vía fax por su solicitud telefónica, y que el oficio que impugna debió ser notificado personalmente y en defecto de esta forma, por edicto. Estima equivocado que la DIAN haya introducido el oficio al correo sin haberse notificado conforme a las normas del Código Contencioso Administrativo y que el artículo 565 del estatuto tributario que se refiere a la notificación de las demás actuaciones administrativas, no es aplicable al derecho de petición que no tiene regulación propia en el estatuto tributario. En términos similares presentó sus alegaciones en la demanda (fls. 18 a 22).

El representante del Ministerio Público acepta la tesis planteada por el demandante por lo cual estima que la excepción no está llamada a prosperar.

Para la Sala es indiscutible que la actuación administrativa demandada debía notificarse conforme al artículo 565 del estatuto tributario en concordancia con el 566 ibídem por tratarse de actos de la Administración de Impuestos Nacionales no iniciada en ejercicio de derecho de petición en interés particular sino con fundamento en norma especial como lo es el artículo 240-1 ib. incorporado al estatuto tributario por la Ley 223 de 1995. Constituye un acto definitivo de indiscutible contenido tributario el oficio 2493 de 23 de noviembre de 2000 mediante el cual se negó la modificación del proyecto de contrato pues mediante él se extinguió la opción consagrada en el artículo 240-1 citado, relativa a la estabilidad tributaria y en la copia del mismo que se anexa en la demanda (fl. 34), aparece el sello de envío al correo el 23 de noviembre de 2000, fecha que no discuten las partes.

El artículo 566 del estatuto tributario que regula la notificación por correo contenía una presunción legal analizada por la Corte Constitucional en Sentencia C-96 de enero 31 de 2001. Con la inexequibilidad parcial declarada debe el administrado por lo menos indicar la fecha en que fue recibido el acto y probar el hecho, lo cual no ocurre en este caso, por lo que debe tomarse el 23 de noviembre de 2000 como punto de partida para contar el término de cuatro meses de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, plazo que concluía el 24 de marzo de 2001 y como la demanda fue presentada en esta corporación el 18 de diciembre de este último año, es evidente que ha transcurrido con creces el término de ley por lo cual la acción había caducado y así debe esta Sala declarar probada la excepción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Declárese probada la excepción de caducidad de la acción.

En consecuencia INHÍBESE de pronunciarse de fondo.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase».

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