Sentencia 12248 de mayo 5 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 110010-03-27-000-2001-0243-01 12248

Consejera Ponente:

Dra. María Inés Ortiz Barbosa

Bogotá, D.C., mayo cinco de dos mil tres

Actor: Juan Guillermo Saldarriaga Sanín

Ref.: Acción de nulidad contra el concepto general de la división normativa y doctrinaria tributaria de la DIAN 012386 de febrero 20 de 2001.

Fallo

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

El acto demandado es el Concepto 12386 de 20 de febrero de 2001, proferido por la división normativa y doctrina tributaria de la DIAN.

El aspecto fundamental del debate en este proceso consiste en dilucidar si los pagos realizados por los contribuyentes del IVA promedio implícito por la importación de maíz de la partida arancelaria 10.05 y que obtuvieron el levante de la mercancía, durante el período en el que estuvo vigente el Decreto 1344 de 1999, anulado por el Consejo de Estado en lo atinente a dicha partida, deben ser devueltos como lo sostiene el actor o por el contrario no hay lugar a ello por tratarse de situaciones consolidadas, es decir que no estaban en discusión en la sede gubernativa o judicial, como lo sostiene el concepto impugnado.

Estima el actor violados los artículos 13, 95-9 y 209 de la Constitución Política que consagran los principios de igualdad, justicia y equidad y los de la función pública de moralidad y eficacia y 683 del estatuto tributario y el coadyuvante los artículos 131 y 234 del estatuto aduanero.

Para resolver se considera:

Mediante fallo 9895 de 6 de octubre de 2000 el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1344 de 1999 expedido por el Gobierno Nacional, en cuanto gravó con IVA promedio implícito la importación del producto “maíz” de la partida arancelaria 10.05.

Respecto a los efectos de las sentencias de nulidad proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa, ha sido reiterada la jurisprudencia de ésta corporación al precisar que éstos son “ex tunc”, es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de la expedición del acto.

Igualmente se ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción contencioso administrativa.

En el concepto impugnado la DIAN se fundamenta en este criterio jurisprudencial para considerar que el IVA implícito pagado durante la época en que estuvo vigente la disposición, por la importación del producto que obtuvo el respectivo levante, y que al momento de proferirse el fallo no se encontraban en discusión en sede gubernativa o jurisdiccional, no puede ser objeto de devolución.

En relación con el cargo de violación al principio de igualdad observa la Sala que el texto del concepto parte de unos supuestos de hecho a los cuales atribuye la misma consecuencia jurídica. En efecto al señalar que los pagos del tributo realizados durante la vigencia del decreto y obtenido el levante no serán devueltos si además el pago no era objeto de discusión administrativa o judicial, significa que, en criterio de la DIAN, los importadores que se encuentren dentro de esos presupuestos tienen una situación jurídica consolidada y por ende no hay lugar al reintegro del tributo cancelado.

Efectivamente la ley, precisamente en aras del principio de la seguridad jurídica, que critica el demandante, ha querido que las situaciones particulares no queden indefinidamente sometidas a la controversia jurídica y para ello ha establecido plazos dentro de los cuales se puede solicitar la revisión de las actuaciones administrativas y de encontrarse violatorias de normas superiores, para excluirlas del ámbito jurídico y restablecer el derecho del afectado.

La declaratoria de nulidad de un acto administrativo general si bien como ya se vio tiene efectos retroactivos, no implica que se afecten los actos particulares que se hayan expedido con base en la norma anulada, si de otro lado se han utilizado los medios jurídicos para controvertir la decisión y se ha resuelto sobre ella o simplemente porque se han vencido los plazos para su impugnación con anterioridad a la fecha del fallo, pues éste no tiene como consecuencia revivir términos que otras disposiciones consagran para su discusión administrativa o jurisdiccional o para que el acto quede en firme.

De acuerdo con lo anterior no hay violación al principio de igualdad puesto que no se consagran conclusiones discriminatorias frente a quienes están colocados en la misma situación fáctica.

Tampoco observa la Sala que se haya violado con el acto impugnado el artículo 95.9 de la Constitución Política que consagra el deber de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad, pues el impuesto pagado tenía su fundamento en una disposición de obligatorio cumplimiento para todos los importadores del producto hasta cuando se profirió el fallo de anulación.

Tampoco encuentra razonable la Sala que la negativa a devolver los recursos recaudados durante la vigencia de la norma y que correspondan a situaciones consolidadas viole los principios de igualdad, moralidad y eficiencia e imparcialidad dentro de los cuales debe ejercerse la función pública que establece el artículo 209 de la Constitución, pues ese criterio obedece a preceptos legales que establecen las oportunidades para controvertir las decisiones de la administración en aras de la seguridad jurídica que a su vez responde a un interés general.

Sobre la supuesta violación del artículo 683 del estatuto tributario, norma que consagra que la actividad de los servidores públicos en la aplicación recta de las leyes deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el Estado no aspira a que al contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas públicas de la Nación, observa la Sala que el concepto demandado no se refiere a ninguna situación particular de los funcionarios de impuestos que entre en contradicción con la norma, sino como ya se ha reiterado obedece al respeto de las situaciones que se han cumplido en el marco de una normatividad vigente en ese momento y han adquirido firmeza.

Ahora bien partiendo de la base de la intangibilidad de las situaciones consolidadas, corresponde a la Sala determinar cuando éstas se dan en el asunto particular que se debate, puesto que la intervención de la parte coadyuvante impugna el concepto en este aspecto.

En efecto el coadyuvante considera que el concepto viola los artículos 131 y 234 del estatuto aduanero, porque la DIAN no puede supeditar la situación consolidada del pago del IVA implícito al levante de las mercancías, sin tener en cuenta el término que existe para modificar o corregir la declaración de importación y que mientras éste subsista, así haya ocurrido el levante de las mercancías, no está en firme o consolidada y por tanto debe quedar comprendida en el fallo de nulidad.

Las disposiciones citadas establecen:

ART. 131.—Firmeza de la declaración. La declaración de importación quedará en firme transcurridos tres (3) años contados a partir de la fecha de su presentación y aceptación, salvo que se haya notificado requerimiento especial aduanero.

Cuando se ha corregido o modificado la declaración de importación inicial, el término previsto en el inciso anterior se contará a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración de corrección o de la modificación de la declaración.

ART. 234.—Modificado Decreto 1232 de 2001, artículo 24 declaración de corrección. La declaración de importación se podrá corregir voluntariamente sólo para subsanar los siguientes errores: subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales, valor FOB, fletes, seguros, otros gastos, ajustes y valor en aduana, y sólo procederá dentro del término previsto en el artículo 131 del presente decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 252 de este decreto, la declaración de corrección voluntaria procederá por una sola vez.

La declaración de corrección provocada por la autoridad aduanera procederá, como consecuencia de los resultados de una inspección aduanera, o cuando se notifique requerimiento especial aduanero de corrección o de revisión del valor, en cuyo caso, la base para corregir será la determinada oficialmente por la autoridad aduanera, o a solicitud del declarante o del importador, cuando se pretenda corregir errores en el diligenciamiento de la declaración de importación, diferentes a los contemplados en el inciso primero del presente artículo, en cuyo caso, deberá mediar autorización previa por parte de la autoridad aduanera.

No procederá declaración de corrección cuando la autoridad aduanera hubiere formulado liquidación oficial de corrección o de revisión del valor.

Siempre que se presente declaración de corrección, el declarante deberá liquidar y pagar, además de los mayores tributos e intereses a que haya lugar, las sanciones establecidas en el título XV de este decreto, según corresponda, pudiendo acogerse a la reducción de la sanción de multa a que se refiere el artículo 521 del presente decreto.

PAR.—Cuando la declaración de corrección tenga por objeto modificar el valor inicialmente declarado, deberá presentarse una nueva declaración andina del valor que soporte la declaración de corrección.

Sobre el particular precisa la Sala lo siguiente:

El hecho generador del IVA promedio implícito era la importación de los bienes previstos en el artículo 43 de la Ley 488 de 1998 que modificó el artículo 424 del estatuto tributario.

De otra parte el levante constituye la última etapa del proceso de importación puesto que permite al interesado retirar y disponer de la mercancía, lo cual se autoriza una vez es presentada por el interesado y es aceptada por la administración de aduanas, la declaración de importación y pagado los tributos aduaneros y en el caso en discusión, junto con el IVA implícito.

De acuerdo con el artículo 131 del estatuto aduanero la declaración de importación solo adquiere firmeza cuando ha trascurrido el término de los tres años contados desde su presentación y aceptación, lo que implica que a su vez la firmeza del acto del levante está condicionada al cumplimiento de dicho plazo.

En el asunto en debate la administración considera que la obtención del levante de la mercancía consolida la situación y por esta razón condiciona la devolución del tributo anulado a que no esté en discusión en la vía gubernativa o judicial, pero olvida tener en cuenta otro factor y es que aún no se haya cumplido el plazo previsto para que la declaración de importación esté en firme.

Por lo que se concluye que la situación no queda consolidada en el sub lite por la obtención del levante como lo condiciona el acto demandado, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y por ende el levante respectivo.

Por lo anterior la Sala considera que el concepto impugnado infringe el artículo 131 del estatuto aduanero como lo sostiene el coadyuvante de la demanda y por ello es procedente su anulación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

DECLÁRASE la nulidad del Concepto 012386 de febrero 20 de 2001 emitido por el delegado de la división normativa y doctrina tributaria —de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Cópiese, notifíquese y comuníquese. Cúmplase.

Esta providencia fue estudiada y aprobada en la sesión de la fecha.

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