Sentencia 11001010200020050234501 de julio 27 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 11001 01 02 000 2005 02343 01 (039 III 05), jul. 27/2005.

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Coral Villota

Aprobado según Acta de Sala Nº 098 del 27 de julio de 2005.

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil cinco.

Decide la Sala la impugnación contra la sentencia proferida, en junio 15 de 2005, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de la cual negó el amparo de los derechos fundamentales del ciudadano Orlando de Jesús Chica Uribe, dentro de la acción de tutela promovida por el mismo, a través de apoderado, contra la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

Antecedentes y actuación procesal

1. El señor Orlando de Jesús Chica Uribe, mediante apoderado, promovió ante la Sala a quo acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la cual fue remitida por competencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde fue rechazada, a través del auto de febrero 17 de 2005 (fls. 7-12).

1.1. Posteriormente, la presentó directamente ante la Corte Constitucional, donde a través del auto de abril 12 de 2005 fue rechazada (fls. 4-6).

1.2. Seguidamente requirió, en mayo 27 de 2005, a la Sala a quo para que le diera trámite a la presentada inicialmente ante misma (fl. 1); corporación esta que accedió a su solicitud y la admitió, mediante el auto de junio 1º de 2005 (fls. 54-55).

2. El actor estimó vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 29 y 53 de la Carta Política, en cuanto la aplicación del debido proceso, el principio de favorabilidad e in dubio pro operario en la interpretación de las fuentes formales del derecho.

3. El accionante busca el amparo de sus derechos fundamentales, en los siguientes términos:

“Ruego a esa honorable corporación de justicia, para el evento de encontrar que la decisión adoptada por la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia ha quebrantado el artículo 53 de la Carta, en cuanto consagra el derecho fundamental del trabajador a que así mismo se dé aplicación al principio de favorabilidad (en cuanto a la aplicación del artículo 16 del D. 1586/89) se ordene o disponga la tutela de sus derechos laborales conforme a la interpretación que le favorece y, conforme lo expresaron en su salvamento de voto tres (3) de los magistrados integrantes de la Sala misma de Casación Laboral” (fls. 16-17, sic para el texto transcrito).

4. Los hechos indican que el señor Orlando de Jesús Chica Uribe comenzó a laborar al servicio de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia a partir de mayo 2 de 1969 y en marzo 15 de 1979 fue despedido ilegal e injustamente del cargo de soldador ayudante; por lo cual con fundamento en las normas legales, convencionales y reglamentarias demandó de los jueces laborales ordenar el reintegro al mismo cargo, declarar que no hubo solución de continuidad de su contrato de trabajo y condenar al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por culpa del empleador.

Esta situación, dice el accionante, fue declarada (el despido injusto y no solución de continuidad) mediante sentencia emitida, en marzo 31 de 1998, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Empero, como dicho fallo ha sido materia de controversia sobre la interpretación del artículo 16 del Decreto-Ley 1586 de 1989 (1) , relativo a los derechos de los trabajadores de los Ferrocarriles que hubieren demandado con anterioridad a la liquidación de la empresa, el actor no ha podido obtener el reconocimiento de su pensión de jubilación y la protección de la seguridad social; “pese a sufrir de la enfermedad denominada de síndrome de inmunodeficiencia y contar con 59 años de edad en el presente año y haber reunido los requisitos reglamentarios y convencionales para obtenerla desde hace varios años” (sic para el texto transcrito, fls. 13-17).

5. Según se extracta de la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de octubre 25 de 2004, el actor acudió ante el juez laboral y se ordenó su reintegro al cargo, mediante sentencia de marzo 31 de 1998 (2) , en la cual se resolvió que para “todos los efectos legales y extralegales se considera que no hubo solución de continuidad en la relación laboral”.

Luego, se consigna en la precitada sentencia de casación que, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, en virtud de la sentencia de 28 de octubre de 2002, declaró que entre las partes “existió una relación laboral ... que inició el 2 de mayo de 1969 y finiquitó el 17 de julio de 1992 ... sin solución de continuidad” y condenó a pagar el reajuste de cesantías del ex trabajador, incluyendo el tiempo comprendido entre el 16 de marzo de 1979 y julio 17 de 1992, debidamente indexada. Negó las demás pretensiones, entre ellas, la pensión de jubilación convencional, por cuanto el demandante a la fecha de retiro de la empresa, siguiendo la declaración contenida en la sentencia de marzo 31 de 1998 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá sobre la no solución de continuidad del contrato de trabajo, “para la fecha de finalización definitiva del vínculo laboral que existió entre las partes, esto es el 17 de julio de 1992, el demandante tan solo contaba con uno de los requisitos de la norma cuya aplicación se demanda, esto es más de 20 años de servicios, pero sin tener cumplida la edad mínima, para la obtención de este derecho”; que conforme el artículo 26 de la convención era de 50 años.

En sede de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá parcialmente revocó, en junio 27 de 2003, la anterior determinación para, en su lugar, “absolver a la demandada de la condena impuesta relacionada con la reliquidación de cesantía ...” y confirmó la sentencia en lo demás. Indicando, también, que conforme a lo precisado por la Corte Suprema de Justicia “no procede contabilizar como tiempo efectivamente servido el transcurrido entre el despido y el 17 de julio de 1992...” (3) .

El actor, a través de apoderado, recurrió en casación el precitado fallo del Tribunal Superior de Bogotá; resolviendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casar la sentencia proferida, en junio 27 de 2003, por la corporación de instancia (fls. 39-45).

En la sentencia de octubre 25 de 2004, atacada en esta acción de tutela, las consideraciones con las que en lo fundamental se resolvió no casar la sentencia de junio 27 de 2003 del citado Tribunal Superior, y que fueron aducidas igualmente en las sentencias dictadas dentro de los procesos radicados 13704 (de jul. 26/2000) y reiterada en noviembre 27 de 2002, señalan:

“(...) Sostiene el demandante desde la demanda con que se inició este proceso (fl. 6 y 7), y lo reitera en la que sustentó el recurso extraordinario (fls. 10 a 13 del cdno. de cas.), que como mediante sentencia del 18 de marzo de 1993, que quedó ejecutoriada el 19 de abril inmediatamente posterior, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., ordenó su reintegro al cargo que ocupaba en la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con la anotación de que no hay solución de continuidad en el vínculo, tiene derecho al crédito pensional que suplica, pues para efectos del computo de su tiempo de servicios, según el fallo en comento, debe tenerse como extremo final de la atadura la calenda en la que quedó en firme el proveído que ordenó su reintegro y declaró la inexistencia de interrupción cronológica en la ejecución del contrato.

“Auscultado el fallo gravado, así como la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., que con antelación a este proceso dispuso el reintegro del demandante a la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia (fls. 33 a 39), halla la corporación que el ad quem no incurrió en la equivocada apreciación de esa probanza calificada, como se le endilga, ni en los yerros fácticos que también se le imputan, pues la comprensión que le dio a la providencia en comento es acertada, por atenida a su texto, y consulta, además, el contenido y alcance del artículo 16 del Decreto 1586 de 1989, en el sentido de que por no ser posible el reintegro del accionante, por prohibirlo expresamente este precepto, el extremo final del contrato de trabajo es el 4 de enero de 1988 (fl. 10, cdno. segunda instancia), motivo por el cual la expresión “sin solución de continuidad” incorporada al memorado fallo de 1993 debe entenderse es en función de tasar las condenas económicas a lugar, esto es, la “indemnización equivalente al monto de los salarios dejados de percibir hasta la liquidación de la empresa o la ejecutoria de la sentencia que la reconociera (…)” (fl. 11, ibíd.).

“Por lo demás, en el mismo sentido se ha pronunciado la Sala en frente de casos similares al presente, como en sus sentencias del 19 de mayo y del 6 de octubre de 1999. En esta última expresó:

“Descartado que el cargo adolezca de los defectos técnicos que le atribuye el opositor, debe decirse que le asiste razón al recurrente en su acusación de ser errónea la interpretación que el tribunal dio al artículo 16 del Decreto-Ley 1586 de 1989, por haber entendido que el criterio jurisprudencial plasmado en las sentencias de 4 de abril de 1991 (rad. 3988) y 14 de febrero de 1995 (rad. 7301) respecto de las consecuencias jurídicas que en el contrato de trabajo tiene el reintegro efectivo de un trabajador al empleo del que se le despidió injustificadamente, tiene aplicación para desentrañar el sentido de lo dispuesto en el último inciso de dicho artículo.

“Al interpretar como lo hizo el tribunal pasó por alto que la norma contenida en el artículo 16 del Decreto-Ley 1586 de 1989 reguló una situación especialísima y únicamente aplicable al específico caso de la liquidación de la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales de Colombia, disponiéndose de manera explícita que las sentencias en las que se hubiera ordenado el reintegro del demandante quedarían cumplidas “mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia” o “hasta el vencimiento del término de la liquidación”, pero sin que hubiera lugar al reintegro.

“El verdadero sentido del último inciso del artículo 16 del Decreto-Ley 1586 de 1989 no es otro diferente al de haberse dispuesto la sustitución de la anterior obligación de reintegrar a su empleo al trabajador injustamente despedido, por la nueva obligación de “pago de las condenas económicas”, liquidadas hasta la ejecutoria de la sentencia o hasta el vencimiento del término de liquidación de la empresa, según lo que primero ocurriera.

“Esta sui generis novación por mandato de la ley se efectuó no sólo sustituyendo la obligación sino igualmente sustituyendo un nuevo deudor (Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales) al antiguo (Ferrocarriles Nacionales de Colombia); y como el efecto de toda novación es extinguir la anterior obligación que se sustituye por la nueva, síguese de allí que se extinguieron el derecho a ser reintegrado al empleo y las consecuencias jurídicas que de la continuidad del contrato habrían resultado. Por consiguiente, no tiene aplicación la jurisprudencia sobre los efectos del reintegro del trabajador a la empresa, entre ellos, que se repute ininterrumpido su contrato de trabajo y que para la liquidación del auxilio de cesantía y de la pensión de jubilación se compute todo el tiempo durante el cual no se le permitió por el patrono ejecutarlo, porque expresamente la ley establece que “no hay lugar al reintegro” y que la sentencia que así lo haya dispuesto queda cumplida “mediante el pago de las condenas económicas”.

“No hay que pasar por alto que el Decreto-Ley 1586 de 1989 —dictado en ejercicio de las facultades extraordinarias temporalmente concedidas al Presidente de la República— autorizó la “supresión de cargos” y estableció que los trabajadores oficiales que fueran desvinculados como consecuencia de la supresión del empleo podrían “optar entre la vinculación que se les ofrezca y la indemnización que les sea aplicable en virtud de la misma ley” (art. 8º), por lo que no existe razón plausible para entender que tiene cabida la ficción de continuidad de aquellos contratos de trabajo extinguidos con anterioridad a la liquidación de la empresa estatal, siendo que explícitamente se prohibió el reintegro al empleo de quien hubiera sido despedido, sin importar que así lo hubiese ordenado un fallo judicial en firme.

“Significa lo antes dicho que por haber dispuesto el juzgado segundo laboral del circuito de esta ciudad el 1º de febrero de 1993 que se reintegrara a Gabriel Quimbayo Beltrán a su empleo de aseador en los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el fallo que tal cosa ordenó quedó cumplido “mediante el pago de las condenas económicas” liquidadas hasta el 17 de enero de 1993, día en el que concluyó la liquidación de la empresa ferroviaria” (fls. 43-45).

6. De la acción de tutela incoada. Presentación. Admisión. Como se advirtió anteriormente, la acción de tutela fue rechazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través del proveído de febrero 17 de 2005 (fls. 7-12); así como por la Corte Constitucional, a través del auto de abril 12 de 2005 (fls. 4-6).

En junio 1º de 2005, fue admitida por la Sala a quo (fls. 54-55).

7. Notificaciones e intervenciones de los interesados en la acción de tutela. La admisión de la acción de tutela fue notificada tanto a los magistrados de la Sala de Casación Laboral como Penal de la corporación accionada; así como también a los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá; al Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá y al señor representante del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacional de Colombia (fls. 56-76).

Dentro del trámite de la acción constitucional en primera instancia, intervinieron los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, los doctores Isaura Vargas Díaz, Gustavo José Gnecco Mendoza, Carlos Isaac Náder, Eduardo López Villegas, Francisco Javier Ricaurte Gómez y Camilo Tarquino Gallego.

7.1. Los honorable magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia presentaron sus alegaciones argumentando que “ese despacho judicial (la Sala a quo) no puede asumir el conocimiento y darle trámite a la señalada petición de amparo”, por cuanto dicha acción fue incoada ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y esta la rechazó mediante auto de febrero 17 de 2005. Por lo cual hay una decisión definitiva de autoridad judicial competente y ello impide intentarla nuevamente.

Alegan la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales, y, además, que las normas regulatorias de esa materia, los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional.

Sostienen, también, que según el artículo 235 de la Constitución Política, el conocimiento del recurso de casación es una atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, “Por lo tanto, ningún otro órgano ni corporación de justicia puede “actuar como tribunal de casación”, producir decisiones en este campo”. Como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, dicha Corte, es un órgano límite, razón para que sus decisiones no sean modificadas, anuladas ni desconocidas por ninguna autoridad, porque la Constitución les da el sello de intangibilidad.

Como resumen de lo anterior, alegan, la incompetencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para conocer y tramitar esta tutela; si se considera vigente el inciso 2º del numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, el cual fue demandado ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, que mediante sentencia del 18 de julio de 2002, denegó las súplicas de las demandas.

De igual manera, rechazan el argumento de haber autorizado la Corte Constitucional la interposición de acciones de tutelas contra la Corte Suprema de Justicia ante jueces unipersonales o colegiados, puesto que aquella corporación carece de facultades legales y constitucionales para conferir competencias a otros funcionarios judiciales, por tratarse de una atribución exclusiva del ordenamiento jurídico.

Estando vigente, sostienen, el Decreto 1382 de 2000, que le atribuye competencia a la Corte Suprema para conocer de las tutelas intentadas contra sus propias decisiones, entonces, no tiene efecto alguno la atribución de competencias realizadas por la Corte Constitucional para que otras autoridades conozcan de esas acciones de tutelas, con lo cual actuó apartándose del principio de legalidad e invitando a que los jueces se sustraigan al imperativo de aplicar normas vigentes.

“Por lo expuesto, debe declararse la nulidad de lo actuado y rechazarse la acción de tutela” (fls. 50-54).

8. Del fallo impugnado. En junio 15 de 2005 la Sala a quo, con relación a la competencia para conocer de la presente acción de tutela, asunto sobre el cual la Sala Laboral accionada planteó la nulidad, señala que la asume atendiendo que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la rechazó y estando de por medio derechos fundamentales es de aplicar el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto que son competentes para conocer de la acción de tutela los tribunales y jueces con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza de aquellos. Razón por la cual no se declarará la nulidad peticionada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Seguidamente, plantea los hechos materia de la acción de tutela y pasa a estudiar la procedencia de la misma contra sentencias judiciales, concluyendo su viabilidad cuando se incurra en vía de hecho, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, bien por defectos sustantivos, fácticos, orgánicos o procedimentales, de carácter protuberante.

En la sentencia atacada por vía de la presente tutela, dice la Sala a quo, dichos defectos brillan por su ausencia, la misma es resultado de un estudio juicioso, lógico y coherente y, por ende, ello no permite configurar una vía de hecho, cosa diferente es que la decisión no hubiese sido la esperada por el accionante.

En su sentencia, la Sala de Casación accionada estudió el aspecto medular de la actuación, así como la improcedencia de variar su jurisprudencia sobre la interpretación del artículo 16 del Decreto 1586 de 1989, como lo pretendía el actor. La accionada, dice la colegiatura de instancia, aplicó el artículo 16 en comento, donde expresamente se prohibía el reintegro de los ex trabajadores de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, aun cuando la relación laboral hubiese culminado por culpa del empleador, medida que respondió a la excepcional situación afrontada por dicha entidad.

Como quiera, sostiene la Sala a quo, que lo estudiado es la posible carencia de fundamentos por parte de la autoridad accionada, “tal circunstancia no puede predicarse en este caso concreto para fundar la existencia de una vía de hecho... los falladores de instancia no hicieron más que dar aplicación a una norma legalmente establecida y con vigencia a la fecha de la expedición de la decisión cuya revocatoria se pretende a través de este mecanismo excepcional”. Se desestima así la existencia de un defecto sustantivo en la sentencia atacada.

También, dice la Sala de instancia, que lo reprochado no tiene nada que ver con la valoración errada de una prueba, por lo cual huelga referirse a esta situación, por inoficiosa.

La sentencia atacada, señaló la colegiatura a quo, fue proferida conforme al ordenamiento jurídico, con una motivación razonable y dentro de la autonomía funcional, por lo cual negó el amparo (fls. 40-106).

9. Impugnación de la sentencia de primera instancia. El anterior fallo fue impugnado por el apoderado del actor, quien no expuso argumento alguno, sólo se limitó a manifestar que acude a “expresar la impugnación contra la providencia emitida en primera instancia” (fl. 113).

9.1. Ante esta Sala, con relación a la impugnación, no intervino ninguno de los sujetos procesales o interesados en las resultas de la presente acción de tutela.

Consideraciones de la Sala

1. De la competencia de la Sala. La Constitución Política de 1991 asignó en su artículo 86 a los jueces de la República el conocimiento y trámite de la acción de tutela como un mecanismo procesal de protección y garantía constitucional directo, inmediato, autónomo, informal, preferente y sumario de los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o por los particulares investidos de funciones públicas.

Así mismo, esta corporación como superior jerárquico, es competente para conocer en segunda instancia de los fallos proferidos por los consejos seccionales, tal como lo prevé el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Del asunto a resolver. Corresponde resolver la impugnación de la sentencia proferida, en junio 15 de 2005, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual negó la acción de tutela al señor Orlando de Jesús Chica Uribe, promovida por el mismo, a través de apoderado, contra la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

3. Procedencia de la acción de tutela contra sentencias judiciales. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema, resulta que es procedente la acción de tutela contra las decisiones judiciales cuando se incurra en vías de hecho; constituyendo estas “las decisiones judiciales caprichosas, arbitrarias e irrazonables (4) , doctrina que aplicada a la labor de interpretación judicial comporta infirmar las decisiones en las que el juez elige la norma aplicable o determina su manera de aplicación i) contraviniendo o haciendo caso omiso de los postulados, principios y valores constitucionales (5) , ii) imponiendo criterios irracionales o desproporcionados (6) , iv) sin respetar el principio de igualdad (7) , y v) en desmedro de los derechos sustantivos en litigio” (8) .

3.1. De la inexistencia de otros medios de defensa judicial. Procedencia de la acción de tutela. Muestra el expediente que el señor Orlando de Jesús Chica Uribe acudió a la jurisdicción ordinaria en lo laboral y de la seguridad social, donde obtuvo sentencia de segunda instancia, de marzo 31 de 1998, mediante la cual la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dispuso el reintegro al cargo y declaró, para todos los efectos legales y extralegales, la no solución de continuidad del vínculo laboral. Providencia que hizo tránsito a cosa juzgada definitiva por cuanto no fue materia del recurso de casación.

Asimismo, el señor Orlando de Jesús Chica Uribe promovió un nuevo proceso, el cual resolvió el Juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá, según sentencia de octubre 28 de 2002; la cual en apelación conoció la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, decidiendo revocar la sentencia recurrida, a través del fallo de junio 27 de 2003, y que atacada en sede de casación, a Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia no la casó. Contra esta última decisión se enfila la presente acción de tutela.

La situación fáctica expuesta muestra que para el accionante se agotaron las instancias y el recurso de casación; por lo cual no cuenta con otro medio de defensa judicial; lo cual hace procedente entrar a conocer el fondo de la presente acción de tutela.

4. De la existencia de dos sentencias dictadas por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial con relación al litigio entre el señor Orlando de Jesús Chica Uribe. Como antecedentes judiciales se tiene que la mencionada Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá profirió en marzo 31 de 1998 una sentencia de segunda instancia que hizo tránsito a cosa juzgada definitiva, al no ser recurrida en casación.

4.1. Cosa juzgada definitiva declarando que el despido fue injusto. Sobre la orden de reintegro y la no solución de continuidad del trabajo para efectos de pensión. Tiempo ficto de trabajo. Aunque no se cuenta con copia de la sentencia de marzo 31 de 1998 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, donde se declaró que para todos los efectos legales y extralegales no hubo solución de continuidad del vínculo laboral, o sea que se computa el tiempo de servicios desde mayo 2 de 1969 hasta julio 17 de 1992. Sobre este hecho está probado, conforme se lee en los “Antecedentes” de la sentencia de casación atacada en esta acción de tutela, “el citado demandante, quien fuera despedido de la extinta empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en marzo de 1979 y reintegrado a su cargo mediante sentencia judicial de fecha 31 de marzo de 1998 en la que se advirtió que para “todos los efectos legales y extralegales se considera que no hubo solución de continuidad en la relación laboral”” (fl. 139, negrilla de la Sala).

También, sobre la precitada sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, de marzo 31 de 1998 (9) ; también se refiere el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, en su fallo de octubre 28 de 2002, en los siguientes términos:

“Vínculo laboral.

De las pruebas allegadas al proceso, el despacho pudo establecer que el demandante, laboró efectivamente al servicio de la extinta empresa de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, desde el 2 de mayo de 1969, en el cargo de soldador ayudante, devengando como último salario mensual la suma de $ 5.200.00 hasta el día 15 de marzo de 1989 fecha en la cual fue terminado el contrato en forma unilateral por parte de la demandad (sic) y sin justa causa, tal como lo dispuso el honorable tribunal del distrito judicial en sentencia de fecha 31 de marzo de 1998, mediante la cual dispuso el reintegro del demandante, concretándolo en el pago de los salarios dejados de percibir por el actor desde el 16 de marzo de 1979 hasta el vencimiento del término de liquidación de al (sic) entidad accionada el cual ocurrió el 17 de julio de 1992, tal como se desprende de la sentencia visible a folios 335 a 338 A del expediente.

Igualmente, quedó establecido dentro del proceso que la demandada cumplió con la condena impuesta por el honorable tribunal mediante la mencionada sentencia a través del pago de los salarios dejados de percibir por el demandante desde la fecha de desvinculación el 15 de marzo de 1969 y hasta el 17 de julio de 1992, lo anterior en cumplimiento a su vez de lo preceptuado en el Decreto 1586 de 1989.

(...).

Si bien es cierto, que de acuerdo con el fallo de fecha 31 de marzo de 1998, proferido por el honorable tribunal se debe computar el tiempo que duró cesante el ex trabajador, por las razones anteriormente expuestas, tiempo comprendido entre el 16 de marzo de 1979 al 17 de julio de 1992, para el reconocimiento de la pensión de jubilación, no es menos cierto que para la fecha de finalización definitiva del vínculo laboral que existió entre las partes, esto es el 17 de julio de 1992, el demandante tan solo contaba con uno de los requisitos de la norma cuya aplicación se demanda, esto es más de 20 años de servicios, pero sin tener cumplida la edad mínima, para la obtención de este derecho...” (resaltado fuera de texto, fls. 119 y 121).

Entonces, tal como advirtió anteriormente, esta sentencia (mar. 31/98), proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá no fue recurrida en casación, por lo cual hizo tránsito a cosa juzgada judicial definitiva.

4.2. En la segunda sentencia, de junio 27 de 2003, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, desconoció los efectos de la cosa juzgada y revocó la decisión sobre la no solución de continuidad del vínculo, contenida en la sentencia de marzo 31 de 1998 dictada por esa misma Sala. La competencia del tribunal estaba limitada a pronunciarse sobre la decisión apelada. De otra parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, conoció en segunda instancia de la apelación contra la sentencia proferida, en octubre 28 de 2002, por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, promovida por el señor Orlando de Jesús Chica Uribe contra Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia; dentro de la cual dicha colegiatura, en su fallo de junio 27 de 2003 (el cual es materia de la sentencia de casación ahora atacada en esta acción de tutela), desconoció los efectos de la cosa juzgada judicial y resolvió que conforme a lo precisado por la Corte Suprema de Justicia “no procede contabilizar como tiempo efectivamente servido el transcurrido entre el despido y el 17 de julio de 1992, la finalización del nexo jurídico laboral operó el 15 de marzo de 1979, para un total de tiempo de servicios de 9 años, 10 meses y 13 días y consiguientemente no se hace acreedor a la pensión convencional reclamada en la demanda...” (resalta la Sala).

Sin embargo, al confrontar las sentencias de la Sala Laboral del citado Tribunal Superior, de marzo 31 de 1998 y junio 27 de 2003, es incontrovertible que se trata de las mismas partes y el mismo asunto, el cual en providencia que hizo tránsito a cosa juzgada definitiva consolidó en cabeza del señor Orlando de Jesús Chica Uribe, para todos los efectos legales y extralegales, el derecho al reintegro y que el vínculo no tenía solución de continuidad entre marzo 15 de 1979 (fecha del despido injusto) y julio 17 de 1992 (fecha de liquidación de la empresa).

De esta manera refulge con claridad meridiana que se desconoció la cosa juzgada judicial definitiva y afectó los derechos consolidados en cabeza del accionante.

4.3. Jurisprudencia de la Sala de Casación laboral sobre el reintegro, la declaración de continuidad del contrato y la cosa juzgada. En el proceso radicado 10059, dentro del recurso de casación interpuesto por el Banco Cafetero contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de fecha 18 de abril de 1997, dictada en el proceso ordinario laboral promovido por Carlos Enrique Peña Buitrago contra el banco recurrente; aprobada según el acta 43, de octubre 30 de 1997, con ponencia del magistrado Germán G. Valdés Sánchez, en sentencia de casación señaló la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (10) :

“Consideraciones de la Corte

La sentencia dictada en el primero de los procesos que han cursado entre las partes ordenó el reintegro del demandante y el pago de los salarios dejados de percibir, e igualmente declaró la continuidad del contrato de trabajo. Así fue confirmado en su momento por el tribunal que conoció de su apelación y la Corte en la revisión extraordinaria de casación lo mantuvo. Es decir, es cierto que en tales pronunciamientos no se incluyeron aumentos convencionales de salario, como tampoco el pago de prestaciones sociales.

Sin embargo, la realidad es que el tribunal no adoptó su decisión partiendo solo de tales piezas procesales, pese a que su contenido podía ser determinante del resultado del segundo proceso, sino que consideró que el objeto de éste era la identificación de las consecuencias del reintegro y de la declaratoria de continuidad dispuesta en el primer juicio. Por eso el ad quem en su fallo dijo: “Es decir que esa declaración hizo parte de un pronunciamiento judicial que se encuentra en firme, por lo que a sus efectos debe limitarse esta nueva providencia que pone fin al segundo proceso”. Con ello fijó el alcance de la dicha declaración de continuidad del contrato emitida en ese primer proceso y sobre él determinó el derecho del actor a los reajustes a que se contrae la condena de la sentencia de primer grado. Incluso, en virtud de tal postulado, respecto de lo alegado por la demandada en la apelación, estimó intranscendente que en la convención colectiva de la cual nace el reintegro concedido, no se mencionaran dichos reajustes y pagos prestacionales, bajo la consideración de ser ellos inherentes a las declaraciones propias de la figura del reintegro.

En esas condiciones, no ocurrió aquí, como lo asume el recurrente, que el fallador simplemente le hubiera hecho decir a las sentencias algo que no contienen, sino que su decisión se sustentó en una apreciación eminentemente jurídica, sobre el sentido y alcance de la declaración de continuidad del contrato de trabajo. Como ese soporte de la sentencia no fue impugnado por el recurrente, a pesar de lo admisible de los argumentos de la demandada que solo presenta ahora en la demostración del ataque, éste no puede alcanzar su propósito.

En consecuencia, no prospera el cargo.

El resultado del estudio de la censura no le impide a la Sala hacer unas precisiones que estima necesarias. La lectura de la sentencia de la primera instancia en este segundo proceso pone de presente que el juzgado condenó a la demandada al pago de reajustes salariales y prestacionales por el lapso durante el cual el demandante estuvo cesante desde el despido que se produjo el 2 de junio de 1989 hasta que fue reintegrado en cumplimiento de la sentencia que se dictó en el primer proceso.

No advirtió el juzgado que las condenas correspondientes a ese tiempo ya habían sido materia de resolución judicial en el primer proceso, inadvertencia en virtud de la cual tampoco reparó en que el fallo de esta Sala, en que creyó encontrar apoyo, se refiere a una situación distinta a la ventilada en este segundo proceso, pues aquí ya obra una decisión judicial en firme que como tal es inmodificable. incluso, lo mismo ocurre en el fallo del tribunal, pues los pronunciamientos que transcribe parcialmente, se hicieron en procesos en los que se estaba ordenando el reintegro y no en casos como el presente, en que ese reintegro y sus consecuencias, así ellas hayan podido resultar limitadas, se definieron en proceso anterior” (resalta la Sala).

5. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia conoció de la sentencia del tribunal que contrariaba la cosa juzgada. Vía de hecho. Ahora bien, conforme la misma jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (en cita anterior), no hay lugar a duda acerca de la configuración de la cosa juzgada en el proceso del señor Orlando de Jesús Chica Uribe, respecto al reintegro y la no solución de continuidad, según los términos de la sentencia de marzo 31 de 1998.

De esta manera, la sentencia del Tribunal Superior, de junio 27 de 2003, desconoció la cosa juzgada judicial definitiva manifestada en la sentencia de marzo 31 de 1998, resultando claro que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia no advirtió la irregularidad cometida por la Colegiatura ad quem; motivo por el cual se pronunció sobre una sentencia afectada de nulidad por desconocimiento del debido proceso y sometió a un nuevo juicio, con identidad de causa y de partes, fallado anteriormente en forma definitiva.

Así las cosas, esta corporación, sin necesidad de entrar a pronunciarse sobre las consideraciones de la Sala de Casación accionada, contenidas en su sentencia de octubre 25 de 2004, ni sobre los planteamientos del accionante sobre los hechos y derechos vulnerados, encuentra procedente conceder el amparo sobre el derecho al debido proceso, al haberse incurrido en vía de hecho al desconocer los derechos reconocidos judicialmente al señor Orlando de Jesús Chica Uribe en sentencia judicial que había hecho tránsito a cosa juzgada judicial; tanto por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en su fallo de junio 27 de 2003, así como en el de casación, de octubre 25 de 2004, al asumir el conocimiento y pronunciarse sobre una sentencia que desconoció flagrantemente la cosa juzgada.

6. Conforme la sentencia de marzo 31 de 1998, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el tiempo de servicio del señor Chica Uribe fue de más de veintitrés años. La no solución de continuidad implica que el señor Orlando de Jesús Chica Uribe, para los efectos legales, laboró al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia por más de veinticuatro años; desde mayo 2 de 1969 hasta la liquidación de la empresa, ocurrida en julio 17 de 1992.

7. De los requisitos para el reconocimiento de la pensión de jubilación. Al obtener el señor Chica Uribe sentencia favorable (de mar. 31/98) sobre la no solución de continuidad del vínculo, para todos los efectos legales y extralegales, a julio 17 de 1992 tenía más de veinte años de servicios; siendo este uno de los requisitos para obtener su derecho a la pensión de jubilación; según lo consagrado en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo; el cual estableció la pensión de jubilación a cargo del empleador y a favor del trabajador, con 20 de servicios continuos o discontinuos a la misma empresa y 55 años de edad para el hombre, “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”; además, si el trabajador fue retirado del servicio (como lo fue el señor Chica Uribe) sin haber cumplido la edad requerida será pensionado al cumplirla.

7.1. Del requisito de la edad para pensión de jubilación. En el proceso aparecen fotocopias del registro civil de nacimiento, expedido por el notario único de Liborina (Antioquia) y de la cédula de ciudadanía 3.520.671 de Liborina (Antioquia) a nombre del señor Orlando de Jesús Chica Uribe, que demuestran que nació en marzo 8 de 1946 en dicha población, por lo cual a la fecha tiene cumplidos cincuenta y nueve (59) años de edad.

De esta manera, en marzo 8 de 2001 cumplió cincuenta y cinco (55) años de edad, fecha a partir de la cual el señor Orlando de Jesús Chica Uribe tiene causado el derecho al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación; al acreditar los requisitos legales para obtener la misma.

8. En el año de 1988 se promulgó la Ley 21 de febrero 1º de 1988. Irretroactividad de la ley. Derecho adquirido. En el literal f) del artículo 9º de la Ley 21 de febrero 1º de 1988, mediante el cual se otorgaron facultades al Gobierno Nacional para la recuperación del trasporte ferroviario, se consagró “El respeto de los derechos adquiridos por los trabajadores ...”.

En ejercicio de tales facultades, el Gobierno Nacional dictó el Decreto 1586 de julio 18 de 1989, “Por el cual se ordena liquidar la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se adoptan normas para su liquidación y se dictan otras disposiciones”; cuyo artículo 16 dispone: “ […] “Las sentencias proferidas en contra de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en liquidación que dispongan el reintegro del demandante, quedarán cumplidas mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, o hasta el vencimiento del término de la liquidación, lo que ocurriere primero, sin que haya lugar al reintegro”.

En la situación del señor Orlando de Jesús Chica Uribe, como se declaró la no solución de continuidad del contrato, mediante la tantas veces repetida sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, de marzo 31 de 1998, significa que habiendo ingresado a laborar en mayo 2 de 1969 para el 18 de julio de 1989, fecha en que se dictó el Decreto 1586 de 1989, ya había cumplido veinte (20) años, dos meses y 16 días de prestación ininterrumpida de servicios y según las previsiones del artículo 58 de la Carta Política adquirió el derecho a la pensión de jubilación por haber cumplido, para marzo 15 de 1989, el requisito señalado en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, el de haber laborado durante veinte años en forma ininterrumpida al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, motivo por el cual la ley posterior no le es aplicable, en este caso, bajo ninguna circunstancia su situación podía ser cobijada por el Decreto 1586 de 1989.

De esta manera, el señor Orlando de Jesús Chica Uribe tiene el derecho adquirido al reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, según lo visto líneas arriba, a partir de marzo 8 de 2001; fecha esta en que satisfizo, además de los veinte años de servicios (cumplidos en mar. 15/89), el requisito de la edad, es decir, los cincuenta y cinco años, exigidos en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo.

En la Sentencia C-478 de 1998, la Corte Constitucional señaló que los derechos adquiridos no pueden ser desconocidos por leyes ulteriores, además, la retroactividad de la ley rompe la confianza, la autonomía y libertad de destinatarios de la norma, desfigurando el principio de la confianza legítima, al efecto expuso:

“La noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, por el contrario las segundas no gozan de esa protección. Esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho. A su vez, esta prohibición de la retroactividad es consustancial a la idea misma del derecho en una sociedad democrática, pues la regulación social a través de normas jurídicas pretende dirigir la conducta de personas libres, por lo cual es necesario que los individuos conozcan previamente las normas para que puedan adecuar sus comportamientos a las mismas. Una aplicación retroactiva de una ley rompe entonces no solo la confianza de las personas en el derecho, con lo cual se afecta la buena fe sino que, además, desconoce la libertad y autonomía de los destinatarios de las normas, con lo cual se vulnera su dignidad.

Tal como viene vista la situación fáctica y jurídica que de manera muy singular se presenta con el accionante, resulta que los derechos fundamentales del señor Orlando de Jesús Chica Uribe están afectados por unas sentencias (del ad quem y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia) que desconocieron la cosa juzgada y le están privando de sus derechos a la pensión de jubilación, a la seguridad social, cuando a la edad de 59 años, según afirma en la acción de tutela, está enfermo y requiere de mayor protección por parte del Estado, sin embargo, la responsabilidad de éste se ve diluida ante fallos judiciales que contienen vías de hecho.

En la Sentencia C-107 de 2002; sobre la protección al pensionado, en este caso recuérdese que el accionante está bordeando la tercera edad, la Corte Constitucional, ha dicho:

“La seguridad social, como derecho irrenunciable, no puede ser limitado por el legislador. A él sólo le compete su regulación estableciendo los regímenes pensionales y, por ende, los requisitos que deben ser cumplidos para tener derecho a las distintas prestaciones dentro de cada uno de los subsistemas del régimen de seguridad social en pensiones.

... En cuanto a su finalidad, nadie pone en duda que la pensión de vejez tiene por objeto “garantizar al trabajador que, una vez transcurrido un cierto lapso de prestación de servicios personales y alcanzado el tope de edad que la ley define, podrá pasar al retiro sin que ello signifique la pérdida del derecho a unos ingresos regulares que le permitan su digna subsistencia y la de su familia, durante una etapa de la vida en que, cumplido ya el deber social en que consiste el trabajo y disminuida su fuerza laboral, requiere una compensación por sus esfuerzos y la razonable diferencia de trato que amerita la vejez”.

En aras de la protección de los derechos al debido proceso, a la seguridad social, a la pensión de jubilación, al derecho adquirido, es la acción de tutela el único medio judicial con que cuenta el accionante para alcanzar la satisfacción de sus pretensiones, por cuanto en la jurisdicción ordinaria en lo laboral y de la seguridad social se agotaron las instancias y el recurso de casación.

Descendiendo al caso concreto, apartándose de los argumentos de la Sala a quo, se considera procedente la protección de los derechos fundamentales, y como el sistema tiene que propiciar, de manera indiscutible, una vía dotada de la suficiente eficacia para asegurar el ejercicio de los mismos, se deberá revocar tanto la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, de junio 27 de 2003, en lo referente a la pensión de jubilación; así como el fallo de casación atacado y en su defecto, ante la conocida renuencia de la Corte Suprema a cumplir los fallos de tutela, se ordenará al Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia proceder otorgarle y pagarle la pensión de jubilación al señor Orlando de Jesús Chica Uribe, en cumplimiento de la decisión contenida en la sentencia de marzo 31 de 1998, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; a partir de marzo 8 de 2001; así mismo deberá disponer el pago de las mesadas atrasadas desde esa fecha, debidamente indexadas, y si no dispone de los recursos presupuestales para cumplir esta última obligación, deberá iniciar las gestiones para hacer tal pago en término no superior a tres (3) meses.

A través de esa determinación se materializa la naturaleza y esencia misma de la acción de tutela como mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

I. Revocar el fallo proferido, en junio 15 de 2005, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de la cual negó el amparo de los derechos fundamentales del ciudadano Orlando de Jesús Chica Uribe, dentro de la acción de tutela promovida por el mismo, a través de apoderado, contra la Sala de Casación Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia y el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, para en su defecto tutelar los derechos del accionante; teniendo en cuenta los hechos y las consideraciones expuestos en el presente fallo.

II. Para los efectos de la tutela, se dejan sin efectos legales, sólo en lo que atañe a la pensión de jubilación, las sentencias de junio 27 de 2003, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y la de octubre 25 de 2004, emitida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso laboral promovido por el señor Orlando de Jesús Chica Uribe contra el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia.

III. Ordenar al representante del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia que dentro del término de diez (10) días hábiles, siguientes a la notificación de esta sentencia, otorgue a partir de marzo 8 de 2001 pensión de jubilación al señor Orlando de Jesús Chica Uribe y empiece a pagarle la mesada pensional; así como también pague las mesadas atrasadas, debidamente indexadas.

Si no dispone actualmente de los recursos presupuestales para el pago de las mesadas causadas a partir de marzo 8 de 2001 iniciará las gestiones para su consecución, debiéndolas pagar, en todo caso, en un término no mayor a tres (3) meses.

IV. Súrtanse las notificaciones de rigor, conforme el contenido del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

V. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Coral Villota, Presidente—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Este decreto fue demandado ante la Corte Constitucional, la cual, mediante Sentencia C-831 de 2002 resolvió “INHIBIRSE para pronunciarse sobre la EXEQUIBILIDAD del artículo 16 del Decreto-Ley 1586 de 1989”.

Este artículo señala: “ART. 16: […] "Las sentencias proferidas en contra de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia en Liquidación que dispongan el reintegro del demandante, quedarán cumplidas mediante el pago de las condenas económicas liquidadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, o hasta el vencimiento del término de la liquidación, lo que ocurriere primero, sin que haya lugar al reintegro".

(2) Se advierte que en la sentencia de casación en cita se alude a la existencia de dos sentencias a favor del actor; la de marzo 31 de 1998 y la que en el párrafo siguiente se reseñará.

(3) Sin embargo, advierte la Sala que conforme la sentencia de marzo 31 de 1998, de la Sala Laboral del Tribunal Superior, que quedó ejecutoriada, ya había cobrado firmeza de cosa juzgada la declaración de no solución de continuidad del contrato de trabajo y por ello era inmodificable aquella sentencia por la Sala Laboral del Tribunal, mediante la sentencia de junio 27 de 2003..

(4) Entre otras SU-692 de 1999, T-324, T-382 y T-1031 de 2001.

(5) Sobre la posibilidad de controvertir interpretaciones judiciales que resulten contrarias a la Constitución, y con relación a la procedencia de la acción de tutela en los casos en que la interpretación que el juez hace de una norma contraría un criterio hermenéutico establecido por esta corporación. Ver sentencias T-001 de 1999, T-522 y T-842 de 2001.

(6) La Corte se ha referido a los casos en que la interpretación judicial resulte contra evidente o irracional, ver sentencias T-1017 de 1999, y T-1072 de 2000.

(7) Sobre las decisiones proferidas en contravención del principio de igualdad se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-123 de 1995, T-008 y T-321 de 1998, T-068, SU-1300 y T-1306 de 2001.

(8) Sentencia SU-120 de 2003.

(9) En la sentencia de octubre 28 de 2002, proferida por el Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, se alude a esta sentencia del tribunal.

La sentencia materia de la sentencia de casación contra la cual se dirige esta acción de tutela, es de junio 27 de 2003.

(10) Reitera jurisprudencia contenida en sentencia de 22 de septiembre de 1994, radicación 6854.

__________________________________________________