Sentencia 110010102000200504897 01 de abril 3 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110010102000200504897 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Alonso Flechas Díaz

Bogotá, D.C., tres de abril de dos mil seis

Aprobado según acta de Sala 27 de la fecha.

Ref.: Acción de Tutela

Demandante: Sociedad Energética de Melgar ESP “SEM”

Contra: La Nación - Financiera Energética Nacional “FEN”, Superintendencia de Servicios Públicos y Compañía Energética del Tolima “Enertolima S.A”.

Impugnación sentencia de primera instancia.

1. Tema a tratar.

Negada la ponencia presentada por el magistrado Rubén Darío Henao Orozco, sería del caso entrar a resolver de fondo la impugnación contra el fallo proferido el 22 de febrero de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Sociedad Energética de Melgar ESP “SEM” para que se le amparen los derechos fundamentales a la propiedad, al trabajo y a la confianza legítima presuntamente conculcados por la Nación. Financiera Energética Nacional “FEN”, y Compañía Energética del Tolima “Enertolima” y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de no ser porque, una vez más, se observa causal de invalidez de lo actuado que debe declararse.

2. Fundamentos de la acción.

2.1. La Sociedad Energética de Melgar ESP “SEM” celebró contrato con la Sociedad Electrificadora del Tolima S.A. ESP “Electrolima S.A. ESP” cuyo objeto fue: “Ejecutar por parte de el contratista la construcción y posterior entrega a Electrolima de las obras: modernización de la subestación Flandes, optimización de la subestación Lanceros, construcción de la línea a 34.5. kV entre las subestaciones Lanceros y Melgar y la construcción de la subestación Carmen de Apicalá, las cuales conforman el proyecto regional eléctrico línea Flandes-Melgar-Carmen de Apicalá como obras complementarias e inherentes al contrato BOOT…”.

2.2. La empresa accionante dice haber cumplido estrictamente los compromisos adquiridos, mientras que la accionada no hizo lo propio, razón por la cual aquella solicitó la conformación de un tribunal de arbitramento cuyo laudo se produjo a su favor, su ejecutoria se surtió el 25 de febrero de 2003 y con fundamento en dicha decisión, la SEM demandó por la vía ordinaria a Electrolima-Fiducafé para el pago de las obligaciones patrimoniales contraídas, actuación que le correspondió al Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué, en la que se decretaron medidas precautelares y la misma fue suspendida, con todos sus efectos, por la posterior toma y liquidación, por parte de la Superintendencia de Servicios de la compañía Electrolima.

2.4. Habida cuenta de la presunta existencia de una obligación dineraria por parte de la aquí accionante a favor de la FEN, se inició trámite ejecutivo en el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, la que se encuentra en curso y vigente la imposición de medidas preventivas en contra del patrimonio de la aquí tutelante SEM y de Fidugan hoy BBVA fiduciaria.

2.5. En la demanda que ocupa nuestra atención, se solicitó: “Suspender en forma inmediata el proceso ejecutivo prendario que en la actualidad adelanta el Estado a través de la Financiera Energética Nacional-FEN en contra del fideicomiso Fidugan/SEM con el cual el mismo pretende que el referido fideicomiso y la Sociedad Energética de Melgar le cancelen las obligaciones que tienen pendientes con el mismo y que nacieron producto del contrato BOOT”.

2.6. De lo anterior advierte la accionante que la situación mediante la cual el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, ha impuesto medidas cautelares sobre sus bienes y que el Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué suspendió el trámite del proceso, ha ocasionado graves perjuicios con carácter de irremediables por cuanto se pretende cobrar en su contra un valor por el que no puede responder si no es mediante el pago de las obligaciones contraídas por Electrolima que representan un valor importante dentro de su patrimonio.

3. Antecedentes procesales.

3.1. La presente acción de tutela fue admitida a trámite el 4 de noviembre de 2005 por el Consejo Seccional de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, fallada el 16 del mismo mes, declarando su improcedencia.

3.2. De lo anterior advierte la accionante que la situación mediante la cual el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, ha impuesto medidas cautelares sobre sus bienes y que el Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué suspendió el trámite del proceso, ha ocasionado graves perjuicios con carácter de irremediables por cuanto se pretende cobrar en su contra un valor por el que no puede responder si no es mediante el pago de las obligaciones contraídas por Electrolima que representan un valor importante dentro de su patrimonio.

3.2. Impugnada la decisión de primera instancia, el asunto correspondió por reparto al señor magistrado Rubén Darío Henao Orozco, y en proveído del 25 de enero del año que transcurre, la Sala de la que no participé por comisión, dispuso la nulidad de lo actuado por falta de vinculación de varias entidades con interés en el asunto materia del debate, a saber: Fiduciaria BBVA, patrimonio autónomo Fideicomiso Fidugan, SEM, al Ministerio de Minas y Energía y a la Compañía Energética del Tolima, Enertolima S.A.

3.3. Cumplido lo anterior, la Sala de primer grado, el 22 de febrero del año que cursa dictó nuevo fallo, declarando improcedente la tutela incoada por la accionante.

3.4. Por impugnación de la accionante, regresó el expediente a esta Sala y el magistrado Rubén Darío Orozco presentó proyecto de decisión que fue derrotado en la Sala 25 del 29 de marzo de 2006.

Consideraciones de la Sala

De la atenta lectura de la actuación aquí surtida se observa cómo dicho trámite ha vulnerado el debido proceso y el derecho de contradicción por parte de los juzgados civiles del circuito involucrados, máxime cuando de manera concreta la accionante demanda la suspensión del proceso ejecutivo prendario adelantado en su contra en el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá y tajantemente se duele de la suspensión del proceso ejecutivo prendario que inició ante el Juzgado 5 Civil del Circuito de Ibagué, por haber aceptado la petición de suspensión y haberla decretado en la misma fecha en que fue radicada.

Si bien es cierto, en ocasión anterior esta Sala se pronunció declarando la nulidad por falta de notificación a varias personas jurídicas con interés en este asunto, no es menos importante la vinculación a este trámite en lo pertinente, a los Juzgados 5 Civil del Circuito de Ibagué y 25 Civil del Circuito de Bogotá, en los que se tramitan procesos entre las partes y de los que se hacen cuestionamientos en este proceso y dentro de los cuales se pide al juez constitucional tomar decisiones, en el primero para levantar la restricción por liquidación de la demandada y en el segundo, por la imposición de medidas cautelares que afectan, según lo advierte el demandante, su patrimonio económico y la subsistencia como persona jurídica.

Ante la petición especial como medida provisional para que el juez de tutela dispusiera la suspensión del proceso ejecutivo prendario seguido en el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá, la Sala a quo se pronunció mediante providencia del 4 de noviembre de 2005 negando lo pretendido.

Lo anterior conlleva a determinar que en el evento en que el juez constitucional se involucrase en el trámite surtido en esos juzgados, en ellos se generaría interés habida cuenta que deberían soportar imposiciones de tutela para las que no fueron convocados en el proceso correspondiente, lo cual de por sí genera nulidad insanable que debe ser declarada por esta Sala, como debió serlo en su momento, pues todo aquel que tenga interés bien por las resultas del proceso de tutela o porque deba cumplir obligaciones derivadas de ella, deben ser invitados al trámite para evitar la vulneración al debido proceso.

Lo anterior significa que esta superioridad no ha adquirido la competencia para decidir lo atinente a la impugnación del demandante contra el fallo de primera instancia, y ello conlleva a la declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación del auto de fecha 4 de noviembre de 2005, por cuanto no se ha trabado el contradictorio de manera correcta.

En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha precisado el deber de garantizar el derecho de defensa mediante la notificación a los interesados del trámite surtido en los siguientes términos:

“(…).

“3. Importa para el caso a resolver determinar si cuando no se notifica a un tercero que debería ser informado de la existencia de la tutela, en razón de que podría quedar afectado por una decisión del juez constitucional, esta omisión implica violación al debido proceso. Se ratifica lo que ha dicho la Corte Constitucional:

“La notificación de la solicitud de tutela permite al sujeto pasivo de la acción ejercer su derecho de defensa y hacer uso de las garantías propias del debido proceso, que no están ausentes del procedimiento breve y sumario que se adelanta con ocasión de la tutela, ya que no es admisible adelantar todas las etapas, sin contar con la autoridad pública o con el particular acusado de conculcar o de amenazar derechos constitucionales fundamentales” (1) .

“Es por eso que se ha considerado que si no se notifica a un tercero que podría quedar afectado por el fallo de tutela, se configura una violación del debido proceso y el derecho de defensa de las personas naturales y jurídicas que podrían llegar a afectarse con la decisión, por lo que es necesario tomar las medidas tendientes a superar dicha trasgresión.

“La Sala Plena de la Corte Constitucional, tal y como lo sintetiza la Sentencia T-014 de 1998, ha precisado el procedimiento cuando existen personas que pueden llegar a ser afectados por una posible orden de tutela. Al respecto, el texto de la mencionada sentencia reza lo siguiente:

“Es una obligación de medio (no de resultado) notificar o informar a las personas contra quienes se dirige la tutela, que esta ha sido instaurada y que ha sido aceptado tramitarla. Había sido posición de la Corte que se les debe notificar la iniciación de la acción a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a quién o quiénes se relaciona en la solicitud de tutela, sino a quiénes quedarían sujetos por la decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar (T-043/96). Estos “terceros”, en su condición de particulares, cuando pueden ser afectados por una posible orden de tutela, deberían ser informados de la iniciación de la acción para que pueda aportar pruebas, controvertir las aportadas, “sin tomar en consideración el hecho de que la decisión que le pone fin a la actuación sea la de conceder o denegar la tutela”, como se indicó en el auto de 3 octubre de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo).

“Teniendo en cuenta que existe una vulneración del debido proceso de un tercero que puede resultar afectado por las decisiones de tutela, por tratarse de una nulidad saneable, se pone en conocimiento del interesado tal situación, y, si no la sanea, se decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del respectivo auto admisorio.

“En principio, esta determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad es toma dentro del expediente en donde ocurrió la omisión, para que se diga si se sanea o no la nulidad. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, entonces se puede validamente pedir mediante nueva tutela que se determine que se violó el debido proceso y por ende se dé la orden de nulidad para que se tramite la inicial tutela debidamente.

“ … Caso concreto

“No se analizará si asistió o no razón a la Corte Suprema para conceder la tutela, porque el motivo central de la presente acción de tutela, y así lo planteó la solicitud es el de anular lo referente a una acción de tutela ya fenecida, porque no se citó a alguien que indudablemente tenía interés en la acción, el señor Isaac Soto Rengifo, puesto que cualquier orden que se diera incidía en un ejecutivo en el cual es o podría ser parte dicho señor Soto (resaltado fuera de texto).

“En aquella tutela que se tramitó primero en el Tribunal de Buga y luego en la Corte Suprema de Justicia, se planteaba una vía de hecho cometida por la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga, dentro de un proceso ejecutivo. Se objetaba la finalización del juicio, por un desistimiento que la parte demandante había planteado. Se consideraba que debería continuar la ejecución precisamente contra el señor Isaac Soto Rengifo. Es decir, la decisión que se adoptare en la tutela favorecería o perjudicaría al señor Soto, quien no fue citado en la tutela debiendo habido serlo. Esa no citación es constatable a primera vista y es un evidente defecto procedimental que le impidió al señor Soto defenderse en dicha tutela.

“El señor Soto tenía una confianza legítima en el sentido de que el proceso ejecutivo había terminado. La decisión que determinó tal cosa había quedado en firme. Luego, cualquier tramitación que implicara revivir lo fenecido ha debido ser conocida por quien podría ser afectado, en el caso concreto el señor Soto, quien solo se enteró de la existencia de aquella acción de tutela cuando en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga, en cumplimiento de la orden de tutela dada en la providencia proferida por la Corte Suprema de Justicia al finalizar la acción de tutela, se determinó continuar el juicio ejecutivo en contra de Soto. Y posteriormente se le embargaron bienes.

“La notificación al señor Soto ha debido ocurrir en el instante mismo en que se inició la tramitación de la primera tutela, es decir que se le ha debido notificar a partir del auto de 1º de octubre de 1998, proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga dentro del expediente 83 (tutela de la sociedad Solla S.A. vs. Providencia del Juzgado Segundo Civil del Circuito). Eso no aconteció.

“Es más, dentro de dicha tutela, el juez de segunda instancia al advertir que el a-quo no había hecho la notificación, ha debido poner en conocimiento del interesado tal situación para que este indicara si saneaba o no la nulidad. Esto tampoco ocurrió.

“En aquel expediente de tutela, si la Corte Constitucional la hubiere escogido para revisión, debería la corporación haber proferido auto hacia el saneamiento o el decreto de la nulidad por falta de notificación y, obviamente, por violación al debido proceso.

“Precisamente la apoderada del señor Soto pidió que la tutela fuera escogida pero la Sala de Selección no lo hizo.

“No le quedaba, pues, otro camino al interesado que promover otra tutela por vía de hecho respaldada en la violación al debido proceso.

“Como evidentemente la notificación no se hizo debiendo hacerse, como no se advirtió sobre la nulidad en la anterior tutela, como el tema se plantea en la acción que motiva la presente definición, entonces, hay que reconocer que en la tramitación de aquella tutela, y, específicamente en la primera instancia adelantada en el Tribunal Superior de Buga, se incurrió en una vía de hecho que va a incidir en toda la tramitación y la orden tendrá que ser la de retrotraer el procedimiento en aquella tutela para que se adelante con el respeto al debido proceso. La orden no será la de que se ponga en conocimiento la nulidad porque precisamente la apoderada del señor Soto, al pedir que se seleccionara la primera tutela, puso de presente la falta de notificación, luego por el principio de celeridad, directamente se decreta la nulidad; además, el trámite de poner en conocimiento la nulidad era pertinente en la primera tutela; pero en esta nueva tutela, se examina si se le violó o no el debido proceso, al constatarse que ello ocurrió, la orden no puede ser distinta a la de decretar directamente la nulidad…” (2) .

La nulidad advertida afecta la actuación surtida por la Sala de primer grado en trámite posterior al auto de fecha 4 de noviembre de 2005, toda vez que no se cumplió su mandato de manera estricta, para que en su lugar se tomen los correctivos del caso, conforme a lo atrás expuesto, previniendo a esa colegiatura para que, especialmente, en estos casos se tenga el debido cuidado en el cumplimiento de las decisiones que se tomen y se garantice el debido proceso y el derecho de contradicción a quienes por una u otra razón puedan resultar interesados en las resultas de la actuación.

De otro lado, observa esta colegiatura que la Sala a quo en el trámite de la acción de tutela faltó al deber de adosar la prueba necesaria para la toma de las decisiones correspondientes, en el entendido de que el litigio suscitado entre la accionada y la accionante es objeto de procesos civiles en los juzgados 5º Civil del Circuito de Ibagué y 25 Civil del Circuito de Bogotá, de los que no se trajo al expediente de tutela su contenido para advertir si las afirmaciones hechas por la accionante tienen fundamento real, por lo que la sala echa de menos la importante prueba que debe ser allegada y valorada en la toma de la determinación que ponga fin a este trámite.

La carencia de esta prueba hace insostenible la determinación sobre protección de derechos fundamentales circunstancias en las cuales, esta instancia tendría que plegarse al mismo estudio sin la existencia de elementos probatorios que conlleven a efectuar parangones entre lo probado y lo decidido para establecer el punto de divergencia y asumir la postura que en derecho corresponda.

De antaño ha venido sosteniendo la Corte Constitucional que, los fallos de tutela deben fundarse sobre el material probatorio recogido o aportado y la correspondiente valoración que de él se haga, al respecto citamos, entre múltiples, dos decisiones que se avienen a la postura asumida por la Sala y por las cuales declaró la nulidad de lo actuado por las instancias respectivas, como sigue:

“ (…).

“La práctica de pruebas en materia de tutela

“Ha observado la Corte en el presente caso la total carencia de material probatorio acerca de los hechos planteados por la accionante.

“La desidia del juez resulta ostensible. Se limitó a negar la tutela por razones de índole puramente formal, sin entrar para nada a verificar el fondo de la situación sometida a su conocimiento.

“Fue necesario, entonces, verificar los hechos ya en sede de revisión —donde las pruebas son excepcionales, pues ante la Corte Constitucional no se surte una tercera instancia—, con miras a obtener los mínimos elementos de juicio para fallar.

“Insiste la Corte en que, para alcanzar los objetivos fijados en la Carta Política, la función de los jueces en lo atinente a la protección efectiva de los derechos fundamentales tiene que ser asumida con decoro y eficiencia.

“Si los jueces no se comprometen con la Constitución y, por tanto, hacen fracasar en la práctica los principios que la inspiran, tornando en inaplicables los mecanismos de protección de los derechos, están faltando gravemente a su juramento y traicionando los valores esenciales del orden jurídico cuya defensa se les ha confiado en esta materia.

“La decisión judicial al culminar el procedimiento preferente y sumario de la tutela, debe estar basada no solamente en el conocimiento de la preceptiva constitucional y en el dominio de la jurisprudencia, sino en una plena convicción del fallador acerca de los elementos fácticos en relación con los cuales habrá de resolver.

“Reitera la Corte lo que sobre el particular ha afirmado en otros casos:

“El constituyente quiso confiar de manera preferente a la rama judicial la defensa de los derechos fundamentales cuando entregó a ella la función de resolver acerca de las acciones de tutela. Los jueces están llamados, en virtud y por razón de ese trascendental compromiso, a ser los artífices de un orden jurídico que haga vigentes y actuales las garantías constitucionales. Si tales funcionarios no asumen con seriedad y realismo la delicada tarea que se les encomienda y frustran los fines primordiales del Estado, dejando inaplicada su preceptiva fundamental, atentan gravemente contra las instituciones y son responsables por ello.

“Para esta Corte resulta inadmisible que el juez niegue o conceda la tutela de antemano, sin verificar ni sopesar a conciencia lo afirmado y lo acreditado por las partes. No puede resolver el fallador sin llegar a una persuación racional y fundada sobre el trato que merece el asunto sometido a juicio, pues la decisión carece de sustento si no se la pone en relación con los hechos probados, tanto como si se la adopta de espaldas a la normativa aplicable.

“Tampoco puede aceptarse que el juez, basado en prejuicios o prevenciones, asuma una posición absoluta y general de rechazo o aceptación de las acciones de tutela propuestas, sin verificar su propia competencia, prescindiendo de la ponderación específica que cada caso requiere, o haciendo total abstracción de las circunstancias que lo rodean y de la confrontación material de la situación concreta con los mandatos generales de la Constitución y de la ley.

“Dispone el artículo 3º del Decreto 2591 de 1991, obligatorio para el juez, que el trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia.

“El artículo 18 eiusdem establece que el juez podrá tutelar el derecho “... siempre y cuando el fallo se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho”. El 19 lo faculta para requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solicitud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto. En tal evento, el juez únicamente puede resolver de plano, tomando por ciertos los hechos, si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente; aún así, el fallador puede estimar necesaria otra averiguación previa (art. 20).

“El artículo 21 señala que si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean indispensables. “Si fuere necesario —agrega el precepto— se oirá en forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria”.

“Bien es cierto que, al tenor del artículo 22 del mencionado decreto, “el juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”. Pero esta disposición no puede entenderse como una autorización legal para que el juez resuelva sin que los hechos alegados o relevantes para conceder o negar la protección hayan sido probados, cuando menos en forma sumaria dadas las características de este procedimiento. Su determinación no puede ser adoptada con base en el presentimiento, la imaginación o el deseo, sino que ha de obedecer a su certidumbre sobre si en efecto ha sido violado o está amenazado un derecho fundamental, si acontece lo contrario, o si en el caso particular es improcedente la tutela. A esa conclusión únicamente puede arribar el fallador mediante la evaluación de los hechos por él establecidos con arreglo a la ley y sin desconocer el derecho de defensa de las partes.

“Lo que el artículo en mención permite es que, si ya esa convicción se ha producido, con los fundamentos previstos en las demás normas del decreto —las cuales deben interpretarse en forma sistemática—, prescinda el juez de “practicar las pruebas solicitadas” (se resalta), a fin de proferir su decisión con la oportunidad y efectividad requeridas, lo cual no quiere decir que en materia de tutela se pueda fallar sin pruebas” (Cfr. C. Const., S. Quinta de Revisión, Sent. T-264 de jul. 7/93)” (3) .

En igual sentido, en Auto 60 de 1996 expresó

“(…).

“La importante función que la Carta Política de 1991 confía a los jueces de la República, al encargarlos de la protección de los derechos constitucionales fundamentales, queda desvirtuada cuando frente a la solicitud de amparo formulada por un particular, el juez se apresura a fallar, sin detenerse a verificar si en la situación planteada concurren las circunstancias de violación o amenaza que el actor denuncia.

“Es sabido que el trámite propio de la acción de tutela es breve, sumario e informal, pero ello no autoriza al fallador para adoptar su decisión sin recaudar el material probatorio que sirva de sustento a su criterio sobre los hechos deducidos y a la valoración que de ellos se haga. Si bien es cierto el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991 indica que el juez “tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas”, ello no significa que se pueda conceder o negar la protección pedida sin que medie prueba, por lo menos sumaria, de los hechos alegados o de aquellos que sean relevantes para fundar el fallo.

“En actuaciones similares a la que ahora se examina, la Corte Constitucional ha devuelto las actuaciones a los despachos judiciales de origen para que se surta el trámite en debida forma, habida cuenta de que no solo se omite la práctica y la evaluación de las pruebas sino también la notificación a la persona o entidad demandada, a lo cual se suma que, de manera impropia, se declara improcedente la acción que, en sí misma, constituye un derecho fundamental, cuando lo correcto es “denegar lo reclamado o no acceder a la petición, previo estudio de los hechos y de la reclamación presentada, o, de ser procedente, previa la notificación a la entidad contra la que se dirige la acción y con el suficiente recaudo de informes sobre los hechos y su debida acreditación, conceder el amparo o la tutela presentada, o acceder a la solicitud bajo una modalidad interpretativa de lo reclamado, fundada en los principios de eficacia y efectividad de los derechos constitucionales y en la prevalencia del derecho sustancial...”.

“Así lo consignó la Corte en la Sentencia T-570 de 1993 y lo reiteró posteriormente en la Sentencia T-018 de 1994 y en el auto proferido por la Sala Segunda de Revisión el 23 de junio del año en curso. Cabe, entonces, en armonía con las providencias citadas, decretar la nulidad de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla, despacho judicial al que se le ordenará impartir el trámite correspondiente a la acción de tutela presentada por Jaime Enrique Cervantes Ruiz…” (4) .

Con fundamento en lo atrás reseñado y apoyados en el precedente constitucional, resulta incuestionable que se ha incurrido en una causal de invalidez de la actuación aquí surtida, toda vez que, se reitera, la prueba necesaria para tomar las determinaciones que haya lugar no obran en el expediente —de necesidad vital—, los procesos ejecutivos que se cuestionan y cuyo curso se adelanta en los juzgados 5º y 25 civil del circuito y, además porque no se vincularon a los jueces de esos despachos judiciales quienes eventualmente podrían soportar imposiciones, imperioso resulta, declarar la nulidad de lo actuado a partir del fallo del auto del 4 de noviembre próximo pasado, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, para que se enmienden las irregularidades invalidantes advertidas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—,

RESUELVE:

1. Declarar la NULIDAD de lo rituado a partir de la actuación inmediatamente posterior al auto de fecha 4 de noviembre de 2005, por el cual se admitió a trámite la acción de tutela y se dispuso su comunicación, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, conforme a las consideraciones esgrimidas en la motivación de esta providencia, para que se rehaga la actuación invalidada respetando el debido proceso de los terceros interesados en el asunto y se acopien las pruebas que fundamentan el fallo correspondiente.

2. Notifíquese por el medio más expedito esta determinación a los interesados.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria judicial.

(1) Auto de marzo 13 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.

(2) Corte Constitucional, Expediente T 221167, Sentencia T-1009 de 1999, diciembre 9 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(3) Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 1994, expediente T-46517, Sala 5ª de Revisión, M.P. Gregorio Hernández Galindo.

(4) Corte Constitucional, Auto 60 de 25 de octubre de 1996, expediente T-107.028, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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