Sentencia 1100102030002001-0090-01 de julio 25 de 2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente: E-1100102030002001-0090-01

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., veinticinco de julio de dos mil cinco.

Decídese la solicitud de exequátur presentada por Rudiger Robert Trenkle y Luz Elena Zea Medina.

Antecedentes

1. Solicitan los demandantes que se conceda el exequátur a la sentencia de 8 de diciembre de 2000, proferida por el Juzgado Local —Tribunal Tutelar— de Ebersberg, Alemania, mediante la cual se decretó la adopción plena de los menores David Tobon Zea y Juan José Paz Zea.

2. La petición se fundamenta en que los menores citados, hijos de la señora Luz Elena Zea Medina, esposa de Rudiger Robert Trenkle, según matrimonio civil celebrado en Medellín el 29 de noviembre de 1996, establecieron, junto con estos, su domicilio en Alemania.

La relación del padre adoptivo con los hijos de su esposa fue cercana y se afianzó con la convivencia, al punto que aquel resolvió prohijarlos y adoptarlos legalmente, para lo cual, con la anuencia de todos, realizó los trámites pertinentes, culminando con la sentencia objeto de homologación.

El consentimiento para la adopción de David Tobón Zea, fue dado por su madre en el mismo proceso de adopción, por haber fallecido su progenitor en Medellín el 30 de diciembre de 1984. El de Juan José Paz Zea, por el mismo padre, señor Carlos Ernesto Paz Cabal, el 1º de octubre de 1999, ante el defensor de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Quindío.

3. Admitida la demanda, citado el señor agente del Ministerio Público, quien dijo atenerse a lo que resultare probado, inclusive con el allanamiento a las pretensiones por el defensor de familia designado para el proceso, y evacuadas las etapas probatoria y de alegaciones de conclusión, esta última aprovechada por los solicitantes, se procede a decidir lo que corresponda, una vez verificada la validez formal del proceso.

Consideraciones

1. Como una excepción a la facultad soberana de administrar justicia, en cuanto que solo las decisiones de los jueces del Estado colombiano producen efectos jurídicos en su territorio, se admite, por razones prácticas de internacionalización y eficacia de la justicia, que las sentencias o providencias que revistan ese carácter y los laudos arbitrales, pronunciados en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tengan en el territorio patrio la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y ante la ausencia de estos, la que la respectiva legislación le conceda a las proferidas en Colombia (CPC, art. 693).

Se combina, por lo tanto, en esa precisa materia, la reciprocidad diplomática con el de reciprocidad legislativa, inclusive con la judicial, llamada de hecho, solo que estas operan como sucedáneo de aquella. Tiene lugar la primera cuando los tratados internacionales suscritos al respecto reconocen en forma recíproca efectos jurídicos a las sentencias proferidas en los estados suscriptores. La segunda, cuando la Nación extranjera le otorga efectos a las sentencias proferidas por los jueces colombianos, en correspondencia de lo cual, igual fuerza se le concede a las decisiones de sus jueces en el territorio patrio.

Desde luego que como lo tiene explicado la Corte, “si existe un tratado que se ocupe de regular la materia, la necesaria conclusión que se sigue de ello es que él debe aplicarse a plenitud, es decir, que todo lo atañadero al ‘exequátur’ debe ajustarse a sus cláusulas aunque el contenido de estas no se amolde con rigurosa exactitud a lo dispuesto, ‘como derecho común’, en los ordenamientos procesales nacionales de los países signatarios” (sent., sep. 22/99, CCLXI-332/339).

En todo caso, en cualquiera de esas eventualidades, para que los efectos jurídicos de los fallos extranjeros se extiendan en el territorio nacional, es necesario conceder el exequátur, mediante sentencia que se dictará una vez agotado el trámite señalado en el artículo 695 del Código de Procedimiento Civil, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 694, ibídem, y en el tratado, en la ley o en la jurisprudencia respectiva.

2. A la fecha de presentación de la demanda, 22 de junio de 2001, no existía ningún tratado vigente de reconocimiento recíproco de efectos jurídicos a las sentencias de adopción, suscrito entre Colombia y Alemania, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en las comunicaciones que obran en el expediente.

No debe perderse de vista, empero, que el 7 de noviembre de 1997, el Estado alemán suscribió el “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”. Así mismo, que en el transcurso del proceso se demostró que el mencionado tratado entró a regir en el Estado alemán el 1º de marzo de 2002, dado que el 22 de noviembre de 2001, se hizo el depósito del instrumento de ratificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46, ibídem.

El convenio en mención extiende sus efectos al caso concreto, porque el Estado colombiano también lo suscribió y aprobó mediante Ley 265 de 1996, declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-383 del mismo año, y en vigor desde el 1º de noviembre de 1998, luego de efectuado el depósito del instrumento de ratificación el 13 de julio de 1998.

Además, según la ley que Alemania aprobó para ejecutar e implementar el convenio, cuya copia, en lo pertinente, legalizada se allegó al expediente, el reconocimiento y efectos de las sentencias de adopción en los Estados miembros igualmente es aplicable a las proferidas antes de su ratificación, sin que, en todo caso, sea necesario, como lo informó el Fiscal General Federal ante la Corte Federal de Justicia, oficina central para adopciones extranjeras, exigir la certificación de que trata el artículo 23 de la convención, sobre que la adopción fue decretada siguiendo lo previsto en esa normatividad, porque fuera de que la sentencia se profirió con anterioridad a su vigencia, para esa época ninguna oficina en la República Federal de Alemania puede expedir esa certificación.

3. En orden a determinar los requisitos exigidos en la ley para la viabilidad del exequátur, conviene precisar que conforme al artículo 24 de la citada convención, solo podrá negarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante cuando dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

El artículo 26, ibídem, prevé que el reconocimiento de la adopción comporta, respecto del adoptado, la ruptura del vínculo familiar antecedente, y en cuanto a las relaciones entre padres adoptivos e hijo, el vínculo de afiliación y la responsabilidad de los padres adoptivos.

En el proceso obra copia autenticada y legalizada de la sentencia judicial que decretó la adopción, con la constancia de que no era apelable. De su texto se establece que la adopción es plena, teniéndose a los menores David Tobón Zea y Juan José Paz Zea, como “hijos legítimos” de Rudiger Robert Trenkle, esposo de la madre de aquellos, señora Luz Elena Zea Medina, por haberse cumplido los requisitos legales, incluido el consentimiento de las personas autorizadas para efectuarlo, al punto que no “existe ningún tipo de lazos con los padres biológicos”.

4. De lo expuesto se sigue que como la sentencia de adopción de que se trata no compromete el orden público colombiano, pues lo decidido se ajusta a lo que sobre el particular establece el Código del Menor, y al compromiso que adquirió Colombia como Estado firmante del “Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional”, es procedente acceder a las pretensiones.

Así lo concluyó la Corte en un caso similar, al decir que la “sentencia extranjera no compromete el orden público colombiano, toda vez que de su texto fluye que la decisión gira en torno a la adopción de la menor de edad interesada en este trámite, pronunciamiento que se ajusta sin ambages a lo que sobre el particular dispone la ley nacional y al compromiso que adquirió Colombia como Estado firmante de la Convención de La Haya previamente referida” (1) .

Decisión

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el exequátur a la sentencia de adopción plena de 8 de diciembre de 2000, proferida por el Juzgado Local —Tribunal Tutelar— de Ebersberg, Alemania, respecto de los menores David Tobón Zea y Juan José Paz Zea.

Consecuentemente, para los efectos de los artículos 6º, 10, 11, 22 y 60 del Decreto 1260 de 1970, en concordancia con los artículos 1º y 2º del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripción de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en los folios del registro civil de nacimiento correspondiente a los menores citados. Líbrese las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en la actuación.

Cópiese y notifíquese

Magistrados: Edgardo Villamil Portilla (en permiso)—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Pedro Octavio Munar Cadena—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete.

(1) Sentencia 80 de 23 de agosto de 2004, expediente 00245.

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