Sentencia 11001-02-03-000-2004-00074-01 de julio 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: 11001-02-03-000-2004-00074-01

Magistrado Ponente:

Dr. César Julio Valencia Copete

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil cinco.

EXTRACTOS:« II. Consideraciones de la Corte

1. Aun cuando una de las características de la soberanía que regularmente se predica de todo Estado estriba en que son sus propios jueces quienes imparten justicia en el respectivo territorio, lo cierto es que tal postulado ha adquirido nueva dimensión como consecuencia de la creciente interrelación de los distintos países, del flujo que se genera enel tráfico de bienes y servicios habidos entre ellos o sus nacionales y la agilidad que se percibe en todo tipo de comunicaciones, al punto que algunos de ellos permiten que decisiones de jueces de otros Estados surtan efectos en su territorio y frente a sus nacionales o a quienes se encuentren domiciliados en el mismo, con la sola condición de que se observen determinados principios sustanciales y procesales.

Ello ocurre en Colombia, donde ciertamente se reconocen los efectos a las decisiones adoptadas en otros países, siempre y cuando en el Estado en que se produjeron se conceda igual fuerza a las decisiones judiciales proferidas por los jueces nacionales, bien sea en virtud de tratados internacionales, sistema conocido como el de la reciprocidad diplomática, o, en su defecto, mediante la constatación de que la ley del país de donde aquellas emanan otorga a las sentencias colombianas igual alcance y, en este evento, como desarrollo del principio de la reciprocidad legislativa. Lo expuesto es lo que se infiere del artículo 693 del Código de Procedimiento Civil al prescribir que las “sentencias y otras providencias que revistan tal carácter pronunciadas en un país extranjero en procesos contenciosos o de jurisdicción voluntaria, tendrán en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese país, y en su defecto la que allí se reconozca a las proferidas en Colombia”.

Como se observa, el precepto normativo indicado combina los dos sistemas de reciprocidad, pues, por un lado, “se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el país” y, por el otro, a falta de aquellos, “se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia” (G.J. t. LXXX, pág. 464, CLI, pág. 69, CLVIII, pág. 78 y CLXXVI, pág. 309 entre otras)”.

2. Con arreglo a lo expuesto, ha de mirarse entonces si en el presente caso se encuentran reunidos el aludido presupuesto de la reciprocidad, diplomática o legislativa, y aquellos a que apunta el artículo 694 ibídem, de tal manera que conduzcan al reconocimiento deprecado.

3. Alrededor del primero de los referidos aspectos ha de verse cómo a folio 40 obra el oficio OAJ/CAT. Número 51025 de 1º de septiembre de 2004, expedido y remitido por el coordinador del área de “tratados de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Relaciones, donde se certifica que en los archivos de esa dependencia se encontró el convenio sobre ejecución de sentencias civiles; firmado el 30 mayo de 1908 entre los gobiernos de España y Colombia, aprobado mediante la Ley 61 de 1908, publicado en el Diario Oficial Nº 13366 de 19 de agosto de 1908, del que no se tienen antecedentes de denuncia por ninguna de las partes, por lo que se entiende que se encuentra vigente.

A través de dicho convenio, cuyas copias allegadas corren a folios 38 y 39, los Estados de Colombia y España determinaron, según los términos de su artículo 1º, que las sentencias civiles pronunciadas por los tribunales comunes de una de las altas partes allí contratantes serían ejecutadas en la otra, siempre que fueran definitivas, estuvieran ejecutoriadas como en derecho se necesita para acatarlas en el país en que se hayan dictado y que no se opusieran a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecución. En relación con el mismo, como allí se constata, se efectuó el correspondiente canje de ratificaciones el 16 de abril de 1909.

Quiere decir lo expuesto que entre uno y otro Estado existe la mentada reciprocidad diplomática, pues a través del señalado “convenio sobre ejecución de sentencias civiles”, aprobado en Colombia por medio de aquella ley y ratificado mediante las notas de canje verificadas, que por cierto no ha sido denunciado por ninguna de las partes contratantes, se generaron normas de derecho internacional público para que los fallos de naturaleza civil proferidos por los jueces ordinarios de uno de tales Estados puedan ser ejecutados en el otro, a condición que sean definitivos, estén ejecutoriados como se exige para hacerlos efectivos en el país de origen y no se opongan a las leyes vigentes en aquel donde se solicite su ejecución, como así, ciertamente, lo sostuvo esta corporación en pretérita oportunidad (G.J., t. CCXXXIV, pag.8 a 12).

4. En lo tocante con aquellas otras exigencias, ha de observarse que a folios 11 a 16 figura copia del fallo proferido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alcobendas, España, en el que se decretó la disolución, “por causa de divorcio”, del matrimonio que por los ritos religiosos las partes celebraron el 22 de enero de 1966; esa pieza probatoria contiene la declaración en el sentido de que se trata de una “sentencia firme” y la constancia de haber cumplido los recaudos diplomáticos y administrativos de legalización y legitimación de firmas exigidas para que tenga valor, en cuanto cumple cabalmente la exigencia prevista en el artículo 3º de la ley 455 de 1998, que prescribe cómo el único trámite que podrá pedirse para constatar la autenticidad de la firma, a qué título ha actuado la persona que suscribe el documento es la adición del certificado de “apostillaje” descrito en el artículo 4º de ese mismo ordenamiento jurídico, expedido por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento.

En relación con lo anterior, a folio 7 del expediente obra una copia autenticada del registro civil del susodicho matrimonio, expedida por la notaría octava de Bogotá, donde tal acto fue registrado.

5. Al analizar el contenido de cada una de las piezas probatorias señaladas, encuentra la corporación cómo a través de ellas se cumplen cabalmente los presupuestos previstos en los aludidos artículos 693 y 694 ibídem y en el mismo “convenio sobre ejecución de sentencias civiles”, como pasa a verse.

En primer término, es claro que el fallo en relación con el cual se depreca el exequátur no versa sobre derechos reales constituidos en bienes que se encontraren en territorio colombiano, toda vez que, como quedó visto, simplemente decretó la disolución, “por causa de divorcio”, del citado vínculo matrimonial; esa sentencia no se opone a la legislación u otras disposiciones colombianas de orden público, por cuanto conforme al artículo 154 del Código Civil, modificado por el 6º de la Ley 25 de 1992, la disolución del contrato matrimonial puede tener ocurrencia como consecuencia de la declaración de divorcio o cesación de los efectos civiles del mismo, aspecto para el cual el legislador patrio previó que a ello se pueda llegar incluso, de consenso, cual sucedió en el trámite donde ella se produjo; además, dicha decisión no podía ser exclusiva de los jueces colombianos si se tiene en cuenta que aquellos, a la sazón, se encontraban domiciliados en España y no figura dentro de este asunto evidencia indicativa de que en Colombia exista proceso en curso o fallo ejecutoriado con el mismo propósito. Adicionalmente, la copia allegada, bajo las formas previstas en los artículos 3º y 4º de la ley 455 de 1998, expresa que dicha providencia se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley de aquel país y consiste en una determinación definitiva, debidamente ejecutoriada como se exige para cumplirla en el lugar de origen.

Por otra parte, es indudable que del memorado acuerdo “sobre ejecución de sentencias civiles” se deduce una vinculación internacional que, ante el ordenamiento positivo colombiano y de acuerdo con lo expuesto precedentemente, determina la procedencia del exequátur para el fallo extranjero a que se refiere la solicitud, ya que se trata de sentencia civil pronunciada por un tribunal ordinario del Reino de España investido de competencia parta dictarla de acuerdo con su propia legislación que, en este asunto, es también por entero compatible con el sistema positivo colombiano, como atrás quedó expuesto.

6. En consecuencia, por cuanto el pase deprecado en este asunto lo es en relación con el matrimonio celebrado en Bogotá por los demandantes; se probó que de común acuerdo ellos adelantaron el trámite donde obtuvieron, de la aludida autoridad de Alcobendas, España, la sentencia que declaró el correspondiente divorcio; se trata dicha decisión de un acto de autoridad legítima desde el punto de vista internacional que, bajo las directrices generales fijadas por el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su contenido y efectos guarda consonancia con el régimen de divorcio matrimonial que regula la Ley 25 de 1992; y este proceso de adelantó(sic) con audiencia del Ministerio Público, representado por el procurador delegado en lo civil, se impone acceder a las súplicas propuestas, como en efecto se hará.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONCEDER el exequátur a la sentencia que el 19 de septiembre de 2003 profirió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Alcobendas, España, por medio de la cual declaró la disolución, “por causa de divorcio”, del matrimonio contraído en Bogotá, Colombia, el 22 de enero de 1966, entre Clemencia Nelly Fonseca de Torres y Germán Torres Benavides.

2. ORDENAR la inscripción de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, tanto en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio como en el de nacimiento de los cónyuges, para los efectos previstos en los artículos 6º, 106 y 107 del decreto 1260 de 1970 y de conformidad con el 13 del Decreto 1873 de 1971. Por la secretaría de la Sala líbrense las comunicaciones a que haya lugar.

Sin costas en la actuación.

Notifíquese y cúmplase.

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