Sentencia 2006-00714 de mayo 25 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD

No es causal el incumplimiento injustificado de los deberes de padre.

EXTRACTOS: «Sabido es que la patria potestad es el conjunto de derechos que la ley confiere a los padres para que puedan cumplir con las obligaciones que la ley y la Constitución les impone frente a sus hijos menores de edad (C.C., art. 228) y que dentro de dichos poderes se encuentran, entre otros, el de representarlos en todos los actos jurídicos y el de administrar y gozar del usufructo de los bienes que estos posean (en el mismo sentido ver sent. de oct. 25/84).

Trátase, subsecuentemente, de una institución que hunde su razón de ser en justificativas éticas acogidas por los legisladores desde los albores de la civilidad y que en cuanto tal evidencia un conjunto de poderes-deberes establecidos en favor del hijo, pero que en verdad encarnan los vínculos afectivos, económicos, disciplinarios y, en general de todo orden, que la relación filial determina. Es decir, para decirlo en otros términos: los vínculos afectivos y de toda índole, emanados de esa relación natural encuentran expresión jurídica en la patria potestad.

Sin embargo, el ejercicio de la potestad parental puede ser objeto de suspensión o privación cuando los padres incurren en las causales consagradas en los artículos 310 y 315 del Código Civil, determinación que trae como consecuencia que la titularidad de dichas facultades cese temporal o definitivamente, conservándose, claro está, los deberes que el padre o la madre tiene con los hijos, entre ellos, la obligación alimentaria.

Importa recordar que, como ya se anunciara, esa potestad no está consagrada en beneficio de los progenitores, sino en interés superior de los niños, quienes son protegidos, de manera especial, tanto por la Constitución como por los tratados y convenios internacionales.

Sobre este tópico la jurisprudencia de la Sala tiene dicho que

“...dentro de amplio espectro de derechos fundamentales del niño, reluce por su transcendencia el de tener una familia y no ser separado de ella, pues es incontestable que en su interior encuentra el menor el cuidado y el amor necesarios para su desarrollo armónico, requeridos para su sana estructuración mental y física. La Declaración universal de los derechos humanos y los instrumentos internacionales de protección al menor como la Declaración universal de los derechos del niño, no vacilan en resaltar la importancia que para éste tiene el hecho de pertenecer a una familia, y a no ser separado de ella, pues el infante necesita para su desarrollo integral del afecto, amor y cuidado que los suyos le brindan. Inclusive, tales convenios no se restringen a las relaciones entre padres e hijos, sino que abarcan un grupo más amplio, que comprende a sus hermanos, tener contacto con sus tíos y primos, recibir el afecto de sus abuelos, vínculos afectivos todos ellos que comportan que el niño se sienta en un ambiente familiar que le sea benéfico.

En la legislación colombiana, la Ley 12 de 1991 aprobó la Convención sobre los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 9º se dispuso: ‘los Estados partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de decisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño’ ...” (sent. 28 de jul./2005, exp. T. 00049-01).

Por consiguiente, el proferimiento, de una determinación de semejante naturaleza, esto es, la de privación de la patria parental, que es definitiva, el juzgador debe actuar con especial esmero, haciendo uso, si fuere del caso, de sus facultades oficiosas para que la causal invocada esté debidamente comprobada, pues no debe olvidarse que el amor, la presencia, guía e imagen paternal es necesaria para el desarrollo integral del niño.

En el presente asunto, el tribunal accionado apoyó el fallo de segundo grado en la causal 2ª del artículo 315 de Código Civil, y coligió, subsecuentemente, que el demandado había abandonado a su hija, abandono que halló demostrado con las declaraciones de los padres de la madre de la niña y la del celador del edificio en donde residió en la época en que el accionado tuvo a su cargo la menor; concluyó, entonces que el padre había tenido a la menor en “una inestabilidad notoria, tanto afectiva como económica, hasta el punto de no tenerle un hogar definido ya que se alejó del lado de su hija durante periodos en los cuales la dejó bajo la responsabilidad de sus padres y abuelos maternos”, aunado a las pruebas documentales de las cuales infirió además, que “su comportamiento como padre no ha sido el más adecuado y responsable pues, aparte de que consume bebidas alcohólicas y en ocasiones cocaína, se ha dejado atrasar en el pago de la pensión del estudio de la menor y fue precisamente la madre la encargada de pagar dichas acreencias”.

Olvidó el juzgador ad quem que ni siquiera el incumplimiento injustificado de los deberes de padre, conduce per se a la privación de la patria potestad, pues al efecto se requiere que el abandono sea absoluto y que obedezca a su propio querer. Así lo destacó esta corporación en sentencia del 22 de mayo de 1987, al decir que

“... en verdad, el incumplimiento de los deberes de padre, grave e injustificado, no conduce por sí a la privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad, pues para ello se requiere que dicho incumplimiento se derive del abandono del hijo, circunstancia ésta prevista en el artículo 315-2 del Código Civil como causa de una u otra. En el presente caso, dadas las particularidades que lo rodean, se concluyó en él aquel incumplimiento como causa de separación, pues la situación de enfrentamiento conyugal que de hecho separó a los esposos le dieron origen, más no se puede concluir, por el mismo camino, que el demandado ha abandonado —por su querer— al hijo”.

No se trata, entonces de predicar un juicio de valor, de más o menos, sobre la responsabilidad que le atañe al padre, ni de establecer cuánto aportó para la educación y bienestar material de la infante, sino de comprobar, de manera irrefragable que éste se desentendió totalmente de estos menesteres; por consiguiente, si como lo afirmaron unos testigos, en algunas oportunidades el accionante dejó a su hija bajo el cuidado de sus abuelos o que ocasionalmente la recibía del colegio el celador, le incumbía al juzgador examinar si esos hechos verdaderamente implicaban un total abandono de los deberes filiales del allí demandado; inclusive, valga la pena destacarlo, tales circunstancias miradas con otra óptica, en verdad razonable podrían estimarse de una manera muy distinta a la que coligió el sentenciador, máxime si se articularan con otras pruebas, como la certificación del colegio del 21 de septiembre de 2005 (fl. 138, cdno. copias).

Puestas así las cosas, es palpable que como el tribunal acusado desacertó en su decisión, pues le dio un alcance a la prueba y a la norma en que fundamentó dicha determinación, que no les corresponden, procede amparar el derecho fundamental al debido proceso del peticionario y para ello, se dejará sin efectos la sentencia censurada, ordenándose, consecuentemente a esa corporación que adopte las medidas que sean pertinentes en orden al resolver nuevamente la alzada con observancia de lo aquí expuesto».

(Sentencia de tutela, 25 de mayo de 2006. Expediente 11001-02-03-000 2006-00714-00. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar Cadena).

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