Sentencia 11001032400020020037101 de septiembre 8 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad. 110010324000200200371 01

Consejero Ponente:

Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

Actor: Orlando Posada Ruiz.

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. El acto acusado.

La resolución acusada fue expedida por el Ministro de Transporte con fundamento en sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 53 de 1989, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el Decreto 101 de 2000 y el Acuerdo 51 de 1993. Mediante la misma, en los seis (6) artículos que la conforman, se adoptan disposiciones transitorias sobre capacitación en técnica de conducción relativa a conductores que posean licencia de conducción que no se encuentre incorporada en el registro nacional de conductores, tendiente a la obtención de una nueva licencia de conducción y dirigidas a las escuelas de enseñanza automovilística reconocidas por el Ministerio de Transporte e incorporadas en el registro nacional de escuelas, según se aprecia en texto, a saber:

“RESOLUCIÓN NÚMERO 6365 DE 2002

(Mayo 16)

“Por la cual se adopta una disposición transitoria sobre capacitación en técnicas de conducción”.

El Ministro de Transporte, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 53 de 1989, el Código Nacional de Tránsito Terrestre, el Decreto 101 de 2000 y el Acuerdo 51 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que en los procesos de verificación de autenticidad de licencias de conducción que viene adelantando el Ministerio de Transporte con base en la información existente en el registro nacional de conductores según los reportes de los organismos de tránsito, se ha detectado la existencia de un considerable número de licencias que no hacen parte del citado registro;

Que se hace necesario adoptar medidas tendientes a solucionar esta situación, permitiendo que previo un proceso de capacitación, las personas titulares de licencias de conducción que se encuentren en esta situación, puedan continuar conduciendo con la idoneidad que se requiere, previniendo de esta manera la ocurrencia de accidentes de tránsito;

Que es función de las escuelas de enseñanza automovilística dar la capacitación en técnicas de conducción a los alumnos aspirantes a obtener o recategorizar su licencia de conducción, cumpliendo con los contenidos e intensidad horaria señalados en el Acuerdo 51 de 1993;

Que entre los requisitos para la obtención por primera vez o recategorización de la licencia de conducción, el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece la obligación de tomar un curso y presentar “Certificado de capacitación expedido por una escuela de enseñanza automovilística legalmente autorizada”;

Que por lo anteriormente expuesto este despacho,

RESUELVE:

ART. 1º—Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2002 a las escuelas de enseñanza automovilística debidamente reconocidas por el Ministerio de Transporte e incorporadas en el registro nacional de escuelas, para que adelanten programas de capacitación y certificación a los conductores que posean licencia de conducción, pero que esta no se encuentra incorporada en el registro nacional de conductores.

PAR.—Esta autorización excluye las licencias de conducción de sexta categoría.

ART. 2º—Las escuelas de enseñanza automovilística interesadas en impartir la capacitación deberán presentar ante la dirección territorial del Ministerio de Transporte, correspondiente a su domicilio, solicitud escrita manifestando su deseo de vincularse a este programa, informando el número de alumnos que se encuentra en condiciones de capacitar mensualmente, de acuerdo con sus instalaciones, infraestructura operativa y disponibilidad de instructores.

La capacitación deberá iniciarse con una evaluación de técnicas de conducción, cuyo resultado aprobatorio será prerrequisito para acceder al curso teórico sobre normas de tránsito, mecánica básica y seguridad vial, con una intensidad total de veinte (20) horas.

Culminado el curso, la escuela remitirá a la dirección territorial el listado con los nombres de los alumnos aprobados, acompañado de las licencias de conducción que no figuran en registro nacional de conductores y de una copia de los certificados entregados.

PAR.—En ningún caso se admitirán fotocopias, denuncios por pérdida u otros documentos que pretendan remplazar el original de la licencia de conducción.

ART. 3º—EI certificado de capacitación expedido por las escuelas de enseñanza automovilística corresponderá a la misma categoría del documento entregado y deberá elaborarse en el formato establecido en la ficha técnica anexa a la presente disposición y que forma parte integral de la misma.

ART. 4º—Solamente se podrá tramitar la obtención de la nueva licencia de conducción ante los organismos de tránsito de la misma jurisdicción de la escuela de enseñanza automovilística que expidió el certificado de capacitación.

ART. 5º—Las personas que no aprueben el curso de capacitación, deberán someterse al procedimiento ordinario para obtención de licencia de conducción por primera vez, contemplado en el Acuerdo 51 de 1993.

ART. 6º—El incumplimiento u omisión por parte de las escuelas de enseñanza automovilística a alguna de las disposiciones señaladas en esta resolución, conllevará la apertura de investigación y aplicación de las sanciones señaladas en el artículo 53 del Acuerdo 51 de 1993.

ART. 7º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación”.

2. Examen de los cargos.

Se le atribuye la violación de los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 del Decreto-Ley 1809 de 1990; 19 del Acuerdo 51 de 1993; 286 a 296 del Código Penal; 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil; los decretos 2150 de 1995 y 491 de 1996 y la Ley 599 de 2000, por razones que se indican en los cargos que a continuación se despachan:

1. Primer cargo:

1.1. En él se predica la violación de los artículos 29 y 83 de la Constitución Política, la cual se hacen consistir en que la resolución establece que si la licencia de conducción expedida por autoridad competente no figura en el registro nacional de conductores se tacha su autenticidad, obligando a su tenedor a realizar nuevos cursos y trámites para una nueva licencia, sin ser oído ni vencido en juicio, no obstante que el Decreto 2150 de 1995 señala que dicha licencia tiene vigencia indefinida.

1.2. Sobre el particular se observa que esa acusación contiene una apreciación personal del actor sobre lo que se dispone en el acto enjuiciado, la cual no corresponde al texto de este, pues ninguno de sus artículos dispone lo que se dice en el cargo. Como se enuncia en su objeto, su articulado no hace más que autorizar a las escuelas de enseñanza automovilística reconocida por el Ministerio del Transporte para adelantar programas de capacitación y certificación a los conductores que posean licencia de conducción que no se encuentre en el registro nacional de conductores, y las condiciones y requisitos para impartir esa capacitación, sin que nada se disponga sobre la validez o autenticidad de dicha licencia, ni se le imponga a sus titulares obligación alguna para tomar esa capacitación.

Por lo tanto el cargo no tiene vocación de prosperar

2. Segundo y tercer cargos.

2.1. En ellos se aduce la violación de los artículos 251 y 252 del Código de Procedimiento Civil, y 286 al 296 del Código Penal, por razones similares a las antes expuestas.

2.2. Tampoco tienen asidero tales cargos ya que en modo alguno se hace pronunciamiento sobre la presunción de autenticidad de la licencia de conducción, menos cuando ello no es la materia u objeto del acto acusado, ya que el tema principal del mismo es la regulación transitoria de la capacitación de los conductores que se encuentran en la situación mencionada, sin que se observe una disposición sobre la validez de las licencias aludidas.

Tampoco cabe inferir que la regulación prevista en ese acto administrativo deje sin efecto y determine de modo general la invalidez de las licencias de conducción no registrada, ni implican impedimento para que dichas licencias sean registradas si su falta de registro se debió a omisión de la autoridad que legalmente la expidió o del Ministerio de Transporte.

Por consiguiente, como lo manifiesta la entidad demandada, dicha normativa estaba encaminada a dar una alternativa de solución para quienes hubieran tenido una licencia de conducción no enlistada en el registro nacional de conductores y que por no haberles sido dada de manera regular y por una autoridad competente, no les fuera posible hacerla ingresar a ese registro, pues según el artículo 2º de la Resolución 696 de 16 de abril de 1991, del director del entonces Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, citada por el Ministerio Público, “El registro nacional de conductores, es el conjunto de datos computarizados necesarios para determinar las licencias de conducción expedidas a las personas conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes” (destaca la Sala).

Las licencias de conducción que se encontraran en esas circunstancias eran per se irregulares e irregistrables a la luz de la definición antes transcrita, de modo que lo seguirían siendo con o sin la normativa adoptada en el acto acusado, y este no perseguía otra cosa que darles una fórmula de solución a sus titulares, sin que afectara la situación jurídica de tales documentos ni la de sus poseedores.

En resumen, los cargos son infundados, luego no está demostrada la violación de las normas invocadas en ellos, de donde se ha de acoger el concepto del Ministerio Público y negar las pretensiones de la demanda, como en efecto se hará en la parte resolutiva de esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

NIÉGANSE las pretensiones de la demanda que el ciudadano Orlando Posada Ruiz presentó para que se declarara la nulidad de la Resolución 6365 de 16 de mayo de 2000, expedida por el Ministerio de Transporte.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 8 de septiembre de 2005.

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