Sentencia 2002-0341 de noviembre 3 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

TARIFA POR LOS SERVICIOS NOTARIALES

Es una tasa aun cuando su costo se llegue a considerar elevado.

EXTRACTOS: «Se decide en única instancia la acción de nulidad ejercida por Claudia Ángela Navarro Acevedo contra el artículo 1º literal b-4 del Decreto 1681 (16 de septiembre) (1) de 1996 “por el cual se fijan los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Gobierno Nacional – Ministerio de Justicia y del Derecho.

I. La demanda

1.1. El acto acusado.

El artículo 1º literal b-4 del Decreto 1681 de 1996 del siguiente tenor:

“DECRETO 1681 DE 1996

(Septiembre 16)

Por el cual se fijan los derechos por concepto del ejercicio de la función notarial y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los artículos 218 del Decreto - Ley 960 de 1970, 6º y 11 de la Ley 29 de 1973, y oída la propuesta de la Superintendencia de Notariado y Registro conforme lo dispone el artículo 2º, numeral 10 del Decreto 2158 de 1992,

DECRETA:

Título I

Tarifas por concepto del ejercicio de la función notarial

CAPÍTULO I

Actuaciones notariales

ART. 1º—De la autorización. La autorización de las declaraciones de voluntad que de conformidad con la ley requieran de la solemnidad de escritura pública, al igual que la de aquellas que los interesados deseen revestir de tal solemnidad, causará los siguientes derechos: (...).

b) Aquellos cuya cuantía fuere igual o inferior a cien mil pesos ($ 100.000.00), la suma de seis mil pesos ($ 6.000.00). Cuando fuere superior, las siguientes sumas adicionales sobre el exceso: (...).

b.4. El dos punto siete por mil (2.7/1.000) cuando la cuantía fuere superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000) ”.

..........................................................

7.2. El examen de los cargos.

La actora alega que, si bien los derechos notariales constituyen técnicamente tasas, la elevada cifra que establece el acto acusado para la autorización de escrituras públicas contentivas de declaraciones de voluntad cuya cuantía supera los quince millones de pesos ($ 15.000.000), en tanto no guarda correspondencia con los beneficios reportados por el ciudadano es un impuesto, para cuya fijación el Gobierno Nacional carecía de competencia, pues al tenor del artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política esta función le compete privativamente al Congreso de la República, y a los cuerpos colegiados de elección popular.

El notariado es un servicio público que envuelve el ejercicio de la fe pública. Según la Ley 29 de 1973 (2) la remuneración de los notarios resulta de las sumas que reciben de los usuarios por la prestación de sus servicios, de acuerdo con las tarifas legales (art. 2º). Con esta remuneración los notarios están obligados a costear y mantener el servicio. Les compete recibir, extender o autorizar las declaraciones que conforme a las leyes requieren escritura pública y aquellas a las cuales los interesados quieren revestir de esta solemnidad.

El Decreto 960 de 1970 (3) , estatuto notarial, establece que deben celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes inmuebles y, en general, aquellos para los cuales la ley exija esta solemnidad. La escritura pública es el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, autorizado por el notario, con los requisitos de ley y que se incorpora al protocolo. El proceso de su perfeccionamiento consta de las etapas de recepción, extensión, otorgamiento y autorización (art. 13 íd.).

El acto acusado establece la tarifa que pueden cobrar los notarios a los usuarios por la autorización de las escrituras públicas contentivas de declaraciones de voluntad. Señala un valor de seis mil ($ 6.000) para los actos cuya cuantía sea inferior o igual a cien mil pesos ($ 100.000) y una suma adicional de dos punto siete por mil (2.7/1.000) sobre el exceso, cuando la cuantía fuere superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000).

Según el artículo 14 del Decreto 690 de 1970, el notario a través de la autorización imprime fe al documento, esto es, le otorga autenticidad respecto de que las declaraciones hayan llenado los requisitos pertinentes y que hayan sido emitidas por los interesados. El texto de la norma reza:

“Decreto 960 de 1970

ART. 14.—La recepción consiste en percibir las declaraciones que hacen ante el notario los interesados; la extensión es la versión escrita de lo declarado; el otorgamiento es el asentimiento expreso de aquellos prestan al instrumento extendido; y la autorización es la fe que imprime el notario a este, en vista de que se ha llenado los requisitos pertinentes, y de que las declaraciones han sido realmente emitidas por los interesados” (negrilla fuera del texto).

A juicio de la Sala es indiscutible que la competencia para fijar las tarifas de las autorizaciones de escrituras públicas está radicada en el Gobierno Nacional. El artículo 338 de la Constitución Política preceptúa:

“ART 338.—En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos” (negrilla fuera del texto).

La autorización para fijar las tarifas de los derechos notariales por la autorización de escrituras públicas que contengan declaraciones de voluntad había sido concedida al Gobierno Nacional por el artículo 218 del Decreto 960 de 1970, cuando estableció que las tarifas que señalan los derechos notariales son revisables periódicamente:

“Decreto 960 de 1970

ART. 218.—Las tarifas que señalan los derechos notariales son revisables periódicamente por el Gobierno Nacional teniendo en consideración los costos del servicio y la conveniencia pública”.

Después, el artículo 6º de la Ley 29 de 1973 estableció que era competencia del Gobierno Nacional fijar las tarifas que debían pagar los usuarios por el otorgamiento de escrituras públicas y que los aumentos que se efectuaran en virtud de esta autorización debían guardar proporción con los de la tarifa notarial. Su texto es como sigue:

“Ley 29 de 1973

ART. 6º—El Gobierno Nacional fijará la suma que deben pagar los usuarios a la Superintendencia de Notariado y Registro por el otorgamiento de cada escritura.

Los aumentos que se efectúen en virtud de esta autorización deberán guardar la debida proporción con los de la tarifa notarial”.

Así, pues, al expedir el acto acusado el Presidente de la República no invadió la órbita del legislador y, por el contrario, ejerció válidamente su potestad reglamentaria que lo habilita para expedir los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes (C.P., art. 189, num. 11), en este caso la Ley 29 de 1973 y el Decreto Ley 960 de 1970.

La actora discute que la operación matemática que suma a la cifra base de seis mil pesos ($ 6.000) un dos punto siete por cada mil (2.7 x 1000) cuando el acto tenga una cuantía superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000) arroja una cifra muy elevada que torna desproporcionado el precio de la autorización de la escritura pública comparado con el beneficio recibido por el usuario, y lo convierte en un impuesto, aunque las tarifas por los derechos notariales tradicionalmente se han reconocido como tasas.

Esta corporación ha dicho (4) respecto de los conceptos de tasa e impuesto lo siguiente:

“Son impuestos, aquellos tributos que cumplen las siguientes características: 1. Son generales, lo cual significa que se cobran indiscriminadamente a quienes se encuentren dentro del hecho generador y no a un grupo social, profesional o económico determinado. 2. Son obligatorios. 3. No conllevan contra prestación directa e inmediata. 4. El Estado dispone de estos recursos de acuerdo con lo previsto en los planes y presupuestos, por lo tanto van a las arcas generales, para atender los servicios y necesidades públicas. 5. La capacidad económica del contribuyente es un principio de justicia y equidad que debe ir implícito en la ley que lo crea, sin que pierda el carácter general. Se consideran tasas aquellos gravámenes que cumplan las siguientes características: El Estado cobra un valor por un bien o servicio ofrecido. Este guarda relación directa con los servicios derivados. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. El precio cubre los costos en que incurre la entidad para prestar el servicio, incluyendo los gastos de funcionamiento y las previsiones para amortización y crecimiento de la inversión. Pueden involucrarse criterios distributivos (ejemplo: tarifas diferenciales)”.

En consecuencia, la Sala concluye que la tarifa por la autorización de una escritura pública es una tasa que se cobra al usuario como contraprestación por el servicio notarial que imprime fe pública y garantía de autenticidad a las declaraciones de voluntad; está llamada a cubrir los gastos de funcionamiento del servicio; y sus tarifas contemplan una variación porcentual justificada, teniendo en cuenta criterios distributivos que la propia figura permite. Las variaciones de un punto para constituir el valor adicional a la suma de seis mil pesos ($ 6.000) a partir de los actos cuyo valor sea igual o inferior a cien mil pesos ($ 100.000) se leen así:

“b.1. El tres punto cero por mil (3.0/1.000) cuando la cuantía fuere inferior o igual a cinco millones de pesos ($ 5.000.000.00).

b.2. El dos punto nueve por mil (2.9/1.000) cuando la cuantía fuere inferior o igual a diez millones de pesos ($ 10.000.000.00).

b.3. El dos punto ocho por mil (2.8/1.000) cuando la cuantía fuere inferior o igual a quince millones de pesos ($ 15.000.000.00).

b.4. El dos punto siete por mil (2.7/1.000) cuando la cuantía fuere superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000.00); (...)”.

Así, pues, el acto acusado no fija un impuesto sino una tasa en función de las cuantías de las declaraciones de voluntad vertidas en escritura pública y que disminuye porcentualmente para el excedente sobre ciertos valores de referencia.

La naturaleza jurídica de un cargo o tarifa no resulta de su variabilidad; aunque lo cobrado al usuario por la autorización de una escritura pública referente a declaraciones de voluntad con una cuantía superior a quince millones de pesos ($ 15.000.000) resultara elevado, ello, por sí solo, no lo transformaría en un tributo, puesto que no dejaría de ser la contraprestación por un servicio.

Deben pues, negarse las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. En firme esta providencia, archívese el expediente previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de 3 de noviembre de 2005. Expediente 11001-03-24-000-2002-0341-01. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

(1) Publicado en el Diario Oficial Nº 42.881 del 19 de septiembre de 1996.

(2) Publicada en el Diario Oficial Nº 34.007 del 25 de enero de 1974.

(3) Publicado en el Diario Oficial Nº 33.118 del 5 de agosto de 1970.

(4) Sentencia de 24 de octubre de 2002, M.P. Ligia López Díaz. Actora: Empresas Públicas de Medellín ESP, exp. 05001-23-26-000-1999-0797-01 (13408).

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