Sentencia 110010324000200300280 01 de mayo 19 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 110010324000200300280 01

Consejera Ponente:

Dra. María Claudia Rojas Lasso.

Bogotá, D.C., mayo diecinueve de dos mil cinco.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Sala

Se pretende la nulidad de la Resolución 128 de 2000, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente en cuanto desconoce el artículo 55 transitorio de la Constitución Política y la Ley 70 de 1993 en lo relativo a la designación del representante de las comunidades negras en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

Señala la entidad demandada en el escrito de contestación que con posterioridad a la expedición del acto demandado se produjo el Decreto 1523 de 2003 que sustituía la resolución demandada, la cual, por lo mismo, no puede ser objeto de pronunciamiento judicial. Sobre el particular, la Sala reitera lo afirmado por esta corporación en relación con la sustracción de materia, en el sentido de que es necesario un pronunciamiento aún sobre una norma no vigente en razón a los efectos que el acto pudo producir durante su vigencia.

La Resolución 128 que se demanda dispone:

Resolución 128

Por medio de la cual se reglamenta el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y se adoptan otras disposiciones.

La viceministra de coordinación del SINA encargadas de las funciones del despacho del Ministro del Medio Ambiente

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las que le confiere el parágrafo 1º del artículo 26 de la Ley 99 de 1993,

RESUELVE:

ART. 1º—Convocatoria. Para la elección de los representantes y los suplentes de las comunidades indígenas o etnias ante el consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales, el director de la corporación invitará a aquellas mediante convocatoria pública en la cual se indicarán los requisitos para participar en la elección así como el lugar, día y hora límites para la recepción de los documentos requeridos. Igualmente deberá indicarse el lugar, fecha y hora para la celebración de la reunión en la cual se hará la elección.

La convocatoria se publicará en dos oportunidades en un diario de amplia circulación nacional o regional. La primera con treinta (30) días y la segunda con veinte días de anterioridad a la fecha establecida para la celebración de la reunión de elección y en lo posible se difundirá por medio radial, televisivo o cualquier otro medio de comunicación.

PAR.—Para efectos del presente artículo, la corporación autónoma regional, podrá apoyarse en las organizaciones de las comunidades indígenas o etnias existentes en la respectiva región.

ART. 2º—Requisitos. Las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación, que aspiren a participar en la elección de sus representantes al consejo directivo, allegarán a la corporación autónoma regional respectiva con anterioridad mínima de quince días a la fecha establecida para la reunión de elección, los siguientes documentos:

a) Certificado expedido por la dirección general de asuntos étnicos del Ministerio del Interior o de la entidad que haga sus veces, en el cual conste: denominación, ubicación representación legal y los demás aspectos que sean necesarios para identificar - la comunidad o etnia respectiva.

b) Copia del acta de la reunión en la cual conste la designación del miembro de la comunidad o etnia postulado como candidato.

El candidato podrá ser el representante legal otro miembro de la comunidad o etnia.

ART. 3º—Revisión de la documentación. La corporación revisará los documentos presentados por las comunidades indígenas o etnias con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo anterior. Realizada la revisión la corporación elaborará el respectivo informe, el cual será presentado el día de la reunión de la elección.

ART. 4º—Plazo para celebrar la reunión de elección. La elección de los representantes y los respectivos suplentes de las comunidades indígenas o etnias ante el consejo directivo de las corporaciones, se efectuará dentro de los quince primero días del mes de septiembre del año anterior a la iniciación del período respectivo.

PAR.—Los suplentes se elegirán en la misma reunión del principal.

ART. 5º—Forma de elección. Las comunidades indígenas o etnias, en la reunión pertinente adoptarán de acuerdo a sus propias normas y procedimientos, la forma de elección del representante y su suplente.

Cuando a la reunión no asistiere ninguna comunidad indígena o etnia o por cualquier causa imputable a las mismas, no se eligieren sus representantes y suplentes, el director de la corporación dejará constancia del hecho en el acta.

ART. 6º—Trámite de la reunión. El trámite de la reunión será el siguiente.

a) El director de la corporación instalará la reunión dentro de la hora fijada en la convocatoria pública y procederá a dar lectura al informe que resulte de la revisión de la documentación de que trata el artículo 3º de la presente resolución.

Tendrán voz y voto en la reunión, las comunidades indígenas o etnias que hayan cumplido los requisitos consignados en esta resolución. El director y/o sus asesores podrán intervenir en la reunión, para aclarar los aspectos confusos que se presenten.

b) Los candidatos podrán intervenir en la reunión con el fin de exponer los aspectos que consideren pertinentes.

c) En la reunión se elegirán los representantes y sus respectivos suplentes.

d) De la reunión se levantará un acta que será suscrita por el director de la corporación.

PAR.—La corporación prestará el apoyo logístico necesario para llevar a buen término la reunión.

ART. 8º—Faltas temporales.

(...)

ART. 9º—Faltas absolutas.

(...)

ART. 10.—Forma de llenar las faltas temporales y absolutas.

(...)

ART. 11.—Vigencia y derogatoria.

(…)”.

El literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 que se reglamenta mediante la resolución acusada, dispone:

“Ley 99 de 1993.

ART. 26.—Del consejo directivo. Es el órgano de administración de la corporación y estará conformado por:

(...)

f) Un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación, elegido por ellas mismas.

(...)

PAR. 1º—Los representantes de los literales f) y g) se elegirán de acuerdo a la reglamentación que sobre el particular expida el Ministerio del Medio Ambiente.

PAR. 2º—En la conformación de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, se tendrán en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993” (resaltado fuera de texto).

Señala el demandante que la norma acusada desconoce esta disposición así como el artículo transitorio 55 de la Constitución y la Ley 70 de 1993 que se refiere a etnias “tradicionalmente asentadas” y además viola el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política puesta que la facultad reglamentaria es exclusiva del Presidente de la República y no podía ser ejercida por el Ministerio del Medio Ambiente en forma autónoma.

En cuanto a la competencia del Ministerio del Medio Ambiente para expedir esta reglamentación, cabe señalar que el parágrafo 2º del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 lo faculta para expedir la reglamentación respecto de la elección de los representantes de que tratan los literales f) y g) del citado artículo, por lo que no prospera el cargo de falta de competencia.

En cuanto al desconocimiento del literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993 y de la Ley 70 de 1993, que a su vez desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política, la Sala señala:

En virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 55 transitorio, el Congreso expidió la Ley 70 de 1993 “Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política”, en cuyo artículo primero se dijo:

“ART. 1º—La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en la zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.

De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1º del artículo transitorio 55 de la Constitución Política, esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.

ART. 2º—Para los efectos de la presente ley se entiende por:

1. Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: desde la cima del volcán de Chiles en límites con la república del Ecuador, se sigue por la divisoria de aguas de la Cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la Hoz de Minamá; se atraviesa esta, un poco más abajo de la desembocadura del río Guáitara y se continúa por la divisoria de aguas de las Cordillera Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de Cali, Los cerros Tatamá, Caramanta y Concordia; de este cerro se continua por la divisoria de aguas hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el noroeste hasta el alto de Carrizal, para continuar por la divisoria de las aguas que van al río Sucio y al Caño Tumarandó con las que van al río León hasta un pinito de bahía Colombia por la margen izquierda de la desembocadura del río Surinque en el golfo. Se continua por la línea que define la Costa del golfo de Urabá hasta el hito internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se sigue por la línea del límite internacional entre la República de Panamá y Colombia, hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia), y Cocalito (Panamá), sobre la costa del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la desembocadura del río Mataje, continuando por el límite internacional con la República de Ecuador, hasta la cuna del volcán de Chiles, punto de partida.

2. Ríos de la Cuenca del Pacífico. Son los ríos de la región Pacífica, que comprende: a) la vertiente del pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y quebradas que drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; cuenca de los ríos Mira, Rosario, Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapí, Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay, Naya, Yurumangí, Tumba Grande, Tumbita, Cajambre, Mayorquin, Reposo, Anchicayá, Dagua, Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudó, Piliza, Catripre, Virudo, Coqui, Nuquí, Tribuga, Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche, Putumia, Juradó y demás cauces menores que drenan directamente al Océano Pacífico; b) las cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que pertenecen a la vertiente del Caribe.

3. Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos señalados en el numeral anterior que están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los concejos municipales de los municipios del área en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el Código del Régimen Municipal (D. 1333/86), y en las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen, y en las cuales se encuentre asentada la respectiva comunidad.

4. Tierras baldías. Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que pertenecen al Estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido adjudicados con ese carácter, deban volver al dominio del Estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la Ley 110 de 1913, y las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen.

5. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de los grupos étnicos.

6. Ocupación colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad sus prácticas tradicionales de producción.

7. Prácticas tradicionales de producción. Son las actividades técnicas agrícolas, mineras, de extradición forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la vida y el desarrollo autosostenible.

El artículo 56 de la Ley 70 de 1993, consagra:

“Las corporaciones autónomas regionales que tengan jurisdicción sobre las áreas donde se adjudiquen las propiedades colectivas a las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, tendrán un representante de esas comunidades en sus consejos directivos en los términos que defina el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

La Constitución Política consagra en el artículo transitorio 55:

“ART. TRANS. 55.—Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas.

La propiedad así reconocida solo será enajenable en los términos que señale la ley.

La misma ley establecerá mecanismos para la protección de la identidad cultural y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo económico y social.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el presente artículo podrá aplicarse a otras zonas del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y previo estudio y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista.

PAR. 2º—Si al vencimiento del término señalado en este artículo el Congreso no hubiere expedido la ley a la que él se refiere, el gobierno procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con fuerza de ley”.

La Corte Constitucional, en Sentencia C-169 de 2001, precisó:

“Debe anotarse, eso sí, que el reconocimiento de derechos especiales a las comunidades negras no se hace en función de su “raza”, puesto que ello implicaría presuponer que, en un país con un grado tan alto de mestizaje como lo es Colombia, existen aún “razas puras”, lo cual es a todas luces inaceptable, y llevaría a efectuar futuras distinciones (odiosas) entre quiénes se deben considerar de “raza negra” y quiénes no, para efectos de acceder a los beneficios que otorga esta ley; con ello, se retrotraería al Estado colombiano a la época de las grandes clasificaciones coloniales basadas en los distintos grados de mezcla de sangres, que sustentaban un verdadero sistema de castas excluyentes, algo frontalmente incompatible con una democracia constitucional. Lo que es más, no solo es un hecho reconocido que la categoría “raza” ha sido fundamentalmente revaluada por las ciencias sociales, sino que una clasificación semejante de los ciudadanos colombianos no podría ser objeto de una circunscripción electoral como la que se examina, ya que el artículo 176 de la Carta solo hace referencia a grupos étnicos, y no a grupos “raciales”. Por ese motivo, debe quedar claro que los derechos colectivos de las comunidades negras en Colombia son una función de su status en tanto...

Por último, es conveniente puntualizar que, para los efectos del proyecto bajo revisión, el término “comunidades negras”, como lo indica el artículo 1º de la Ley 70 de 1993 en consonancia con el artículo transitorio 55 de la Constitución, se refiere tanto a aquellas que habitan, en la Cuenca del Pacífico colombiano, como a las que estén ubicadas en otros puntos del territorio nacional y cumplan con los dos elementos reseñados. Así mismo, a falta de una mención expresa, se deben entender incluidas dentro de las dichas “comunidades negras”, para lodo lo relacionado con la circunscripción especial que se estudia, a las agrupaciones raizales del Archipiélago de San Andrés y Providencia, las cuales no solo comparten con las primeras un origen histórico común en las raíces africanas que fueron transplantadas a américa, sino que han sido reconocidas por esta corporación, en consonancia con el artículo 310 de la Carta, como un grupo étnico titular de derechos especiales (cfr. sents. C-530/93, T-174/98 y C-1022/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero); por lo mismo, no pueden ser razonablemente excluidas de la participación en la Cámara de Representantes por esta circunscripción “(cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-169 de 2001, M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz).

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se encuentra que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 que se reglamenta mediante el acto acusado, se refiere a “un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la corporación...”. Debe entenderse que la norma se refiere a un representante de las comunidades indígenas y a uno de las comunidades negras. Igualmente este artículo precisa que en la conformación de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales en cuanto al representante de las comunidades negras, deben tenerse en cuenta las disposiciones de la Ley 70 de 1993, que, como ya se vio, desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución Política.

Debe entenderse que el representante de las comunidades negras al que hace referencia el literal f) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debe provenir de aquellos reconocidos en la Ley 70 de 1993.

En efecto, como se ha mostrado, tanto el artículo 55 transitorio de la Constitución Política como la Ley 70 de 1993 circunscriben el concepto de “comunidad negra” a los que allí se indican en forma precisa y dentro de los cuales debe elegirse el representante de las comunidades negras en los consejos directivos de las corporaciones autónomas.

Tal como lo indicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, las comunidades negras que pueden formar parte de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales son aquellas a que hace referencia el artículo 55 transitorio de la Constitución y la Ley 70 de 1993.

Dijo el Consejo de Estado:

“Finalmente, las organizaciones de comunidades negras que no son sujeto de propiedad colectiva porque no están ubicadas en tierras susceptibles de adjudicación, así como las modalidades de organización urbana (las culturales o las de género), no son las titulares del derecho a participar en la elección de los representantes de las citadas comunidades en los consejos directivos de las corporaciones, establecido en las leyes 70 de 1993 y 99 de 1993, de conformidad con el artículo transitorio 55 de la Constitución. Esto no vulnera el derecho fundamental a la igualdad, porque este, según reiterada jurisprudencia constitucional, se predica entre iguales y no entre desiguales. Las comunidades negras de que trata el artículo transitorio 55 de la Constitución, y la Ley 70 de 1993, son aquellas que han venido ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas demarcadas en la ley. Por consiguiente, las demás comunidades negras que no reúnan los mencionados requisitos son diferentes de aquellas” (cfr. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo de Estado. Concepto 1288. M.P. César Hoyos).

De conformidad con lo expuesto, es pertinente denegar las pretensiones de la demanda ya que, de conformidad con el artículo 26 de la Ley 99 de 1993, debe estarse a los términos de la Ley 70 de 1993 y debe entenderse que cuando la Resolución 128 de 2000 que se demanda, se refiere al representante de las comunidades negras, este se escogerá únicamente entre aquellos que están dentro de los presupuestos consagrados en la Ley 70 de 1993.

En mérito de lo expuesto, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en su sesión de diecinueve de mayo del año dos mil cinco».

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