Sentencia 12802 de septiembre 18 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 110010327000-2001-0363-01

Interno 12802

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Corporación Club Campestre Farallones c/comité de entidades sin ánimo de lucro. Ministerio de Hacienda.

Impuesto sobre la renta 1996.

Fallo

Bogotá, D.C., dieciocho de septiembre de dos mil dos.

Consideraciones de la Sala

En primer lugar, la Sala se pronunciará acerca del silencio administrativo positivo, cuya ocurrencia en su favor reclama la parte actora, con base en lo previsto en el artículo 734 del estatuto tributario y dado que el comité resolvió extemporáneamente el recurso de reposición interpuesto el 9 de septiembre de 1997, pues solamente lo hizo el 14 de abril del 2000, mediante la Resolución 106, con posterioridad al plazo de un año previsto en el artículo 732 del estatuto tributario.

Al respecto, una vez más, precisa la sección que las disposiciones consagradas en el estatuto tributario en los artículos 732 y 734 en materia de silencio administrativo con efectos positivos, son de carácter especial y de observancia dentro del procedimiento consagrado en el libro V del estatuto, para la determinación oficial de los impuestos e imposición de sanciones de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y particularmente dentro del procedimiento previsto en el título V artículos 720 y ss., “discusión de los actos de la administración”, que regula lo atinente a los recursos procedentes contra los “actos de la administración tributaria”, los presupuestos procesales para su interposición, el término para decidirlos, la suspensión del mismo por la práctica de “inspección tributaria” y finalmente, el silencio administrativo.

El artículo 732 establece, que la “administración de impuestos” tendrá un (1) año para resolver los recursos de reconsideración o reposición, contado a partir de su interposición en debida forma” (resalta la Sala).

Y el artículo 734 prevé que si transcurrido el término fijado de un año, sin perjuicio de la suspensión consagrada en el artículo 733, el recurso, que debe interponerse “en debida forma” y según los requisitos especiales previstos en dicha regulación, no se ha resuelto, se entenderá fallado a favor del recurrente.

Considera la Sección que dicha normatividad especial y concretamente los artículos 732 y 734 no son aplicables al asunto en discusión, atendiendo no solamente a lo antes expuestos, sino a la naturaleza jurídica, conformación y funciones del comité de entidades sin ánimo de lucro, cuyas facultades de acuerdo con el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario para el asunto en examen se circunscriben a la calificación de los egresos y la procedencia del beneficio neto, sin atribuciones de determinación de gravámenes, las que corresponden a la administración de impuestos.

Así las cosas, los actos expedidos por el mencionado comité para resolver las solicitudes de calificación, al no tener procedimiento especial siguen las regulaciones generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo, concretamente en materia de recursos y silencio administrativo, en el que se sienta el principio general del efecto negativo.

Lo anterior se corrobora si se observa que desde la notificación, así como los recursos y en general el agotamiento de la vía gubernativa, respecto a los actos expedidos por el comité, se sigue el procedimiento general del Código Contencioso, y no el especial del estatuto tributario, como lo evidencian actos aquí acusados. La Resolución 29 de 1997, que resolvió acerca de la solicitud elevada por el club hoy actor, indicó que procedía el “recurso de reposición ante el mismo comité interpuesto dentro de los cinco días siguientes a la notificación” (art. 4º), la que se efectuó, “conforme a los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo”.

Al resolverse el recurso gubernativo, en materia de requisitos, en la Resolución 106 de 2000, se señaló “Presupuestos procesales: De conformidad con los requisitos contemplados en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo”, verificándose lo atinente a “oportunidad” de acuerdo con el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, personería y motivos de inconformidad”, etc. Se concluye entonces, la inaplicación del silencio administrativo reclamado por la entidad actora.

Dilucidado lo anterior, se referirá la Sala al cargo de incompetencia del comité de entidades sin ánimo de lucro, para pronunciarse acerca del recurso de reposición interpuesto, a raíz de la derogatoria expresa hecha por el artículo 154 de la Ley 488 de 1998, del literal b) del artículo 363 del estatuto tributario.

Al respecto advierte la Sala que el cargo no está llamado a prosperar, puesto que no obstante la disposición citada eliminó la función de calificar la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, el comité de entidades sin ánimo de lucro podía pronunciarse sobre el asunto aquí discutido, toda vez que se trataba de decidir una solicitud respecto del año gravable 1996, presentada el 11 de marzo de 1997, y sobre la cual al momento de entrar en vigencia la nueva ley existía el recurso gubernativo de reposición pendiente de decisión, todo ello antes de ser expedida la Ley 488 de 1998, siendo este el período gravable a partir del cual fue eliminada la citada calificación. Por tanto dicha derogatoria no afectó la regulación sustancial ni procedimental que regía respecto de los períodos anteriores, como el de 1996, para el que era requisito indispensable la mencionada calificación.

En este sentido la Sala reitera su criterio jurisprudencial expuesto en oportunidades anteriores (2) sobre el mismo punto.

(2) En este sentido se ha pronunciado la Sala, entre otros en las sentencias del 15 de noviembre de 1996, expediente 7995, Consejero Ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo: del 16 de marzo de 2001, expediente 10.559, Consejero Ponente Dr. Delio Gómez L. y sentencia del 25 de mayo de 2001, expediente 10.452, Consejera Ponente Dra. Ligia López Díaz.

De otra parte, pero también relacionado con el tema de la competencia, advierte la sección que dentro de los varios cargos de violación expuestos por la parte demandante, acusa que los actos materia de acusación, fueron expedidos sin competencia por parte del citado comité, pues la otorgada se contrae a la calificación de la procedencia de los egresos y la destinación del beneficio neto o excedente, como lo dispone el artículo 363, literal b) del estatuto tributario.

Se estima que tal aspecto debe definirse prioritariamente, pues de ser cierto que el comité infringió las normas sobre competencia, habría lugar a declarar la nulidad de los actos acusados.

En consecuencia, debe establecer la Sala si se ajustaron a derecho los actos acusados en cuanto se abstuvieron de emitir pronunciamiento sobre la calificación solicitada por la parte actora, respecto del año de 1996, al considerar que la entidad no cumple con los requisitos para pertenecer al régimen tributario especial, previsto en el numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario.

Conforme a dicha disposición, régimen tributario especial, las fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos, estén destinados a las actividades incentivadas de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de desarrollo social, las que deben ser de interés general.

En diversas oportunidades, tal como lo precisa la parte actora, la Sala ha manifestado su criterio jurisprudencial sobre este punto de derecho y ha precisado que dentro de la competencia y facultades del comité de entidades sin ánimo de lucro no se encuentra la de abstenerse de efectuar calificación respecto de las solicitudes que le son elevadas.

La administración a través de los actos demandados resolvió abstenerse de emitir la calificación solicitada, aduciendo que verificados los documentos allegados, la entidad actora no cumple con los requisitos legales para ser considerada como contribuyente régimen tributario especial, conforme al numeral 1º del artículo 19 del estatuto tributario, toda vez que sus actividades no van encaminadas a propender por el mejoramiento del conglomerado social, ni a ellas tiene acceso la comunidad.

Lo anterior se sustentó en que los estatutos sociales del club y los estados financieros muestran que a las actividades que éste desarrolla solamente tienen acceso los socios y sus invitados y los egresos del período son administrativos, propios de un club social y en beneficio de sus socios, sin que en sus actividades o programas se propenda por el desarrollo de todo el conglomerado social. De manera que a juicio del comité el club no puede acceder al régimen establecido en el artículo 19 del estatuto tributario.

Para resolver, considera la sección, como lo ha estimado en diversos casos similares al aquí debatido, que con lo resuelto en los actos acusados la entidad demandada desbordó los límites de su competencia, dado que no está facultada para abstenerse de emitir pronunciamiento sobre la calificación de egresos, como quiera que dentro de sus funciones no le está atribuida la de pronunciarse en tal sentido; proceder con el que se desconocen tanto el literal b) del artículo 363 del estatuto tributario, como el artículo 11 del Decreto 124 de 1997, en lo pertinente.

De otra parte, al examinarse el destino de los egresos de la entidad actora, no se está haciendo cosa distinta que ejercer facultades de fiscalización para las que no tiene competencia el comité, e invadiendo la órbita de la función otorgada a la administración tributaria.

Y es que la competencia funcional del comité referida a la calificación de la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente a los fines previstos, se contrae a esos aspectos, sin que pueda extenderse a actuaciones diferentes radicadas en cabeza de otro órgano, como lo son las de fiscalización atribuidas a la administración.

Además porque el artículo 13 del Decreto 124 de 1997 en concordancia con el artículo 363 del estatuto tributario, prevén que la administración tributaria desarrollará programas de fiscalización a las entidades del régimen tributario especial para determinar, entre otros, el cumplimiento de las actividades señaladas en dicha norma, y “las demás disposiciones vigentes sobre la materia”, una de las cuales, justamente es el artículo 19 del estatuto tributario.

Las consideraciones precedentes a juicio de la Sala, son suficientes para decretar la nulidad de los actos acusados, y a título de restablecimiento del derecho se ordenará a la parte demandada que proceda a emitir la calificación solicitada por la actora, correspondiente al año gravable 1996 y que la entidad goza del plazo especial de un mes, previsto en el inciso 4º del artículo 15 del Decreto 2300 de 1996, para presentar su declaración de renta por el respectivo año.

La señora consejera María Inés Ortiz Barbosa manifiesta estar impedida para conocer del presente negocio, por hallarse incursa en la causal 2ª del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil. La Sala aceptará dicho impedimento y declarará a la señora consejera separada del conocimiento del presente negocio, pero no dispondrá el sorteo de conjuez por no desintegrarse la mayoría exigida para la aprobación de la presente providencia.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 29 del 28 de julio de 1997 y 106 del 14 de abril del 2000, que desató el recurso gubernativo de reposición, expedidas por el comité de entidades sin ánimo de lucro.

2. A título de restablecimiento del derecho, la entidad demandada deberá proceder a efectuar la calificación solicitada.

3. DECLARÁSE que la corporación Club Campestre Farallones, goza del plazo especial para la presentación de su declaración de renta.

4. ACÉPTASE el impedimento manifestado por la señora consejera María Inés Ortiz Barbosa. En consecuencia DECLÁRASELE separada del conocimiento del presente asunto.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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