Sentencia 9881 de mayo 19 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: 1100103270002000029101 Exp. 9881

Consejero Ponente:

Dr. Germán Ayala Mantilla

Actor: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza”

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil.

EXTRACTOS: «Tal como lo entendió la administración, la obligatoriedad de notificar los actos administrativos que declaran la ocurrencia del riesgo asegurado, como en el presente caso sería la resolución sanción que declaró la devolución improcedente, no se desprende del mandato contenido en el artículo 565 del estatuto tributario, toda vez que tal norma, que vale la pena aclarar no fue redactada para efectos del procedimiento administrativo de cobro coactivo, habla de la notificación de requerimientos, emplazamientos, resoluciones que impongan sanciones, entre otras actuaciones, al contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante y no incluye al garante, de tal suerte que por virtud de esta disposición no se desprende que la administración tenga el deber de notificar a la aseguradora el acto que declaró la improcedencia de la devolución. Sin embargo, tal obligación existe a pesar de no ser por mandato del artículo 565 del estatuto tributario.

En efecto, las normas del estatuto tributario deben ser interpretadas de manera armónica y siempre bajo la óptica de proteger el derecho de defensa y el debido proceso que ampara a las partes que se encuentran sujetas a tal codificación, por ello, si bien el artículo 565 no ordena notificar a las aseguradoras los actos administrativos que declaran la ocurrencia del riesgo asegurado, tal deber sí se desprende claramente del numeral 4º del artículo 828 del estatuto tributario, que establece que prestan mérito ejecutivo “las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones afianzadas”.

Comparte la Sección la posición de la parte actora, que corresponde a la jurisprudencia reiterada en esta materia, en cuanto a que previa a la vinculación de la aseguradora en calidad de deudor derivada del contrato de seguros, la administración debe notificarle el acto que constituye el título ejecutivo, para que proceda dictar el mandamiento de pago.

(...).

En el caso que ocupa la atención de la Sala, es claro que la administración no notificó la Resolución Sanción 116 del 15 de junio de 1992, que sirvió de fundamento al mandamiento de pago proferido en contra de la aseguradora, motivo por el cual para la sociedad garante no operó la ejecutoria de tal acto, indispensable para conformar, junto con la póliza de seguros, el título ejecutivo en los términos del artículo 828 numeral 4º del estatuto tributario».

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