Sentencia 12682 de agosto 9 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad. 1100103270002001030701

Ref.: 12682 y acumulados (12725, 12729,12708 y 12801)

Consejera Ponente:

Ligia López Díaz

Actor: Hernán Escobar Uribe

Impuesto ventas

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho con suspensión provisional.

Fallo

Bogotá, D.C., nueve de agosto de dos mil dos.

EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, los contribuyentes Hernán Escobar Uribe, Marina del Carmen Martínez Sánchez, Ilsa Álvarez de Villa, Marco Tulio Escobar Jerez y Víctor Eduardo Agudelo Marín, en nombre propio el cuarto y a través de sus respectivos apoderados judiciales los demás, presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra cada uno de los actos administrativos proferidos por el administrador local de Impuestos Nacionales de Cali, el primero, el administrador de Impuestos Nacionales Local Barranquilla, el segundo, el administrador local de Impuestos Nacionales de Medellín, el tercero, el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, el cuarto y el administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, el quinto, mediante los cuales se reclasificó a las citados contribuyentes del régimen simplificado al régimen común para efectos del impuesto a las ventas.

Antecedentes

Por medio de las resoluciones 000322 del 30 de diciembre de 1999, 00978 del 29 de diciembre de 1999, 2062 del 27 de diciembre de 1999, 1463 del 22 de junio de 2000 y 001.100 del 26 de enero de 2000, el administrador local de Impuestos Nacionales de Cali, el primero, el administrador de Impuestos Nacionales Local Barranquilla, el segundo, el administrador local de Impuestos Nacionales de Medellín, el tercero, el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, el cuarto y el administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, el quinto, en uso de las facultades conferidas por el numeral 1º del artículo 508 del estatuto tributario y el artículo 33 del Decreto 1071 de 1999, reclasificaron a los contribuyentes Hernán Escobar Uribe, Marina del Carmen Martínez Sánchez, Ilsa Álvarez de Villa, Marco Tulio Escobar Jerez y Víctor Eduardo Agudelo Marín, como responsables del régimen común, quienes se encontraban inscritos como responsables del impuesto sobre las ventas en el régimen simplificado.

Las resoluciones citadas se fundamentaron en dos argumentos, a saber: 1. Que para efectos del control tributario, el administrador de impuestos puede oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el régimen común, y 2. Que dentro de las funciones establecidas en el artículo 34 del Decreto 1265 del 13 de julio de 1999, corresponde al administrador cumplir las normas que regulan los procedimientos tributarios.

Los citados actos administrativos se notificaron por correo en la fecha de introducción al mismo y con fundamento en el numeral 1º del artículo 508 del estatuto tributario se advirtió a los responsables que no procedía ningún recurso por la vía gubernativa.

(...).

Consideraciones de la sección

La corporación tiene competencia para conocer el presente proceso privativamente y en única instancia en razón a que los actos administrativos que se demandan, las resoluciones 000322 del 30 de diciembre de 1999, 00978 del 29 de diciembre de 1999, 2062 del 27 de diciembre de 1999, 1463 del 22 de junio de 2000 y 001.100 del 26 de enero de 2000, son del orden nacional y carecen de cuantía.

La litis se centra a determinar si los actos administrativos anteriormente reseñados, por medio de los cuales se reclasificó a los actores como responsables del impuesto a las ventas en el régimen común se ajustan o no a derecho, ya que en criterio de los actores con tales actuaciones se han vulnerado entre otros, los artículos 499 y 508-1 del estatuto tributario, el primero por falta de aplicación, y el segundo por indebida aplicación.

Las normas en mención en su orden textualmente consagran lo siguiente:

“ART. 499.—Quiénes pertenecen a este régimen. Los comerciantes minoristas o detallistas, cuyas ventas estén gravadas a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, así como quienes presten servicios gravados, podrán inscribirse en el régimen simplificado del impuesto sobre las ventas cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones:

1. Que sean personas naturales.

2. Que tengan máximo dos establecimientos de comercio.

3. Que no sean importadores de bienes corporales muebles.

4. Que no venda por cuenta de terceros así sea a nombre propio.

5. Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, sean inferiores a la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos ($ 44.700.000), valor base año 1994 (año 1998: $ 77.900.000).

6. Que su patrimonio bruto fiscal, a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, sea inferior a ciento veinticuatro millones doscientos mil pesos ($ 124.200.000, valor base año 1994) (año 1998: $ 216.500.000)”.

“ART. 508-1.—Cambio de régimen por la administración. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior (art. 508) (1) , para efectos de control tributario, el administrador de impuestos podrá oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común.

(1) Artículo 508 estatuto tributario: “Quienes se acojan al régimen simplificado deben manifestarlo a la Dirección General de Impuestos Nacionales. Los responsables que se acojan al régimen simplificado deberán manifestarlo expresamente ante la Dirección General de Impuestos Nacionales, al momento de la inscripción y en todo caso, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer período gravable.

De no hacerlo así, la Dirección General de Impuestos Nacionales los clasificará e inscribirá de conformidad con los datos estadísticos que posea”.

La decisión anterior será notificada al responsable, contra la misma no procede recurso alguno y a partir de bimestre siguiente ingresará al nuevo régimen”.

El administrador local de Impuestos Nacionales de Cali, el administrador de Impuestos Nacionales Local Barranquilla, el administrador local de Impuestos Nacionales de Medellín, el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga y el administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, sustentaron la decisión de reclasificar a los actores en los siguientes considerandos:

“1. Que para efectos de control tributario, el administrador de impuestos nacionales podrá oficiosamente reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado, ubicándolos en el común.

“2. Que dentro de las funciones establecidas en el artículo 34 del Decreto 1265 del 13 de julio de 1999, corresponde al administrador cumplir las normas que regulan los procedimientos tributarios”.

Planteada así la controversia en torno a los actos administrativos arriba reseñados, la Sala se pronuncia en los siguientes términos:

Para efectos del impuesto sobre las ventas, los responsables se clasifican en responsables del régimen común y responsables del régimen simplificado. Por regla general los responsables del impuesto a las ventas pertenecen al régimen común, y por excepción, esto es, cuando cumplen la totalidad de requisitos consagrados en la ley (E.T., art. 499), pertenecen al régimen simplificado.

El régimen simplificado conlleva un tratamiento especial para las personas naturales, pequeños comerciantes, fabricantes y quienes prestan servicios gravados, cuyo objetivo es facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por medio del cálculo del impuesto, la presentación de la declaración de ventas, la facturación y la contabilidad de fácil y limitado manejo, como quiera que lo responsables que encajan en este régimen por lo general no tienen que pagar impuesto (a partir de la L. 223/95 se modificaron tales obligaciones, por tanto, la responsabilidad frente al Estado es meramente nominal).

Ahora bien, los responsables que se acogen al régimen simplificado deben manifestarlo expresamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales al momento de la inscripción (registro nacional de vendedores) o a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de finalización del primer período gravable (E.T., art. 508).

Si los ingresos netos de un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado en lo corrido del respectivo año gravable superan la suma de $ 44.700.000 (valor base año 1994) (año 1999: $ 77.900.000), el responsable pasa automáticamente al régimen común a partir de la iniciación del bimestre siguiente (art. 508-2 del E.T. adicionado art. 56 de la L. 488/99).

De igual modo, “para efectos de control tributario” la administración oficiosamente, puede reclasificar a los responsables que se encuentren en el régimen simplificado ubicándolos en el régimen común (E.T., art. 508-1), siempre y cuando no cumplan las condiciones señaladas en la ley para pertenecer a aquél.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala estima que las actuaciones acusadas vulneran las normas que citan las demandas toda vez que, si bien la administración de impuestos tiene facultad para reclasificar “de oficio” o por iniciativa de aquélla a un responsable del régimen simplificado ubicándolo en el régimen común, tal facultad debe ser ejercida sin desconocer los requisitos que para pertenecer al régimen simplificado consagra el artículo 499 del estatuto tributario.

En efecto, a juicio de la Sala la facultad de reclasificar “de oficio” a un responsable del régimen simplificado “para efectos de control tributario” debe ser interpretada armónicamente con la norma que establece los requisitos para pertenecer a dicho régimen, toda vez que con independencia de la finalidad que persigue la norma, consistente en el control tributario, el traslado del régimen simplificado al régimen común implica tal y como lo advierten los actos administrativos acusados “cumplir todas las obligaciones formales del régimen común” y por ende, perder los beneficios que se derivan del régimen simplificado en el que se encuentran inscritos los responsables.

En tales condiciones, no podía la administración sin violar la ley reclasificar a los responsables con el sólo argumento del “control tributario”, ya que como lo puso de manifiesto la Corte Suprema de Justicia al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 43 de la Ley 49 de 1990 (E.T., art. 508-1), la atribución otorgada no equivale a que el funcionario en ejercicio de ella pueda adoptar una decisión arbitraria y desprovista de la sujeción a la regulación legal integral de la cual forma parte ya que tornaría el acto en simple expresión de una voluntad omnímoda y caprichosa del funcionario.

En el sub judice, tal y como se evidencia de los considerandos de las resoluciones y se corrobora en el proceso, la administración se fundamentó en una encuesta de reclasificación y en las facultades otorgadas por el artículo 508-1 del estatuto tributario, sin determinar de manera clara si el responsable inscrito en el régimen simplificado, para la época de los hechos cumplía o no los requisitos establecidos en el artículo 499 ibídem, pues de la información que contiene los actos administrativos acusados no se deduce que las contribuyentes excedieran el valor de los ingresos netos y el patrimonio bruto límite para el año gravable inmediatamente anterior al objeto de la reclasificación.

La administración, tal y como aparece probado en el presente proceso, se limitó a verificar aspectos relacionados con la actividad económica, inscripción en el régimen simplificado y si había o no declarado en el impuesto de renta, lo cual no es suficiente por cuanto lo que se debía determinar, tal y como se precisó y lo advirtió la honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia traída a colación por los actores, era lo relacionado con los requisitos establecidos en el artículo 499 del estatuto tributario, que involucra entre otros aspectos, “el valor de los ingresos brutos obtenidos durante el año gravable inmediatamente anterior y el patrimonio bruto poseído a 31 de diciembre del mismo año”, así como lo establece la orden administrativa 0009 del 14 de diciembre de 1999, criterio que igualmente desconocen los actos acusados.

Es de anotar que la parte actora en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 508 del estatuto tributario, se acogió de manera expresa al régimen simplificado, por tanto, como ya lo ha expresado la Sala en otras oportunidades, a la administración le correspondía la carga de la prueba encaminada a desvirtuar ese hecho, vale decir, que el responsable no se encontraba dentro de los parámetros establecidos en el artículo 499 para pertenecer al régimen simplificado.

Dado que las informaciones que sirvieron de fundamento a los actos acusados no son prueba idónea, pues se repite, de ellas no se deduce la calidad de responsable del régimen común de los actores, fuerza concluir que la actuación acusada vulnera las normas legales que para la época de los hechos establecen los requisitos para acogerse al régimen simplificado.

De conformidad con las consideraciones que anteceden y de acuerdo con el concepto emitido por la procuradora sexta delegada, debe accederse a las pretensiones de las demandas encaminadas a obtener la nulidad de los actos administrativos acusados declarando que los actores no están obligados a cumplir las obligaciones formales de los responsables del régimen común.

En similar sentido se pronunció la Sala en las sentencias del 13 de junio de 2002, expediente 12137 y acumulados, actor: Benilda Valencia de Arana; de 5 de abril de 2002, expediente 11262 y acumulados, actor: Óscar Alfonso Castro Carretero y de 1º de marzo de 2002, expediente 10721 y acumulados, actor: Jorge Mejía Londoño, todas con ponencia de la magistrada Ligia López Díaz.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR la nulidad de las resoluciones 000322 del 30 de diciembre de 1999, 00978 del 29 de diciembre de 1999, 2062 del 27 de diciembre de 1999, 1463 del 22 de junio de 2000 y 001.100 del 26 de enero de 2000, por medio de las cuales, el administrador local de Impuestos Nacionales de Cali, el primero, el administrador de Impuestos Nacionales Local Barranquilla, el segundo, el administrador local de Impuestos Nacionales de Medellín, el tercero, el administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales de Bucaramanga, el cuarto y el administrador de Impuestos y Aduanas de Pereira, el quinto, reclasificaron a los contribuyentes Hernán Escobar Uribe, Marina del Carmen Martínez Sánchez, Ilsa Álvarez de Villa, Marco Tulio Escobar Jerez y Víctor Eduardo Agudelo Marín, del régimen simplificado al régimen común para efectos del impuesto a las ventas.

2. DECLARAR que las contribuyentes en mención no están obligadas a cumplir las obligaciones formales del régimen común, mientras cumplan los requisitos del régimen simplificado en el cual se han inscrito.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

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