Sentencia 367-31 de enero 16 de 2008 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.110011102000 200705560 01 (367-31)

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo Campo Soto

Aprobado según Acta 002

Bogotá, D.C., dieciséis de enero de dos mil ocho

Asunto

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta contra el fallo que dictó el 23 de noviembre de 2007 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual tuteló el amparo solicitado por el ciudadano Helbert Antonio Torres Tunjacipa, por intermedio de apoderado, dentro de la acción de tutela instaurada contra la dirección de sanidad del Ejército Nacional.

Antecedentes y actuación procesal

1. El ciudadano Helbert Antonio Torres Tunjacipa, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el Ejército Nacional - dirección de sanidad, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida, ordenándosele a la accionada se le presten los servicios médicos hospitalarios que requiera para el tratamiento de estrés postraumático que padece.

Informa el accionante haber ingresado a prestar servicio militar en el año 1998, y en ejercicio del mismo, fue atacada la base donde estaban destacados, y luego de un intenso combate fue aprehendido y secuestrado por los enemigos, por 3 años, debiendo soportar torturas como estar todo el día y noche amarrado de pies y manos, en un encierro con alambre de púas, además emprender caminatas que duraban días enteros, y en algunas ocasiones enfrentándose a bombardeos de la fuerza pública, lo cual le generaba estados de pánico.

En el año 2001 cuando finalmente fue liberado, en el mes de agosto, se le brindó por parte de la accionada tratamiento psicológico, según el mismo dictamen de la junta médico laboral Nº 3432 en la que se concluyó que padecía de estrés postraumático tratado por psiquiatría, para dicha fecha asintomático, con pensamiento lógico, coherente, sin indicación delirante y afecto eutímico, espondiliosis, tratado que deja como secuela lumbalgia crónica. Dando así por terminado el tratamiento y fue dado de baja por no ser apto, cohibiéndosele de recibir posteriormente el tratamiento cuando se reactiva, como ocurrió por lo que debió recibir tratamiento en la clínica de La Paz.

Debido a la situación económica precaria que padece, agregó el accionante, recurrió a la dirección de sanidad del Ejército, para que le atendieran en salud, encontrándose que no le podían brindar servicio, por cuanto no se le había dado de baja, por ello depreca la protección de sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida.

Anexó memorando del 23 de octubre de 2007 suscrito por el director de sanidad del Ejército.

2. Mediante auto del 13 de noviembre de 2007 fue admitida la acción de tutela e integrado el litis consorcio necesario, comunicando de la misma al director del servicio de sanidad del Ejército Nacional, a los integrantes de la junta médica laboral del Ejército y al accionante.

3. El director de sanidad del Ejército solicitó ordenar la improcedencia porque el accionante dejó vencer los términos para revisar el dictamen de la junta médica laboral, por lo cual no está obligada la institución a brindar el servicio médico. Además la tutela era inoportuna, dado que los hechos tuvieron ocurrencia en el año 2001, cuando se le practicó el examen.

4. El subdirector de sanidad del Ejército solicitó negar el amparo solicitado, por cuanto la institución no había incurrido en vías de hecho, sino que se limitó a cumplir con lo establecido en las normas, porque no existe actualmente ningún vínculo del Ejército con el accionante.

La providencia impugnada

Con fallo del 23 de noviembre de 2007 la Sala de instancia, tuteló los derechos invocados por el accionante, ordenando a la accionada que dentro de las 48 horas siguientes en forma inmediata se reanude el servicio médico al actor, así como los servios hospitalarios y farmacéuticos que requiera, para su restablecimiento, y, si no obtiene mejoría en el término de 6 meses, se practique nueva junta médico laboral, a fin de establecer el porcentaje de disminución de su capacidad laboral actual.

La impugnación

El director de sanidad del Ejército remitió escrito del 28 de noviembre de 2007 impugnando la decisión de primera instancia, al no estar de acuerdo con lo ordenado por los siguientes aspectos:

— Al accionante le fue realizada la junta médica laboral de retiro el 15 de noviembre de 2002, al presentar diagnóstico de estrés postraumático del 13%, decisión que se le notificó personalmente, y se le otorgó una indemnización pecuniaria, pero en momento alguno se le ha desconocido que la enfermedad fue adquirida con ocasión del servicio.

— Manifiesta así mismo que al reanudarse el servicio médico se deberá ordenar al accionante reintegre la suma entregada por indemnización.

— Finalmente insiste en que la tutela es improcedente por cuanto carece del requisito de inmediatez.

— Agrega que en cumplimiento del fallo de tutela, se ordenó mediante memorando del 27 de noviembre de 2007, del cual envió comunicación.

Consideraciones

En primer término sea de señalar que el criterio mayoritario de la Sala es de la aplicabilidad del Decreto 1382 de 2000, y con arreglo a ello la competencia de la Sala para conocer de la presente acción de tutela.

En el presente caso antes de entrar a estudiar de fondo la acción interpuesta debe aclararse que la misma es procedente, tanto por su inmediatez como que el accionante no cuenta con otro medio, amén de estar probado el perjuicio irremediable.

Frente a la improcedencia de la acción de tutela la jurisprudencia constitucional ha enseñado:

“... la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza. Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.

“En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente (resaltado fuera de texto) a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión (resaltado fuera de texto)…”.

“… Únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental” (subrayas de la Sala).

Frente al asunto analizado, nos encontramos que al accionante se le declaró no apto para continuar prestando servicios al Ejército Nacional de Colombia, habida cuenta de los efectos del secuestro por grupos subversivos y además objeto de torturas del cual fue objeto, lo cual le ocasionó los traumas a los que alude en su acción de tutela, frente a los cuales manifiesta el director de sanidad del Ejército tuvo conocimiento y se le reconoció su padecimiento al punto de ser dado de baja por ello, pero que se le indemnizó y por ello no es objeto de prestación médica.

Ahora bien, no es de aceptación que se diga que si bien la accionada tenía conocimiento del padecimiento del accionante no incurrió en vías de hecho cuando decidió suprimir del goce del servicio médico al afectado, en tanto no impetró recurso alguno contra la decisión de la junta médica laboral, es decir que por la desidia del uniformado, no se revisó su situación de salud.

Sobre la seguridad social en materia de salud, para proteger el derecho a la salud en conexidad con la vida, como bien lo acotó la primera instancia la Corte Constitucional ha sido prolífica y reiterativa, que debe primar ante cualquier otro derecho, y que su protección es una obligación del Estado en este caso de las autoridades comprometidas como es el Ejército Nacional de Colombia.

Ahora bien, encontrándose probado el perjuicio irremediable, como es el padecimiento de salud y que en el momento el accionante no cuenta con un trabajo para su sostenimiento básico, por ende, no cuenta con recursos para proteger su salud, además ya fue desvinculado del Ejército Nacional por su insuficiencia física, misma que le impide actuar en otra institución dado su padecimiento físico.

Al estar en riesgo la vida y la salud del accionante se comparte plenamente la decisión de la primera instancia de tutelar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados por la accionada, por lo cual se confirmará dicha decisión en cuanto al servicio médico, tratamiento y suministro de medicinas se trata.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR LA DECISIÓN DE INSTANCIA que concedió el amparo ordenando que dentro de las 48 horas siguientes en forma inmediata se reanude el servicio médico al actor, así como los servicios hospitalarios y farmacéuticos que requiera, para su restablecimiento, y, si no obtiene mejoría en el término de 6 meses, se practique nueva junta médico laboral, a fin de establecer el porcentaje de disminución de su capacidad laboral actual.

Oportunamente, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente— Eduardo Campo SotoGuillermo Bueno Miranda—Fernando Coral Villota—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—María Mercedes López Mora.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

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