Sentencia 11001110200020050148402 de noviembre 21 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria 

Ref.: Acción de tutela. 2ª instancia, nov. 21/2005 

Rad.: 110011102000 200501484 02 

M.P. Jorge Alonso Flechas Díaz 

Actor: Álvaro Galvis Ramírez 

Demandado: Sala Casación Laboral, Corte Suprema de Justicia

Aprobado según Acta de Sala 163 de la fecha.

1. Objeto del pronunciamiento.

Aceptado el impedimento manifestado por los magistrados Fernando Coral Villota, Guillermo Bueno Miranda y Temístocles Ortega Narváez entra la Sala a resolver la impugnación formulada contra fallo de tutela del 30 de agosto de 2005, a través del cual la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la nulidad planteada y a su vez negó el amparo de los derechos fundamentales de no discriminación, igualdad, debido proceso, libertad religiosa y acceso a la administración de justicia demandados por el padre Álvaro Galvis Ramírez, presuntamente conculcados por la decisión del 4 de noviembre de 2004 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2. Hechos fundamento de la petición de amparo.

2.1. El fraile Álvaro Galvis Ramírez, miembro de la comunidad religiosa Orden de Predicadores de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia, prestó sus servicios a la Universidad Santo Tomás, de propiedad de dicha congregación, a partir del primero (1º) de agosto de 1968, mediante contrato verbal de trabajo a término indefinido como profesor de tiempo completo, luego actuó como director de admisiones, vicerrector de la zona norte, vicerrector general y en el lapso comprendido entre el 20 de abril de 1974 y el 22 de agosto de 1995 desempeñó el cargo de rector general, del que fue destituido.

2.2. Ante la justicia laboral ordinaria, mediante apoderado acudió el religioso Álvaro Galvis Ramírez en demanda de la declaración de existencia del contrato de trabajo con la Universidad Santo Tomás y su terminación unilateral por decisión arbitraria del empleador y la condena a dicha institución universitaria, al pago de salarios dejados de percibir, valor proporcional por concepto de cesantías, vacaciones, indemnización por despido injustificado y pensión a que tiene derecho, debidamente indexadas.

2.3. La sentencia del Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, emitida el 4 de abril de 2002, negó las súplicas del demandante.

2.4. Mediante decisión del 16 de agosto de 2002, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, en audiencia pública de juzgamiento, dictó el fallo mediante el cual revocó la determinación de primer grado y aceptó las pretensiones del demandante, fijando los valores a pagar por la demandada por concepto de salarios insolutos, reliquidación auxilio de cesantía, prima de servicios, vacaciones, indemnización por despido injusto, pensión plena de jubilación, declaró probada excepción de prescripción de todos los derechos prestacionales adquiridos con anterioridad al 13 de abril de 1995, no declaró probadas las demás excepciones y dejó pendiente la condena por indexación, la cual debía hacerse por sentencia complementaria. Se adicionó tal proveído el 1º de noviembre de 2002 para concretar la condena en $ 415.588.222.50.

2.5. Haciendo uso del recurso de casación, el apoderado de la parte demandada acudió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, corporación que produjo fallo el 4 de noviembre de 2004, por el cual casó la sentencia proferida por el tribunal y confirmó la dictada por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, el 4 de abril de 2002.

2.6. El religioso Álvaro Galvis Ramírez concurrió, por primera vez, a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en acción de tutela, rechazada por esa colegiatura en providencia del 16 de marzo de 2005 y archivado el expediente sin trámite de revisión ante la Corte Constitucional.

2.7. El accionante, por intermedio de su apoderado, escogió como juez constitucional a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, ante la cual presentó la demanda objeto del trámite que hoy concita la atención de esta Sala, para obtener la protección de los derechos fundamentales de no discriminación, igualdad, debido proceso, libertad religiosa y acceso a la Administración de Justicia.

3. Antecedentes procesales.

3.1. Mediante auto de fecha 15 de abril del año que transcurre, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, avoca el conocimiento de la acción de tutela, la admite y dispone su notificación al Juzgado Trece Laboral del Circuito de Bogotá, al Tribunal Superior de Bogotá —Sala Laboral—, a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados que integran la Sala de Casación Laboral accionada, y a la Universidad Santo Tomás.

3.2. Notificada, la Sala de Casación Laboral accionada dio respuesta a la petición de amparo elevada en su contra cuestionando la competencia de esta colegiatura para conocer de la acción de tutela instaurada contra decisión de esa colegiatura, en tanto al operar esta como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, se constituye en órgano límite, razón por la cual sus decisiones no pueden ser modificadas, anuladas o desconocidas por ninguna autoridad, más aún si se tiene en cuenta lo dispuesto en el inciso 2º, numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, según el cual lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia es de conocimiento de la misma corporación, y considera que no es de recibo lo argumentado por el accionante en el sentido de que la Corte Constitucional autorizó, en auto del 3 de febrero de 2004, la interposición de acciones de tutela ante cualquier juez unipersonal o colegiado, en tanto la misma, a su turno, no se halla facultada para atribuir competencia a otros funcionarios judiciales, pues esta es facultad exclusiva del legislador, razón por la cual solicitó declarar la nulidad de lo actuado y rechazar la tutela impetrada.

3.2. Derrotada la ponencia inicial presentada por el magistrado Eduardo Campo Soto, por auto del 15 de junio de 2005, esta superioridad disciplinaria declaró la nulidad de lo actuado en primera instancia a partir del fallo del 28 de abril de 2005, inclusive, en razón a no obrar dentro del plenario la prueba necesaria para tomar las determinaciones a que haya lugar, considerándose de vital importancia el proceso ordinario laboral en donde se acopiaron los elementos de convicción sobre el tema debatido y copia de las sentencias de primera y segunda instancia, tal como fue ordenado por el a quo.

3.3. Así la Sala de instancia, en cumplimiento de lo ordenado por esta colegiatura, por auto del 24 de agosto de 2005, dispuso oficiar al Juzgado 13 Laboral del Circuito a fin que remitiera copia del proceso en debate.

3.4. Incorporada copia de la actuación requerida, el 30 de agosto de 2005 la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la nulidad planteada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y negó el amparo deprecado por el accionante.

Estimó la Sala de instancia, en punto de la nulidad, que ante la manifestación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de no dar trámite a la presente demanda de tutela, esta jurisdicción disciplinaria se hallaba autorizada para asumir conocimiento en atención a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.

Por otro lado, en cuanto a la tutela deprecada, consideró que ninguna vía de hecho se advertía en la decisión objeto de ataque, pues estimó que la misma era el resultado de un estudio juicioso, lógico y coherente, y en lo que respecta al defecto fáctico alegado por el accionante derivado de la indebida valoración realizada por la Sala accionada, supuestamente, al desconocer las nóminas de pago de salarios de la universidad demandada entre los años 1992 a 1995, en las cuales figuraba el nombre del accionante, el cargo desempeñado y el salario que devengaba, así como una reclamación de cesantías que realizara para el año de 1980, se estimó que cada uno de estos aspectos fueron valorados en la sentencia cuestionada y sobre ellos no se centró el debate, pues lo esencial para encauzar la decisión de la colegiatura convocada a juicio fue un presupuesto distinto, cual fue la calidad especial de clérigo del demandante, sin que de ello se pueda derivar trato discriminatorio alguno.

Así, señaló que, si bien, en el caso en debate se hallaban presentes los elementos de salario y prestación personal del servicio, no ocurría lo mismo con el elemento subordinación, el cual no se advertía configurado en la medida en que el “patrón” (sic) para el actor continuó siendo su comunidad, sin que con ello se pretenda decir que cualquier actividad desempeñada por un sacerdote no consolida una relación laboral, y no es atentatorio de derecho alguno, el hecho de que se tuviera en cuenta la condición de fraile del actor, señor Galvis Ramírez, para desatar el asunto, por cuanto precisamente de esta se derivó su vínculo con la Universidad Santo Tomás, esto es, fue su especial condición de fraile de la Orden de Predicadores la que hizo posible su nombramiento como rector de la Universidad Santo Tomás.

Precisó la Sala de instancia que el padre Galvis Ramírez al ser designado como rector de la Universidad Santo Tomás era consciente que la misma había tenido lugar única y exclusivamente porque su comunidad lo había escogido para ese fin; así mismo, al acceder a la congregación religiosa de los dominicos aceptó el tipo de vida que en esta se predicaba, y por ende lo consignado en el artículo 4º del libro de constituciones y ordenaciones respecto a que “… no tengáis alguna como propia, sino que todo sea de todos y el prepósito contribuya a cada uno de vosotros el alimento y el vestido, no igualmente a todos, porque no tenéis todos iguales fuerzas, sino a cada uno según su necesidad”.

Por tanto, accediendo a un cargo, con la aceptación de dichas condiciones, difícilmente se puede pensar que el señor Galvis Ramírez tuviera expectativas de procurarse una congrua subsistencia de su labor como rector, razón por la cual, contrario a lo estimado por la parte actora, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se limitó a aplicar las normas aplicables a la especial condición del demandante.

3.5. En oportunidad, el apoderado judicial del actor, impugnó el fallo de primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

a) El fallo de instancia no hace alusión a la mayor parte de la argumentación formulada por el petente de amparo, sino que se limita a transcribir apartes aislados de la sentencia de la Corte Constitucional C-530 de 1999.

b) Nada dice el Consejo Seccional de la Judicatura frente a temas tan sensibles como los derechos fundamentales y la violación en que incurrió la Sala de Casación Laboral de los derechos inalienables de las personas reconocidos en el artículo 5º de la Constitución Política.

c) Tampoco hay una sola observación en torno al alcance de la Ley 133 de 1994 en materia de derecho a la libertad religiosa, en especial de lo consignado en el artículo 3º de la citada ley.

d) Echa de menos análisis alguno en torno al concordato suscrito entre el Estado colombiano y la Santa Sede, y la declaratoria de inconstitucionalidad que de algunos de sus apartes hizo la Corte Constitucional.

e) Nada dice el fallo de tutela en torno al valor de los principios supremos del ordenamiento constitucional y la forma como hubiesen podido ser desconocidos en la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia objeto de ataque por esta vía de tutela.

f) Si bien es aceptable que para acceder al cargo de rector general de la universidad demandada, se requería pertenecer a la orden de los predicadores, ello no lleva implícito el hecho de que se desconozcan los derechos fundamentales del mismo; por demás, el fallo impugnado nada refiere a la validez de las limitaciones de los derechos fundamentales del actor a la cual arribó la sentencia de casación cuestionada.

g) Cataloga como precario el estudio del juez de tutela de primera instancia “frente a las deficiencias denominadas superlativas planteadas en la solicitud de amparo, y la de la denominada vía de hecho por consecuencia”.

h) El fallo atacado tampoco analiza que la situación del actor fuera de aquellas en las que se acepta la existencia de una especial relación de sometimiento o sujeción del ciudadano que justificara la limitación a sus derechos constitucionales; además de no pronunciarse en torno a la argumentación principal del petente de amparo referida a la vulneración de los derechos fundamentales de no discriminación, igualdad, debido proceso, libertad religiosa, acceso a la administración de justicia, así como a los derechos consagrados en la Ley 133 de 1994 de libertad religiosa.

3.6. Por su parte, el 1º de septiembre de 2005, el apoderado judicial de la Universidad Santo Tomás en defensa de la institución universitaria manifestó:

a) Régimen aplicable a miembros de la iglesia católica. El actor al decidir prestar sus servicios a la iglesia católica, vinculándose a la orden de predicadores, se sometió voluntariamente a la legislación impuesta por la iglesia, que en Colombia se hace efectiva mediante el reconocimiento del concordato vigente entre la República de Colombia y la Santa Sede, ratificado mediante Ley 20 de 1974, en especial lo consignado en sus artículos 1º a 5º, normas que dejan claro que la legislación canónica tiene plena autonomía y que está reconocida dentro de nuestro país.

Ahora bien, al tenor del cánon 573, quienes se vinculan a la iglesia católica adquieren las obligaciones que la legislación canónica estipula, entre ellas, el voto de pobreza y obediencia que realizan los sacerdotes, en virtud de los cuales todo aquello que produzcan será destinado a la comunicad a la que pertenecen, cánones 600, 601, 668 y 678, y de acuerdo al libro de constituciones y ordenaciones de la Orden de Predicadores, los frailes que a ella pertenecen, no pueden tener propiedad alguna debido al voto de pobreza y deben obedecer a sus superiores, numerales 18, 20 y 32.

Por tanto, es evidente que el actor al ejercer el cargo de rector de la Universidad Santo Tomás estaba cumpliendo con una función pastoral y ejerciendo la profesión religiosa consagrada en el derecho canónico, cánon 654, más aún, dicho cargo fue encomendado al Padre Galvis en virtud de su vínculo con la Orden de Predicadores como parte de la misión evangelizadora que dicha institución cumple en desarrollo de los cánones 576, 586 y 587 del derecho canónico.

b) Contrato realidad. La presunción de existencia de un contrato de trabajo se ve desvirtuada en el presente caso al no existir subordinación laboral de ningún tipo, sino más bien, vocación religiosa destinada a cumplir con una misión de evangelización, más aún, no existe animus lucrandi dado que el Padre Galvis al ser fraile de la Orden de Predicadores ha realizado voto de pobreza, y conforme a lo normado en el artículo 15 del Estatuto Orgánico de la Universidad Santo Tomás, el rector general, oficio que desempeñó el Padre Galvis, es miembro por derecho propio del consejo de fundadores de la universidad, razón por la cual se desempeña dentro de la misma, no bajo la figura de la subordinación laboral, sino como corresponde a los miembros de dicho consejo, es decir, en representación de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia, de la Orden de Predicadores, fundadora, restauradora y regente de la Universidad Santo Tomás, según lo consagra el artículo 14 del estatuto orgánico de la universidad.

Así mismo, no se configura el tercer presupuesto para la existencia de un contrato de trabajo, dado que no existe salario como retribución del servicio, sino un pago entre dos instituciones, la Universidad Santo Tomás y el Convento de San Alberto Magno, al cual estaba asignado el reverendo Padre Galvis.

Por otro lado, se advierte que el Padre Álvaro Galvis Ramírez no ha sido expulsado de la comunidad ni vetado su ingreso a ninguno de sus conventos, ni se le ha adelantado ningún proceso canónico para tramitar su expulsión. Canónicamente se halla asignado en la actualidad de manera legítima al convento de San José, de Bogotá, de la misma comunidad, mediante documento de asignación fechado el 30 de mayo de 1996.

Se allega certificación del Fray Carlos Mario Alzate Montes, quien al referirse a la incardinación del Padre Pedro Nel Forero señaló que los sacerdotes no pueden hacer reclamación alguna a la Orden y esta asume todos los gastos de mantenimiento y formación, así como los gastos necesarios para el ejercicio de su profesión.

En el mismo sentido se anexa declaración del Fray Pedro José Díaz vertida dentro del proceso ordinario laboral en estudio, donde se dice que por lo general los frailes no hacen contrato laboral para trabajar en las instituciones de la misma comunidad, como son los colegios, las universidades, las parroquias; “las asignaciones en dinero por estos trabajos corresponden a “convenios” internos establecidos por la misma comunidad a la que pertenecen los frailes”.

c) Análisis concreto sobre la sentencia de casación atacada. Defecto sustantivo. Contrario a lo que estima el petente de amparo, al caso no era aplicable el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sino la legislación canónica existente para los miembros de la Iglesia Católica y de las comunidades religiosas pertenecientes a ella, en tanto reitérase que fue precisamente por sus votos religiosos que el reverendo Álvaro Galvis tuvo la posibilidad de ocupar los cargos en los que se desempeñó dentro de la Universidad Santo Tomás, no puede entonces considerarse que existiera una relación laboral entre el Padre Galvis y la Universidad Santo Tomás, ya que su labor obedecía a su misión pastoral, razón por la cual su remuneración se pagó al Convento de San Alberto Magno, así contablemente fuera asignada como sueldo dentro de la universidad; además, tal como lo afirma la sentencia de casación, fue el mismo sacerdote quien sostuvo en su declaración que la labor realizada dentro de la Universidad Santo Tomás fue en virtud de su ordenación como religioso.

Defecto fáctico. La sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia se encuentra fundada en las pruebas obrantes dentro del proceso, dándoles una interpretación razonable y proporcionada, como son los estatutos de la universidad, el libro de constituciones y ordenaciones de la Orden de Predicadores y el interrogatorio de parte realizado por el reverendo Padre Galvis, entre otras.

Vía de hecho por consecuencia. En parte alguna se encuentra que la accionada haya sido víctima de error.

Violación directa de la constitución. Violación del derecho a la igualdad. No se encuentra cómo la situación del reverendo Galvis sea distinta a la de otros frailes de la Orden de Predicadores, así su derecho a la igualdad ha sido plenamente protegido, es más, si la sentencia de casación hubiera accedido a las pretensiones del demandante, sí se estaría violando el derecho a la igualdad, ya que tal y como lo señala el libro de constituciones y ordenaciones, los frailes que pertenecen a la comunidad no pueden tener propiedad alguna debido a su voto de pobreza.

d) Improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio de defensa judicial. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 133 de 1994, “la iglesia y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros… PAR.—El Estado reconoce la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos para decidir lo relativo a la validez de los actos o ceremonias religiosas…”. Existen tribunales eclesiásticos que se encargan de definir las controversias que surjan dentro del ámbito de la iglesia y frente a sus miembros, cánones 1400 y 1401 que al tenor dicen: “1400. Son objeto de juicio: 1º. La reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos. 1401. La iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1º. Las causas que se refieren a cosas espirituales o ajenas a ellas”.

4. Consideraciones de la Sala.

4.1. Competencia. En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales.

4.2. Inaplicabilidad para el presente caso del Decreto 1382 de 2000. En punto de la competencia de esta jurisdicción disciplinaria de cara a lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, la posición de quien aquí funge como ponente ha sido la de considerar que el mismo es incompatible con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, ya que la Carta Fundamental otorga competencia genérica a todos los jueces de la República para conocer indiscriminadamente de las acciones de tutela que se formulen, sin importar la materia o la entidad contra las que se accione, de modo que la fragmentación de competencias, conforme lo hizo el Decreto 1382, se manifiesta contraria al mandato constitucional en cita, y en tal caso inaplicable ante la primacía de este artículo 86 por virtud del artículo 4º de la Constitución Política.

Con todo, aún acogiendo la postura de la Sala mayoritaria, esto es, la aplicabilidad del mencionado Decreto 1382 de 2000, en el presente caso el mismo resulta inaplicable en virtud a lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto del 3 de febrero de 2004, según el cual en los casos en que las diferentes salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven rechazar todo trámite de tutela respecto de decisiones por ellas adoptadas, estos no pueden quedar sin solución alguna, razón por la cual los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier Juez (unipersonal o colegiado), en petición de amparo (1) , sin que con ello se estén invadiendo esferas propias del órgano legislativo, asignando competencias por fuera de las legalmente establecidas, sino que ante el estado de cosas inconstitucional creado por la Corte Suprema de Justicia, se hace aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 86 supremo, según el cual “toda persona” tiene acción de tutela para reclamar ante “los jueces”, en todo momento y en todo lugar.

Por tanto, encontrándonos en el sub lite frente a idéntica situación, esto es, ante acción de tutela rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante auto del 16 de marzo de 2005, no puede desconocerse lo dispuesto por la Corte Constitucional, máximo órgano de la jurisdicción constitucional, y dejarse sin definición el asunto.

En consecuencia, con el rechazo proferido por la Corte Suprema de Justicia, el aquí accionante se hallaba facultado para acudir a cualquier juez, y así lo hizo al presentar su petición de amparo ante esta jurisdicción disciplinaria, institución que por tal virtud adquiere competencia para conocer de la misma.

Sobre este puntual aspecto, la Corte Constitucional en sentencia T-570 de 2005 dijo:

“En efecto, en el auto 04 de febrero 3 de 2004 la Corte Constitucional decidió que los accionantes relacionados en tal providencia, y los demás que estuvieran en similar situación, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, tendrían el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una las salas de Casación, dada la negativa de la Corte Suprema de Justicia de tramitar y enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión las acciones de tutela interpuestas contra sus propios fallos, como ciertamente le aconteció a la señora Ana Sofía Becerra”.

4.3. Procedencia de la acción incoada. Sea lo primero señalar que ninguna duda ofrece en el sub lite la procedibilidad de la vía tutelar impetrada, por cuanto aún cuando el apoderado judicial de la universidad accionada refiere a la existencia de otro medio de defensa judicial, al decir que, de acuerdo con lo reglado en el artículo 13 de la Ley 133 de 1994 y los cánones 1400 y 1401, son los tribunales eclesiásticos los encargados de dirimir las controversias que surgen dentro del ámbito de la iglesia y frente a sus miembros, es claro que lo que se cuestiona por este mecanismo extraordinario de amparo es la sentencia de casación proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 4 de noviembre de 2004, luego si son los tribunales eclesiásticos los competentes para conocer del litigio suscitado, tal aspecto deberá analizarse como defecto orgánico en la decisión atacada y por ende solo es revisable si se entra a estudiar el fondo de la vulneración de derechos invocada, como pasa a hacerse.

4.4. Tutela contra providencias judiciales. La Corte Constitucional en sentencia C-543 de 1992 al declarar la inexequibilidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban la acción de tutela contra providencias judiciales, dejó claro que excepcionalmente podía acudirse a este mecanismo extraordinario cuando las decisiones jurisdiccionales, pese a estar amparadas por la presunción de validez, representaban verdaderas actuaciones de hecho. A este respecto en sentencia T-184 de 2004 se dijo:

“Esta Corte se ha visto en la necesidad de tener que precisar en numerosas ocasiones los alcances de su doctrina constitucional sobre las circunstancias excepcionales en las que procede la acción de tutela contra las acciones u omisiones de las autoridades judiciales. Así, en múltiples fallos ha partido del concepto de vía de hecho para analizar si, como lo proponen los demandantes, las providencias de los jueces se apartan del ordenamiento jurídico y lesionan derechos fundamentales. Y el entramado de remisiones ha sido básicamente conceptual debido a la variedad de procesos y a la amplia gama de vicisitudes que se presentan en el curso de ellos. A continuación, por tanto, se recogen los elementos esenciales de la doctrina.

“3.2.1. Como ya se mencionó, en la sentencia C-543 de 1992 la Corte se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991. En dicha ocasión, la Corte estimó que tales normas, que regulaban la acción de tutela contra providencias judiciales, no se ajustaban a la Carta, por considerar que no seguían las pautas o reglas de competencia y lesionaban el principio de seguridad jurídica, esencial para el adecuado funcionamiento de un Estado democrático. 

“Con todo, la Corte consideró de trascendental importancia aclarar los eventos en los que, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente, es decir, aquellos en los que las providencias judiciales, pese a estar amparadas por la presunción de validez, representan verdaderas actuaciones de hecho. La Corte se expresó en el siguiente sentido:

“Ahora bien, de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (C.P., art. 86 y D. 2591/91, art. 8º). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.

“3.2.2. La precisión hecha por la Corte en la sentencia C-543 de 1992 respecto de las actuaciones de hecho de los jueces como actuaciones fuera del marco legal y, por tanto, atacables mediante la acción de tutela, fue recogida pronto en la sentencia T-079 de 1993. En esta sentencia, la Corte determinó que la acción de tutela procede cuando la providencia judicial constituye la expresión del capricho del funcionario. En ese sentido, se entiende que la providencia judicial deviene en vía de hecho cuando los jueces aplican arbitrariamente las normas” (C.C., Sent. T-184/2004). 

4.5. Vía de hecho. Según criterio reiterado de la Corte Constitucional, una decisión judicial constituye vía de hecho cuando se está en alguna de las siguientes hipótesis:

“... 1. Presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una norma claramente inaplicable al caso concreto; 2. Presente un flagrante defecto fáctico, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; 3. Presente un defecto orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto de que se trate; y, 4. Presente un evidente defecto procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones” (subrayado fuera de texto) (C.C., Sent. T-567/98, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En forma más reciente pero en el mismo sentido, sobre el punto esa honorable corporación reiteró:

“5.2. De otro lado, en cuanto a los requisitos sustanciales la procedencia de la tutela está sujeta a la violación de un derecho fundamental que, ligado al acceso efectivo a la administración de justicia, puede materializarse bajo una de las siguientes hipótesis:

a) En aquellos eventos en los cuales la providencia enjuiciada incurre en defecto orgánico, sustantivo, fáctico o procedimental, ante el desconocimiento de las normas aplicables a un asunto específico.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación, (i) el defecto sustantivo opera cuando la decisión cuestionada se funda en una norma evidentemente inaplicable para el caso, ya sea porque perdió vigencia, porque resulta inconstitucional, o porque no guarda conexidad material con los supuestos de hecho que dieron origen a una controversia; (ii) el defecto fáctico tiene lugar cuando el juez carece del apoyo probatorio necesario para aplicar el supuesto normativo en el que fundamenta su decisión o, aunque teniéndolo, le resta valor o le da un alcance no previsto en la ley; (iii) el defecto orgánico se configura cuando la autoridad que dictó la providencia carecía, en forma absoluta, de competencia para conocer de un caso; y finalmente, (iv) el defecto procedimental se presenta cuando el juez actúa por fuera del marco señalado en el ordenamiento para tramitar un determinado asunto.

A partir de los anteriores conceptos, la Corte ha elaborado la teoría de la vía de hecho judicial, parámetro utilizado de manera relativamente sistemática para fijar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales. No obstante, como fue explicado en reciente providencia, “de la evolución jurisprudencial en la materia a estas hipótesis vendrían a sumarse otras que han venido a incorporar el nuevo listado de causales de procedibilidad en comento”.

b) Cuando la providencia tiene graves problemas ante una insuficiente sustentación o justificación de la decisión, o por desconocimiento del precedente judicial, en particular de la Corte Constitucional.

c) También son controvertibles mediante tutela las decisiones donde la vulneración de los derechos obedece a un error en el que fue inducida la autoridad judicial, que esta corporación ha denominado vía de hecho por consecuencia.

d) Si la decisión del juez se adoptó haciendo una interpretación normativa que resulta incompatible con la Carta, o cuando la autoridad judicial no aplica la excepción de inconstitucionalidad a pesar de ser manifiesta la incompatibilidad con aquella y haber sido solicitada expresamente.

En todo caso, la Sala recuerda que la configuración de cualquiera de los yerros anteriormente descritos no es en sí misma motivo suficiente para concluir la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, porque para ello se requiere la vulneración de algún derecho de naturaleza fundamental” (C.C., Sent. T-598/2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

4.6. El caso concreto. Estima el petente de amparo que la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en su sentencia de casación del 4 de noviembre de 2004, proferida dentro del proceso ordinario laboral que a su instancia se adelantó contra la Universidad Santo Tomás, se fundó en una norma claramente inaplicable al caso, o lo que es lo mismo omitió la aplicación de la norma adecuada, esto es, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Confrontada la sentencia de casación objeto de cuestionamiento se observa que fueron dos los yerros probatorios que encontró configurados la colegiatura accionada y que la llevaron a casar el fallo Tribunal Superior de Bogotá entonces revisado, estos son:

En primer lugar, los yerros planteados por la recurrente en los literales b) y c), de su demanda de casación, así:

“b) No haber dado por probado, estándolo plenamente, que la Universidad Santo Tomás es una universidad católica y que en sus estatutos expresamente figura su vinculación a la Orden de los Predicadores y su sometimiento al derecho canónico;

c) No haber dado por probado, estándolo plenamente, que a la vocación dominicana pertenece esencialmente enseñar la palabra y por escrito la sagrada doctrina y las demás disciplinas que sirven para la difusión y la comprensión de la fe”.

Al efecto, en la sentencia atacada se consideró:

“De las pruebas documentales enunciadas y de la confesión del demandante respecto de los hechos que se señalaron, no queda duda a la Corte que la vinculación del fraile Álvaro Galvis Ramírez, O.P., a la Universidad Santo Tomás se produjo por tratarse dicha institución de uno de los bienes terrenales de la comunidad de dominicos denominada “Orden de Frailes Predicadores…

(...).

No cabe desconocer a la Corte que el fraile sacerdote demandante aceptó, en el interrogatorio de parte que absolvió, la ausencia de dependencia subordinante, por cuanto las actividades que realizó en la universidad, las cumplió por el “voto de obediencia como dominico y miembro de la comunidad dominicana”.

(...).

Así las cosas debe concluirse que lo que ató al sacerdote Álvaro Galvis Ramírez, O.P., con la Universidad Santo Tomás no fue un contrato de trabajo, sino conforme a su opción de vida en calidad de religioso, la actividad propia de su condición de fraile...

De acuerdo con las anteriores consideraciones, la recurrente demostró los yerros probatorios que plantea en los literales b) y c) de este segundo cargo, los cuales inhibían la posibilidad al actor de establecer vínculo jurídico de orden contractual y laboral con la demandada pues ella no es ni más ni menos que parte del haber de su propia comunidad a través de la cual cumple su misión religiosa a la que se debía por votos de obediencia y pobreza”.

En segundo lugar, La Sala de Casación Laboral cuestionada encontró demostrados los errores de hecho enunciados en los literales d) y e) de la demanda de casación, así:

“d) Haber dado por probado, sin que lo esté, que al sacerdote Álvaro Galvis Ramírez se le entregaron directamente sumas de dinero como remuneración;

e) No haber dado por probado, estándolo plenamente, que los dineros que en las nóminas figuran liquidados por concepto de salarios y prestaciones sociales eran enviados al convento San Alberto Magno y no entregados al fraile Álvaro Galvis Ramírez”.

A este respecto consideró:

“Lo anterior significa que en el sub judice, la referencia a “sueldos”, debe sopesarse probatoriamente dentro de su contexto real, por cuanto no corresponde en verdad a un “ingreso en el patrimonio de quien prestó el servicio”, sino que difiere totalmente, porque tales emolumentos dadas las especiales circunstancias de provenir de quien actuó como miembro religioso en pro de la comunidad, pasa a formar parte de los bienes de ella, sin que pueda predicarse en tales condiciones su naturaleza retributiva, remunerativa o de sustento. Y la circunstancia de que figuren pagos de cesantías a nombre de otro sacerdote, por sí sola, no demuestra que tal concepto obedezca a prestación social originada en un contrato de trabajo, al no existir prueba que de fe de ello”.

4.6.1. Defecto fáctico. Si bien, en materia probatoria la revisión del juez de tutela es, en suma, limitada, en tanto es allí donde con mayor fuerza se ve reflejada la autonomía del operador de justicia, ya que el sistema de libre convicción adoptado por nuestro ordenamiento jurídico permite e impone al funcionario judicial que al momento de valorar las pruebas arrimadas a un proceso lo haga teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica y conforme a su libre convicción (2) , aún así, en este ámbito es posible que el operador judicial se aleje de su cometido e incursione en el campo de lo arbitrario e injusto, razón por la cual la doctrina constitucional se ha dado a la tarea de señalar en qué eventos una actuación judicial falla en su apreciación de los hechos probados dentro del proceso, encontrándose la siguiente enumeración:

i) Cuando en la decisión no hay ningún examen probatorio, ii) o cuando se dejan de valorar pruebas trascendentales para el proceso, iii) o cuando se niega a una de las partes el derecho a la prueba, iv) o también cuando, dentro del expediente, existen elementos de juicio que con claridad conducen a determinada conclusión, eludida por el juez con manifiesto error o descuido, v) o si al momento de evaluar la prueba, la conclusión jurídica a la que se llega es contraevidente, es decir es desproporcionada frente a las pruebas recaudadas (3) .

Y en sentencia SU-132 de 2002 el máximo Tribunal Constitucional señaló:

“En materia probatoria, la revisión que efectúa el juez de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que este encuentra para calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los elementos probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la falta de inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los mismos.

La atribución de un posible vicio fáctico a una decisión judicial en particular, ya sea por inexistencia o insuficiencia o irrelevancia en el material probatorio que la sustenta, solo ocurre cuando está de por medio una actuación ostensiblemente irregular del fallador, que riñe con la función que le ha sido asignada de administrar justicia. Es imprescindible que el respectivo funcionario haya antepuesto su voluntad o interés particular, por encima de aquello que objetiva y razonablemente le arrojan los medios de prueba. Como lo ha señalado esta Corte, es indispensable que se muestre un ejercicio arbitrario, irracional y caprichoso del poder discrecional para la práctica o valoración probatoria”.

Revisada la sentencia de casación atacada, se advierte que el juicio probatorio realizado por la Sala accionada fue sesgado, dejándose de valorar pruebas trascendentales para el proceso y arribando a una conclusión que resulta contraria a lo que arrojan las pruebas recaudadas.

Así, se encuentra que la declaración del fraile Álvaro Galvis Ramírez se tomó solo en uno de sus partes, al decirse:

“Al absolver el interrogatorio de parte que aparece a folios 81 a 87 del expediente, el demandante no obstante insistir en que la relación con la demandada era de una naturaleza en tanto que con la comunidad dominica de otra, aceptó su condición de fraile sacerdote dominico con votos de obediencia y pobreza, vinculado a la Universidad Santo Tomás por tal condición, al efecto, aceptó ser cierto el contenido de la pregunta octava del interrogatorio de parte que reza “…sírvase decir cómo es cierto si o no, que usted realizó sus actividades en la Universidad Santo Tomás, en cumplimiento del voto de obediencia como dominico y miembro de la comunidad dominica”. Respondió de igual manera “sí es cierto”, al interrogante contenido en la “PREGUNTA DÉCIMA PRIMERA— Sírvase decir como es cierto si o no padre, que cualquiera que fueren los dineros que usted hubiera recibido por su actividad como dominico en la Universidad Santo Tomás, usted por virtud del voto de pobreza los recibía para la comunidad dominica”; y en el mismo sentido de pertenencia a la comunidad de la que es miembro, obran las respuestas a las preguntas primera, segunda, tercera, cuarta, séptima y décima segunda”(fl. 28 del fallo).

No se tuvo en cuenta, por ejemplo, que a la pregunta tercera el deponente contestó:

“Sí continúo siendo dominico pero quiero aclarar lo siguiente, una es mi relación con la orden dominicana a la cual pertenezco y otra es o fue mi relación con la Universidad Santo Tomás en la cual trabajé durante 26 años, devengué un salario, me pagaron intereses de cesantías y me hicieron la liquidación parcial de mis cesantías” (fl. 82 del expediente ordinario laboral).

Y al preguntársele si asumió sus actividades en la Universidad Santo Tomás como parte de su misión apostólica y de evangelización, pregunta séptima, respondió:

“No es cierto y explico, mi trabajo lo asumí como dominico y como trabajador en la Universidad Santo Tomás donde por ser una fundación yo devengaba un sueldo y tenía unos derechos laborales. Muchos dominicos trabajan en universidades públicas en instituciones privadas distintas a la comunidad y otros trabajamos en las instituciones de la comunidad. Todos recibimos un sueldo, un salario, y después cada uno según su responsabilidad tomará sus decisiones frente a la comunidad…” (fl. 85 del expediente ordinario laboral).

Además, en respuesta a la pregunta décima tercera precisó:

“Está expreso en el título noveno, titulado Disolución y liquidación de la Universidad Santo Tomás, que todos los bienes de la función en caso de que haya una liquidación o disolución de la universidad no pertenecen a la comunidad dominica, sino que el gobierno determinará la institución de educación superior a la cual pararán dichos bienes” (fl. 86 del expediente ordinario laboral)

Así mismo, pese a que en la sentencia de segunda instancia casada el Tribunal Superior de Bogotá comenzó su argumentación diciendo que la “Universidad Santo Tomás corresponde a una entidad de orden privado, de educación superior, de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, expedida por el Ministerio de Justicia” (sic) (fl. 3 de la sentencia), hecho que se halla acreditado con certificación de la Secretaría General del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, Icfes (fl. 244 del expediente ordinario laboral), la colegiatura accionada se limitó a decir que se trataba de “uno de los bienes terrenales de la comunidad de dominicos denominada “Orden de Frailes Predicadores” de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia” (fl. 29 de la sentencia cuestionada).

En punto del elemento “salario”, la conclusión a la cual arribó la Sala accionada se muestra contraria a lo que evidencian las múltiples pruebas recaudadas en el curso del proceso ordinario laboral.

Así, a folio 95 del expediente ordinario laboral obra certificación del secretario general de la Universidad Santo Tomás, de fecha 14 de agosto de 1995, en la que se informa que el padre Álvaro Galvis se desempeña como rector general, vinculado a la universidad desde el 1º de agosto de 1968 y “recibe una asignación salarial básica mensual de cuatro millones quinientos mil pesos ($ 4.500.000), más gastos de representación por un valor de un millón quinientos mil pesos ($ 1.5000.000) mcte. para un total de seis millones de pesos ($ 6.000.000) mcte.”.

Inspección judicial adelantada por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogotá, en la cual se incorporaron a la actuación copia de nóminas (fl. 177 a 235 del expediente ordinario laboral) donde se registra el cargo, “valor sueldo” e incluso fecha de ingreso de distintos trabajadores, entre ellos, el Padre Galvis, por los años 1992 a 1995.

A folio 176 obra planilla de liquidación de fecha 31 de julio de 1995, respecto de cesantías del Padre Álvaro Galvis Ramírez que acredita un tiempo de servicio de veintisiete (27) años, fecha de ingreso el 1º de agosto de 1968 y retiro el 31 de julio de 1995, con último cargo rector general, “tipo de contrato indefinido” y sueldo de seis millones de pesos ($ 6.000.000).

Pese a lo anterior, en la sentencia que se revisa por esta vía de tutela se concluyó:

“…Lo que contable y administrativamente se le denominó sueldo y cesantía no lo percibió para sí sino conforme a las reglas de su comunidad. Situación que corrobora ampliamente lo hasta ahora visto en cuanto ratifica el hecho de que la situación de religioso del demandante fue inescindible de la labor que en el claustro universitario cumplió”.

Conclusión que así resulta contraria a lo probado dentro del proceso, además de surgir de una interpretación desfavorable para el trabajador y de habilitar un estado irregular de cosas, esto es, que los libros contables de una empresa consignen datos irreales.

Debiendo en este punto aclararse que la decisión cuestionada a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de salvamento conjunto por tres de sus integrantes y del que, por avenirse al tema, se acoge en cuanto se aseveró:

“... No es propiamente una conducta ajustada a la ética y a la moral cristiana, que por nómina se le paguen salarios a determinada persona y después judicialmente la entidad que paga alegue que no hay una contrato de trabajo, con franca violación de los principios constitucionales consagrados en los artículos 29 y 53 de la Carta Mayor y 8 a 24 del Código Sustantivo del Trabajo. La ponencia avala esa posición cuando afirma que “así se le hayan asignado contable y administrativamente por la obra de la comunidad denominaciones tales como la de “sueldo” u otras similares”, había que entenderlo como bien de la comunidad a la cual pertenece el religioso, en este caso el de la “Orden de Frailes Predicadores”. Sencillamente, en otras palabras, contable y administrativamente una entidad religiosa como la universidad demandada, puede registrar en sus movimientos datos falsos e inexactos y judicialmente en proceso laboral alegar lo que para ella es lo verdadero y que para la ponencia de la mayoría es el imperio de la primacía de la realidad, cuyo sentido puro y nato aparece lamentablemente desvirtuado en dicha providencia” (fl. 48 cuaderno de primera instancia en tutela).

Igualmente, obran declaraciones que la segunda instancia, Tribunal Superior de Bogotá, valoró de la siguiente manera:

“…La deponente Olga Cristina Solano, abogada de profesión, quien se desempeñó como directora de personal y sostuvo respecto del padre Álvaro Galvis lo siguiente “….sí me consta su vinculación pues como directora de personal que fui en la Universidad Santo Tomás, conozco que pertenecía a la nómina de la universidad, se le pagaban salarios, prestaciones sociales, existía una prestación personal del servicio por parte del padre, y tenía una subordinación y dependencia con su empleador que era la Universidad Santo Tomás, en su calidad de rector de la misma. Conozco directamente esta relación laboral entre el padre y la universidad desde el momento en que entré a ocupar el cargo de directora de personal, ya que yo era la persona responsable del manejo y administración de personal”… En cuanto a Ángela Lobo Guerrero, coordinadora de contratación en recursos humanos, dio cuenta que conoció al demandante como profesor y como rector, y aunque en su declaración trató de negar que existiera contrato de trabajo entre este y la universidad, reconoció que elaboró la liquidación parcial de cesantías, que él se encontraba en una nómina de padres con destino a los conventos… Otro testimonio fue el de Juan Oswaldo Camacho, abogado, y que se desempeñó como director de consultorio jurídico y decano de la facultad de derecho, quien manifestó que fue consultado “…por la jefatura de personal de la universidad Santo Tomás, con respecto a algunas situaciones laborales de algunos funcionarios y de los padres que estaban vinculados con la universidad con respecto al tema de seguridad social y que la universidad según lo que se me consultaba estaba incumpliendo con obligaciones laborales en este sentido… Olga Prada Acevedo, de profesión contadora vinculada con la demandada, dio fe que el demandante figuraba en la nómina de todos los frailes dominicos y que enviaban el cheque al convento al cual ellos estaban asignados…” (fls. 4 y 5 de la sentencia de 2º instancia).

Testimonios que la Sala cuestionada desechó de un tajo diciendo:

“En suma, a pesar de que algunos de los testigos calificaron la relación del sacerdote Galvis Ramírez como contractual, lo cual es entendible habida consideración de la forma como suplió su labor en la institución de su comunidad, e inclusive, que por ello figuraba un ingreso en dinero, no desconocieron su calidad de religioso, la pertenencia de la universidad a la comunidad dominica y que el acceso a los cargos que desempeñó se debió a su particular condición de miembro de esa comunidad... Así las cosas, no queda duda que el dicho de los testigos contiene en sí un concepto jurídico —la calificación del vínculo contractual—, más que la apreciación directa de los hechos…” (fl. 41 de la sentencia de casación).

Mas aún, no se observa análisis alguno en torno a lo afirmado por la testigo Olga Prada Acevedo (fl. 143 del expediente ordinario laboral), quien señaló que como contadora del convento San Alberto recibió el cheque de cesantías parciales del padre Galvis, el cual fue girado a favor del convento, pero informa que finalmente los dineros se entregaron al religioso, así se consigna en la declaración:

“PREGUNTADO. A folio 2 del expediente, se encuentra una liquidación parcial de cesantías, elaborada por el departamento de recursos humanos de la universidad con respecto a la labor desempeñada por el padre Álvaro Galvis Ramírez … A la declarante el juzgado le pone de presente la documentación obrante a folio 2 del expediente, y CONTESTÓ. Sí es la planilla que utilizaba la universidad, por ser contador del convento San Alberto al cual estaba asignado, el padre Galvis por la comunidad el cheque fue girado a nombre del convento San Alberto, y yo lo recibí para consignarlo a nombre del convento como contador que era. PREGUNTADO. En su respuesta anterior usted manifiesta que era el contador del convento San Alberto, indique al juzgado si los dineros que usted dice recibió como contador con respecto a la liquidación parcial de cesantías del padre Álvaro Galvis Ramírez se le entregaron nuevamente a él. CONTESTÓ. Sí”.

Prueba que fue tenida en cuenta por el tribunal de segunda instancia como sustento de su decisión al decir: “Olga Prada Acevedo… también afirmó que el cheque de cesantías parciales fue girado al convento San Alberto, del cual el testigo era el contador, pero reconoció que luego los dineros se los entregaron nuevamente a él”, y que por consiguiente resulta importante dentro de la actuación, mereciendo algún pronunciamiento por parte de la Sala accionada.

Quedan así expuestos los yerros fácticos que esta colegiatura encuentra en la providencia que se revisa, pasando a analizarse el defecto sustantivo al que igualmente refiere el actor.

4.6.2. Defecto sustantivo. La jurisprudencia de la Corte Constitucional tiene dicho que una actuación judicial adolece de vía de hecho por defecto sustantivo, si el funcionario judicial funda su decisión en una norma claramente inaplicable en el caso concreto, o lo que es igual, si deja de aplicar la norma que regula el caso sujeto a examen, o si tergiversa el fin de la legislación (4) .

A este respecto la Corte Constitucional precisó:

“Esta corporación en su jurisprudencia ha establecido que la existencia excepcional de una vía de hecho por defecto sustantivo, se presenta cuando la decisión adoptada por el fallador se funda en una norma claramente inaplicable al caso concreto, bien porque i) haya sido derogada y no produzca efectos en el ordenamiento jurídico; ii) porque resulte claramente inconstitucional y ante ello no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; iii) porque la aplicación al caso concreto es inconstitucional; iv) por declaratoria de inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional, o v) porque a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador” (5) .

Se duele el petente de amparo de que, en su caso, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia atacada no diera aplicación al artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, omisión que estima contraria al debido proceso, al derecho a la igualdad y a la libertad religiosa.

En términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2º de la Ley 50 de 1990, “se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo”, premisa que ha servido de base a la teoría del “contrato realidad” que copiosamente ha desarrollado la doctrina y la jurisprudencia laboral.

En punto al tema, es criterio unánime que en materia laboral prima la realidad sobre las modalidades adoptadas por los sujetos en desarrollo de su relación de trabajo, de tal suerte que no importa la forma que se adopte o la denominación que se dé a la relación jurídica que se establece entre las partes, basta con que concurran los elementos constitutivos del contrato de trabajo, esto es, una actividad personal del trabajador, la continuada subordinación o dependencia y un salario, artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para que este se tenga por existente y las partes así queden sometidas a las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo, en lo que se ha dado llamar principio de “contrato realidad”.

Sin embargo, la Sala atacada después de valorar las pruebas incorporadas a la actuación consideró que “lo que ató al sacerdote Álvaro Galvis Ramírez, O.P., con la Universidad Santo Tomás no fue un contrato de trabajo sino, conforme a su opción de vida en calidad de religioso, la actividad propia de su condición de fraile de la “Orden de Frailes Predicadores” de la provincia de San Luis Beltrán de Colombia, de la que es miembro y se debe, entre otras razones, por votos de pobreza y obediencia; y que las actividades que cumplió en ese centro docente fueron el vehículo de desarrollo de su profesión sacerdotal, siempre en beneficio de los fines esenciales de su comunidad”.

A. Libertad religiosa. En este orden, resulta imperioso analizar si la conclusión a la cual arribó la colegiatura accionada resulta contraria a los derechos a la igualdad y libertad religiosa invocados por el actor.

Es sabido que antes de la Constitución de 1991, la iglesia católica se erigía como la única religión reconocida por el gobierno colombiano, regulándose las relaciones entre el Estado y la Santa Sede a través de tratados internacionales denominados concordatos, último de los cuales es el concordato y protocolo final suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973, aprobado mediante la Ley 20 de 1974, el cual derogó el concordato firmado en Roma el 31 de diciembre de 1887 y aprobado por la Ley 35 de 1988.

La Ley 20 en cita, en su articulado contempló, entre otras, las siguientes disposiciones:

Artículo II. “La iglesia católica conservará su plena libertad e independencia de la potestad civil y por consiguiente podrá ejercer libremente toda su autoridad espiritual y su jurisdicción eclesiástica, conformándose en su gobierno y administración con sus propias leyes”.

Artículo X. “1º. El Estado garantiza a la iglesia católica la libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho de inspección y vigilancia que corresponde al Estado”.

Artículo XIX. “Continuarán deferidas a los tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y religiosos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas”.

Artículo XXIV. “… Los bienes de utilidad común sin ánimo de lucro, pertenecientes a la iglesia y a las demás personas jurídicas de que trata el artículo IV del presente concordato, tales como los destinados a obras de culto, de educación o beneficencia, se regirán en materia tributaria por las disposiciones legales establecidas para las demás instituciones de la misma naturaleza”.

Sin embargo, el constituyente de 1991 optó por garantizar la libertad de cultos, así en el artículo 19 se dice: “se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley”, razón por la cual se pasó de un Estado confesional a un estado laico y pluralista en materia de confesiones religiosas, eliminándose así la protección especial que otorgaba la Constitución original a la iglesia católica.

Bajo este entendido, la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974, en sentencia C-027 de 1993, la declaró exequible no sin antes precisar, en punto del artículo II, que la independencia y autonomía de la autoridad eclesiástica de la iglesia católica es una manifestación de la libertad religiosa consagrada en el artículo 19 fundamental, así como una “realidad viviente y hecho sociológico e indiscutible del pueblo colombiano”, pero ello debía entenderse “dentro del marco espiritual y pastoral que le es propio” (negrilla nuestra) y resaltó que “en tratándose de actividades exclusiva y esencialmente dedicadas al ejercicio espiritual y culto de la religión, goza esta de todas las prerrogativas sin que el Estado pueda entrometerse en ello. Es este el campo reservado a su dominio sagrado en que puede desenvolverse con toda amplitud y libertad”.

Por su parte, la Ley 133 de 1994, por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, en su artículo 3º establece:

“El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales”.

Y en su artículo 13:

Las Iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros.

En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y de su carácter propio, así como del debido respeto de sus creencias, sin perjuicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en especial de los de la libertad, igualdad y no discriminación” (negrilla fuera de texto).

Y cuando la Corte Constitucional realizó la revisión previa al proyecto de ley estatutaria sobre libertad religiosa que se convirtió en la Ley 133 de 1994, en punto a lo señalado en el citado artículo 13 precisó:

“No obstante el amplio margen de facultades y atribuciones de carácter espiritual e íntimo, así como en el plano de la vida social de las iglesias y confesiones, el proyecto de ley destaca que ellas deben respetar a las personas en sus fueros íntimos y abstenerse de coacción alguna; en cualquier caso, se deben respetar los demás derechos constitucionales fundamentales de las personas, en especial la libertad, la igualdad y la no discriminación”.

Dentro de este marco normativo se colige que la autonomía e independencia que se reconoce a la autoridad eclesiástica de la iglesia católica se halla referida a actividades exclusiva y esencialmente dedicadas al ejercicio espiritual y culto de la religión, pues en lo demás se encuentran sometidas al derecho común y al mismo deben acogerse, debiendo advertirse que aún en sus asuntos religiosos las iglesias y confesiones deben respetar los derechos y libertades reconocidos en la constitución y en especial la libertad, la igualdad y la no discriminación.

— De los oficios eclesiásticos. El cánon 145 define como oficio eclesiástico “cualquier cargo, constituido establemente por disposición divina o eclesiástica, que haya de ejercerse para un fin espiritual”.

Precisando este concepto se dice que el oficio, pieza clave de toda la organización eclesiástica, consta de los siguientes elementos: i) cargo (animus): conjunto de funciones, con sus obligaciones y derechos propios, a determinar en cada caso; ii) constituido establemente: no sea, por tanto, una creación pasajera, provisional; iii) por disposición divina o eclesiástica, por parte de quien tiene competencia para ello; iv) para un fin espiritual: en orden a la misión de la Iglesia (6) .

En cuanto a la función de enseñar de la iglesia, el cánon 747 señala que “la Iglesia, … tiene el deber y el derecho originario, independiente de cualquier poder humado, de predicar el evangelio a todas las gentes, … Compete siempre y en todo lugar a la iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social”.

Y el cánon 761 dispone: “Deben emplearse todos los medios disponibles para anunciar la doctrina cristiana, sobre todo la predicación y la catequesis, que ocupan siempre un lugar primordial; pero también la enseñanza de la doctrina en escuelas, academias, conferencias y reuniones de todo tipo…”.

Por ende, sin desconocer la loable tarea que ha cumplido la iglesia católica a lo largo de la historia, contribuyendo en la formación integral de los ciudadanos del país, solo corresponde a un oficio eclesiástico la misión de enseñanza de la fe y costumbres cristianas, luego en los demás casos lo que hace la Iglesia es colaborar con el Estado en su misión de educar, habilitado como particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política (7) , para fundar y administrar establecimientos educativos.

En este mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del artículo V del concordato aprobado por la Ley 20 de 1974, que al tenor dice:

“Artículo V. La iglesia, consciente de la misión que le compete de servir a la persona humana, continuará cooperando para el desarrollo de esta y de la comunidad por medio de sus instituciones y servicios pastorales, en particular mediante la educación, la enseñanza, la promoción social y otras actividades de público beneficio”.

Al respecto observó la Corte Constitucional:

“El artículo V va referido en forma exclusiva a la misión que tiene la iglesia en relación con la persona y expresa que con el ánimo de continuar colaborando en beneficio del recurso humano colombiano, la institución religiosa se compromete a prestar a través de todas sus entidades y dependencias los servicios que le sean propios, como los pastorales, la educación, la enseñanza, la promoción social y otras actividades de público beneficio.

Encuentra esta corporación que el contenido es eminentemente social en donde se destaca el sentimiento humanitario y espiritual que debe proyectar la iglesia, entendido esto desde el punto de vista que en el hombre confluye una doble naturaleza como son la material o corporal y la espiritual, que nutre con su sabiduría a la razón y hace que sea el ser más perfecto de la creación.

Desde todo punto de vista, la norma es consecuente con el artículo 19 de la Constitución Nacional que preconiza la libertad de cultos y los artículos pertinentes del Estatuto Superior que desarrollan los preceptos educativos, concretamente el artículo 68, que le otorga a los particulares el derecho para fundar dichos establecimientos y cuando a través de la historia la iglesia católica ha demostrado una gran vocación pedagógica, actividad de la cual se ha beneficiado en grado sumo el pueblo colombiano”.

Al efecto, establece el artículo 96 de la Ley 30 de 1992 que las personas naturales y jurídicas de derecho privado pueden, en los términos previstos en la citada ley, crear instituciones de educación superior, y en el artículo 98 se dispone que las instituciones privadas de educación superior deben ser personas jurídicas de utilidad común, sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones, fundaciones o instituciones de economía solidaria.

B. Derecho a la igualdad. El artículo 13 de la Constitución Política establece que “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, pero para que tal igualdad no quede reducida al plano teórico el inciso segundo de la norma en cita establece que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará las medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.

Por tanto, a fin de lograr una “real y efectiva” igualdad se permite que, en casos especiales, se de un trato diferente a algunas personas, siempre y cuando ello se encuentre razonablemente justificado.

En tal virtud, se entra a analizar si el trato diferencial dispensado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al padre Álvaro Galvis Ramírez se encuentra justificado.

— Naturaleza de la entidad. Estimó la colegiatura accionada que “la posibilidad de que un religioso establezca vínculos de orden laboral ... solo es dable cuando este se presenta entre el religioso y “otro”, es decir, un ajeno a la comunidad a la que pertenece” (fl. 43 de la providencia en estudio), pero como en el caso bajo examen la demandada, Universidad Santo Tomás, es un bien de la comunidad religiosa Orden de Predicadores a la cual se hallaba adscrito el clérigo demandante, no era posible entonces configurar la relación de trabajo pretendida.

Sin embargo, la misma Corte Constitucional al revisar el artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo fue enfática en señalar que la Constitución no autorizaba a que la condición o las circunstancias particulares del patrono se convirtieran en factores de tratos desiguales, en perjuicio de los trabajadores (8) .

Aún así, téngase en cuenta que, si bien, la Universidad Santo Tomás, es una obra de la comunidad “Orden de Predicadores”, las diferentes directrices que en materia de educación superior se han impartido, entre ellas Ley 30 de 1992, han hecho que la misma se organice como institución privada de utilidad común, sin ánimo de lucro, con personería jurídica y autonomía presupuestal y administrativa, y es en este marco en que debe analizarse la relación clérigo-universidad existente en este caso.

Sobre el particular, establecía el artículo 338 del Código Sustantivo del Trabajo que:

“1. Los patronos que ejecuten actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del presente código; pero para los efectos de las prestaciones sociales a que están obligados, el gobierno puede efectuar la clasificación de estos patronos y señalar la proporción o cuantía de dichas prestaciones.

2. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a aquellas personas que, de acuerdo con el concordato, están sometidas a la legislación canónica”.

Pero, los apartes subrayados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-51 del 28 de febrero de 1995, al considerar:

...Si el Estado quiere estimular determinadas actividades, debe hacerlo a su costa, no a costa de algunos individuos... Lo que no tiene justificación a la luz de la Constitución, es conceder ventajas a algunos patronos en desmedro de ciertos trabajadores. Estos no tienen por qué pagar los favores que el Estado otorgue a sus patronos. Pues, se repite, la retribución que el trabajador reciba debe corresponder a sus aptitudes y a la labor que desempeña.

(…).

“...El concordato aprobado por la Ley 20 de 1974, no menciona las relaciones laborales entre la iglesia y los trabajadores a su servicio, o al servicio de las personas sometidas al derecho canónico. Tampoco puede, pues, sostenerse que la parte final del artículo 338 tenga su fundamento en el concordato, o más exactamente en las normas de este no declaradas inexequibles”.

De contera con la inexequibilidad declarada por la Corte Constitucional se tiene que los patronos que ejecutan actividades sin ánimo de lucro quedan sujetos a las normas del Código Sustantivo del Trabajo, sin excepción alguna.

Por demás, bien se advierte en el salvamento de voto a que se viene haciendo mención en cuanto a que, nada impide que una persona se vincule laboralmente a la comunidad a la cual pertenece, sirviendo para el caso los ejemplos que allí se traen a colación al señalar que ello es tanto como afirmar que “en una comunidad el comunero no puede ser trabajador de la misma; que el socio de una cooperativa no puede ser trabajador de ella; que el socio de una sociedad tampoco o que el heredero no pueda ser trabajador de la masa herencial” (fl. 48 cuaderno de primera instancia).

— Calidades para ser rector. La Universidad Santo Tomás, en su estatuto orgánico (fls. 40 a 53 del expediente ordinario laboral), artículo 17 señala: “Para ser rector general se requiere tener título académico, haber sido profesor universitario durante un lapso no inferior a 5 años y pertenecer a la “Orden de Predicadores”.

Adviértase al efecto que es práctica generalizada este tipo de condicionamientos para ocupar determinado cargo en una asociación o comunidad de intereses, así es natural que se estipule en fundaciones, clubes, entre otros, incluso se exige en quien es encargado de administrar una propiedad horizontal, sin que ello repercuta en la relación laboral que se crea.

— Labor desempeñada. Según lo dispuesto en el artículo 20 de los estatutos de la universidad, son funciones del rector:

1. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, los estatutos y los reglamentos de la universidad y las providencias emanadas del consejo superior y académico.

2. Representar a la universidad ante toda autoridad y ante terceros.

3. Convocar y presidir al consejo superior y el claustro de la universidad.

4. Notificar al consejo de fundadores y al consejo superior cuarenta y cinco (45) días antes del vencimiento de su período, para efecto de la elección de su sucesor.

Luego, como rector su función estuvo alejada de su vocación espiritual y evangelizadora del pueblo de Dios, desempeñando labores netamente administrativas, denotándose además subordinación frente a las directivas de la institución universitaria y representación de la misma.

— Votos de pobreza. La vocación sacerdotal no es ajena a la relación laboral, ni a la retribución económica, salario, que la misma envuelve, razón por la cual es perfectamente admisible y de regular ocurrencia que los clérigos establezcan vínculos laborales ya sea con particulares o con su propia comunidad, pero por los votos de pobreza que profesan lo que ganan lo adquieran para el instituto al cual pertenecen, así establece el cánon 668 que: “Todo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de cualquier modo en concepto de pensión, subvención o seguro, lo adquiere para el instituto, a no ser que establezca otra cosa el derecho propio”.

Y el cánon 1286 manda a los administradores de bienes de la iglesia que: “En los contratos de trabajo y conforme a los principios que enseña la iglesia, han de observar cuidadosamente también las leyes civiles en materia laboral y social”.

Por ende, en el presente caso, aún cuando los dineros que la universidad pagaba al padre Galvis bajo el rubro de “salario” eran girados directamente al convento de San Alberto Magno, ello no desvirtúa el carácter oneroso del vínculo existente entre la universidad accionada y el clérigo actor, en tanto este podía disponer, como a bien quisiera, de los mismos, y así lo hizo, esto sí, en acatamiento del voto de pobreza, al permitir que se entregaran al citado convento, al cual además pertenecía.

Colorario de lo anterior es la inexistencia en el presente caso de circunstancia alguna que justifique razonablemente el trato diferencial otorgado por la colegiatura accionada a la labor desempeñada por el Padre Galvis al servicio de la Universidad Santo Tomás, resultando por consiguiente arbitrario e injusto que en su caso la Corte Suprema, Sala Laboral, se haya sustraído de dar aplicación a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, incursionando con su decisión en un claro defecto sustantivo, constitutivo de vía de hecho.

4.6.3. Defecto orgánico. La vía de hecho por defecto orgánico se presenta cuando el fallador carece por completo de competencia para resolver el asunto sometido a su consideración.

Al efecto, considera el apoderado de la Universidad Santo Tomás que el asunto debatido es de competencia de los tribunales eclesiásticos, los cuales se encargan de definir las controversias que surjan dentro del ámbito de la iglesia y frente a sus miembros, al tenor de lo dispuesto en los cánones 1400 y 1401, así:

Cánon 1400. “Son objeto de juicio: 1º. La reclamación o reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, o la declaración de hechos jurídicos”.

Cánon 1401. “La iglesia juzga con derecho propio y exclusivo: 1º. Las causas que se refieren a cosas espirituales o ajenas a ellas”.

Así mismo, artículo II del concordato aprobado por la Ley 20 de 1974 reconoce la libertad e independencia de la iglesia católica, así como su autoridad espiritual y jurisdicción eclesiástica.

Sin embargo, establece el artículo XIX del concordato en cita que “continuarán deferidos a los tribunales del Estado las causas civiles de los clérigos y las que se refieren a la propiedad y derechos temporales de las personas jurídicas eclesiásticas”.

Así, el poder jurisdiccional de la iglesia se halla limitado al ámbito de lo religioso, de manera que cuando se sale de dicho marco se encuentra sometida a la potestad del Estado y a sus tribunales ordinarios, siendo, por consiguiente, la naturaleza de los asuntos debatidos los determinantes de la competencia, no la calidad de los sujetos, a este respecto en el Código de derecho canónico publicado por la biblioteca de autores cristianos precisa:

“Es pues, un criterio objetivo o material el de la naturaleza de las cosas —el que determina que hay asuntos que son de competencia exclusiva del Estado, mientras otros, de manera originaria y exclusiva, caen bajo la jurisdicción de la iglesia—. En virtud de este criterio rigurosamente objetivo, compete a la iglesia juzgar las causas referentes a cosas espirituales (sacramentos, votos, …) y a cosas temporales unidas inseparablemente a cosas espirituales (nacimiento legítimo, sepultura…), la violación de las leyes eclesiásticas y, donde haya razón de pecado, a los fines que se indican” (9) .

En tal orden, adviértase que lo pretendido por el demandante, Padre Álvaro Galvis Ramírez, a través de la demanda ordinaria laboral que instauró contra la Universidad Santo Tomás, es el reconocimiento de su vínculo laboral con la citada institución educativa, así como el pago de prestaciones sociales que del mismo se derivan, controversia que así planteada resulta ajena a los asuntos espirituales y las cosas temporales unidas inseparablemente a lo espiritual, siendo por consiguiente de competencia de los tribunales ordinarios del Estado.

Por demás, no se encuentra justificado que para llamar a responder penalmente al Padre Galvis por el aparente manejo irregular de los recursos patrimoniales del claustro universitario, esto durante el tiempo en que estuvo al frente del mismo, como rector general, sí se haya acudido a la justicia ordinaria-penal, habiendo resuelto la fiscalía delegada ante los jueces penales del circuito, al momento de calificar el mérito de la instrucción, auto del 19 de febrero de 1999, precluir la investigación por ausencia de requisitos sustanciales para proferir resolución de acusación (fl. 90 del expediente ordinario laboral); ahora se desconozca la competencia de esta jurisdicción ordinaria para el reconocimiento de sus derechos laborales.

Así mismo, adviértase que la independencia y autonomía reconocida a la autoridad eclesiástica, artículo I concordato aprobado Ley 20 de 1974, no puede constituir motivo de desigualdad o discriminación ante la ley, artículo 3º de la Ley 133 de 1994, razón por la cual los tribunales del Estado no pueden ser ajenos al estado de indefensión y penuria en que se ha dejado al aquí actor, pues si bien, no ha sido expulsado de la comunidad religiosa a la cual pertenece, sí se le ha despojado de su seguridad social y demás prestaciones después de veintiséis (26) años de servicio, como en declaración de parte vertida dentro del proceso ordinario laboral en estudio, el Padre Galvis manifestó:

“Fui despedido antiestatutariamente por el Consejo de Fundadores, como rector de la universidad y fui demandado ante la Fiscalía General de la Nación por la apropiación de cinco mil millones de pesos de la universidad. No hubo el recto proceso en el caso mío. Se me acusó a espaldas mías, me quitaron la asistencia social que tenía, me negaron todos los medios económicos desde hace cuatro años para vivir como persona digna después de haber trabajado 26 años en la Santo Tomás y la Fiscalía General de la Nación después de cuatro años de investigación precluyó a favor mío” (fl. 83 expediente ordinario laboral).

4.7. Conclusión. Por las razones expuestas, aún cuando la sentencia de casación que se revisa no adolece del defecto orgánico a que refiere la Universidad Santo Tomás, ninguna duda ofrece la vía de hecho en que incurrió la Sala de Casación Laboral accionada en su decisión del 4 de noviembre de 2004, al presentar un claro defecto sustantivo por inaplicar la presunción consignada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y los presupuestos del artículo 23 ibídem; además, del defecto fáctico que en detalle se dejó expuesto en el numeral 4.6.1 de esta providencia.

4.8. Criterio de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a fallos de tutela que le imponen proferir sentencia de reemplazo. Ya de manera reiterada la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentada su posición de no admitir que por vía de tutela se deje sin valor decisiones proferidas por la misma y se le imponga proferir sentencia de reemplazo bajo la égida de estar amparando derechos fundamentales, así la secretaría de esta colegiatura registra cerca de 250 casos en los que la citada Sala se ha negado a cumplir órdenes de tutela en tal sentido, argumentando lo siguiente:

“En conclusión, no es legal que la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura puedan obligar a un magistrado, o a varios de ellos, de otra corporación, a observar la exégesis que tengan una determinada norma legal. Tampoco puede pretenderse que el juez resuelva los casos siempre del mismo modo, por lo menos dentro del marco jurídico que hoy se nos impone; a ello no se está obligado, pues aunque la finalidad del recurso de casación es la de lograr la unificación de la jurisprudencia nacional ello no implica que la Corte esté impedida para revisar su posición en un determinado aspecto, en tanto obviamente no está atada por los criterios que haya adoptado en el pasado si se encuentra que jurídicamente no eran los más acertados.

Las consideraciones que anteceden son suficientes para que la Corte Suprema de Justicia reitere la plena vigencia de la sentencia de casación dictada el 16 de mayo de 2000, dentro del proceso ordinario laboral promovido por XXX” (proveído, nov. 16/2005, proferido dentro del Rad. 13137, en igual sentido los casi 250 casos que informa secretaría).

E insistiendo en su alegato de falta de competencia de esta jurisdicción disciplinaria para conocer de acciones de tutelas que involucran decisiones judiciales adoptadas por la misma, como máximo tribunal de la justicia ordinaria, ha argumentado lo siguiente:

“En primer término advierte la Sala como reiteradamente lo ha sostenido que, desde la óptica constitucional, resulta incuestionable la falta de competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de acciones de tutela, en tratándose como en este caso de acciones que involucran decisiones judiciales adoptadas por esta corporación como máximo tribunal de la Justicia ordinaria.

(...).

Resulta inadmisible, por lo tanto, que a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en asuntos de su exclusiva incumbencia, se pretenda imponer por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, la particular opinión de sus magistrados, asumiendo una competencia que no tiene y con ello desconociendo la autoridad que la Constitución le otorga a la Sala de Casación Laboral en las materias tratadas, con apoyo descuidado en la desatención de un criterio que guste o no es más que respetable.

Esa situación incomprensible y caprichosa de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura no puede pasar desapercibida por la Corte Suprema de Justicia, y precisamente con la única finalidad de proteger la propia Carta Política, concretamente el artículo 218, se dirá que la única sentencia válida en este asunto, es la del 16 de mayo de 2000, con lo cual se garantiza el principio de autonomía e independencia de los jueces tan necesario en los tiempos actuales…” (proveído, nov. 16/2005, proferido dentro del Rad. 13137, en igual sentido los casi 250 casos que informa secretaría).

Tan reiterada postura es ya de conocimiento del máximo Tribunal Constitucional, el cual en auto 010 del 17 de febrero de 2004 avaló medida adoptada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que al advertir el incumplimiento de su orden de tutela, declaró vigente formal y materialmente la sentencia de primera instancia, al estimar que esta interpretaba en debida forma el contenido del fallo de tutela desacatado, así dijo:

“Y dentro de las medidas a adoptar en estos casos, se cuentan la de proceder a dictar una sentencia de reemplazo si no existe otra forma de hacer cumplir lo ordenado, o en su defecto, la de tomar una decisión complementaria al fallo incumplido que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, como puede ser, sin modificar lo ya resuelto, la de dejar en firme la decisión judicial que fue revocada por la alta corporación de justicia en ejercicio de su competencia funcional, cuando a juicio de la Corte Constitucional aquella interprete en debida forma el criterio sentado en la respectiva sentencia de revisión y garantice la protección de los derechos conculcados por la alta corporación.

Esta última opción encuentra antecedentes específicos en el derecho comparado y concretamente en el derecho español. Ciertamente, con ocasión del recurso de amparo constitucional promovido contra una sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a un proceso de filiación y pruebas biológicas, el Tribunal Constitucional Español, en la sentencia del 7 de enero de 1994, resolvió anular la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y dejar en firme la sentencia proferida por su inferior jerárquico, la audiencia provincial. En el fundamento jurídico octavo de la citada providencia, luego de advertir la violación por parte de la providencia del Tribunal Supremo, sostuvo el órgano de control constitucional que una manera de garantizar el derecho de la demandante a un proceso sin dilaciones indebidas, era perfilar el fallo de amparo de tal manera que solo se anularan aquellas decisiones judiciales que directa e inequívocamente habían infringido el derecho fundamental reclamado, restableciendo los efectos de aquella que garantizaba su ejercicio. En cuanto llegó a la conclusión que ello ocurría solo en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, tomó la decisión advertida: anular el fallo del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y dejar en firme el que había sido revocado por este. La aludida decisión es del siguiente tenor literal:

Estimar el recurso de amparo y, en consecuencia:

1. Reconocer el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva sin indefensión.

2. Anular la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 30 de abril de 1992 (rollo núm. 1126/1990), con la consiguiente firmeza de la sentencia de la audiencia provincial (sección décima) de 26 de febrero de 1990 (rollo núm. 873/1998)”.

“Al margen de lo anterior, en procura de hacer realidad la orden de protección incumplida por una alta corporación de justicia, también en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de reestablecer la vigencia de la decisión reemplazada con la providencia declarada nula en vía de tutela. Recientemente, a propósito del incumplimiento de la sentencia T-1306 de 2001, que dejó sin efectos un fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y le ordenó a esta dictar sentencia de reemplazo, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Cundinamarca, en su condición de juez de tutela de primera instancia, mediante proveído del 22 de mayo de 2002, decidió “DECLARAR VIGENTE formal y materialmente la sentencia del juzgado 6º Laboral del Circuito de la ciudad de Bogotá, del 10 de febrero de 1999...”; en el entendido que esta interpretaba en debida forma el contenido de la sentencia de amparo desacatada.

“Invocándose una presunta vía de hecho, contra la decisión del Consejo Seccional se formuló acción de tutela, la cual fue finalmente denegada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-1158 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), al considerar que esa autoridad judicial se limitó cumplir con su deber constitucional de hacer efectiva la orden dada por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional. Sobre este particular, dijo la Corte en uno de los apartes de la citada providencia:

El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, al comprobar, como lo hizo, que se incumplió con una orden de tutela, hizo lo que correspondía y era su deber: hacerla cumplir. Interpretando las normas y las sentencias dictadas en el caso concreto, determinó razonablemente que el reconocimiento de la pensión del señor Florentino Méndez era el camino a tomar y por eso le dio validez a la sentencia del Juzgado 6º Laboral de Bogotá. Ese proceder no es una vía de hecho y así lo reconoció la magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, doctora Marina Pulido de Barón, al salvar el voto. La Corte Constitucional considera que lo decidido en el auto de 22 de mayo de 2002 no violó el debido proceso del Banco Popular...”.

Al amparo de esta determinación, esta colegiatura en casos similares de tutelas contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las que se ha accedido al amparo deprecado y dejado sin valor sentencia de casación, ante el reiterado incumplimiento de la mencionada Sala, se ha proferido sentencia de reemplazo o dejado vigente fallo de primera o segunda instancia ordinaria laboral que mejor interpreta la orden de tutela, así las siguientes decisiones: fallo del 6 de julio de 2005 aprobado en Sala 89 dentro del radicado 200502225, fallo del 3 de agosto de 2005 aprobado en Sala 99 dentro del radicado 200509190, fallo del 17 de agosto de 2005 aprobado en Sala 106 dentro del radicado 200502977, fallo del 28 de septiembre de 2005 aprobado en Sala 133 dentro del radicado 200503640, entre muchos otros.

Incluso, en caso de acción de tutela impetrada contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por compañera permanente que demandaba sustitución de pensión, esta colegiatura atendiendo la posición de la Corte Suprema de Justicia, reiterada por demás, de desconocer los fallos de tutela que se han proferido contra sus decisiones, entró a proteger de manera directa los derechos fundamentales invocados y a dejar sin valor las sentencias proferidas por la jurisdicción ordinaria, ordenando el reconocimiento y pago de la mesada pensional demandada, así:

“Ahora bien, no puede olvidarse la posición de la Corte Suprema de Justicia, reiterativa por demás, de desconocer los fallos de tutela que se han proferido en contra de sus decisiones, siendo previsible entonces, en virtud del principio jurisprudencial de confianza legítima, que si se ordena a dicha corporación, proferir nuevo fallo dando cumplimiento a lo aquí dispuesto, no será cumplido, sin que la alternativa de solución pueda quedar a la deriva, pues con ello se afectaría el derecho al acceso a la administración de justicia y se privilegiaría lo formal frente a lo sustancial, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado.

“En conclusión, esta colegiatura está en la obligación de brindar una solución al usuario acorde con los criterios de razonabilidad y protección de valores más trascendentes, por tal motivo atendiendo el claro objetivo del fallo de tutela, se procederá entonces a dar una protección inmediata a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social y mínimo vital de la actora, por lo cual, además de dejar sin valor y efecto las sentencias proferidas … se ordenará al representante legal de la sociedad XXX, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, reconozca y comience a pagar la mesada pensional a que tiene derecho...” (Sent., oct. 26/2005, aprobada en Sala 146 dentro del Rad. 200501390. M.P. Rubén Darío Henao Orozco).

Bajo este precedente, encontrándonos en el sub lite ante igual supuesto, esto es, de acción de tutela dirigida contra sentencia emitida por la Sala de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, la cual debe dejarse sin efecto ante la evidenciada vía de hecho que representa, y dada reiterada posición de esa corporación de desconocer las órdenes de tutela que le imponen proferir fallo de reemplazo, es perfectamente previsible entonces que igual procederá en el presente caso, siendo contrario a la misma tutela diferir en el tiempo el amparo de los derechos fundamentales que se encuentran vulnerados, e imperativo para el juez constitucional, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho y disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos, lo procedente en este caso es proceder de manera inmediata y directa al amparo deprecado sin someter al afectado a más trámites.

En tal orden, existiendo en el sub lite decisión de segunda instancia favorable a las pretensiones del petente de amparo que se aviene a lo aquí planteado, sentencia del 16 de agosto de 2002 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá con aclaración del 1º de noviembre de 2002, lo procedente es declarar su vigencia formal y material, dejando sin valor la sentencia del 4 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, vulneradora de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y libertad religiosa del actor.

En consecuencia, se ordenará a la Universidad Santo Tomás que en el término de cuarenta y ocho (48) horas reconozca y pague al señor Álvaro Galvis Ramírez la pensión plena de jubilación reconocida por el Tribunal Superior de Bogotá en el tercer numeral de la sentencia del 16 de agosto de 2002, procediendo a incluirlo en nómina de pensionados, dejando al petente de amparo en libertad de demandar por la vía ordinaria el pago del retroactivo y los demás rubros que le fueron reconocidos en la citada providencia y en sentencia de aclaración del 1º de noviembre de 2002.

4.9. Otros. Una vez registrado el presente proyecto, el apoderado judicial de la universidad accionada solicitó tener en cuenta su escrito del 1º de septiembre de 2005, al efecto se advierte que el mismo fue estudiado por esta colegiatura y referenciado en detalle en el numeral 3.6 de antecedentes de esta providencia, habiéndose rebatido los diferentes tópicos planteados por el memorialista a lo largo de las consideraciones que motivan el presente fallo, así: el título I. Vía de hecho judicial, se analizó en el numeral 4.5 de esta providencia; el título II. Régimen aplicable a miembros de la iglesia católica, se trató en el numeral 4.6.2 literales A y B; el título III. Análisis concreto sobre la sentencia de casación atacada, capítulo 1. Defecto sustantivo, en el numeral 4.6.2, capítulo 2. Defecto fáctico, en el numeral 4.6.1; el título IV. Improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio de defensa judicial, en los numerales 4.3 y 4.6.3.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el primer numeral del fallo impugnado que negó la nulidad planteada por los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2. REVOCAR el segundo numeral del fallo de tutela proferido el 30 de agosto de 2005 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y en su lugar se dispone:

a) ACCEDER al amparo de los derechos al debido proceso, igualdad y libertad religiosa del actor, ciudadano Álvaro Galvis Ramírez.

b) DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 4 de noviembre de 2004, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Álvaro Galvis Ramírez contra la Universidad Santo Tomás.

c) DECLARAR formal y materialmente VIGENTE la sentencia del 16 de agosto de 2002 y aclaración del 1º de noviembre de 2002 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor Álvaro Galvis Ramírez contra la Universidad Santo Tomás.

d) ORDENAR a la Universidad Santo Tomás que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia reconozca y pague al señor Álvaro Galvis Ramírez la pensión plena de jubilación reconocida por el Tribunal Superior de Bogotá en el TERCER numeral de la sentencia del 16 de agosto de 2002, procediendo a incluirlo en nómina de pensionados.

e) DEJAR al petente de amparo en libertad de demandar por la vía ordinaria el pago del retroactivo de la pensión de jubilación que le fue reconocida en sentencia del 16 de agosto de 2002, SEGUNDO numeral, y los demás rubros que a su favor se ordenaron en la citada providencia y en sentencia de aclaración del 1º de noviembre de 2002.

3. Súrtase las notificaciones de rigor, conforme a lo descrito en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

4. Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz, vicepresidente—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo—Germán E. Gómez Remolina—Carlos Mario Isaza Serrano, Conjuez—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Conjuez.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria.

(1) “Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.

Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva Sala de Selección disponga lo pertinente sin que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.

En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la prestación de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier Juez (unipersonal o colegiado), incluida otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado” (subraya fuera de texto) (C.C., Auto de feb. 3/2004).

(2) Artículo 187, Código de Procedimiento Civil. “Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica…”.

Artículo 61, Código de Procedimiento Laboral. “El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes…”.

(3) T-1009 de 2001, Corte Constitucional.

(4) Corte Constitucional, sentencia T-184 de 2004.

(5) Cfr. C.984 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra y SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Código de derecho canónico. Juan Luis Acebal y otros. Biblioteca de autores cristianos. Duodécima Edición. Madrid.

(7) Artículo 68 de la Constitución Política. "Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión".

(8) Corte Constitucional. Sentencia C-051 de 1995.

(9) Código de derecho canónico, ibídem, pág. 687.

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