Sentencia 11001110200020050245401 de septiembre 14 de 2005 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 110011102000 200502454 01, sep. 14/2005

M.P. Temistocles Ortega Narváez

Aprobado según acta 124

Negada la ponencia de la doctora Leonor Perdomo Perdomo, procede la Sala decidir la impugnación interpuesta contra el fallo emitido el día 22 de agosto último por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, dentro de la acción de tutela que instaurara a través de apoderado el ciudadano Alberto Rafael Barbosa Senior contra la Organización Electoral – Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual declaró improcedente el amparo de los derechos constitucionales fundamentales deprecados.

Antecedentes

Así fueron reseñados en la ponencia derrotada:

“1. Argumentos del demandante:

En representación del actual alcalde de la ciudad de Cartagena DT y C, el abogado Néstor Iván Osuna Patiño formula demanda de protección excepcional que regula el canon 86 superior, precisando que la entidad accionada con su comportamiento, le vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y al de ser elegido de su prohijado.

En concreto, el togado informa que el 6 de agosto de 2003 el doctor Barbosa Señor, inscribió su nombre como candidato a la Alcaldía Mayor del Distrito de Cartagena para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007; razón por la cual, este adelantó su campaña electoral con el firme convencimiento, fundado en la Constitución y en la ley, y en los actos y manifestaciones de voluntad de las autoridades de la organización electoral, de que el período por el cual resultaría elegido sería por cuatro años según lo establece la Carta Política.

Agrega el letrado, que no obstante lo anterior, el 24 de octubre de 2003, vale decir, dos días antes de la celebración de los comicios, el Consejo Nacional Electoral expidió un concepto en el cual fijó una posición acerca de cómo debía entenderse el período del alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena que resultare elegido, el cual se lee:

“para el caso propuesto, en la ciudad de Cartagena de Indias, el alcalde que se elija el domingo 26 de octubre de 2003, inicia su período el 18 de noviembre de 2003 y lo ejercerá tal y como se determina en la parte motiva de este escrito, hasta el día nueve de diciembre de 2005. Este período corresponde a la mitad del tiempo entre el 18 de noviembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2007…”.

Explica, que luego de ser elegido por abrumadora mayoría Barbosa Senior, la comisión escrutadora distrital el 19 de diciembre de 2003, “declaró formalmente” la elección del mismo como nuevo alcalde, para el período comprendido entre el 18 de noviembre del mismo año al 8 de diciembre de 2005, expidiendo en los anteriores términos la respectiva credencial, determinación que no solo desatiende el mandato constitucional que prevé como período de gobierno cuatro años, sino que refleja un exabrupto, en tanto la regla general indica que los efectos de la declaración opera pro futuro.

En el anterior orden de ideas, el alcalde electo se posesionó según las normas constitucionales el 1º de enero de 2004 convencido de que su período era de cuatro años, vale decir, que su mandato terminaba el 31 de diciembre de 2007, sin embargo, como la organización electoral determinó una situación diferente; se demandó ante la jurisdicción contenciosa la nulidad y el restablecimiento del derecho afectado con la expedición de la credencial E-27 “… en la que los miembros de la Comisión Escrutadora del Distrito Turístico de Cartagena habían declarado que su elección como alcalde comprendía un período que se extendía tan solo el 18 de noviembre de 2003 al 8 de diciembre de 2005…”.

Consecuente con lo dicho, el Tribunal Administrativo de Bolívar al admitir la demanda en comento, accedió a la suspensión provisional del acto demandado acotando entre otras cosas: “… de la comparación del acto acusado con la norma constitucional citada y los documentos públicos aducidos con la solicitud se aprecia la vulneración flagrante que exige el artículo 152 numeral primero del Código Contencioso Administrativo para que proceda la suspensión provisional del acto demandado… En efecto no se requiere de un esforzado proceso de raciocinio jurídico para determinar que el acto acusado E-27 establece un período inferior al que consagra el artículo 314 de la Constitución Nacional para los alcaldes, vulnerando de manera ostensible y manifiesta el precepto superior … Más aun cuando en el mismo acto demandado en forma desatinada se declara la elección para un período que comienza antes de haberse acreditado la elección de alcalde, es decir antes de que culminaran los escrutinios sin existir certeza de quién habría resultado vencedor…”.

Señala el mandante, que a petición de la Procuraduría General de la Nación, el honorable Consejo de Estado al resolver la alzada propuesta por el agente del Ministerio Público, revocó el auto objeto de impugnación aduciendo tan solo argumentos de forma y no de fondo, sin que para el momento en que se formula la presente acción, el Tribunal Administrativo de Bolívar se haya pronunciado sobre la admisión de la demanda contenciosa, encontrándose en mora de adoptar las medidas correctivas que cesen con el comportamiento vulnerador de derechos fundamentales, pues la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha iniciado los trámites operativos para la celebración de las elecciones a la alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, previstas para el próximo 30 de octubre de 2005.

El apoderado actor, refuerza los argumentos antes mencionados citando el concepto fechado 8 de marzo de 2004, emanado del honorable Consejo de Estado, cuando a propósito del alcalde de la ciudad de Cúcuta, el alto tribunal aseveró que frente a un período constitucional típico, al elegido le corresponde dirigir los destinos de la localidad que lo favoreció con los votos por un período constitucional de cuatro años, situación que aplica al caso de su prohijado quien como se explicó fue elegido en los comicios del 26 de octubre de 2003.

El profesional del derecho justifica la solicitud de amparo excepcional que prevé el artículo 86 de la Carta Política, bajo el entendido de que:

A esta compleja situación se suma además el efecto colateral de la decisión del Consejo de Estado, que no es otro que, en estos momentos la resolución oportuna del asunto mediante sentencia debidamente ejecutoriada se haya visto definitivamente aplazada, y que por cuestiones apenas entendibles de congestión judicial, se torna bastante improbable que dicho asunto sea resuelto antes de que la organización electoral proceda a organizar para el próximo mes de octubre la elección de alcalde de Cartagena…”.

Sobre el tema, para el letrado está claro que la decisión del Consejo de Estado se revocar la medida de suspensión provisional y del auto admisorio de la demanda (mecanismos ordinarios de protección), sumada al apremio del tiempo y a la inminencia del despliegue logístico de la organización electoral, han configurado un escenario fáctico que determina que los mecanismos de protección judicial oportunamente empleados por el alcalde Barbosa Senior para la protección de sus derechos fundamentales, devengan ineficaces, para tales efectos, y sea entonces, la acción de tutela, la única alternativa para salvar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

En el anterior orden de ideas, se pide al operador de tutela, ampare los derechos fundamentales invocados, ordenando la suspensión de toda actuación de la entidad accionada, relacionada con la celebración de las elecciones para alcalde del Distrito de Cartagena, programadas para el 30 de octubre del año que avanza (fls. 1 a 15 c.o.).

2. Sinopsis procesal.

El 9 de junio la Sala a quo, avocó conocimiento de la acción, omitiendo integrar debidamente el litis consorcio necesario, pues dejó de notificar y remitir copia del libelo tutelar a la comisión escrutadora; situación que obligó a que esta superioridad, el 3 de agosto del año en curso a nulitar lo actuado (fl. 90 c.o. segunda instancia), en el proceso a partir incluso del auto admisorio de la acción, dejando a salvo, eso sí las pruebas recaudadas con ocasión del diligenciamiento.

En este orden de ideas, el jefe de la oficina jurídica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, al pronunciarse sobre las pretensiones tutelares explicó que la entidad ha procedido de conformidad con lo prescrito no solo en el mandato constitucional que regula la materia, sino acorde con los antecedentes que rodean el caso particular, bajo el entendido de que en el evento a examen, el período del alcalde actor corresponde a lo que se ha conocido como período atípico, pues, asevera que al haber terminado el anterior alcalde su gestión el 16 de noviembre de 2003, el período del actor era igualmente atípico.

Precisa que el Decreto 169 del 8 de febrero de 2000, le permitió a la alcaldesa encargada antecesora de Diaz Redondo estar al frente del cargo “hasta la posesión del alcalde elegido popularmente el 29 de octubre de 2000…” (fls. 129 a 135 c.o.).

3. Sentencia de primera instancia:

El 22 de agosto hogaño la Sala a quo al emitir decisión de fondo resolvió declarar improcedente la petición de tutela, considerando que la censura presentada por el abogado del actor al operador constitucional, cuenta con un escenario diferente al constitucional, para su resolución, vale decir, para el colegiado de instancia, el pronunciamiento respecto de las pretensiones tutelares, le compete a la justicia contencioso administrativa.

En concreto, se adujo en el fallo hoy impugnado, que la mora en el pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso de Bolívar, se le debe trasladar al actor, a quien le imputa la falta de diligencia en demandar por la vía correcta el acto que presuntamente conculca los derechos fundamentales del accionante.

Sobre el punto, la sentencia precisó que la existencia del perjuicio irremediable no se constata en el presente evento, en tanto “… resta un término suficiente, a nuestro juicio, como para que la autoridad administrativa en segunda instancia resuelva sobre el recurso de apelación que se formuló por el demandante contra el auto que rechazó la demanda contenciosa…” (fls. 274 a 303 c.o.).

En desacuerdo con la anterior determinación el apoderado Barbosa Señor, allegó en término escrito en el cual escuetamente impugna la sentencia, sin que para el presente momento haya aportado las razones que avalen su inconformidad (fl. 322 c.o.).

4. Intervención del Ministerio Público:

El representante de la Procuraduría General de la Nación, en extenso escrito, se opone a las pretensiones de amparo deprecadas por el accionante, señalando que “… para aquellos casos exceptuados de la generalidad, los que se denominan períodos atípicos, la duración del mandato se determinaría de conformidad con el artículo transitorio, con el fin de lograr la unificación de todos los períodos sin excepción a partir del 1º de enero de 2008…”.

Recaba en la atipicidad del período del alcalde de Cartagena hoy actor, precisando que para dilucidar si el período del mismo es típico o atípico “… no resulta pertinente entrar a considerar si la posesión del anterior alcalde fue legal o ilegal, oportuna o anticipada; si el alcalde anterior se posesionó o no dentro de la oportunidad legal no atañe al asunto en litigio…”.

En términos generales las consideraciones del representante del Ministerio Público coinciden con los argumentos expuestos sobre el tema por la entidad demandada; igual el procurador delegado anexa al libelo sendas decisiones del honorable Consejo de Estado con los cuales dice, encuentran asidero sus argumentos (fls. 25 y ss. c.o.).

Consideraciones

Por virtud de la manifestación pura y simple del apoderado actor, entra la Sala a resolver la impugnación del fallo de instancia.

De la procedencia de la acción

Contrario a lo sostenido por la Sala a quo, esta colegiatura estima procedente la acción, fundada en 2 presupuestos: en primer término, que tal y como ha quedado sentado al referir los antecedentes, el actor adelanta actualmente acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los mismos actos aquí cuestionados, y que si bien ha resultado inicialmente rechazada la demanda, tal determinación se encuentra recurrida y en consecuencia las resultas de la misma constituyen hoy un albur, por lo cual bien puede ocurrir que la acción continúe sin tropiezo, no siendo el juez de amparo el llamado a desplazar al juez natural en términos de definir si dicha demanda está llamada o no a tramitarse; de tal modo, en términos de procedencia de la acción de amparo lo relevante es que el mecanismo ordinario de defensa judicial ha sido empleado.

En segundo lugar, para este juez colegiado es manifiesta la ineficacia de la acción en curso, en el entendido que la congestión de la justicia contenciosa de ninguna manera permitiría evacuar el respectivo proceso antes que se realicen las elecciones previstas para el mes próximo para la alcaldía de Cartagena, y en tales condiciones un resultado favorable al actor ya no podría restituirlo en el cargo, no solo porque seguramente ya se encontrará ejerciendo el acalde electo para el resto del período hasta el 31 de diciembre de 2007, sino porque en todo caso, el funcionario elegido por voto popular que lo suceda, habrá consolidado sus propios derechos, y entonces, al aquí actor solo podrán restablecérsele los suyos mediante una compensación económica, pero irremediablemente no podrá ya restituírsele el derecho a ejercer el cargo público que actualmente desempeña.

Del fondo del asunto

Pues bien, en orden a definir el tema objeto de ocupación, estima prudente la Sala efectuar una retrospectiva en lo que ha sido el desarrollo constitucional en materia del período para alcaldes municipales; así, el texto original del artículo de la Constitución Política de 1991, establecía:

“En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegible para el período siguiente”.

Durante su vigencia en no pocas ocasiones emergió la discusión sobre qué ocurría cuando los alcaldes no culminaban su período, por múltiples razones: nulidad de la elección, muerte, renuncia, destitución… etc.; esto es, si el sucesor debía ser elegido por lo que faltara del período, entendiendo así que el período era institucional, o si debía ser elegido por un nuevo período de 3 años consagrado constitucionalmente —período personal—.

Fue la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en su desarrollo llegó a determinar cómo la interpretación que se avenía a la norma constitucional era que los períodos eran personales y en consecuencia los nuevos alcaldes tenían derecho a un período de 3 años.

Así en fallo de unificación, luego de relatar los antecedentes jurisprudenciales sentenció:

“La lectura anterior permite deducir que los puntos centrales de la jurisprudencia son los siguientes:

a) Los períodos son individuales y no institucionales,

b) Cuando hay vacancia absoluta se procede a nueva elección y principia nuevamente a contarse el período,

c) Las razones principales para convocar a nuevas elecciones en el caso de los alcaldes, cuando se presenta la vacancia absoluta, se fundamenta especialmente en el principio democrático, en la soberanía popular, en la elección directa,

d) Se reservó a la voluntad popular la elección del alcalde por un período de tres años, luego este es un derecho de los ciudadanos, agregándose que el alcalde es elegido para que durante ese período cumpla con el programa que sometido a la consideración de los electores” (1) .

Pues bien, dichas decisiones, cuya ponderación y análisis se encuentran por fuera de cualquier reparo, generaron, sin proponérselo, un desorden en el calendario electoral a nivel regional, pero especialmente local en todo el territorio nacional ocasionando no pocos traumas que fueron más allá del presupuestal, y que condujeron al constituyente secundario a la búsqueda de una solución que, vía reforma constitucional, se encaminó a la institucionalización de los períodos; así en el “Informe de ponencia para primer debate en Cámara Segunda Vuelta al Proyecto de Acto Legislativo 091 de 2001 Cámara, 009 de 2001 Senado”, que habría de concluir en el Acto Legislativo 02 de 2002, recogido en la Gaceta del Congreso 126 del 22 de abril de 2002, se precisó la esencia de la reforma constitucional en estos términos:

“Institucionalizar los períodos de alcaldes y gobernadores. En materia de gobernación no ha sido protuberante el caos en asuntos electorales, quizás por el reducido número de entes territoriales, pero para prevenirlo es mejor anticiparse a los hechos, razón por la cual es conveniente despersonalizar los períodos para los cuales hoy popularmente se elige a dichos servidores públicos. … Por el contrario, en materia municipal, desde los últimos años y hasta la fecha, hemos venido presenciando un caos en relación con los calendarios electorales que cobijan la elección popular de los alcaldes. Es un imperativo, por vía constitucional, institucionalizar el período de elección de esta categoría de servidores públicos. La intención no es la de hacerles sesgos a las sentencias que sobre la materia han emanado de la honorable Corte Constitucional, que en su papel de intérprete de la Constitución, ha sostenido que el período para el cual se elige hoy a un alcalde, es personal y no institucional. Así las cosas, las faltas absolutas de tales mandatarios locales terminan supliéndose con la convocatoria a nuevas elecciones, no para el resto del período del antecesor, sino para uno nuevo de tres (3) años. Tales pronunciamientos de la Corte Constitucional los encontramos en las jurisprudencias siguientes: C-11/94, C-107/95, C-194/95, C-586/95, C-010/97, C-475/98, SU-168/99, A-007/99, SU-172/2000 (sic), C-844/2000 y T-441/2001. …Como consecuencia jurídica de las citadas sentencias de constitucionalidad, a guisa de ejemplo señalamos el comportamiento electoral de los últimos tres años, en elecciones municipales que no concuerdan con la fecha única nacional de convocatoria para el mismo efecto. Año 2000: Nulidad (3), vencimiento de período (5), muerte (2), renuncia (4) y por municipio nuevo (3). Total: 17 elecciones realizadas. || Año 2001: Nulidad (4), vencimiento de período (51), muerte (5), renuncia (1), destitución (1), municipio nuevo (5), aplazamiento elecciones de octubre 29 de 2000 (5). Total: 72 elecciones realizadas. || Año 2002: Nulidad (12), vencimiento de período (67), muerte (4), retiro forzoso (1) y renuncia (1). Total: 85 elecciones realizadas”.

De tal modo terminaron modificándose, entre otros, los períodos de gobernadores y alcaldes, que en cuanto tiene que ver con el de estos últimos consagró:

“ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2002

Por el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles.

Agosto 6 de 2002

ART. 1º—(…).

ART. 3º—El artículo 314 de la Constitución Política quedará así:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución”.

La aplicación de dicha norma no ofrecía dificultad en cuanto a los gobernantes regionales y locales que venían con el calendario electoral ordinario (período típico), pues al vencimiento de sus períodos quienes asumieron el 1º de enero de 2004, lo hicieron por el período institucional de 4 años allí mismo establecido.

La dificultad estribaba en que en algunas gobernaciones y en muchos municipios los períodos no coincidían con el calendario ordinario (períodos atípicos), siendo imperativo establecer reglas de juego durante un período de transición que finalmente culminará con períodos institucionales unificados en todo el territorio patrio a partir del 1º de enero de 2003, para estos singulares eventos es que se estableció en el artículo 7º del acto legislativo en cita:

“ART. 7º—La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor:

ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de las asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y ediles se iniciará el 1º de enero del año 2004”.

Es esta la norma que pese a su elemental claridad ha dado lugar a nuevas discusiones en torno al período de los alcalde que se encuentran al cobijo de los períodos atípicos.

Y se dice que su claridad es elemental porque con poco esfuerzo se logra establecer las hipótesis allí previstas, veamos:

“ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre de año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008” (negrillas de la Sala).

Se tiene en consecuencia que para los gobernantes con períodos atípicos solo caben 2 posibilidades:

a) Los elegidos después del 29 de octubre de 2000 y hasta el 6 de agosto de 2002 tendrían un período de 3 años; sus sucesores regirían su municipio hasta el 31 de diciembre de 2007.

b) Los elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre del año 2003, tendrían un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007; sus sucesores se elegirían por el resto del período que igualmente terminaría el 31 de diciembre de 2007.

Quiere significar lo anterior que en ningún caso los períodos institucionales de 4 años aplican a los gobernantes con períodos atípicos, pues quienes en tales condiciones fueron elegidos hasta el 6 de agosto de 2002, cuentan con un período de 3 años y sus sucesores por el resto del término hasta el 31 de diciembre de 2007; al paso que para los elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 cuentan con periodos de menos de 3 años, habida cuenta entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 hay 4 años, 4 meses y 23 días, y los alcaldes elegidos en el entretanto a lo sumo pueden gobernar la mitad de tal período.

En el mismo sentido de pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en su fallo del 19 de agosto de 2004, dentro del expediente 3386, tal cual lo menciona en su intervención en esta tutela el Consejo Nacional Electoral (fls. 134 y 135).

De tal modo, a juicio de la Sala, para los efectos de la determinación a asumir, basta con establecer en qué hipótesis se encuentra el aquí actor, pues la norma en cita hace parte del texto constitucional y es por tal razón norma de normas, vinculante, no puede desconocerse por ninguno de los poderes públicos derivados y ni siquiera por el pueblo a menos que se encuentre actuando como constituyente primario y en función de tal, que no es el caso de autos; por ello se hacen propias las consideraciones del delegado especial de la Procuraduría General de la Nación que intervino en la presente actuación:

“El orden jurídico legal es jerarquizado y a su cabeza está la norma constitucional; de ella derivan su validez las disposiciones que le son subordinadas, por manera que estas últimas no pueden ni rebasarla ni restringirla. Así, cuando se argumenta en favor de la legalidad del acto de elección que el candidato fue inscrito para un período de cuatro (4) años que se iniciaba el 1º de enero de 2004; que la ciudadanía de Cartagena fue convocada por la organización electoral para que eligiera alcalde para un período de 4 años; que la campaña se desarrolló para cuatro años; o que la credencial que se otorgó al alcalde le señala un período de cuatro (4) años, esas razones resultan contrarias a la Constitución y, por lo mismo, no tienen fuerza vinculante alguna, no pueden tenerla por razón ninguna so pena de violentar la Carta Política.

Idéntica consideración cabe para oponerse referido al ius honoris que el pueblo soberano otorgó al elegir alcalde, porque si bien el pueblo es soberano y de él emanan los poderes públicos, al momento de elegir no es constituyente y, por lo tanto, no puede reconocer situaciones por fuera del mandato constitucional que se impuso y que está obligado a acatarlo. Esa es la regla básica dentro de la cual se desenvuelve la actividad, tanto de los particulares como de las autoridades en un Estado de derecho, el respeto al ordenamiento jurídico” (fls. 42 y 43 C. 2ª instancia).

En el caso de autos se tiene, que según lo reza el acta de posesión datada a 17 de noviembre de 2000, del Dr. Carlos Diaz Redondo, antecesor del actor en la alcaldía de Cartagena, fue elegido el 29 de octubre de 2000, para un período que inició el 17 de noviembre del mismo año (fls. 127 y 128); esto es, que de un lado, no estaba vinculado por la norma transitoria contenida en el Acto Legislativo 02 de 2002 que prevé las hipótesis de los alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre de 2000 y en consecuencia, su período, regulado por la norma derogada —C.P., art. 314 original— era personal conforme al citado fallo SU-1220 de 2000.

Y de otro, que el siendo un período por fuera del calendario ordinario que empezaba el 1º de enero cada 3 años, se trataba de un período atípico que en consecuencia debe estarse a lo previsto en la norma transitoria prevista en el pluricitado acto legislativo.

En consecuencia y como el Dr. Alberto Rafael Barbosa Senior, fue elegido el 26 de octubre de 2003, se encuentra dentro de la hipótesis b atrás reseñada:

b) Los elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre del año 2003, tendrían un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007; sus sucesores se elegirían por el resto del período que igualmente terminaría el 31 de diciembre de 2007.

En otras palabras, el alcalde que antecedió al ciudadano Barbosa Senior, señor Carlos Diaz Redondo fue elegido por el período atípico comprendido entre el 17 de noviembre de 2000 y hasta el 17 de noviembre de 2003 (fl. 73 C. 2ª instancia), luego su sucesor por mandato constitucional, debía ejercer sus funciones a partir de esta última fecha, esto es, que se hallaba dentro del supuesto fáctico resaltado de la norma en discusión: entre la vigencia del Acto Legislativo 002 del 6 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, y en consecuencia su período corresponde a la mitad del tiempo que faltaba para llegar al 31 de diciembre de 2007.

Para esta colegiatura, no existe manera de hacer esguinces ni interpretaciones diversas al tenor literal del citado mandato superior y no cabe admitir supuestos fácticos o legales que contraríen el claro mandato constitucional, aún si la organización electoral no expidió su credencial antes del inicio del período el 18 de noviembre de 2003, pues lo cierto es que ni ese ni algún otro órgano del Estado pueden variar los mandatos constitucionales; al respecto valga citar aclaración de voto del Dr. Jaime Araújo Rentería al fallo C-375 de 2004:

“El derecho constitucional moderno considera que toda la Constitución tiene un valor normativo y que en consecuencia todas sus normas deben cumplirse inmediatamente y todas las normas de la Constitución obligan a todos los órganos del Estado (gobierno, jueces, legislador, etc.) y que es obligación de todos los órganos hacerla cumplir. No es cierto entonces que existan normas de la Constitución que no se deban cumplir, pues todas deben cumplirse y por todos los órganos del Estado”.

De tal modo, no es el programa del candidato, ni su inscripción, ni la voluntad de sus votantes, ni los eventuales errores de las autoridades electorales los que establecen el período de los alcaldes, es la Constitución Política, que como ya se indicó no puede ser desconocida, y esta, valga reiterarlo, consagró en el artículo transitorio contenido el Acto Legislativo 02 de 2002, que los alcaldes elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 —y el Dr. Barbosa Senior lo fue— lo son por un período equivalente a la mitad del tiempo que les hiciera falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007. En tales condiciones, al texto constitucional debe estarse el actor, no siendo conforme al mismo su pretensión de permanecer en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2007 pues como tantas veces se ha dicho, su período es por la mitad del tiempo desde cuando su antecesor culminó el suyo y hasta la fecha que se acaba de citar.

Basten estas consideraciones para modificar la determinación de instancia en el sentido de denegar el amparo solicitado, que no declarar la improcedencia de la acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria—, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

MODIFICAR el fallo de instancia, para en vez de declarar la improcedencia de la acción, denegar el amparo solicitado, conforme a lo dicho en las precedentes consideraciones.

Envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Fernando Coral Villota—Eduardo Campo Soto—Guillermo Bueno Miranda—Jorge Alonso Flechas Diaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temistocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(1) Sentencia de Unificación 1720 de 2000, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

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