Sentencia 1357 de junio 7 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200601357 01

Magistrado Ponente:

Jorge Alonso Flechas Díaz

Aprobada según Acta de Sala Nº 048 de la misma fecha.

Ref.: Tutela instaurada por Gustavo Riveros Aponte contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Bogotá, D.C., siete de junio de dos mil seis.

Asunto

Procede la Sala a decidir lo que corresponda en derecho sobre la impugnación del fallo adiado 28 de abril del año 2006, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual negó la acción de tutela deprecada por Gustavo Riveros Aponte contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal.

Fundamentos de la acción

En la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, se tramitó la acción de tutela incoada por el señor Jaime López Vásquez contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público —oficina de bonos pensionales— y el Instituto de Seguros Sociales, porque las dos entidades no habían efectuado el reconocimiento de la cuota parte y expedición del bono pensional, respectivamente, requeridos para acceder a la pensión anticipada de vejez tramitada por el accionante ante el Fondo de Pensiones Obligatorias Skandia, en la cual por sentencia adiada 5 de octubre de 2005 se tuteló los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social y mínimo vital y en consecuencia se ordenó a la “oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a continuar con el respectivo trámite a fin de lograr la expedición del cupón principal de bono, para que a su vez la administración del Fondo de Pensiones Skandia S.A. pueda resolver de fondo la solicitud de pensión anticipada de vejez invocada por López Vásquez” (fls. 35 a 45).

Transcurrido el tiempo sin que la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda hubiere expedido el bono pensional y por ende no disfrutare el accionante de la pensión, este incoó incidente de desacato el cual fue desatado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en providencia del 8 de febrero de 2006, en el que impuso sanción al jefe de la oficina de bonos pensionales por haber desatendido la orden dada en el fallo de tutela y en consecuencia lo sancionó con arresto de dos días y multa equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (fls. 46 a 50).

Remitida a consulta la anterior providencia a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta el 21 de marzo de 2006 decidió confirmarla al concluir que “no cabe duda que el jefe de la oficina de bonos pensionales desatendió la orden de tutela y por lo mismo incurrió voluntariamente en desacato, tal como en su momento y con razón el tribunal lo estimó” (fls. 51 a 55).

El señor Gustavo Riveros Aponte en calidad de jefe de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda, incoó la presente acción de tutela en contra de las autoridades antes mencionadas, pues en su sentir estas incurrieron en vía de hecho al no tener en cuenta las pruebas que aportó sobre el cumplimiento de la tutela, en consecuencia solicitó se le proteja el derecho a la igualdad y al debido proceso y por ende se declare que efectivamente obedeció lo ordenado en el fallo y se disponga la revocación de la sanción que se le impuso.

Previo a la presentación de la presente tutela, el accionante la incoó ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pero esta en auto adiado 30 de marzo de 2006 la rechazó sin estudiar de fondo el asunto, al considerar que era improcedente por estar dirigida la misma a controvertir una decisión adoptada en un proceso de igual naturaleza (fls. 56 y 57).

Actuación procesal y defensa de las corporaciones accionadas

1. Por auto del 6 de abril de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, admitió la tutela incoada, ordenó la notificación de las partes e igualmente al gerente nacional de pensionados del Instituto de Seguro Social, a la coordinadora de beneficios del Fondo de Pensiones y Cesantías Skandia S.A., y al coordinador de análisis y emisiones de Deceval S.A. —entidad encargada de la custodia y negociación de los bonos pensionales en el mercado de valores—, y al ciudadano Jaime López Vásquez (fls. 61 a 64).

2. La Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia a través de oficio 0279/T06 1357 de fecha 18 de abril de 2006 indicó que de acuerdo al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 las acciones de tutela interpuestas contra la Sala de Casación Penal, le corresponden conocerlas a la Sala de Casación que le sigue en orden alfabético, luego, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca carece de competencia para conocer del presente asunto.

Precisó que la acción de tutela no procede contra decisiones judiciales conforme se precisó en la Sentencia de Inexequibilidad C-543 de 1992, y que además la decisión que se tomó el 21 de marzo de 2006 por la cual se confirmó la sanción impuesta en el trámite de desacato, no fue fruto de la arbitrariedad de la Corte, ni se incurrió en defectos fácticos, probatorios u orgánicos, que hagan de ella una vía de hecho judicial (fls. 85 y 86).

3. Por su parte la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, precisó que el pronunciamiento que emitió en el trámite del incidente de desacato fue efectuado sin vulnerar las garantías constituciones y legales del sancionado. Adjuntó copia de la sentencia de tutela y de la providencia de fondo emitida dentro del trámite de desacato (fls. 88 a 108).

La sentencia impugnada

Con fecha 28 de abril de 2006 el juez colegiado a quo, profirió fallo en el que negó la tutela deprecada al considerar que en las providencias emitidas por los jueces colegiados accionados, no existe vía de hecho y por consiguiente no hubo vulneración alguna al derecho fundamental al debido proceso.

En primer lugar la Sala a quo se refirió al pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el que solicitó se declarara la incompetencia para conocer de la presente acción, para precisar que en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedibilidad, toda vez que una vez el accionante presentó la tutela ante la Sala Civil de Casación de la Corte Suprema de Justicia, esta la rechazó sin tramitarla, por tanto como el accionante no cuenta con otro medio judicial para la defensa de sus derechos, es procedente la presente acción tutelar.

En segundo lugar, precisó que a través de la presente acción de tutela no se podía pretender hacer una revisión sobre la juridicidad de las providencias con las que se muestra inconforme el accionante, ni frente al comportamiento del servidor sancionado en el incidente de desacato, porque ello implicaría establecer una instancia adicional de control de legalidad que no está prevista para tal procedimiento.

Finalmente, y para auscultar si eventualmente las autoridades accionadas incurrieron en vía de hecho en las decisiones cuestionadas, luego de hacer un análisis de las mismas precisó que era claro el tribunal superior en forma razonada ordenó a la oficina de bonos pensionales expedir en un término de 48 horas el cupón principal del bono pensional a favor del accionante, a fin de que la AFP Skandia S.A. pudiese resolver de fondo la solicitud de pensión anticipada de vejez que había formulado el señor Jaime López Vásquez, sin sujeción a lo establecido en la Sentencia C-734 de 2005 de la Corte Constitucional pues esta no se le podía aplicar retroactivamente al interesado, sin embargo el accionante no lo hizo sino que en forma tozuda, pues en la sentencia de tutela se le indicó que debía expedir el bono sin tener en cuenta tal sentencia, recabó en su aplicación y por ello desatendió la orden dada en el fallo de tutela del 5 de octubre de 2005.

Así las cosas, concluyó que el accionante desatendió la orden dada y por ende se vislumbra que los pronunciamientos sancionatorios del 8 de febrero y 21 de marzo de 2006 proferidos dentro del incidente de desacato, fueron tomados de manera objetiva, ponderada, con sindéresis, examinándose la conducta funcional manifiestamente desviada del doctor Riveros Aponte frente al mandamiento tutelar que se le impartió (fls.116 a 144).

La impugnación

La anterior decisión fue impugnada por el accionante en dos escritos, en el primero que es prácticamente una copia del texto de la demanda de tutela, en forma adicional indicó que “el día 10 de febrero de 2006 expedí, o sea entregué en custodia a Deceval para que pudiera ser negociado, el cupón principal del bono pensional del señor Jaime López Vásquez, es decir que cumplí el 10 de febrero de 2006 y el fallo de desacato me fue notificado el 15 de febrero de 2006”.

En el segundo escrito precisó que ponía en conocimiento el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, fechado 2 de mayo de 2006, M.P. Dr. Alfredo Amore Pardo, en el que se indicó que en el trámite de la acción de tutela no se podía ordenar a la administración que liquidara en una determinada suma el valor del cupón del bono a cargo de la Nación, y sin embargo en su caso, al confirmarse el fallo del incidente de desacato la misma Sala interpretó que el suscrito había emitido el bono pensional del señor López Vásquez con un salario inferior al reclamado, por lo cual en su sentir, los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se encuentran en una enorme contradicción con relación a su caso.

Consideraciones

Competencia

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura existentes en el país.

Siendo así, esta superioridad es competente para resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido el día 28 de abril de 2006, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

La acción de tutela

Mediante la Carta Constitucional de 1991, se determinó que la organización del Estado colombiano debía realizarse conforme a los principios de un Estado social de derecho, lo que implica que cada una de las instituciones que lo componen deben estar sujetas a una serie de reglas procesales, que se encargan de crear y perfeccionar todo el ordenamiento jurídico; de esta manera se limita y controla el poder estatal con el fin de que los derechos de los asociados se protejan y puedan realizarse, dejando de ser imperativos categóricos para tomar vida en las relaciones materiales de la comunidad.

Una de las características fundamentales del Estado social de derecho, es que las actuaciones y procedimientos regulados deben sujetarse a lo dispuesto en los postulados legales. Así, se consagran los principios y derechos constitucionales que irradian a todo el ordenamiento jurídico su espíritu garantista, que busca la protección y realización del individuo en el marco del Estado al que se asocia.

Entre los mecanismos destinados a buscar la materialización de los principios que informan el Estado social de derecho se encuentra la acción de tutela consagrada por el artículo 86 de la Constitución Nacional, la cual es el instrumento idóneo para que toda persona logre la garantía y protección de sus derechos fundamentales, cuando estos hayan sido vulnerados o sean amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. La finalidad última de este procedimiento especial es lograr que el Estado, a través un pronunciamiento judicial, restablezca el derecho fundamental conculcado o impida que la amenaza que sobre él se cierne se configure.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Es sabido que la acción de tutela no procede contra providencias judiciales en razón de la intangibilidad de la cosa juzgada, sin embargo en la Sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992 cuyo ponente fue el doctor José Gregorio Hernández Galindo, se estableció que en algunos casos es viable, verbi gratia, cuando se está frente a una vía de hecho, en este sentido la Corte expresó:

“... nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (C.P., art. 86 y D. 2591/91, art. 8º). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia” (resaltado fuera de texto).

De acuerdo a lo anterior, es factible interponer acciones de tutela contra la decisión judicial a través de la cual se desata un incidente de desacato, pues aunque esta clase de decisiones es tomada al interior de un trámite de tutela, ello no significa que eventualmente al proferirse no pueda incurrir el juez constitucional en actos u omisiones que amenacen los derechos fundamentales del sancionado, lo cual se traduce en una vía de hecho que no es más que atropellar de una manera burda o grosera las reglas establecidas en el ordenamiento jurídico, de tal forma que se vea afectado el derecho fundamental al debido proceso.

La jurisprudencia (1) ha establecido con claridad que se está ante una vía de hecho y, por lo tanto, procede el amparo constitucional, cuando se presenta al menos uno de los siguientes defectos en los cuales puede incurrir el juez: 1. Defecto sustantivo, orgánico o procedimental, 2. Defecto fáctico, 3. Error inducido, 4. Decisión sin motivaciones, 5. Desconocimiento del precedente y 6. Violación directa de la Constitución.

El caso en concreto y el objeto de la acción de tutela

Se hizo presente ante esta jurisdicción, para que en sede de tutela le sea protegido el derecho fundamental a la igualdad y al debido proceso, el señor Gustavo Riveros Aponte, a quien le estaría siendo conculcado por la Sala Penal de Casación de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, pues en su sentir al desatarse el incidente de desacato propuesto dentro de la acción de tutela incoada por el señor Jaime López Vásquez contra el Ministerio de Hacienda —oficina de bonos pensionales— y el Instituto de Seguro Social, incurrieron en vía de hecho por lo siguiente:

1. No se tuvo en cuenta que la orden dada en la sentencia de tutela no fue la de expedir el bono pensional sino iniciar las actividades pertinentes para lograr su expedición.

2. En acatamiento de la orden efectuó gestiones ante Skandia S.A., que no fueron valoradas en el trámite del incidente de desacato, y que finalmente expidió al bono en febrero 10 de 2006, es decir dio cumplimiento al fallo.

3. Dentro del trámite del incidente de tutela no fue requerido su superior, a fin de que este a su vez lo requiriera a él.

4. Los jueces de tutela no pueden ordenar gasto y en consecuencia no se podía disponer la forma y valor como se debía expedir el bono pensional.

Respecto del primer tema, este es, no haberse tenido en cuenta que la orden dada en la sentencia de tutela no fue la de expedir el bono pensional sino iniciar las actividades pertinentes para lograr su expedición, sin lugar a dudas no le asiste la razón, en efecto, la orden dada en la parte resolutiva es la siguiente:

“Se ordena a la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a continuar con el respectivo trámite a fin de lograr la expedición del cupón principal de bono, para que a su vez la administración del Fondo de Pensiones Skandia S.A. pueda resolver de fondo la solicitud de pensión anticipada de vejez invocada por López Vásquez”.

De acuerdo a lo anterior, es claro que la orden era la de “continuar con el respectivo trámite”, sin embargo, una vez el Instituto de Seguro Social cumplió con la obligación que le asistía, como se estableció en la sentencia de tutela, no quedaba pendiente ningún otro trámite, y en consecuencia el jefe de la oficina de bonos pensionales no le quedaba otro camino que evacuar las gestiones administrativas necesarias a fin de expedir el referido bono pensional, en efecto, en la parte motiva del fallo de tutela se indicó:

“... teniendo en cuenta que el ISS ya cumplió con la obligación que le asistía, se ordenará a la oficina de bonos...

Por último, no son de recibo los argumentos del jefe de la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cuanto a que esa oficina no puede emitir ni redimir bonos pensionales tipo A, modalidad 2 (que es el solicitado por el accionante), hasta tanto no se reglamente nuevamente el tema del salario base. Ello en atención al criterio de la Corte Constitucional (Sent. C-734/2005), por cuanto el fallo a que hace referencia ese funcionario fue proferido por el máximo tribunal constitucional en junio del año en curso. Y, de las pruebas aportadas, se observa que la petición de pensión anticipada fue presentada el diez (10) de mayo último.

En consecuencia, conforme lo señaló la Corte Constitucional en Sentencia C-37 de 1996, una de las características de los fallos constitucionales es que “por regla general obligan para todos los casos futuros”. Razón que lleva a la Sala a concluir que el criterio esbozado por la Corte Constitucional en Sentencia C-734 de julio de 2005, no puede ser aplicado en forma retroactiva al accionante” (negrilla nuestra).

Luego, y de cara a la segunda inconformidad, esta es, que el accionante en cumplimiento de la orden hizo diligencias tendientes a la expedición del bono pensional, es claro, tal como lo estableció la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá en el proveído por el cual desató el incidente de desacato, que el sancionado y aquí accionante, no cumplió con la orden dada en el fallo de tutela, pues en vez de proceder a expedir el respectivo bono, lo que hizo el día 20 de octubre de 2005 fue oficiar a Skandia informando que no podía expedir el bono en razón de que la liquidación efectuada por el ISS, de cara a la Sentencia C-734 de 2005 de la Corte Constitucional no era correcta, por lo cual se requería que Skandia solicitara la anulación de cupón expedido por el ISS, tal como el mismo sancionado lo informó en el trámite del incidente de desacato.

Es decir, que la Sala accionada, sí estudió las pruebas que aportó el accionante para tratar de probar que había dado cumplimiento al fallo (2) , pero ellas no fueron suficientes para demostrar el acatamiento a la orden, por el contrario, lo que se observó fue que el jefe de la oficina de bonos pensionales desatendió la orden, insistiendo que no había podido dar cumplimiento al fallo, por cuanto se debía anular el cupón expedido por el ISS, tratando de aplicar una sentencia de la Corte Constitucional en forma retroactiva, lo cual se le indicó en la tutela no podía hacerlo.

En cuanto a que finalmente el bono lo expidió el día 10 de febrero de 2006, y que por ello se debe revocar la sanción, ha de tenerse en cuenta que la providencia por la cual se sancionó data de dos días antes, es decir el 8 de febrero, luego no hay lugar a dudas, el aquí accionante solo vino a dar cumplimiento a la orden varios meses después de que se le impartió y en razón del trámite del incidente de desacato. Por lo demás, debe observarse que finalmente el bono fue expedido sin haberse efectuado al interior de la oficina de bonos pensionales ningún otro trámite adicional, lo cual prueba que bien había podido acatar la orden dada en el fallo desde cuando se le notificó el fallo de tutela, es decir en octubre de 2005.

Ahora bien, el hecho de que al momento de haberse confirmado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la providencia que sancionó por desacato al señor Riveros Aponte, ya se hubiere dado cumplimiento al fallo (3) , ello no significa que la providencia objeto de revisión deba revocarse, pues al momento de que se dictó, como antes se estableció no había dado cumplimiento al fallo, y en este sentido, el objeto de revisión está movido solo para verificar el cumplimiento del debido proceso al interior del trámite incidental, pues una cosa es la sanción que se puede imponer por desacatarse la orden del juez, y otra las medidas que se pueden tomar tendientes a que se cumpla el fallo.

Precisamente esta Sala, en providencia dictada al decidir la consulta de un fallo de desacato (Rad. 2005-09631 M.P. Dr. Fernando Coral Villota, aprobada en Sala 001 de ene. 17/2006), en caso similar mantuvo la decisión de sancionar a la persona que dentro del término otorgado en el fallo de tutela no le dio cumplimiento dentro del plazo establecido, aunque después de que fue sancionado la cumplió. En efecto, la providencia que impuso la sanción se profirió el día 20 de octubre de 2005, se dio cumplimiento al fallo de tutela el 16 de noviembre siguiente, y la providencia de esta Sala data de 16 de enero de 2006. En esta providencia se precisó:

“... se puede señalar de manera general que el trámite de un incidente (sic) desacato responde al carácter coactivo de las normas imperativas de derecho. Es entonces de la esencia del amparo constitucional, que las órdenes impartidas en los fallos de tutela se han de cumplir apelando a la fuerza del aparato estatal, empero entre el fallo y la decisión de desacato, se encuentra la posibilidad de cumplir con el mismo, pero jamás puede predicarse el hecho superado, cuando los funcionarios negligentes han sido sancionados por el incumplimiento, proceden de inmediato a acatar la decisión del juez constitucional.

En efecto, justamente el propósito de hacer cumplir las providencias judiciales que ordenan el amparo de un derecho fundamental, es que aquellas no queden a merced de la discrecionalidad de un funcionario acostumbrado a mantener la abulia de la tramitología administrativa” (negrilla fuera de texto).

Por tanto, de lo que se trata es de la sanción por el incumplimiento de una orden judicial, sin que el hecho de que se cumpla tardíamente signifique que se trata de un hecho superado, y que por ello al incumplido se le deba revocar la sanción, pues lo cierto es que dentro del plazo que le fue otorgado por el juez para cumplir la orden dada en el fallo de tutela no lo hizo, luego, en su momento faltó a la obligación impuesta, y ello es lo que se sanciona a través del incidente de desacato.

Entrando al tercer tema de inconformidad y que está relacionado con el asunto antes tratado, ha dicho el señor Riveros Aponte no fue requerido su superior para el cumplimiento del fallo, quien a su vez lo debería requerir a él, y por ello, en su sentir la sanción está viciada de nulidad.

Para dilucidar este tema, se trae a colación la Sentencia T-459 de 2003 de la Corte Constitucional, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño, en la cual se trató el tema de la diferenciación entre el poder que tiene el juez para hacer cumplir los fallos de tutela y la imposición de sanciones por desacato. En dicha sentencia se precisó:

“4. El poder que tiene el juez para hacer cumplir sus fallos difiere del que tiene para imponer una sanción por desacato. El trámite del desacato y el debido proceso.

4.1. La protección que se otorga a través del fallo que se dicta con ocasión de una acción de tutela sería inocua si no existieran mecanismos ágiles, eficaces y oportunos al alcance del juez para coaccionar u obligar a la autoridad o persona que violó o desconoció un derecho fundamental, y destinatario de una orden, para que cumpla con lo dispuesto por el funcionario judicial y restablezca, en los términos fijados por él, el derecho violado o amenazado.

El juez no puede quedarse inerme frente al incumplimiento de una orden contenida en un fallo de tutela sino que está en la obligación ineludible de actuar, de agotar todos los mecanismos que sean necesarios para restablecer el derecho violado y de utilizar las herramientas jurídicas que la ley le confiere para que su decisión no quede en mera teoría. El poder que tiene el juez en esta materia es tal que la ley ha dispuesto que él mantiene su competencia hasta tanto no se logre el restablecimiento completo del derecho vulnerado o hayan sido eliminadas las causas de la amenaza (D. 2591/91, art. 27).

Ya la Corte ha señalado, conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, cuáles son los pasos que le corresponde al juez agotar en caso de que, dentro del término señalado en el fallo, se incumpla la orden dada. Así, ha sostenido que 1. Debe dirigirse al superior del responsable con el fin de requerirlo para que haga cumplir la sentencia y abra el correspondiente proceso disciplinario contra aquel; 2. Si luego de transcurridas 48 horas a partir del requerimiento no se ha cumplido con lo ordenado, ordenará abrir proceso contra el superior, y 3. En ese mismo momento adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del fallo (4) .

Adicionalmente, el juez puede sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

4.2. De acuerdo con lo anterior, la facultad para sancionar por desacato es una opción que tiene el juez frente al Incumplimiento pero no puede confundirse en manera alguna con la potestad que tiene para hacer efectiva la orden de tutela. Es decir, el juez puede adelantar el incidente de desacato y sancionar a los responsables y simultáneamente puede adelantar las diligencias tendentes a obtener el cumplimiento de la orden. Un trámite no excluye al otro y de igual manera la competencia para hacer efectivo el cumplimiento de la orden no es requisito necesario ni previo para poder imponer la sanción. Luego no le asiste razón a la peticionaria cuando alega que el Tribunal Superior del Distrito Judicial debió haber requerido a su superior para efectos de hacer cumplir el fallo antes de iniciar el trámite del desacato” (negrilla fuera de texto).

Así las cosas, uno es el trámite del incidente de desacato y otro las medidas que puede tomar el juez para hacer cumplir el fallo, en otras palabras, no es necesario para sancionar por desacato el haber requerido al superior del sancionado, pues este requerimiento se hace como una medida tendiente a lograr por parte del juez se cumpla el fallo.

Finalmente, respecto del último ítem relacionado como inconformidad del aquí accionante, este es, que los jueces de tutela no pueden ordenar gasto y en consecuencia no se podía disponer la forma y valor como se debía expedir el bono pensional, para lo cual indicó en el segundo escrito que presentó de impugnación al fallo de tutela que nos ocupa, que existe una posible contradicción en las providencias proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto en fallo del 2 de mayo de 2006, con ponencia del doctor Alfredo Gómez Quintero, se indicó que el juez constitucional “no puede ordenarle a la administración que liquide en una determinada suma el valor del cupón del bono a cargo de la Nación”, al haberse confirmado la providencia por la cual se le sancionó, en su sentir ello significa que es ese evento sí(sic) indicó la suma que se debía liquidar el bono.

Al revisar tanto la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, a través de la cual se puso fin al incidente de desacato, como la emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas se observa que no le asiste razón al impugnante, pues en ninguno de los apartes de las providencias censuradas se indicó el valor por el cual se debía expedir el mentado bono pensional, ya que este debía expedirse con fundamento en la liquidación que hizo el Instituto de Seguro Social, en la cual no tuvo injerencia el juez constitucional que falló la tutela, dato con el cual precisamente no se encontraba conforme el jefe de la oficina de bonos pensionales debido al proferimiento de la Sentencia C-734 de 2005, la cual, como antes quedó establecido no era factible aplicarla en el presente caso.

En conclusión, no existe ninguna contradicción pues en verdad los jueces constitucionales no pueden ordenar el pago de gastos ni determinar valores, y en este caso no lo hizo, pues el cupón expedido por el ISS ya había sido liquidado, luego, simplemente se trataba de que administrativamente se tomaran las medidas necesarias para expedir el bono pensional. En otras palabras, los destinatarios de órdenes en los fallos de tutela, simplemente deben acatarlos sin que puedan entrar a considerar si el fallo que las contiene en su sentir no son justas o alejadas de lo que se considera es correcto, pues al ser dictadas por jueces de la República en ejercicio de facultades constitucionales deben acatarse de inmediato.

De acuerdo a todo lo anterior, para esta Sala es claro que se debe confirmar la sentencia de primera instancia que negó la presente acción de tutela, pues al revisar las providencias que a través de este medio se controvierten, sin equívoco alguno se observa que las mismas no se constituyen en vía de hecho, en la medida que no adolecen de defecto sustantivo, procedimental o fáctico, pues se encuentran sustentadas en normas aplicables al caso, se fundaron en pruebas recaudadas al interior del trámite incidental, los funcionarios eran competentes, fueron debidamente motivadas, es decir no son el producto del capricho de los funcionarios, y las dictaron conforme el procedimiento establecido para el efecto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el día 28 de abril de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que negó la acción impetrada por el señor Gustavo Riveros Aponte en contra de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por las razones indicadas en la parte motiva de este proveído.

2. REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional, a efecto de tramitarse su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Leonidas Bello Arévalo, Secretario judicial.

(1) Sentencia T-774-04, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(2) Sobre la excusa dada por el sancionado y aquí accionante, en la providencia que desató el incidente de desacato la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, acotó:

“A pesar de lo anterior, de acuerdo con los argumentos brindados por el jefe de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se observa que este no ha continuado con el trámite administrativo requerido para la expedición del cupón principal de bono. Todo porque, según sus afirmaciones, una vez confrontada y verificada la información de la historia laboral del beneficiario del bono reportada por la AFP Skandia con la cual se liquidó y emitió el cupón principal a cargo de la Nación frente a la historia que el ISS validó para reconocer su obligación, se observa un aumento en la historia laboral válida para el bono de 75 días, y una disminución del salario base a $ 665.070, sobre el cual cotizó el accionante a junio de 1992, agregando que como la norma que permitía calcular dicho bono con un salario superior al cotizado no estaba vigente con fundamento en el fallo de inexequibilidad de la misma proferido por la honorable Corte Constitucional, lo que indica que el aludido bono debe reliquidarse de conformidad con el reconocimiento que el ISS, como contribuyente hizo al mismo, y una vez agotado el trámite legal, acceder a la expedición de este para su negociación.

El señor jefe de la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, insiste en que se debe tener en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia C-734 de 2005 para liquidar el bono de Jaime López Vásquez, desconociendo lo que esta corporación señaló en el fallo de tutela, en cuanto que dicho fallo no es aplicable para el caso del aquí accionante...” (negrilla fuera de texto).

(3) El incidente de desacato se resolvió el día 8 de febrero de 2006, se dio cumplimiento al fallo de tutela el día 10 de febrero siguiente, y la providencia que confirmó la sanción data del 21 de marzo de 2006.

(4) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-763 del 7 de diciembre de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-1155 del 1º de septiembre de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).

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