Sentencia 110011102000200601607 01 de agosto 2 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200601607 01

Magistrado Ponente

Dr. Jorge Alonso Flechas Díaz

Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil seis (2006).

Aprobada según Acta 70 de la misma fecha

Ref. Impugnación fallo tutela

Accionante: Ramiro Suárez Corzo

Accionado: Consejo de Estado Sección Quinta Sala de lo Contencioso Administrativo

Vistos

Negada la ponencia presentada por el señor magistrado Eduardo Campo Soto, procede la Sala a pronunciarse en relación con la impugnación interpuesta contra la sentencia del 23 de mayo de 2006, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca denegó la acción de tutela promovida a través de abogado por Ramiro Suárez Corzo, alcalde de la ciudad de Cúcuta, contra la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado por presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia.

Fundamentos de la acción

El accionante, a través de apoderado, adujo que la demandada violó sus derechos fundamentales al proferir el fallo del 16 de marzo de 2006 por el cual revocó la sentencia del 17 de noviembre de 2005 emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que dispuso no declarar la nulidad parcial de la elección de Ramiro Suárez Corzo como alcalde de Cúcuta para el período 2004-2007 dentro del proceso nulidad electoral interpuesto contra este.

En orden a sustentar la acción se dijo que el señor José Antonio Gelvez Albarracín fue elegido como alcalde de la ciudad de Cúcuta para el período típico que se inició el 1º de enero de 1998 y culminó el 31 de diciembre de 2000.

Que el día 29 de octubre de 2000, fecha de elecciones generales, se eligió como alcalde de la misma ciudad al señor Manuel Guillermo Mora Jaramillo para el período típico que comenzó el 1º de enero de 2001 y finalizó el 31 de diciembre de 2003. Para la fecha de la elección de este, su predecesor Gelvez Albarracín aún se desempeñaba como alcalde.

Sin embargo, el 14 de noviembre de 2000, con posterioridad a la elección de Mora Jaramillo, le fue aceptada la renuncia a Gelvez Albarracín quien para ese momento se encontraba suspendido del cargo. En la misma fecha se aceptó la renuncia del alcalde encargado, José Fernando Bautista Quintero. Para la finalización del período constitucional que iba hasta el 31 de diciembre de 2000, se encargó a la señora Betty Parada como alcaldesa. Sin embargo, el 27 de noviembre de 2000 a instancias del gobernador de Norte de Santander se posesionó el alcalde Manuel Guillermo Mora Jaramillo, quien, como se dijo, había sido recién elegido para el período típico comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003.

El 26 de octubre de 2003, se llevó a cabo la elección popular para escoger al Alcalde de Cúcuta para el período típico comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, en la que resultó favorecido el accionante Ramiro Suárez Corzo. En razón de dicho resultado le fue expedida la respectiva credencial de alcalde electo de Cúcuta al señor Suárez Corzo por el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

No obstante lo anterior, y a pesar de la normalidad del período del alcalde que culminaba, la Procuraduría Delegada de Norte de Santander consideró que el alcalde Suárez Corzo debía comenzar su mandato el 27 de noviembre de 2003, en razón a que para esa fecha se cumplía el período de tres años de su antecesor Mora Jaramillo.

Explicó que el accionante Ramiro Suárez Corzo intentó sin éxito posesionarse el 27 de noviembre de 2003 como lo consideró la procuraduría delegada, pues tanto los notarios como los jueces de Cúcuta adujeron que el período para el cual fue elegido era el comprendido entre el 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Por esta razón, el período que finalizó el 31 de diciembre de 2003 fue ejercido en su totalidad por el alcalde titular Mora Jaramillo, y el señor Suárez Corzo asumió la Alcaldía de Cúcuta el 1º de enero de 2004 según lo previsto en la credencial que lo acreditaba como tal.

Con posterioridad —sigue— su elección fue objeto de demanda de nulidad electoral con el argumento de que la misma no lo había sido para el período típico 2004-2007, sino para la mitad de este, y que él fue elegido para tomar posesión del cargo a partir del 27 de noviembre de 2003, lo cual en sentir del accionante no es cierto.

Agregó que dicha demanda fue tramitada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, autoridad que mediante fallo del 17 de noviembre de 2004 negó la nulidad parcial de la elección por considerar que el artículo 7º del Acto Legislativo 2 de 2002 solamente era aplicable para casos de alcaldes elegidos para períodos atípicos, situación que no se presentaba en el caso del señor Suárez Corzo.

Contra esta decisión se interpuso el recurso de apelación, habiéndole correspondido su conocimiento a la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Esa corporación, mediante sentencia de segunda instancia del 16 de marzo de 2006 —que es objeto de esta acción de tutela— dispuso revocar la decisión recurrida, al estimar que el período del alcalde Ramírez Suárez Corzo, “es el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y la mitad del tiempo que hace falta para llegar al 31 de diciembre de 2007, vale decir, su período es el comprendido entre el 27 de noviembre de 2003 y el 13 de diciembre de 2005”.

Calificó el accionante dicha decisión de “arbitraria”, pues en su sentir desconoció el ordenamiento legal y especialmente el Acto Legislativo 2 de 2002 al declarar atípico su período.

Comenta el actor que interpuso acción de tutela contra esa sentencia de segunda instancia ante el Consejo de Estado, la cual fue rechazada de plano por auto del 7 de abril de 2006. De inmediato, agrega, renunció a los términos y se interpuso recurso ordinario de súplica, cuyo traslado se corrió hasta el 27 de abril de 2006, desconociéndose a quién se hizo porque “no se encuentra trabada la litis”, razón por la cual la retiró y la presentó nuevamente ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.

Afirma el accionante que su período es típico, porque su antecesor Manuel Guillermo Mora Jaramillo fue elegido el 29 de octubre de 2000 (fecha en la cual aún no había renunciado su predecesor Gelvez Albarracín) para el período regular comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, y el hecho de que se haya posesionado el 27 de noviembre de 2000, es decir, un mes y tres días antes del vencimiento del período institucional previo al cual fue elegido, debido a la renuncia de quien le antecedió no genera atipicidad, pues sucedió entonces que Mora Jaramillo ejerció como alcalde de hecho entre el 27 de noviembre y el 31 de diciembre de 2000.

En sentir del accionante para que el período de un alcalde deba considerarse atípico, es menester que se presente una vacancia absoluta del cargo antes de que se convoquen las elecciones. Por modo que no puede estimarse atípico un período en el que habiendo sido elegido un alcalde para un período regular, se produzca una vacancia con posterioridad a la elección y antes de la posesión del sucesor, que fue elegido también para un lapso regular.

Concluyó que en la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado atacada por vía constitucional se incurrió en vía de hecho por aplicación indebida del inciso tercero del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002 y por violación del artículo 13 de la Carta Política, toda vez que dicha sección ya se ha pronunciado en contrario en casos similares como los de los alcaldes de Ocaña y Palmira, dentro de los cuales negó las pretensiones de declaratoria de atipicidad de los períodos de estas alcaldías, con el argumento de que tales elecciones se cumplieron cuando aún no había vacancia del cargo, como en este caso.

En punto de la competencia de esta jurisdicción para conocer de la acción de tutela, señaló que tal como lo ordena el Decreto 1382 de 2000 en el artículo 2º, esta demanda fue inicialmente formulada ante el Consejo de Estado y rechazada de plano por la Sección Primera de la corporación con lo cual no se dio trámite real a la misma.

Para finalizar, solicita al juez constitucional se amparen los derechos fundamentales invocados disponiendo dejar sin efecto la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 16 de marzo de 2006 proferida dentro de la acción de nulidad electoral contra Ramiro Suárez Corzo y en su lugar se ordene a esta expedir la decisión que en derecho corresponda.

Pruebas que acompañan la demanda.

Acompañando la demanda de tutela se remitió copia del poder debidamente autenticado; copia de la credencial expedida al señor Ramiro Suárez Corzo identificado con la cédula de ciudadanía 13.459.074 para el período comprendido entre 2004 y 2007 (1) por la comisión escrutadora municipal el día 14 de noviembre de 2003; copia de la certificación de Notaria Primera del Círculo de Cúcuta del 12 de diciembre de 2003 en la que se abstiene de posesionarlo como Alcalde Municipal de San José de Cúcuta, toda vez que el período para el cual fue elegido es el comprendido entre el 1º de enero de 2004 y 31 de diciembre de 2007 (fl. 29); copia de la certificación expedida por la Juez Primero Civil Municipal de Cúcuta el 12 de diciembre de 2003, en la que por la misma razón aducida por la Notaria Primera, se abstiene de posesionarlo como alcalde municipal (fl. 30); copia del oficio 02036 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta del 9 de diciembre de 2003 en el mismo sentido de la certificación anterior (fl. 32); copia de la comunicación enviada al actor por la Juez Primero Civil del Circuito de Cúcuta en la que le informa que solamente estaría dispuesta a posesionarlo el día 1º de enero de 2004 (fl. 34).

Además de la documentación anterior se allegó copia del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cúcuta el 19 de diciembre de 2003 dentro de la acción de tutela de Ramiro Suárez Corzo contra la Juez Primero Civil Municipal de Cúcuta y la Notaria Primera del Círculo de la misma ciudad por la no posesión del actor como alcalde, el cual declaró improcedente la acción (fl. 35); copia del fallo objeto de esta tutela (fl. 55); copia de la solicitud de retiro del Consejo de Estado de la inicial acción de tutela debido a su rechazo (fl. 94); copia de la respuesta de Gerson Paris, en su condición de miembro de la comisión escrutadora del 7 de noviembre de 2003, en la que le informa al accionante que la inscripción de los candidatos postulados a la Alcaldía de Cúcuta se hizo para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 y que la credencial que se expida será para dicho período, debido a que las elecciones convocadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, también lo fueron para ese lapso (fl. 96); y, por último el concepto del 8 de marzo de 2004 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado con ponencia del doctor Augusto Trejos Jaramillo en el que se concluye que “el período del Alcalde de Cúcuta elegido el 29 de octubre del 2000 lo determinó la realización de las elecciones para el período comprendido entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003 y por la declaratoria de elección de la comisión escrutadora” (fl. 98).

Antecedentes

Recibida la demanda de tutela en el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, la magistrada sustanciadora, por auto del 4 de mayo de 2006, dispuso inadmitirla y concedió un plazo de tres días para su corrección, so pena de su rechazo, con el propósito de que se allegara copia de la providencia del Consejo de Estado que rechazó la presente acción de tutela (fl. 114).

Copia del auto del 7 de abril de 2006 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferido dentro de la acción de tutela formulada por Ramiro Suárez Corzo contra la Sección Quinta de la misma corporación (rad. 2006-00276-00) mediante el cual se rechazó la acción de amparo referida por falta de jurisdicción (fl. 118).

Auto del 10 de mayo de 2006, por el cual la magistrada sustanciadora admite esta acción de tutela y ordena su notificación a la corporación accionada y a los terceros interesados.

Proveído del 11 de mayo de 2006 de la Sala a quo mediante el cual se niega la medida provisional de que trata el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, solicitada en la demanda (fl. 139).

El fallo impugnado

Mediante sentencia del 23 de mayo de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó la acción de tutela al considerar básicamente que en el fallo atacado del 16 de marzo de 2006 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, no se incurrió en vía de hecho.

Sobre el particular se expresó por la Sala de primer grado, que “(...) después de la argumentación y una amplia motivación de la sentencia referida, es decir el fallo del Consejo de Estado, no viene a configurar ninguno de los supuestos que hacen viable de manera excepcional la tutela contra providencias judiciales, al tenor de lo dispuesto en la sentencia de septiembre 13 de 2001, por el h. magistrado (sic), por no tener ninguno de estos defectos protuberantes: defecto sustantivo, defecto fáctico, defecto orgánico, ni defecto procedimental, luego, sería ilegítimo entrar a declarar vías de hecho en la providencia calendada marzo 16 del corriente año (...) y por tanto entrar a tutelar los derechos invocados por el accionante”.

Agregó además que no le compete al juez constitucional emitir juicios de valor acerca de la postura jurídica del juez ordinario, y por más de que no se comparta la decisión del Consejo de Estado a través de su Sección Quinta, no por ello puede afirmarse la existencia de una vía de hecho.

Argumentos de la impugnación

Luego de reiterar los hechos de la demanda y sostener que el período de alcalde del accionante es típico y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2007, ya que su antecesor también se posesionó para un período típico, procedió a cuestionar la decisión de primer grado por haber negado el amparo con el argumento, que no dudó en calificar de equivocado, de que por existir una extensa motivación por parte del Consejo de Estado no se configuraba una vía de hecho.

Sostuvo que de acogerse esta interpretación se llegaría al extremo de dejar sin contenido el núcleo esencial de la acción constitucional, comoquiera que le bastaría al juez llenar páginas sin importar el contenido, el peso y la razón de la motivación, para que de esta manera no fuera posible que prosperara una acción de tutela.

Explicó que el juzgador de primer grado erró gravemente al hacer un ejercicio meramente formal, prescindiendo del análisis de fondo de la controversia para dilucidar si en efecto la decisión controvertida en sede constitucional lesionó los derechos fundamentales invocados.

Concluyó que en este asunto debe analizarse y ponderarse el mérito de las razones expuestas en la providencia cuestionada, para así poder concluir si se está en presencia de la vía de hecho en cuestión.

Posteriormente, esto es, el 30 de mayo de 2006, el abogado del actor allegó escrito en el que amplía la sustentación de la impugnación en la aspiración de que sea revocado por esta colegiatura el fallo de primer grado y se deje sin efecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado objeto de esta tutela, para en su lugar se ordene a esa corporación expedir la decisión que corresponde conforme a las consideraciones y análisis expuestos.

En orden a ampliar la sustentación de la impugnación, el abogado del actor reiteró los hechos y razonamientos planteados en su demanda inicial, para concluir, de cara al fallo de tutela impugnado, que en este se optó por asumir un criterio formalista en el que no se debatió la argumentación del Consejo de Estado y menos dedicó un párrafo al estudio de la motivación, y tampoco a verificar si esta se ajustaba a derecho o su contenido era violatorio de los derechos fundamentales.

Aclaró que una vía de hecho no es simplemente una discrepancia de criterios en temas donde caben diferentes argumentaciones. En su sentir el Consejo de Estado en la sentencia materia de esta acción de amparo desconoció los hechos y profirió una decisión en contravía de la ley (sic), que adicionalmente vulnera los derechos fundamentales del actor y de sus electores, pues fueron más de 127.000 personas quienes eligieron al señor Ramiro Suárez Corzo como alcalde de la ciudad de Cúcuta.

Concluyó para el caso, que la vía de hecho se presenta por violación al derecho de igualdad y por interpretación manifiestamente errónea de la ley (sic), yerro que a juicio del impugnante, afecta del mismo modo derechos fundamentales del accionante Suárez Corzo, como el ejercicio de los derechos políticos.

Trámite de segunda instancia

Mediante auto de ponente del 15 de junio de 2006, antes de entrar a pronunciarse sobre esta impugnación, el señor magistrado sustanciador de esta Sala, dispuso oficiar al secretario de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a fin de que remitiera copias de los salvamentos de voto propuestos al fallo de segunda instancia del 16 de marzo de 2006, proferido dentro de la acción de nulidad electoral contra Ramiro Suárez Corzo, documentos que en su oportunidad se allegaron al plenario (fls. 13 y ss.).

Por auto del 12 de julio de 2006 la Sala dispuso no aceptar el impedimento propuesto por el señor magistrado Eduardo Campo Soto, quien continuó con el proceso. No obstante, su ponencia de fallo fue derrotada, correspondiéndole finalmente asumir el conocimiento del asunto a quien funge en esta oportunidad como ponente.

La secretaria general de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en cumplimiento del auto del 24 de julio de 2006 del magistrado sustanciador, informó a esta corporación que contra el fallo del 16 de marzo de 2006, objeto de esta acción de tutela, se han interpuesto cinco acciones de tutelas más por diferentes actores, las cuales han sido negadas por improcedentes, y se encuentran en términos para remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se anexan copias de cada una de ellas (fl. 110).

Consideraciones de la Sala

La acción de tutela exige algunos presupuestos de procedibilidad, sin cuya concurrencia no es factible abordar el análisis de fondo del asunto. Es así como el artículo 86 de la Constitución Política —y esto ha sido plenamente ilustrado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional— determina que se trata de una garantía de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

Esta garantía constitucional, para su correcto ejercicio, ha sido exceptuada para aquellos casos donde existan otros medios de defensa judicial o que los mismos resulten ineficaces, así como en el evento de que emerja un perjuicio irremediable que vuelva apremiante su utilización en forma transitoria.

Con fundamento en las prescripciones contenidas en el artículo 86 de la Carta Política, y habida cuenta del desarrollo jurisprudencial que sobre el tema relacionado con la competencia de esta jurisdicción para tramitar y decidir sobre la acción de tutela contra decisiones judiciales, deberá tenerse como fundamento de esta determinación, el precedente jurisprudencial y la posición que ha adoptado esta Sala frente a la competencia para conocer de la misma en casos como el que ocupa nuestra atención y el reconocimiento de los principios de igualdad y debido proceso, cuando nos enfrentamos a determinaciones afectadas por graves defectos que conllevan a la declaratoria de existencia de vía de hecho respecto de una decisión judicial.

Competencia. En cuanto a la falta de competencia que pudiera argüirse eventualmente, la posición de quien aquí funge como ponente ha sido la de considerar que el Decreto 1382 de 2000 resulta incompatible con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, ya que la Carta Fundamental otorga competencia genérica a todos los jueces de la República para conocer indiscriminadamente de las acciones de tutela que se formulen, sin importar la materia o la entidad contra la que se accione, de modo que la fragmentación de competencias, conforme lo hizo el Decreto 1382, se manifiesta contraria al mandato constitucional en cita, y en tal caso inaplicable ante la primacía de este artículo 86 por virtud del artículo 4º de la Carta Política.

Con todo, aún acogiendo la postura de la Sala mayoritaria, esto es, la aplicabilidad del mencionado Decreto 1382 de 2000, en el presente caso el mismo resulta inaplicable en virtud de lo dispuesto por la Corte Constitucional en auto del 3 de febrero de 2004, según el cual en los casos en que las diferentes salas de casación de la Corte Suprema de Justicia —y esto incluye al Consejo de Estado— resuelven rechazar todo trámite de tutela respecto de decisiones por ellas adoptadas, estos no pueden quedar sin solución alguna, razón por la cual los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), en petición de amparo (2) , sin que con ello se estén invadiendo esferas propias del órgano legislativo, asignando competencias por fuera de las legalmente establecidas, sino que ante el estado de cosas inconstitucional creado por posturas como la de la Corte Suprema de Justicia, se hace aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 86 supremo, según el cual “toda persona” tiene acción de tutela para reclamar ante “los jueces”, en todo momento y en todo lugar.

Por tanto, encontrándonos en el sub lite frente a idéntica situación, esto es, ante una acción de tutela rechazada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (3) por una supuesta falta de jurisdicción derivada de la concepción de que contra sentencias de las máximas corporaciones de justicia no cabe la acción de tutela, no puede desconocerse lo dispuesto por la Corte Constitucional, máximo órgano de la jurisdicción constitucional, y dejarse sin definición el asunto.

En consecuencia, con el rechazo proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, el aquí accionante se hallaba facultado para acudir a cualquier juez, y así lo hizo al presentar su petición de amparo ante esta jurisdicción disciplinaria, que por tal virtud adquiere competencia para conocer de la misma.

Procedibilidad de la acción incoada. Sea lo primero señalar que ninguna duda ofrece en el caso que se examina la procedibilidad de la acción de tutela impetrada, por cuanto es claro que el actor no dispone de mecanismos ordinarios para atacar la sentencia que aquí cuestiona, ya que como es sabido contra la decisión de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado, atacada por vía de esta acción de tutela, no existe ninguna otra acción o recurso judicial.

El desarrollo constitucional respecto de los períodos de los alcaldes. En punto de este tema en particular conviene traer a colación lo expuesto en providencia de esta Sala del 14 de septiembre de 2005 dentro del radicado 200502454 01, con ponencia del doctor Temístocles Ortega Narváez, en la que se dijo:

“(...) así el texto original del artículo 314 de la Constitución Política de 1991, establecía:

‘En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegibles para el período siguiente’.

“Durante su vigencia en no pocas ocasiones emergió la discusión sobre qué ocurría cuando los alcaldes no culminaban su período, por múltiples razones: nulidad de la elección, muerte, renuncia, destitución, etc.; esto es, si el sucesor debía ser elegido por lo que faltara del período, entendiendo así que el período era institucional, o si debía ser elegido para un nuevo período de 3 años consagrado constitucionalmente —período personal—”.

“Fue la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en su desarrollo llegó a determinar cómo la interpretación que se avenía a la norma constitucional era que los períodos eran personales y en consecuencia los nuevos alcaldes tenían derecho a un período de 3 años”.

“Así, en fallo de unificación, luego de relatar los antecedentes jurisprudenciales sentenció:

‘La lectura anterior permite deducir que los puntos centrales de la jurisprudencia son los siguientes:

a) Los períodos son individuales y no institucionales,

b) Cuando hay vacancia absoluta se procede a nueva elección y principia nuevamente a contarse el período,

c) Las razones principales para convocar a nuevas elecciones en el caso de los alcaldes, cuando se presenta la vacancia absoluta, se fundamenta especialmente en el patrimonio democrático, en la soberanía popular, en la elección directa,

d) Se reservó a la voluntad popular la elección del alcalde por un período de tres años, luego este es un derecho de los ciudadanos, agregándose que el alcalde es elegido para que durante ese período cumpla con el programa que sometió a la consideración de los electores’ (SU-1720/00, M.P. Alejandro Martínez Caballero).

“Pues bien, dichas decisiones, cuya ponderación y análisis se encuentran por fuera de cualquier reparo, generaron, sin proponérselo, un desorden en el calendario electoral a nivel regional, pero especialmente local en todo el territorio nacional ocasionando no pocos traumas que fueron más allá del presupuestal, y que condujeron al constituyente secundario a la búsqueda de una solución que, vía reforma constitucional, se encaminó a la institucionalización de los períodos; así en el ‘Informe de ponencia para primer debate en Cámara segunda vuelta al proyecto de Acto Legislativo número 91 de 2001 Cámara, 009 de 2001 Senado’, que habría de concluir con el Acto Legislativo 902 de 2002, recogido en la Gaceta del Congreso 126 del 22 de abril de 2002, se precisó la esencia de la reforma constitucional en estos términos:

‘Institucionalizar los períodos de alcaldes y gobernadores. En materia de gobernación no ha sido protuberante el caos en asuntos electorales, quizás por el reducido número de entes territoriales, pero para prevenirlo es mejor anticiparse a los hechos, razón por la cual es conveniente despersonalizar los períodos para los cuales hoy popularmente se elige a dichos servidores públicos. (...) Por el contrario, en materia municipal, desde los últimos años y hasta la fecha, hemos venido presenciando un caos en relación con los calendarios electorales que cobijan la elección popular de los alcaldes. Es un imperativo, por vía constitucional, institucionalizar el período de elección de esta categoría de servidores públicos. La intención no es la de hacerle sesgos a las sentencias que sobre la materia han emanado de la h. Corte Constitucional, que en su papel de intérprete de la Constitución, ha sostenido que el período para el cual se elige hoy un alcalde, es personal y no institucional. Así las cosas, las faltas abslutas de tales mandatarios locales terminan supliéndose con la convocatoria a nuevas elecciones, no para el resto del período del antecesor, sino para uno nuevo de tres (3) años. Tales pronunciamientos de la Corte Constitucional los encontramos en las jurisprudencias siguientes: C-11/94, C-107/95, C-194/95, C-586/95, C-010/97, C-475/98, SU-168/99, A-007/9 (sic), SU-172/00 (sic), C-844/00 y T-441/01. (...) Como consecuencia jurídica de las citadas sentencias de constitucionalidad, a guisa de ejemplo señalamos el comportamiento electoral de los últimos tres años, en elecciones municipales que no concuerdan con la fecha única nacional de convocatoria para el mismo efecto. Año 2000: nulidad (3), vencimiento de período (5), muerte (2), renuncia (4) y por municipio nuevo (3). Total 17 elecciones realizadas. || Año 2001: nulidad (4), vencimiento de período (51), muerte (5), renuncia (1) destitución (1), municipio nuevo (5), aplazamiento elecciones de octubre 29 de 2000 (5). Total 72 elecciones realizadas. || Año 2002: nulidad (12), vencimiento de período (67), muerte (4), retiro forzoso (1) y renuncia (1). Total: 85 elecciones realizadas’.

“De tal modo terminaron modificándose, entre otros, los períodos de gobernadores y alcaldes, que en cuanto tiene que ver con el de estos últimos consagró:

‘Acto Legislativo 2 de 2002

Por el cual modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, ediles.

Agosto 6 de 2002

ART. 1º—(...).

ART. 3º—El artículo 314 de la Constitución Política quedará así:

En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente:

Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta atribución’.

“La aplicación de dicha norma no ofrecía dificultad en cuanto a los gobernantes regionales y locales que venían con el calendario electoral ordinario (período típico), pues al vencimiento de sus períodos quienes asumieron el 1º de enero de 2004, lo hicieron por el período institucional de 4 años allí mismo establecido”.

“La dificultad estribaba en que en algunas gobernaciones y en muchos municipios los períodos no coincidían con el calendario ordinario (períodos atípicos), siendo imperativo establecer reglas de juego durante un período de transición que finalmente culminara con períodos institucionales unificados en todo el territorio patrio a partir del 1º de enero de 2003. Para estos singulares eventos se estableció en el artículo 7º del acto legislativo en cita:

‘ART. 7º—La Constitución Política tendrá un artículo transitorio del siguiente tenor:

ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre del año 2007.

En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008.

El período de cuatro años de los miembros de la asambleas departamentales, concejos distritales y municipales y ediles se iniciará el 1º de enero del año 2004’.

“Es esta la norma que pese a su elemental claridad ha dado lugar a nuevas discusiones en torno al período de los alcaldes que se encuentran al cobijo de los períodos atípicos”.

“Y se dice que su claridad es elemental porque con poco esfuerzo se logran establecer las hipótesis allí previstas. Veamos:

‘ART. TRANS.—Todos los alcaldes y gobernadores que inicien sus períodos entre la vigencia del presente acto legislativo y el 31 de diciembre del año 2003, ejercerán sus funciones por un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre de 2007. Sus sucesores se elegirán para un período que terminará el mismo 31 de diciembre del año 2007.

‘Todos los gobernadores y alcaldes elegidos con posterioridad al 29 de octubre del año 2000 y antes de la vigencia del presente acto legislativo, ejercerán sus funciones por un período de tres años. Sus sucesores se elegirán para un período que termina el 31 de diciembre del año 2007’.

‘En todo caso, el último domingo del mes de octubre del año 2007, se elegirán alcaldes y gobernadores para todos los municipios, distritos y departamentos del país, para períodos institucionales de cuatro años, que se iniciarán el 1º de enero del año 2008’ (negrillas del original).

“Se tiene en consecuencia que para los gobernantes con períodos atípicos solo caben dos posibilidades:

a) Los elegidos después del 29 de octubre de 2000 y hasta el 6 de agosto de 2002 tendrían un período de 3 años; sus sucesores regirían su municipio hasta el 31 de diciembre de 2007.

b) Los elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre del año 2003, tendrían un período equivalente a la mitad del tiempo que haga falta para llegar al 31 de diciembre del año 2007; sus sucesores se elegirán por el resto del período que igualmente terminaría el 31 de diciembre de 2007” (resaltado del original).

“Quiere significar lo anterior que en ningún caso los períodos institucionales de 4 años se aplican a los gobernantes con períodos atípicos, pues quienes en tales condiciones fueron elegidos hasta el 6 de agosto de 2002, cuentan con un período de 3 años y sus sucesores por el resto del término hasta el 31 de diciembre de 2007; al paso que para los elegidos entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2003 cuentan con períodos de menos de 3 años, habida cuenta que entre el 7 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2007 hay 4 años, 4 meses y 23 días y los alcaldes elegidos en el entretanto a lo sumo pueden gobernar la mitad del período”.

“En el mismo sentido se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en su fallo del 19 de agosto de 2004, dentro del expediente 3386, tal cual lo menciona en su intervención en esta tutela el Consejo Nacional Electoral”.

“De tal modo, a juicio de la Sala, para efectos de la determinación a asumir, basta con establecer en qué hipótesis se encuentra el aquí actor, pues la norma en cita hace parte del texto constitucional y es por tal razón norma de normas, vinculante, no puede desconocerse por ninguno de los poderes públicos derivados y ni siquiera por el pueblo a menos que se encuentre actuando como constituyente primario y en función de tal, que no es el caso de autos (...)”.

El tema concreto

Se reduce a determinar si la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad electoral contra Ramiro Suárez Corzo, al proferir el fallo de segunda instancia del 16 de marzo de 2006 que revocó la sentencia del 17 de noviembre de 2005 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, incurrió en vía de hecho por violación de los principios de igualdad y debido proceso.

En el fallo revocado, el tribunal administrativo citado, entre otras decisiones, denegó la solicitud de nulidad parcial del acto a través del cual se declaró elegido al señor Ramiro Suárez Corzo como alcalde del municipio de San José de Cúcuta para el período de cuatro años comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, contenido en el formulario E-26 AG del 14 de noviembre de 2003 proferido por la comisión escrutadora municipal, dentro de la acción de nulidad electoral indicada.

En la sentencia de segunda instancia, atacada por vía de tutela, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado integrada por los consejeros Reinaldo Chavarro Buriticá como ponente, María Nohemí Hernández Pinzón, Filemón Jiménez Ochoa, Darío Quiñones Pinilla y el conjuez Oscar Fernando Martínez Bustamante, con salvamento de voto del tercero y cuarto de los mencionados, consideró, en orden a sustentar su decisión revocatoria, que el período del accionante es atípico, pues se inició entre la vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002 y el 31 de diciembre de 2003, y en ese orden de ideas, estimó que la comisión escrutadora debió declararlo elegido conforme al artículo 7º transitorio de dicho acto legislativo para un período equivalente a la mitad del tiempo que hiciera falta para llegar al 31 de diciembre de 2007, esto es, para un lapso de 24 meses y 16 días y no para el período típico de cuatro años comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, como en opinión de la Sección Quinta, equivocadamente se hizo.

Se justificó lo anterior en el hecho de que conforme a la documentación aportada al proceso, el 29 de octubre de 2000, fecha general de elecciones en todo el país, el alcalde titular de Cúcuta era José Antonio Gelvez Albarracín, quien para ese momento se encontraba suspendido, y su período terminaba el 31 de diciembre de 2000.

En las aludidas elecciones generales resultó electo como alcalde de Cúcuta Manuel Guillermo Mora Jaramillo, para el período 2001-2003. Sin embargo, con posterioridad a dichas elecciones, esto es, el 14 de noviembre de 2000, el gobernador del departamento aceptó la renuncia del titular Gelvez Albarracín. El 27 de noviembre siguiente, Mora Jaramillo, recién elegido alcalde tomó posesión del cargo.

Se dijo además que conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional (4) , el período del alcalde Gelvez Albarracín finalizó en la fecha en que se aceptó su renuncia, es decir, el 14 de noviembre de 2000, y “el período personal” del recién elegido alcalde Mora Jaramillo se inició el 27 de noviembre de 2000 al tomar posesión del cargo por vacancia absoluta y venció el 26 de noviembre de 2003, por lo que en sentir de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el período de Suárez Corzo, elegido popularmente el 26 de octubre de 2003, se inició al día siguiente, es decir, el 27 de noviembre del mismo año de su elección.

Agregó la Sección Quinta, que para el 27 de noviembre de 2000, día de la posesión de Mora Jaramillo, imperaba el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, según el cual los períodos de los alcaldes eran personales y se iniciaban con la posesión que debía ocurrir inmediatamente finalizara el período del antecesor por vacancia absoluta, por lo que el período siguiente, iniciado en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2002, ya tenía el carácter de atípico.

Ahora —continuó— el hecho de que la comisión escrutadora de San José de Cúcuta señalara que el período del señor Suárez Corzo era de cuatro años, que la elección del mismo haya coincidido con la de alcaldes con períodos ordinarios, que se haya posesionado en la fecha que correspondía a estos y que su predecesor se haya posesionado con posterioridad a la elección popular general, no desvirtúa el carácter atípico del período, porque en sentir de la Sección Quinta, las situaciones planteadas corresponden a hechos, circunstancias y normas jurídicas que no pueden prevalecer sobre la Constitución.

No obstante, la misma Sección Quinta, pese a tratarse de hechos similares a los aquí juzgados, se ha pronunciado de manera contraria en los casos de los alcaldes de Palmira y Ocaña. En este sentido pueden confrontarse los fallos del 17 de noviembre de 2005, radicado 760012331000200304530 01, acción de nulidad electoral contra Adolfo Castro González, alcalde de Palmira; y del 1º de diciembre de 2005 radicado 5400112331000200300001 01, acción de nulidad electoral contra Luis Alfonso Díaz Barbosa, alcalde del municipio de Ocaña, ambos con ponencia del consejero Filemón Jiménez Ochoa, que respaldan la negativa a declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidas en los formularios E-26 AG proferidos por las comisiones escrutadoras de dichos municipios que determinaron períodos de cuatro años (2004-2007) para los alcaldes demandados, por considerar que no pueden entenderse constitutivos de períodos atípicos las vacancias absolutas producidas con posterioridad a la convocatoria de elecciones generales, según se presentó en los casos mencionados.

Frente a la ambigüedad para resolver asuntos similares por parte de las máximas corporaciones de justicia, obligadas por la Constitución y la ley a unificar la jurisprudencia nacional, se ha estimado por la Corte Constitucional que ello rompe con el principio de igualdad, porque del “cumplimiento de esta labor depende que los asociados pueden percibir que su igualdad ante la ley es real, porque sus relaciones jurídicas se rigen por las mismas normas y, cuando se fundan en los mismos presupuestos fácticos, son resueltas por los jueces de igual manera” (5) .

En punto del resquebrajamiento del derecho a la igualdad por la diversidad de posturas que asumen las máximas corporaciones de justicia al resolver asuntos similares, la Corte Constitucional en Sentencia SU-120 de 2003 arribó a las siguientes conclusiones:

“7.1. El derecho constitucional a la igualdad, y la conformación de una doctrina probable única

“Las orientaciones de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en materia de indexación de las obligaciones laborales, dejan al descubierto la existencia de una profunda divergencia interpretativa en torno del tema, comoquiera que sus planteamientos pueden condensarse de la siguiente manera:

(...).

“El anterior recuento permite a esta Corte arribar a la conclusión de que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en lo atinente al equilibrio de las prestaciones económicas recíprocas derivadas del contrato de trabajo no exhibe una posición uniforme, ya que i) en algunas ocasiones acepta que, en ausencia de disposición legal, el juez debe preservar el derecho del trabajador a mantener tal equilibrio, dada su condición de parte débil del contrato, incluso cuando el trabajador ostenta la condición de pensionado, y ii) en otras se niega a indexar la prestación, aduciendo que su intervención sería una interferencia en la labor del legislador.

“Es más, en cuanto a la apreciación sobre las disposiciones de la Ley 100 de 1993, atinentes a la materia, en algunas ocasiones afirma que esta normatividad resulta suficiente para ordenar la indexación de las pensiones causadas durante su vigencia —exps. 13.153, 13.293, 13.336, 14.740, 15.908, 15654, 15836, 17.053, 17.569, 17739—, y en otras sostiene que en aplicación de dicha ley únicamente pueden ser indexadas obligaciones insolutas —exps. 13.449, 13.605, 13.653—.

“En esas circunstancias a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le compete optar por una aplicación consistente de las previsiones legales atinentes a la conservación del valor adquisitivo de los derechos económicos mínimos de los trabajadores, porque a ella se le ha confiado el deber de unificar la jurisprudencia nacional.

“Y del cumplimiento de esta labor depende que los asociados pueden percibir que su igualdad ante la ley es real, porque sus relaciones jurídicas se rigen por las mismas normas y, cuando se fundan en los mismos presupuestos fácticos, son resueltas por los jueces de igual manera” (resalta la Sala).

No obstante tratarse de diferentes temas, lo cierto es que tanto en el asunto estudiado en la jurisprudencia citada, como en el presente, se advierte una evidente disparidad de criterios para resolver similares hipótesis fácticas por parte de los mismos jueces.

En estos casos, puede deducirse de la exposición de la Corte Constitucional transcrita, que se impone por parte de los jueces y con mayor razón de quienes están obligados a unificar la jurisprudencia nacional a optar por una aplicación consistente de las normas, pues de esta labor depende que los asociados perciban que su igualdad ante la ley es real, porque en sus relaciones jurídicas imperan las mismas normas, y que, cuando los asuntos sometidos a consideración de la jurisdicción se fundan en los mismos presupuestos fácticos, son resueltos por los jueces de manera igual.

En este orden de ideas, es claro para la Sala que la decisión de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado del 16 de marzo de 2006, atacada por vía de tutela, vulneró el derecho fundamental a la igualdad de Ramiro Suárez Corzo al resolver en forma distinta la acción de nulidad electoral interpuesta contra él, con relación a las acciones de nulidad electoral formuladas contra los alcaldes de Palmira y Ocaña antes citadas, no obstante tratarse de hipótesis fácticas iguales.

Obsérvese, por ejemplo, que en el caso del Alcalde de Palmira, la Procuradora Regional del Valle solicitó la declaratoria de nulidad parcial del acta declaratoria de elección de Adolfo Castro González como alcalde de esa localidad en cuanto se determinó un período de cuatro años comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, aduciendo que en Palmira fue elegido José Antonio Calle Forero como alcalde para el período constitucional del 1º de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Que el 29 de octubre de 2000 se realizaron las elecciones generales para alcaldes en todo el país, siendo titular para esa fecha el señor Calle Forero cuyo período terminaba el 31 de diciembre de 2000. Que en esas elecciones resultó elegido como alcalde de Palmira el señor Miguel Antonio Motoa Kuri, para el período constitucional del 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003. No obstante, al señor Calle Forero le fue aceptada la renuncia el 30 de noviembre de 2000, es decir, un mes antes del vencimiento de su período constitucional que finalizaba el 31 de diciembre de 2000. Pese a que el alcalde Motoa Kuri fue elegido para el período del 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003 tomó posesión del cargo el 15 de diciembre de 2000 ante la declaratoria de vacancia absoluta del cargo finalizando su período el 31 de diciembre de 2003.

Sin embargo, en esa oportunidad la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante providencia del 17 de noviembre de 2005 con ponencia del consejero Filemón Jiménez Ochoa, consideró que esta última circunstancia no generaba atipicidad del período, y por ende el sucesor de Motoa Kuri, cuya credencial se demandó en esa oportunidad, fue elegido para un período típico.

En el referido asunto la Sección Quinta concluyó que “al producirse una falta absoluta dentro del período institucional normal, cuando ella es ulterior a las elecciones generales del período siguiente, tal circunstancia no afecta los períodos posteriores, vale decir, que ese hecho no los convierte en atípicos. Y ello resulta razonable, porque se trata de una circunstancia sobreviniente que no era previsible ni por el candidato, ni por las autoridades electorales en el momento en que se realizaron las respectivas elecciones”.

En el mismo sentido, y por tratarse de una hipótesis fáctica igual, en la que uno de los alcaldes de Ocaña renunció con posterioridad a las elecciones generales y antes del vencimiento de su período, y el recién elegido tomó posesión del cargo antes de la fecha institucional prevista, la misma Sección Quinta, en sentencia de segunda instancia y con los mismos argumentos expuestos en el caso de la Alcaldía de Palmira, negó la nulidad parcial del acto que declaró elegido a Luis Alfonso Díaz Barbosa como alcalde de Ocaña para el período constitucional del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, manteniendo en firme el período típico.

Ante tal estado de cosas resulta inexplicable y, sin duda, violatorio del derecho a la igualdad del accionante Ramiro Suárez Corzo, que si en las dos hipótesis anteriores —que desde luego son iguales a la de su caso— se mantuvo la institucionalidad del período, en el evento del señor Suárez Corzo, la misma Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo haya resuelto en la providencia objeto de esta tutela, declarar atípico su período para darle aplicación al artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, reduciéndolo a la mitad, en detrimento además de sus derechos políticos y los de sus electores, pues su postulación como Alcalde de Cúcuta se hizo para las elecciones generales convocadas para el 26 de octubre de 2003 y para el período típico del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007, posesionándose, incluso, en la fecha en la que se iniciaba su período típico, y no antes.

Ahora bien, en cuanto a la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, objeto de esta tutela, estima la Sala, que los planteamientos con los que pretendió sustentar su determinación, contravienen el ordenamiento constitucional y legal por lo que no se remite a duda que la accionada incurrió en vía de hecho por grave defecto sustantivo al aplicar al asunto sometido a su consideración el contenido del artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, cuando dicha norma no era aplicable al caso del alcalde Ramiro Suárez Corzo, por cuanto este no fue elegido para ejercer un período atípico, toda vez que así se desprende de la convocatoria de las elecciones a la Alcaldía de Cúcuta para el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007; de la fecha de la elección suya (26 de octubre de 2003 elecciones generales); y de la fecha de su posesión como Alcalde de Cúcuta el 1º de enero de 2004.

Dicha situación no se desvirtúa por el hecho de que el alcalde de Cúcuta, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, que antecedió al accionante y que fue elegido para el período típico 2001-2003, haya asumido de facto la alcaldía el 27 de noviembre de 2000, por renuncia de su antecesor, José Antonio Gelvez Albarracín, pues finalmente el período para el cual fue elegido popularmente Mora Jaramillo venció el 31 de diciembre de 2003 y hasta esa fecha ocupó el cargo.

Sostener, como lo hizo la Sección Quinta en el fallo demandado constitucionalmente, que el período del alcalde Gelvez Albarracín, finalizó el 14 de noviembre de 2000, fecha en que se aceptó su renuncia por el gobernador de Norte de Santander, lo que dio lugar a la vacancia absoluta del cargo, resulta apenas lógico, sin embargo, no por ello es admisible considerar de suyo que el período típico que como alcalde venía ejerciendo el mismo, devino en atípico, por el hecho de que su sucesor hubiese tomado posesión del cargo el 27 de noviembre de 2000 (antes del inicio de su período típico que iba del 1º de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003), pues finalmente todos fueron elegidos en las elecciones generales y la renuncia del primero se presentó con posterioridad a su correspondiente elección general. Por modo que tanto el período de Mora Jaramillo como el de su sucesor Suárez Corzo, deben considerarse típicos y no personales, ya que en últimas este fue elegido popularmente en las elecciones generales del 26 de octubre de 2003 para el período típico comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007.

Es más, esta conclusión en modo alguno se contrapone a la hermenéutica constitucional imperante en su momento, porque si bien la Corte tenía por sentado que en todos los casos de vacancia absoluta de los alcaldes se imponía la elección popular —algo obvio dentro de la lógica y la dinámica de la soberanía popular— ello no puede considerarse óbice para que en casos de vacancia absoluta que sobrevengan con posterioridad a las elecciones generales convocadas para períodos típicos y antes de la finalización del período típico respectivo, estas pudieran suplirse con designaciones en interinidad a fin de evitar precisamente la modificación innecesaria de estos períodos, conclusión esta que sin duda se aviene justamente al querer del constituyente derivado plasmado en el Acto Legislativo 2 de 2002 en orden a evitar la proliferación de períodos personales, conforme se expresó en la exposición de motivos del citado acto legislativo. Al fin y al cabo el propósito de este siempre fue la unificación de los período de alcaldes y gobernadores del país.

Y a propósito de esto último, conviene traer a cita que, en opinión de la Corte Constitucional las decisiones de los jueces deben cumplir no solo criterios lógicos, si se quiere formalistas, sino que también debe satisfacer la lógica de lo razonable entendida como la lógica de lo humano, por modo que, las interpretaciones que sobre las normas realiza cualquier operador jurídico, no pueden conducir a consecuencias absurdas.

“Cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística” (6) (resalta la Sala).

También se aviene dicha conclusión a la protección de los derechos a la igualdad, al debido proceso y a ser elegidos de quienes intervienen en una contienda política programada y convocada para un período determinado en el entendido de que lo hacen para ese preciso período, y no puedan ser sorprendidos posteriormente con argumentaciones jurídicas discutibles que puedan impedirles el libre ejercicio de los derechos obtenidos en la elección para la cual se postularon.

Era tan claro que el período del alcalde SUÁREZ CORSO era típico que no solo la comisión escrutadora municipal de San José de Cúcuta expidió la respectiva credencial que lo acreditaba como alcalde electo para el período que se iniciaba el 1º de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, sino además, ninguna de las autoridades encargadas de su posesión permitió que este asumiera el cargo antes de la primera fecha. Y esto aún a pesar de una acción de tutela que interpuso con tal propósito y que finalmente fue declarada improcedente, con el incontestable argumento de que el “ACTO ADMINISTRATIVO (7) está vigente, pues lo cubre el principio de legalidad, esto es, que asume el carácter de OBLIGATORIO, conforme al susodicho texto, produciendo los respectivos efectos jurídicos, como es que, el señor RAMIRO SUÁREZ CORZO, fue elegido por el pueblo de la ciudad de Cúcuta, para gobernar en su calidad de ALCALDE para el período comprendido entre 2004 y 2007” (negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).

Entonces, si por lo dicho, el período de alcalde de Cúcuta Suárez Corzo debe considerase de carácter típico, resulta apenas obvio concluir que en tal condición no le podía ser aplicable la primera hipótesis prevista en el artículo 7º transitorio del Acto Legislativo 2 de 2002, y si así lo hizo la Sección Quinta del Consejo de Estado en la providencia materia de esta tutela, revocando parcialmente el acto de declaración de alcalde elegido del actor, emitido por la comisión escrutadora, no hay duda que con dicha actuación se incurrió en una vía de hecho por grave defecto sustantivo, y en ese orden se impone el amparo de los derechos constitucionales fundamentales del señor Suárez Corzo, incluido el contemplado en el artículo 40 de la Carta, tal como con acierto se expresó en el texto del salvamento de voto presentado por el consejero Filemón Jiménez Ochoa cuando refiriéndose a la aplicación del artículo transitorio 7º del Acto Legislativo 2 de 2002 al caso del accionante señaló que ello “vulnera el derecho político fundamental del demandado consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política” (8) .

Ahora, si lo que quiso la Sección Quinta al aprobar el fallo atacado por vía de tutela era variar su propia jurisprudencia, ha debido plasmar esa voluntad, exponiendo con claridad las razones que la llevaban a ello de cara a los precedentes establecidos en los ya comentados casos de las alcaldías de Palmira y Ocaña (9) .

En cuanto a lo anterior, conviene traer a colación el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional que recaba la necesidad del respeto por el precedente jurisprudencial como factor de seguridad y confianza legítima de los ciudadanos en sus gobernantes e instituciones.

Así se manifestó la Corte Constitucional en aquella oportunidad:

Prima facie, el juez demandado no podía apartarse del precedente fijado por la Corte Constitucional, incurriendo, en consecuencia, en violación de la Constitución.

16. Lo anterior lleva a un punto adicional. El respeto por el precedente, tanto horizontal como vertical, además de realizar el derecho a la igualdad, configura espacios de certeza y seguridad jurídica, que se traducen en confianza legítima del administrado frente a las actuaciones estatales. En Sentencia C-836 de 2001 la Corte analizó el punto en los siguientes términos:

“10. En su aspecto subjetivo, la seguridad jurídica está relacionada con la buena fe, consagrada en el artículo 83 de la Constitución, a partir del principio de la confianza legítima. Este principio constitucional garantiza a las personas que ni el Estado, ni los particulares, van a sorprenderlos con actuaciones que, analizadas aisladamente tengan un fundamento jurídico, pero que al compararlas, resulten contradictorias. En estos casos, la actuación posterior es contraria al principio de la buena fe, pues resulta contraria a lo que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, conforme a su comportamiento anterior frente a una misma situación. Esta garantía solo adquiere su plena dimensión constitucional si el respeto del propio acto se aplica a las autoridades judiciales, proscribiendo comportamientos que, aunque tengan algún tipo de fundamento legal formal, sean irracionales, según la máxima latina venire contra factum proprium non valet. En efecto, si esta máxima se predica de la actividad del Estado en general, y se extiende también a las acciones de los particulares, donde —en principio— la autonomía privada prima sobre el deber de coherencia, no existe un principio de razón suficiente por el cual un comportamiento semejante no sea exigible también a la actividad judicial (10) . El derecho de acceso a la administración de justicia implica la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia. Esta confianza no se garantiza con la sola publicidad del texto de la ley, ni se agota en la simple adscripción nominal del principio de legalidad. Comprende además la protección a las expectativas legítimas de las personas de que la interpretación y aplicación de la ley por parte de los jueces va a ser razonable, consistente y uniforme.

En virtud de lo anterior, el análisis de la actividad del Estado como administrador de justicia no se agota en el juicio sobre la legalidad de cada decisión tomada como un acto jurídico individual, pues no se trata de hacer un estudio sobre la validez de la sentencia, sino de la razonabilidad de una conducta estatal, entendida esta en términos más amplios, a partir de los principios de continuidad y de unidad de la jurisdicción”.

Resulta claro que al apartarse del precedente fijado por el mismo tribunal y por la Corte Constitucional, sin ofrecer razones suficientes, se desconoció el principio de confianza legítima del demandante, quien, de buena fe, se apoyó en dichos precedente para reclamar la protección de sus derechos” (11) .

Como corolario, la Sala revocará la sentencia de tutela de primer grado proferida el 23 de mayo de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual negó la tutela de los derechos fundamentales invocados por el accionante Ramiro Suárez Corzo, para en su defecto conceder la tutela a los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso impetrada por el señor Ramiro Suárez Corzo, alcalde del municipio de San José de Cúcuta. En consecuencia, se ordenará dejar sin efectos el fallo de segunda instancia del 16 de marzo de 2006 proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad electoral contra Ramiro Suárez Corzo, y declarar la ejecutoria del fallo del 17 de noviembre de 2005, emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del mismo proceso electoral.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia proferida el 23 de mayo de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual negó la tutela de los derechos fundamentales invocados por el accionante Ramiro Suárez Corzo, según lo analizado.

2. CONCEDER la tutela a los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso impetrada por el señor Ramiro Suárez Corzo, alcalde del municipio de San José de Cúcuta, en consecuencia, se ordena dejar sin efectos el fallo de segunda instancia del 16 de marzo de 2006 proferido por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de la acción de nulidad electoral contra Ramiro Suárez Corzo, y declarar la ejecutoria del fallo del 17 de noviembre de 2005, emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander dentro del mismo proceso electoral, conforme se expresó en la parte motiva de esta providencia.

3. Oportunamente, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

4. Copia de esta determinación se enviará al consejo seccional de instancia, para su conocimiento.

Notifíquese y cúmplase.

Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz. 

(1) Comisión Escrutadora Municipal/Distrital. Formulario E-27 (fl. 24).

(2) “Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes salas de casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.

Pese a lo anterior, no es posible, como regla general, que la respectiva sala de selección disponga lo pertinente si (sic) que las tutelas hubieren surtido el trámite propio de las instancias.

En estos casos entonces, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la prestación de la solicitud, y con el fin de que las personas logren que se pueda disponer lo pertinente en relación con la revisión de dichas acciones de tutela, los accionantes tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluida otra corporación de igual jerarquía, solicitando la tutela del derecho fundamental que consideran violado” (resaltado fuera de texto) (Corte Constitucional, auto de feb. 3/04).

(3) Auto del 7 de abril de 2006 (fl. 118, cdno. original).

(4) Hace referencia, entre otras, a la Sentencia C-448/97. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(5) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-120 de 2003.

(6) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-011 de 1994. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Cita a su vez la Sentencia C-055 de 1995. M.P. ibídem. Textos tomados de Tobo Rodríguez, Javier. La Corte Constitucional y el control de constitucionalidad. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 3ª ed., Bogotá, 2004, págs. 176-177.

(7) Se refiere a la credencial expedida por la Comisión Escrutadora Municipal al señor Ramiro Suárez Corzo como alcalde municipal de San José de Cúcuta para el período 2004-2007.

(8) Cfr. folio 27, cuaderno de segunda instancia.

(9) Radicados 76001-23-31-000-2003-04530-01 (3601) y 54001-23-31-000-2003-00001-01 (3737), respectivamente.

(10) “La Corte ha referido la prohibición de venirse contra el acto propio y el principio de la confianza legítima tanto a las autoridades estatales, como a los particulares. Refiriendo este principio a la actuación de la administración, ver sentencias T-475/92 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-578/94 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), entre otras. Refiriéndolo a la actividad de los particulares ver: Sentencia T-503/99 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), T-295/99 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), entre otras”.

(11) Cfr. Exp. T-731444. Sentencia del 8 de agosto de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

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