Sentencia 11001 11 02 000 2006 02003 01/541T de julio 26 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación 11001 11 02 000 2006 02003 01/541T

Magistrado Ponente

Dr. Guillermo Bueno Miranda

Bogotá, D.C., julio 26 de 2006

Aprobado según Acta 67 de julio 26 de 2006

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada por el Ministerio de Protección Social contra la sentencia proferida el 7 de junio de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante la cual decidió conceder la tutela de los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida digna y la integridad personal, a favor de la ciudadana Olga Bibiana Beltrán Duarte.

Hechos

Mediante escrito presentado el pasado 22 de mayo de 2006, la ciudadana Olga Lucía Duarte González, en calidad de agente oficiosa de su hija Olga Bibiana Beltrán Duarte, promovió acción de tutela contra Cafesalud EPS solicitando la protección de los derechos fundamentales con sustento en los siguientes hechos:

Olga Bibiana es cotizante de Cafesalud EPS, y presenta dolor a nivel de la región lumbar que se irradia a miembro inferior derecho, lo que le hace imposible moverse, motivo por el cual se ordenó su hospitalización, situación en la que permanece.

Fue evaluada por el neurocirujano quien dispuso que se le realizara una resonancia magnética lumbar, que arrojó como resultado que Olga Bibiana padece de una hernia discal a nivel L4 - L5 y hernia discal central que comprime el saco dural; por esta razón, el médico tratante conceptuó que debe realizársele cirugía de columna laminectomía + microdisectomía, como única opción de tratamiento.

Presentada la documentación respectiva a Cafesalud EPS, esta entregó autorización pero cubriendo únicamente el 22% del costo de la cirugía, de manera que la cotizante debería cubrir el 78% restante, siendo una cirugía de muy alto costo ($ 69’000.000), y no cuentan con recursos económicos, de manera que no podrían sufragar ese gasto con lo que corre serio peligro la integridad física de su hija y la vida en condiciones dignas, ya que no se puede mover.

Pidió finalmente que se decretara medida provisional para que se ordene que se lleve a cabo la cirugía requerida (fls. 1 a 5 c.o. 1ª instancia).

La solicitante anexó copia de la cédula, la hoja de consulta, copia de la historia clínica donde consta el diagnóstico y de la orden del médico tratante de la Clínica Santa Bibiana, así como el concepto del radiólogo; autorización de servicios expedida por Cafesalud EPS, donde consta que Olga Bibiana es cotizante (fls. 6 a 13 c.o. 1ª instancia).

Actuación procesal

Por auto del 25 de mayo de 2006 se admitió la tutela y se dispuso su comunicación a la actora y a Cafesalud EPS, así como ordenó la vinculación del Fosyga; allí mismo se negó la medida provisional pedida al estimar que no se vislumbra amenaza grave para la vida de la paciente, luego procede esperar a que se tome la decisión definitiva (fls. 17 a 21 c.o. 1ª instancia).

Intervención de los accionados

1. La apoderada judicial de Cafesalud EPS se opuso a la prosperidad del amparo, exponiendo que la actora se encuentra afiliada al sistema general de seguridad social en salud en el régimen contributivo a través de Cafesalud EPS, en calidad de cotizante independiente desde el 14 de octubre de 2005, se encuentra al día en pagos y cuenta con 29 semanas cotizadas.

Expresó que según lo dispuesto en la Resolución 5261 de 1994, el cubrimiento del 100% de la cirugía requiere de un mínimo de 100 semanas de cotización y para pagos compartidos previstos en el Acuerdo 806, se quiere(sic) de 26 semanas cotizadas.

Argumentó también que en el presente caso la tutela es improcedente porque la protección al derecho a la salud por vía de tutela solo es viable cuando esté en riesgo la vida, y en caso contrario ese derecho adquiere el carácter de prestacional, y resulta que la EPS ha brindado a la actora los tratamientos, medicamentos y demás prestaciones que le ofrece la cobertura del POS en relación con las semanas mínimas de cotización que le exige la ley para acceder a los servicios, de donde concluye que la actora puede esperar el curso del proceso judicial que es la vía que tiene para hacer valer el derecho que alega.

De otra parte, aseveró que de acuerdo con jurisprudencia constitucional, es necesario que la persona solicitante demuestre que no está en capacidad de sufragar los costos respectivos, carga que no se le puede trasladar a la accionada.

Argumentó que es necesario mantener el equilibrio financiero del sistema y que, en últimas, no se le puede imponer a las EPS obligaciones que le corresponden al Estado, razón por la cual pidió subsidiariamente que se le ordene al Fosyga pagar a Cafesalud EPS los costos generados por los servicios prestados a la usuaria si tener(sic) derecho a ellos (fls. 31 a 38 c.o. 1ª instancia).

2. También concurrió el Ministerio de Protección Social, a través de la jefe de oficina asesora jurídica y de apoyo legislativo, quien expresó que los servicios que requiere la actora se encuentran incluidos en el POS, solo que requiere unos períodos mínimos de cotización que en este caso la afiliada no ha cumplido; de manera que “si llegara a comprobarse que la persona no tiene capacidad de pago para asumir el costo de servicios adicionales (excluidos del POS), o los servicios sujetos a semanas de cotización, debe ser atendido con cargo al subsidio a la oferta por las instituciones públicas prestadoras de servicios o aquellas privadas con las cuales la entidad territorial competente tenga contrato”.

Concluyó que, con sustento en lo anterior, el Ministerio de Protección Social ni el Fosyga son responsables de garantizar la atención en salud a los afiliados en lo no cubierto en el régimen contributivo (fls. 40 a 43 c.o. 1ª instancia).

Sentencia de primera instancia

Mediante proveído del 7 de junio de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca TUTELÓ los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida digna y la integridad personal, de Olga Bibiana Beltrán Duarte y, en consecuencia, ordenó que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes Cafesalud EPS procediera a autorizar la cirugía de columna laminectomía más micordisectomía en la institución prestadora de salud que tenga la capacidad científica y tecnológica para llevarla a cabo, advirtiendo que Cafesalud EPS podrá repetir contra el Fosyga por el porcentaje de los gastos adicionales en que llegare a incurrir, y estuvieren excluidos de la cobertura del POS (fls. 47 a 68 c.o. 1ª instancia).

La impugnación

La jefe de oficina asesora jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de Protección Social impugnó el fallo anterior, específicamente en lo que respecta a la autorización a Cafesalud EPS de repetir contra el Fosyga, insistiendo en que los servicios que la actora necesita están incluidos en el POS, solo que requiere un mínimo de semanas cotizadas que ella no tiene, luego si ella no cuenta con recursos debe acudir a las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o a aquellas privadas con las cuales la entidad territorial haya contratado para el efecto, atención que es financiada con cargo al subsidio de la oferta (fls. 75 a 77 c.o. 1ª instancia).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en los artículos(sic) 86 de la Constitución Política, según lo reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer por vía de impugnación de la presente actuación.

2. Procedencia de la acción de tutela para ordenar la práctica de procedimientos médicos que son negados por no cumplir períodos mínimos de cotización, cuando el afectado no cuenta con los recursos económicos para asumir su costo y se vulneran derechos fundamentales.

La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades acerca de casos similares al que dio origen al presente proceso, en los que se solicita a través del amparo constitucional la práctica de un procedimiento quirúrgico, que requiere autorización de una empresa promotora de salud, EPS, y esta ha otorgado la autorización pero sujeta a unos porcentajes o la ha negado, porque el afiliado (cotizante o beneficiario) no ha cumplido con el período mínimo de semanas de cotización señalado en las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia, en la circunstancia específica de que el afectado no cuenta con la solvencia económica para sufragar el porcentaje que en tal caso le corresponde.

Así las cosas, ha dicho la Corte Constitucional, sobre la base de que es un deber de los afiliados al sistema cumplir con las semanas mínimas de cotización para obtener la atención médica que el sistema general de seguridad social en salud les brinda, que el mínimo correspondiente no es exigible, cuando se cumplan los siguientes requisitos (1) :

a) Que el derecho a la salud se encuentre en conexidad con el derecho fundamental a la vida misma, a la vida digna e integridad personal, comoquiera que aquel no es un derecho fundamental sino de carácter prestacional (salvo en el caso de los niños). La vida del afiliado debe estar en peligro por virtud de una enfermedad grave, o, en su defecto, que la atención negada se integre de manera inescindible con la atención prestada (principio de continuidad en el servicio).

b) Que se trate de un procedimiento, tratamiento o medicamento que no pueda ser substituido por otro contemplado en el POS, o que existiendo este no tenga la misma efectividad que el excluido y sea necesario proteger el mínimo vital del enfermo.

c) Que la orden del tratamiento, procedimiento o suministro del medicamento provenga de un médico adscrito a la empresa promotora de salud a la cual se encuentre afiliado el actor.

d) Que el enfermo acredite que no puede sufragar el costo del procedimiento, tratamiento o medicamento y, además, no tenga acceso a otro sistema o plan de salud para conseguirlo, por ejemplo, contrato de medicina prepagada o planes de salud ofrecidos por determinadas empresas a sus empleados.

Así mismo, la Corte Constitucional ha puntualizado que “si bien el inciso 2º del parágrafo del artículo 61 del Decreto 806 de 1998 señala que cuando el afiliado no cuente con la capacidad económica para asumir el pago proporcional a las semanas que le restan por cotizar, debe acudir a las instituciones públicas o privadas con las que el Estado tenga contrato y estas cobrarán una cuota de recuperación, dicha opción no es válida cuando está de por medio la vida del paciente” (2) .

3. Del caso concreto.

Así las cosas, es pertinente advertir que prima facie podría sostenerse que la actuación de la EPS demandada está conforme a derecho, en cuanto expidió la autorización del procedimiento quirúrgico pero señalando que asumiría un porcentaje del costo, cuyo residuo le correspondería a la afiliada, con fundamento en que el Decreto 806 de 1998 establece un período mínimo de cotización que la actora no cumple; sin embargo, en el caso concreto se cumplen los presupuestos señalados por la doctrina constitucional para la procedencia del amparo constitucional demandado, tal como pasa a verse enseguida:

En primer lugar, ha de tenerse en cuenta la clase de afección que la actora padece, según aparece acreditado en el plenario, de acuerdo con las anotaciones del radiólogo y el dictamen del neurocirujano, situación que mantiene a la paciente hospitalizada porque el dolor no le permite moverse.

Así las cosas, la actora tiene unas lesiones (hernias) que si bien no ponen en peligro su existencia misma, sí atentan contra su vida digna y su integridad personal (por el dolor permanente y la imposibilidad de movilizarse en forma normal), de manera que la intervención que requiere, así no sea urgente, es indispensable para lograr la recuperación de su salud y para que pueda llevar una vida digna.

Por otra parte, observa la Sala que el mencionado procedimiento quirúrgico fue dispuesto por el médico que trató al actor en la Clínica Santa Bibiana - Epsiclínicas S.A., a la cual fue remitida la paciente por Cafesalud EPS, mediante Autorización de Servicios 2809472, lo que permite inferir que la EPS tiene contrato suscrito con la mencionada clínica y, por lo tanto, el requisito para que prospere el amparo solicitado, consistente en que el procedimiento haya sido por un médico adscrito a la EPS, se cumple en el caso concreto, máxime si el representante legal de la accionada no presentó reparo alguno sobre este particular.

En lo que se refiere a la existencia de un procedimiento que supla el que requiere la actora, igualmente se advierte que la demandada guardó silencio sobre ese tópico, luego es forzoso concluir que también se satisface ese requisito trazado por la doctrina constitucional para que la solicitud de tutela sea procedente.

Ahora bien, en relación con el tema de la incapacidad económica de la actora, se tiene que la representante de Cafesalud EPS alegó que la paciente no había aportado la prueba exigida por la jurisprudencia constitucional para demostrar que se encontraba en incapacidad de asumir el costo del procedimiento requerido, alegación que apoyó en lo expuesto por la Sala Plena de la Corte en la Sentencia de Unificación 819 de 1999 (3) .

Sobre ese punto específico, es pertinente traer a colación lo expuesto por la Corte Constitucional (4) en sentencia donde estudió un caso similar al que centra aquí la atención de la Sala, caso en el que entró a definir el tema de la prueba de los medios económicos del actor de frente a lo considerado allí por el juez de tutela de primera instancia, en los siguientes términos:

“/.../, esta Sala de Revisión considera que el juez de instancia se equivocó en la medida en que, prácticamente, equiparó las palabras de la Corte Constitucional consignadas en la mencionada sentencia, a una especie de tarifa legal en materia probatoria, cuando lo cierto es que en sede de tutela no existe un medio de prueba único para acreditar un determinado hecho. En otros términos, la incapacidad económica de una persona no se demuestra exclusivamente con el balance certificado por un contador, o con la declaración de renta, o con el certificado de ingresos, pues ese hecho se puede perfectamente puede acreditar(sic), por ejemplo, con testimonios, o con otro tipo de documentación distinta a la mencionada e, inclusive, con la sola la(sic) manifestación del actor cuando no ha sido controvertida por la contraparte ” (subrayas y negrillas fuera del texto).

En el mismo sentido, vale la pena reseñar lo expuesto por la Sala Tercera de Revisión, en Sentencia T-523 de 2001 (5) , al reiterar lo expuesto por la Corte en la Sentencia SU-819 de 1999 antes citada:

“3.4. Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que las declaraciones que reposan en el expediente no constituyen prueba conclusiva acerca de la incapacidad económica del peticionario, (subraya y destaca por la Sala Novena) resulta necesario recordar el papel del juez de tutela en materia probatoria, que se traduce en un deber específico, para emplear sus potestades legales en la comprobación de los hechos del caso; todo, con el propósito de establecer si existe o no la violación que se alega de un derecho fundamental (6) . Sobre esta circunstancia también se pronunció la Sala Plena mediante la sentencia de unificación que se está reiterando. Veamos:

‘(...) la preservación de los derechos fundamentales de las personas, dentro del marco del Estado social de derecho, impone tanto al juez de tutela, cuando se acuda a este mecanismo para obtener la defensa del derecho a la salud y por conexidad a la vida, como a las autoridades gubernamentales, representadas por el Ministerio de Salud a través del Fondo de Solidaridad y Garantía, el deber de solicitar a las autoridades o al afiliado la remisión de la información tributaria, crediticia y laboral que permita confirmar el estado de necesidad y la imposibilidad de pago’ (7) .

“Por otro lado, la contraparte del proceso, en este caso la EPS Salud Colpatria, contaba, en principio, con un medio expedito y posible (8) para contradecir o refutar los argumentos expresados por el peticionario, entre ellos, la incapacidad económica alegada. En este caso, el demandado no hizo uso de tal atribución” (9) .

Y, finalmente, es pertinente recordar que en Sentencia T-113 de 21 de febrero de 2002, la Sala Primera de Revisión de la Corte (10) , sobre ese preciso tema de la prueba para demostrar la incapacidad económica, sostuvo:

“En lo que hace a la observación hecha por los jueces de instancia en cuanto a la inexistencia de la prueba de incapacidad económica de los demandantes, es del caso reiterar la línea jurisprudencial de esta Corte, conforme a la cual si el solicitante del amparo aduce en la demanda no contar con la capacidad económica para sufragar el costo de la prueba de laboratorio, de las medicinas o del procedimiento excluido del POS, le corresponde a la parte demandada controvertir y probar lo contrario, so pena de que con la mera afirmación del actor se tenga por acreditada dicha incapacidad. Lo cual es así por cuanto en esta hipótesis el dicho del extremo demandante constituye una negación indefinida que es imposible de probar por quien la aduce, corriendo entonces la carga de la prueba en cabeza del extremo demandado cuando quiera desvirtuar tal afirmación. Por ello mismo resulta cuando menos insólito que el juez de primer grado en sus consideraciones haya deplorado la ausencia de medios de convicción tales como la declaración de renta, sin importarle que con arreglo al estatuto tributario quienes están obligados a declarar no son precisamente los más menesterosos” (negrillas y subrayas no originales).

En el caso bajo examen, aplicando los criterios así plasmados por la Corte Constitucional, basta entonces con la afirmación expresada en la solicitud de amparo en el sentido de que la actora carece de recursos económicos para asumir el costo de los servicios médicos que requiere, en la medida en que tal afirmación no ha sido controvertida en manera alguna dentro de esta actuación.

Se concluye entonces, que se encuentra acreditado el requisito de la incapacidad económica de la actora para asumir el monto del porcentaje del costo correspondiente por el número de semanas de cotización que le faltan para que fuera viable en su caso el procedimiento médico que demanda la recuperación de su salud y, por lo tanto, la acción de tutela para proteger su derecho a la salud, fundamental por conexidad con el derecho a la vida digna y la integridad personal, debe prosperar y, por ende, el fallo objeto de impugnación será confirmado.

Ahora bien, en lo que toca con el tema de los pagos compartidos o copagos a que ha hecho alusión la EPS, y en el que se sustenta la impugnación formulada por el Ministerio de Protección Social, la Corte Constitucional (11) reiteradamente ha establecido su jurisprudencia en los siguientes términos:

“4. Exigencia de cuotas moderadoras y pagos compartidos o copagos. Protección prevalente de los derechos fundamentales. Reiteración de jurisprudencia.

Entre los instrumentos previstos por la ley para la conservación del equilibrio financiero como presupuesto necesario para el cumplimiento de los principios de eficacia y universalidad que informan el sistema general de seguridad social en salud (C.P., art. 48), se encuentra la asunción de pagos compartidos, cuotas moderadoras y copagos a cargo de los afiliados y beneficiarios. En este sentido, el artículo 187 de la Ley 100 de 1993 estableció: “Los afiliados y beneficiarios del sistema general de seguridad social en salud estarán sujetos a pagos compartidos, cuotas moderadoras y deducibles. Para los afiliados cotizantes, estos pagos se aplicarán con el exclusivo objetivo de racionalizar el uso de servicios del sistema. En el caso de los demás beneficiarios, los pagos mencionados se aplicarán también para complementar la financiación del plan obligatorio de salud. En ningún caso los pagos moderadores podrán convertirse en barreras de acceso para los más pobres. Para evitar la generación de restricciones al acceso por parte de la población más pobre. Tales pagos para los diferentes servicios serán definidos de acuerdo con la estratificación socioeconómica, según la reglamentación que adopte el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. (...)”.

No obstante, la norma en cita, fue declarada exequible (Sent. C-542/98) en el entendido de que si el usuario del servicio no dispone de los recursos económicos para cancelar las cuotas moderadoras o controvierte la validez de su exigencia, el sistema y sus funcionarios no le pueden negar la prestación íntegra y adecuada de los servicios médicos, hospitalarios, quirúrgicos, asistenciales y de medicamentos que requiera.

En este orden de ideas, y como ya se anotó, entre los instrumentos con que cuenta el sistema general de seguridad social en salud para garantizar su viabilidad y equilibrio financiero se encuentran las cuotas moderadoras y los denominados “copagos”. Las primeras constituyen un mecanismo que tiene por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, de esta manera se busca la racionalización del servicio frenando el consumo innecesario. De otro lado el pago compartido o “copago” es un instrumento mediante el cual el sistema paga una parte del valor del servicio requerido y el usuario asume la otra, y tiene como finalidad que este contribuya al financiamiento del sistema. Es de aclarar que, en el régimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud los afiliados cotizantes y sus beneficiarios se encuentran sujetos al cobro de cuotas moderadoras, no sucediendo lo mismo con los copagos, que únicamente se cobran por los servicios requeridos por los usuarios que se encuentran afiliados en calidad de beneficiarios.

Con todo, en aplicación del principio de equidad, el Acuerdo 260 de 2004 (12) del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud reitera la directriz trazada por el artículo 187 de la Ley 100 de 1993, en el sentido de que las cuotas moderadoras y los copagos en ningún caso pueden convertirse en una barrera para el acceso a los servicios, ni ser utilizados para discriminar la población en razón de su riesgo de enfermar y morir, derivado de sus condiciones biológicas, sociales, económicas y culturales (13) .

Sobre este asunto, esta corporación ha reiterado que, en situaciones extremas, la imposibilidad de cumplir con la cancelación de estos dineros no puede conducir a la negación de la prestación del servicio de seguridad social en salud. En este sentido, en la Sentencia T-328 de 1998 (14) esta Corte sostuvo:

“El conflicto se presenta cuando aquellos que no tienen el dinero suficiente para cubrir las cuotas moderadoras, copagos o no han completado las semanas mínimas de cotización prescritas en la legislación para acceder a los tratamientos de alto costo, los requieren con tal urgencia que sin ellos se verían afectados los derechos constitucionales fundamentales mencionados y, no obstante, con el argumento de cumplir la legislación señalada anteriormente, las empresas promotoras de salud les niegan la atención médica necesaria.

No cabe duda de que los derechos fundamentales de las personas priman sobre cualquier otro tipo de derechos (15) y cuando el conflicto anteriormente descrito se presenta, esta corporación ha sido enfática y clara en la decisión de protegerlos, inaplicando para el caso concreto la legislación y ordenando la prestación de los servicios excluidos, cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política, pues ni siquiera la ley puede permitir el desconocimiento de los derechos personalísimos de los individuos y, cuando so pretexto de su cumplimiento se atenta contra ellos, no solamente es posible inaplicarla, sino que es un deber hacerlo” (16) .

Así las cosas, es dable concluir que aunque las disposiciones que prevén el cobro de cuotas moderadoras y pagos compartidos son necesarias para la sustentación del sistema y están aceptadas por esta corporación, ellas no pueden convertirse en una barrera para que las personas que no cuentan con los recursos económicos para cubrirlas puedan recibir un tratamiento médico, de tal manera que de existir una controversia alrededor de este asunto, esta debe dirimirse a favor de la protección de los derechos fundamentales”.

Por último y en correspondencia con lo anterior, es pertinente indicar que en casos como el que aquí se estudia, la Corte Constitucional (17) expresa y constantemente ha hecho la previsión para que la respectiva EPS pueda repetir contra el Fosyga, en jurisprudencia que a esta corporación le corresponde acatar, razón por la cual en ese aspecto también será confirmada la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR íntegramente la sentencia objeto de impugnación proferida el 7 de junio de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, a través de la cual concedió la tutela de los derechos fundamentales a la salud, en conexidad con la vida digna y la integridad personal, a la actora Olga Bibiana Beltrán Duarte contra Cafesalud EPS, en los términos y de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.

2. Una vez notificada la presente sentencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo, impedida.

Diana Mercedes Cuenca Urbina, Secretaria ad hoc.

(1) Sobre la materia, se pueden consultar, entre otras, las sentencias SU-111 y SU-480, ambas de 1997, T-236, T-283, T-560 de 1998, T-016 de 1999, T-409 y 549 de 2000, T-844 de 2001 y T-668 de 2002.

(2) Sentencia T-906 del 24 de octubre de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(3) En esta sentencia, la Corte textualmente manifestó: “En consecuencia, lo que no esté cubierto en principio por el POS, bien por no reunirse el número mínimo de semanas de cotización, o por tratarse de una actividad, procedimiento, intervención o medicamento que se encuentre excluido del POS, debe asumirlo el usuario o afiliado en los términos señalados. Sin embargo, si la persona acredita, mediante un balance certificado por contador, o a través de declaración de renta o del certificado de ingresos, no poder asumir el pago de aquellas prestaciones que no estén cubiertas por el POS a título de copago por falta de recursos, deberán ser atendidos él o sus beneficiarios por las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud o por aquellas privadas con las cuales el Estado tenga contrato, las cuales tendrá derecho a cobrar una cuota de recuperación, de acuerdo a las normas vigentes”. Pero a renglón seguido, la Sala Plena expuso: “Ahora bien, en el caso en que el usuario no logre acreditar la falta de capacidad económica, deberá, de conformidad con la ley, asumir una parte del costo del tratamiento, medicamento o procedimiento, según su capacidad socioeconómica, para lo cual, a juicio de la corporación, se deberá tener en cuenta, aquella parte de los ingresos que se pueden tomar del flujo de ingresos mensuales del usuario, sin menoscabar aquellos destinados a vivienda, educación, seguridad social (aportes para salud y pensiones), y demás elementos que permitan asegurar una subsistencia digna, como la alimentación y el vestuario”.

(4) Sentencia T-906 del 24 de octubre de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(5) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(6) Sobre el particular, resulta provechoso consultar la Sentencia T-452 del 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, recientemente aprobada por esta sala en la que se hizo referencia concreta a las facultades que en materia probatoria tiene el juez de tutela. En esa oportunidad se reprochó la actitud del funcionario judicial encargado de conocer el amparo en primera y única instancia al desestimar la calidad de agente oficioso en la que concurría el peticionario y no realizar, ante la duda, ninguna diligencia probatoria que diera cuenta de tal circunstancia.

(7) Corte Constitucional. Sentencia SU-819 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(8) Las EPS tienen información económica de sus usuarios, la cual, a partir de los montos cotizados, permite calcular el ingreso promedio de cada afiliado y, en principio, establecer su capacidad económica para costear ciertos tratamientos.

(9) No puede olvidarse que el Decreto 2591 de 1991 (reglamentario de la acción de tutela), admite la posibilidad de intervención de la parte demandada, a quien se le notifica de la iniciación del proceso (art. 16), mediante la presentación de informes o alegatos, que incluso pueden ser aportados por un coadyuvante en su nombre (art. 13).

(10) M.P. Jaime Araújo Rentería.

(11) Sentencia T-036 del 27 de enero de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(12) “(...) ART. 1º—Cuotas moderadoras. Las cuotas moderadoras tienen por objeto regular la utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las EPS.

ART. 2º—Copagos. Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema.

ART. 3º—Aplicación de las cuotas moderadoras y copagos. Las cuotas moderadoras serán aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios, mientras que los copagos se aplicarán única y exclusivamente a los afiliados beneficiarios.

PAR.—De conformidad con el numeral tercero del artículo 160 de la Ley 100 de 1993, es deber del afiliado cotizante y de los beneficiarios cancelar las cuotas moderadoras y los copagos correspondientes.

ART. 4º—Ingreso base para la aplicación de las cuotas moderadoras y copagos. Las cuotas moderadoras y los copagos se aplicarán teniendo en cuenta el ingreso base de cotización del afiliado cotizante. Si existe más de un cotizante por núcleo familiar se considerará como base para el cálculo de las cuotas moderadoras y copagos, el menor ingreso declarado”.

(13) Sentencia T-946 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(14) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

(15) C-265 de 1994 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y T-639 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz).

(16) M.P. Fabio Morón Díaz.

(17) Sentencia T-906 del 24 de octubre de 2002. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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