Sentencia 4859 de enero 31 de 2007 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 110011102000200604859 01

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Alonso Flechas Díaz

Ref. Impugnación tutela.

Actor: Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

Demandada: Comisión Nacional del Servicio Civil

Aprobado Según Acta Nº 10 de la misma fecha

Bogotá, D.C., treinta y uno de enero de dos mil seis.

Vistos

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada contra el fallo del 6 de diciembre de 2006 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro de la acción de tutela instaurada por la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá contra la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante el cual declaró improcedente la acción de tutela por existir un mecanismo judicial ordinario de defensa de los derechos invocados por la accionante.

Hechos

En escrito presentado el pasado 23 de noviembre de 2006 ante la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el apoderado especial de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá formuló como mecanismo transitorio acción de tutela contra la Comisión Nacional del Servicio Civil por presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

Adujo la entidad accionante que mediante Oficio 2-2006-2307 del 12 de junio la secretaría general solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil autorización para proveer mediante encargo el cargo de profesional especializado 222-24 del área financiera acorde con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 debido a que el mismo se encuentra en vacancia definitiva.

Sin embargo, luego de dar respuesta a una solicitud de la Comisión Nacional del Servicio Civil acerca de la descripción general de las funciones esenciales, requisitos de estudio y experiencia y asignación básica del cargo en mención, y a pesar de que la solicitud consistió en autorización para proveer el cargo mediante la figura del encargo, la entidad accionada en su lugar expidió la Resolución 1385 del 8 de agosto de 2006 ordenando la reincorporación de la señora Lourdes Clavijo Nieves en dicho cargo.

Contra dicha determinación, la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá interpuso recurso de reposición en la vía gubernativa, el cual fue resuelto de manera adversa a través de la Resolución 1473 del 23 de octubre de 2006 que confirmó la Resolución 1385.

Aduce la actora que la actuación de la Comisión Nacional del Servicio Civil violó sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, toda vez que esta omitió seguir el trámite establecido en el inciso final del artículo 32 del Decreto 760 de 2005, esto es, llamar a la secretaría general como tercero interviniente conforme lo prevén los artículos 14, 28 y 35 del Código Contencioso Administrativo y no sorprenderla con una decisión en cuyo trámite jamás intervino ni solicitó. Agregó que en el peor de los casos la solicitud de autorización para la provisión del cargo elevado por la secretaría general debió culminar con la negativa de la solicitud, no obstante sobre el particular no hubo pronunciamiento de la comisión, y por el contrario, se sorprendió a la actora con una trámite independiente sin previa citación para hacer valer los derechos procesales y sustanciales de la entidad, sin informarla de la existencia de dicha actuación, reconociendo un derecho a una persona ajena a la administración distrital que no podía ser reubicada en la secretaría general, sin que precedentemente se surtiera el trámite previsto en el artículo 28.11 del Decreto 760 de 2005 que establece el orden de reincorporación a otros cargos de las personas en carrera cuyos cargos sean suprimidos, así: i) La entidad a la cual venían prestando sus servicios; ii) La entidad o entidades que asuman las funciones del empleo suprimido; iii) Las entidades del sector administrativo al cual pertenecía la entidad, la dependencia o el empleo suprimido; y, iv) en cualquier entidad de la rama ejecutiva del orden nacional o territorial, según el caso.

A lo anterior agregó que la demandada tampoco tuvo en cuenta que el término de seis meses previsto en el artículo 28.1 del Decreto 760 de 2005 para proceder a la reincorporación de la señora Lourdes Clavijo Nieves se encontraba vencido y por tanto no procedía su reincorporación.

En punto del tema de la procedencia de la acción de amparo, adujo la entidad accionante que si bien existe la opción de demandar ante la jurisdicción administrativa el acto ilegal de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en su sentir tal mecanismo de defensa judicial no tiene la eficacia necesaria para la protección de los derechos fundamentales de la Alcaldía Mayor, y por tanto la presente acción constitucional es procedente.

En consecuencia, depreca de esta jurisdicción el amparo de los derechos fundamentales de la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la orden de suspensión inmediata de los efectos de las resoluciones 1385 del 8 de agosto de 2006 y 1473 del 23 de octubre de 2006 de la Comisión Nacional del Servicio Civil hasta tanto este asunto sea resuelto definitivamente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Con el escrito de tutela se allegaron además del poder debidamente otorgado que legitima la representación del apoderado de la actora, copia de los documentos y de los actos administrativos a los que se hace referencia en él y que respaldan los fundamentos de la acción.

Antecedentes

1. Mediante auto de ponente del 23 de noviembre de 2006 se admitió a trámite la acción de tutela y se dispuso el traslado a la accionada para que ejerza su derecho de contradicción y defensa y a la señora Lourdes Clavijo Nieves como tercera interesada (fl. 59, c. o.).

2. Por Oficio 20487 del 1 de diciembre de 2006 la Comisión Nacional del Servicio en respuesta a la acción de tutela, luego de hacer referencia al procedimiento previsto en el artículo 28 del Decreto 760 de 2005 para la reincorporación de personas cuyos cargos de carrera administrativa fueron suprimidos y de anotar que en este caso se siguió dicho procedimiento, informándosele a la administración distrital mediante Oficio 11816 del 10 de julio de 2006 que la comisión procedería a adelantar el estudio técnico respecto del derecho preferencial que le asiste a los funcionarios de carrera cuyos cargos han sido suprimidos.

Agregó que por virtud de la Constitución y de la ley la comisión está facultada para ejercer las funciones de administración y vigilancia de la carrera administrativa para cuyo cumplimiento debe efectuar las actuaciones que le competen en orden a proteger el derecho preferencial de los funcionarios de carrera desvinculados por supresión de sus cargos y en el caso concreto la reincorporación de la referida funcionaria se hizo en ejercicio de tal potestad.

3. Con posterioridad al fallo de tutela de primer grado la señora Lourdes Clavijo Nieves allegó escrito en el que depreca de la jurisdicción “se decrete el amparo de tutela a su favor ordenando mi nombramiento en la Alcaldía Mayor de Bogotá por cuanto se está violando mi derecho fundamental al trabajo” (fl. 95).

El fallo que se revisa

Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2006, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca dispuso declarar improcedente la presente acción de tutela por existir un mecanismo judicial ordinario apto para la protección de los derechos fundamentales que la accionante estima conculcados con la acción de la demandada.

En torno al argumento de la improcedencia adujo la Sala a quo, apoyada en la Sentencia T-38 de 1993 de la Corte Constitucional, la cual transcribió en su parte pertinente, que en este caso no es procedente la acción de tutela por la presencia de otro mecanismo ordinario de defensa y la inexistencia de perjuicio irremediable.

La impugnación

Dentro del término legal previsto la entidad accionante a través de su apoderado impugnó la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, deprecando se acceda a la tutela de los derechos invocados.

Comienza el apoderado de la actora por reconocer la existencia del mecanismo judicial ordinario para controvertir las actuaciones de la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin embargo agrega que: “lo que no puede ser de recibo es que el juez de primera instancia desestime la acción de tutela por el simple análisis abstracto de la situación si entrar a discutir el fondo si le asiste razón a la Comisión Nacional del Servicio Civil para haber pretermitido el ordenamiento legal, o si nos encontramos ante la existencia de un procedimiento administrativo especial que ha derogado u ordena la inaplicación del Código Contencioso Administrativo”, pues según el planteamiento de la comisión, contrariando los artículos 14, 28 y 35 del Código Contencioso Administrativo, adujo que no tiene la obligación de comunicar ni de invitar a la entidad para que autorice que unos de sus cargos vacantes sea provisto, ya que esta labor es exclusivamente suya.

En punto de la existencia de otros mecanismos judiciales adujo el apoderado de la accionante que la Corte Constitucional ha señalado que en los casos de existencia de estos debe analizarse también “la funcionalidad y eficacia de tales mecanismos”, cuestión que no hizo la Sala a quo en esta oportunidad, pero que de todos modos en opinión del impugnante, en el caso concreto la acción de nulidad y restablecimiento del derecho “no posee la vocación de idoneidad ni eficacia en el tiempo para controlar el proceder de hecho de la Comisión Nacional del Servicio Civil”.

Agregó que de no prosperar la acción de tutela la consecuencia inmediata sería la reincorporación de la señora Lourdes Clavijo Nieves, permitiéndose la legitimación del ejercicio de la arbitrariedad de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Al abordar el tema del perjuicio irremediable sostuvo que no hay duda que en este evento se está ante una desviación de poder y vía de hecho que exige la intervención oportuna del juez constitucional “lo cual a nuestro juicio es un perjuicio irremediable ya que implica una situación de gravedad a la administración distrital ya que lea está obligando a reincorporar a una persona sobre la que no se surtió el procedimiento de ley”.

Finalmente depreca la revocatoria del fallo impugnado.

Consideraciones

Competencia

Por virtud del principio de jerarquía funcional y de los lineamientos de los artículos 86 y 256-4 de la Constitución Política, es competente la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para resolver la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo proferido el 6 de diciembre de 2006 por su homóloga del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que resultó adverso a sus pretensiones.

Sea lo primero precisar que la acción de tutela exige algunos presupuestos de procedibilidad, sin cuya concurrencia no es factible abordar el análisis de fondo del asunto, es así que el artículo 86 de la Constitución Política establece, y ha sido plenamente ilustrado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que se trata de una garantía de protección directa, inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares.

Esta garantía constitucional, para su correcto ejercicio, ha sido exceptuada para aquellos casos donde existan otros medios de defensa judicial o que los mismos resulten ineficaces, así como en el evento de que emerja un perjuicio irremediable que vuelva apremiante su utilización en forma transitoria.

En el presente caso, como bien lo plasmó el juez de tutela a quo, la acción de tutela resulta improcedente por cuanto para la protección de los derechos fundamentales invocados por la actora, esta cuenta con las acciones jurisdiccionales contencioso administrativas, las cuales en sentir de esta Sala ad quem resultan idóneas para la protección de los derechos que estima vulnerados.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela, establece el artículo 5º del Decreto 2591 de 1971, que:

“la acción de tutela procede contra acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en al capítulo III de este decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito”.

A su turno el artículo 6º ibídem, enuncia:

“La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante” (resalta la Sala).

Nótese que en este caso la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la actora provienen de la orden de reincorporación de Lourdes Clavijo Nieves al cargo de profesional universitario código 222 grado 24 dada por la Comisión Nacional del Servicio Civil a la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Resolución 1385 del 8 de agosto de 2006, decisión contra la que, por tratarse precisamente de acto administrativo, proceden las acciones contenciosas previstas en el Código Contencioso Administrativo, v. gr. la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Y dice esta Sala que la misma resulta idónea para el caso concreto porque si bien no puede desconocerse que puede durar varios años, también lo es que el procedimiento administrativo (CCA, art. 152) contempla la posibilidad de acudir a la figura de la suspensión provisional, mecanismo judicial ordinario eficaz para, como en este caso, hacer cesar los efectos nocivos de la actuación de la administración.

Ahora, si se conviniera que para la procedencia de la acción de tutela bastara llanamente considerar el excesivo tiempo que tarda el trámite de un proceso administrativo como lo pretende el impugnante, en tal caso la jurisdicción contenciosa se vería abocada a su desaparición porque sin a lugar terminaría por ser sustituida por la acción de tutela, situación que no puede desde luego prohijar la Sala.

De otro lado, si bien es cierto en algunos casos la acción constitucional de tutela procede como mecanismo transitorio, a pesar de la existencia de mecanismos judiciales ordinarios, esto es solamente cuando se evidencia claramente la existencia de un perjuicio irremediable que hace imperiosa la intervención del juez constitucional en orden al amparo transitorio de derechos fundamentales en riesgo mientras la jurisdicción resuelve el asunto a través de los mecanismos procesales ordinarios, este no es el caso que aquí se debate, porque en verdad, y a pesar de la alegación que en este sentido ha venido haciendo el impugnante sobre el supuesto advenimiento de un perjuicio irremediable para la administración distrital, lo cierto es que, por un lado, la simple ilegalidad de un acto administrativo, si es que es cierto ello, no conduce necesariamente a la producción de un perjuicio irremediable como lo plantea el recurrente, y, por otro, en el caso concreto no advierte esta Sala de segundo grado la posibilidad de que ello ocurra, porque en verdad qué perjuicio puede acarrear a la administración del distrito la designación para un cargo de carrera de una persona que cumple (o al menos debe cumplir) los requisitos de formación académica y profesional y de experiencia que se requieren para el ejercicio del cargo vacante.

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Como lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia constitucional el carácter subsidiario y excepcional que el constituyente quiso atribuirle a la acción de tutela implica entonces que esta solo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental, cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial, o en el evento en que aún existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

La Corte ha sido enfática en que la procedencia de la tutela está supeditada a la inexistencia o a la ineficacia del medio de defensa judicial ordinario, ya que este puede ser idóneo para restablecer el derecho atacado, situación que solo podrá determinarse por el juez de tutela, en el caso concreto y frente a los hechos y el material probatorio correspondiente (D. 2591/91, art. 6º).

En virtud del principio de subsidiaridad la Corte ha hecho énfasis en el papel que corresponde al juez ordinario en la protección de los derechos fundamentales y el respeto de la Constitución (1) . Todos los presupuestos de procedibilidad de la tutela parten entonces necesariamente, como lo indica la Carta, de la violación de un derecho fundamental vulneración que necesariamente deberá ser probada dentro del proceso de tutela.

Así los planteamientos expuestos por esta Sala no resultan insulares y por el contrario tienen respaldo en expresa y reiterada jurisprudencia constitucional que sobre el particular ha prevenido:

“La acción de tutela procede, a título subsidiario, cuando la protección judicial del derecho fundamental no puede plantearse, de manera idónea y eficaz, a través de un medio judicial ordinario y, en este sentido, los medios judiciales ordinarios, tienen preferencia sobre la acción de tutela. Cuando ello ocurre, la tutela se reserva para un momento ulterior. En efecto, si por acción u omisión el juez incurre en una vía de hecho, la defensa de los derechos fundamentales, no queda expósita, pues, aquí la tutela recupera su virtud tuitiva. Finalmente, la mencionada acción, procede, como mecanismo transitorio, así exista un medio judicial ordinario, cuando ello sea necesario para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional.

En el expediente se observa que la actora, pese a que el acto administrativo al cual imputa la vulneración de sus derechos tiene como fecha el 19 de octubre de 1994, no interpuso ninguna acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Ahora, casi dos años después, a través de la acción de tutela, caducada la acción de nulidad, busca la actora que se reconozca su derecho conculcado.

Las dos formas que admite el ejercicio de la tutela, la acreditan como medio judicial expedito para operar de manera inmediata ante la violación de un derecho fundamental. Darle curso a la acción de tutela, en las condiciones descritas, equivaldría a eliminar los términos procesales, los procesos ordinarios y especiales y a desconocer la organización misma de las diferentes jurisdicciones y la fijación de las correspondientes competencias. La acción de tutela, de otro lado, dejaría de ser subsidiaria o transitoria y se convertiría en medio judicial permanente y único para la defensa de los derechos fundamentales e, incluso, de los que se originan directamente en la ley.

En términos generales, la jurisdicción constitucional y el conjunto de los instrumentos que componen su arsenal defensivo, asume y promueve el normal funcionamiento de los órganos del Estado y limita su intervención al control de los límites externos de su actuación con miras a preservar la legitimidad constitucional que ha de caracterizar invariablemente el ejercicio de los poderes constituidos. La misión de la jurisdicción constitucional no es exactamente la de sustituir a los órganos del Estado, sino la de frenar sus desviaciones respecto del plano constitucional” (C. Const., SU-111/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

En este mismo sentido:

“Carácter subsidiario e inmediato de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario para la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de autoridades públicas o de particulares.

La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan solo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (C.N., art. 86, inc. 3º); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza (2) . Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales.

En otros términos, la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la trasgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido este último como aquel que tan solo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización (D. 2591/91, art. 6º).

Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre este y la acción de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria.

La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales.

Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes. En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía. Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales (C.N., arts. 29 y 31), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución de la tutela como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción. Sobre el tema ha declarado la Corte Constitucional a propósito de casos concretos:

‘Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos. De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya trasgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia. Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal’ (3) .

Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición “otros medios de defensa judicial” que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela.

La Corte acoge en este aspecto lo expresado por el magistrado Jaime Sanín Greiffenstein en la aclaración de voto formulada el dos (2) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) en los siguientes términos:

“Ahora bien, es fácil comprender que si prevalece la acción ordinaria y no procede la de tutela, la preferencia de la Constitución por este remedio es clara y que no se entendería que después de manifestar esa preeminencia y remitir el asunto a esa vía, venga luego a someter el resultado de su ejercicio, trámite y decisión al sistema que desde el principio desechó.

Inclusive cuando por la circunstancia especial anotada (la del perjuicio irremediable) procede la acción de tutela, así acontece para que tenga efectos efímeros, esto es, hasta cuando la ordinaria defina, por preferencia del mismo constituyente, el punto” (4) (C. Const., C-543/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo) (5) .

Por consiguiente, comoquiera que en el presente caso, la accionante cuenta con otro mecanismo judicial para controvertir el acto administrativo que ordena la reincorporación de Lourdes Clavijo Nieves al cargo vacante en la secretaría general de la alcaldía, del que según dice se deriva la vulneración de sus derechos fundamentales, y como se dijo no se entrevé perjuicio irremediable, esta corporación confirmará el fallo del juez de tutela de primera instancia, a través del cual declaró la improcedencia de la acción de amparo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia impugnada, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca del 6 de diciembre de 2006, según las razones expuestas en la motivación de este fallo.

2. REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, presidente—Fernando Coral Villota—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Leonidas Bello Arévalo, Secretario Judicial.

(1) Ver Sentencia T-069 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(2) Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-1. Abril 3 de 1992.

(3) Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo T-520. 16 de Septiembre de 1992.

(4) Cfr. Sanín Greiffenstein, Jaime. Aclaración de voto. Corte Constitucional. Sentencia T-223 del 2 de junio de 1992.

(5) Cfr. en ese mismo sentido sentencias T-001 de 1992 y T-007 de 1992.

________________________________