Sentencia 2007-01935 de julio 5 de 2007 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000200701935 01 29

Magistrado Ponente:

Dr. Rubén Darío Henao Orozco

Accionado: Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Accionante: José Raúl Jiménez.

Impugnación: Concede.

Decisión: Confirma.

Registro: 5 de julio de 2007.

Aprobado según acta 71 del 5 de julio de 2007

Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil siete.

Objeto de la decisión

Procede la Sala a decidir la impugnación formulada contra la sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, calendada el 5 de junio de la presente anualidad, mediante la cual concedió la tutela invocada a través de apoderado, por el señor José Raúl Jiménez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Fundamentos de la acción

Manifestó el apoderado del actor que su prohijado instauró acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia por los mismos hechos que motivan la presente, y sin embargo, la Sala de Casación Penal de dicha corporación, resolvió rechazar su trámite a través de auto calendado 15 de mayo de 2007, con ponencia del Magistrado Javier Zapata Ortiz, disponiendo el archivo definitivo del expediente, sin ordenar su envío a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Por lo anterior, la referida acción de tutela fue presentada ante esta jurisdicción, el día 18 de mayo del año en curso al considerar el actor vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso, al trabajo, a la seguridad social, al principio de favorabilidad en relación con el derecho al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formas, por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con el fallo proferido el 27 de marzo de 2007, mediante el cual resolvió no casar la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá adiada 31 de octubre de 2005, que a su vez confirmó el fallo del Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de la misma ciudad de fecha 6 de octubre del 2003, el cual absolvió a la parte demandada Banco Cafetero S.A. hoy Bancafé y a la Nación - Ministerio de Defensa, de las pretensiones incoadas en la demanda por el señor José Raúl Jiménez, por los hechos que resumidos se enuncian así:

Manifestó el apoderado del accionante que el señor José Raúl Jiménez, estuvo vinculado por más de 4 años al Ministerio de Defensa, desde el 1º de enero de 1958 hasta el 9 de agosto de 1959, desde el 1º de septiembre de 1959 al 15 de septiembre de 1960 y del 16 de septiembre de 1960 al 15 de febrero de 1963, de igual manera laboró para el Banco Cafetero, hoy Bancafé, de manera continua, desde 1º de diciembre de 1966 y hasta el 14 de septiembre de 1982, esto es, por más de 16 años.

Mediante Resolución 71 del 15 de abril de 1993, Bancafé reconoció una pensión de jubilación compartida con el Ministerio de Defensa a favor del actor, con el salario de retiro de 1982, sin tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Afirma que la mesada pensional reconocida por Bancafé, mediante la resolución señalada, escásamente llega a $ 292.368.99, lo cual no resulta suficiente para su sostenimiento y el de su familia.

Como consecuencia de lo anterior, formuló demanda ordinaria laboral, dirigida a obtener el reconocimiento de su derecho a la indexación de la primera mesada pensional.

Narra que la anterior pretensión fue denegada por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo proferido el 6 de octubre de 2003; decisión que fue apelada y la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, en proveído adiado el 31 de octubre del 2005, la confirmó íntegramente, ante lo cual el demandante acudió a la vía del recurso de casación.

Señala que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la providencia demandada, NO CASÓ la sentencia de segunda instancia, por considerar que no procede la indexación de la primer mesada, al no existir norma positiva que así lo consagre para aquellas pensiones que se causaron con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, vulnerando así, entre otros, los derechos fundamentales a la vida, la igualdad, el debido proceso, el trabajo y la seguridad social, toda vez que con anterioridad esa entidad había reconocido varias indexaciones de la primera mesada pensional.

Sostiene igualmente el apoderado del petente, que a raíz del inexplicable cambio jurisprudencial sobre la indexación de la primera mesada pensional, adoptada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, algunos de los trabajadores afectados recurrieron mediante acción de tutela, implorando el reconocimiento y protección de sus derechos fundamentales vulnerados por la misma Sala de Casación Laboral.

Que con ocasión de las referidas acciones de amparo, la Corte Constitucional en Sentencia SU-120 de 2003, revocó las decisiones negativas proferidas por los jueces de tutela, dejando sin valor ni efecto los fallos proferidos por la accionada —Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia—, por cuanto los jueces no podían desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones, tal como lo indicaban los artículos 53 y 230 de la Constitución Política, lo cual se aplica al caso particular de su poderdante.

Solicita en concreto, la protección de los derechos fundamentales invocados, y en consecuencia dejar sin efecto, la sentencia que profirió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 27 de marzo de 2007, ordenándole proceder a resolver en derecho las pretensiones sobre indexación de la primera mesada pensional de su poderdante.

Actuación procesal

El magistrado ponente de la corporación de instancia, a través de proveído calendado el 23 de mayo de 2007, avocó el conocimiento de la presente acción de amparo, ordenando la práctica de algunas probanzas e integrando el litis consorcio necesario, notificando a los magistrados de la corporación accionada que decidieron la casación; igualmente los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior Bogotá, al Juez Diecinueve Laboral del Circuito de la misma ciudad, al Banco Cafetero y al Ministro de Defensa Nacional. (fls. 12 y 13 del c.o.).

En el trámite de la acción se presentaron las siguientes intervenciones:

Ministerio de Defensa Nacional:

El Ministerio de Defensa Nacional, presentó escrito de fecha 25 de mayo de 2007, en el cual después de transcribir apartes de providencias de la Corte Constitucional sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, manifiesta que ninguno de los presupuestos acuñados por la doctrina se cumplen en el presente caso, motivo por el cual solicita declarar no procedente la presente acción.

Banco Cafetero en Liquidación:

Por su parte, el liquidador general del Banco Cafetero, mediante escrito radicado en la corporación de instancia el día 25 de mayo de 2007, señaló:

Que mediante Resolución 71 del 15 de abril de 1993, el Banco Cafetero le reconoció al señor José Raúl Jiménez una pensión de jubilación oficial desde el día 6 de marzo de 1991.

El Instituto de los Seguros Sociales le reconoció al accionante la pensión de vejez, de tal manera que la pensión reconocida por el banco tiene la vocación de ser compartida con el Instituto de los Seguros Sociales, de conformidad con la Ley 90 de 1946, decretos 3041 de 1966 y 758 de 1990, el banco mediante Resolución 209 del 27 de diciembre de 2002, dispuso deducir la pensión de vejez reconocida por el ISS, de la pensión de jubilación oficial otorgada por el banco.

Sostuvo que no resulta procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión, por haber sido causada bajo una normatividad diferente a la Ley 100 de 1993, norma que fue la que consagró la actualización monetaria de las pensiones legales causadas en su vigencia.

Por otra parte, sostiene que existe cosa juzgada en razón del proceso judicial ordinario cursado con anterioridad, en donde se definió la indexación que aquí se reclama, “... sin que sea dable a esta entidad desconocer las decisiones judiciales adoptadas por las autoridades competentes. Así mismo, el efecto de cosa juzgada dada la existencia de decisión judicial en firme, implica que la sentencia definitiva e inmodificable, por lo cual no es posible iniciar un litigio posterior entre las mismas partes a fin de obtener el reajuste del ingreso base de liquidación de la pensión, cuando tal tópico fue desatado mediante sentencia judicial” (sic para lo trascrito, resaltado original).

Agrega que, en ese orden de ideas, lo pregonado por el accionante, iría en contra de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada de las decisiones judiciales proferidas al amparo de la ley, en desmedro de la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias y su carácter definitivo, lo mismo que del derecho al debido proceso, este en cuanto “... pregona que toda controversia que ponga en movimiento el aparato jurisdiccional debe terminar con decisión judicial, por cuanto la expectativa de las partes no puede permanecer en forma indefinida”.

Sostiene que no existe violación al derecho a la igualdad, por cuanto no se acredita un trato injusto e indiscriminado por parte de la entidad bancaria en relación con otras personas con iguales derechos y en idénticas condiciones, puesto que el accionante no se encuentra cobijado bajo el mismo régimen jurídico de las personas que causaron el derecho a la pensión con normatividad legal diferente a la Ley 100 de 1993, respecto de aquellas que lo causaron al amparo de dicha ley.

Por otra parte, hace referencia a las causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y a la inexistencia de defectos dentro de la decisión judicial atacada a través de este medio excepcional, trascribiendo algunos apartes jurisprudenciales sobre el tema, para concluir que, en el presente asunto la parte accionante no ha acreditado los requisitos generales de procedibilidad de la acción.

Expone el interviniente que, de llegar a conclusiones desfavorables para la entidad bancaria, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en punto a la prescripción de tres años.

Por tanto, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la Resolución 71 del 15 de abril de 1993, con la cual se reconoció la pensión de jubilación oficial y que la demanda laboral ordinaria a fin de obtener la indexación de la primera mesada pensional fue notificada en el año 2002 “... en el hipotético caso de admitirse la procedencia de la pretensión de la accionante. es claro que operó el fenómeno de la prescripción en razón del lapso de tiempo transcurrido desde el momento que se hizo exigible el supuesto derecho del accionante y la fecha en que fue iniciado el proceso judicial”.

Al efecto, invoca la Sentencia T-307 de 2003, de la Corte Constitucional, en cuanto allí se indicó que la acción de tutela no puede ser utilizada como herramienta judicial para revivir términos precluidos o actuaciones judiciales omitidas.

Con sustento en tales argumentos, depreca la negativa del amparo iusfundamental incoado por el señor José Raúl Jiménez (fls. 23 al 36).

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

Los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al intervenir en la presente actuación, solicitaron la declaratoria de nulidad de lo actuado y el rechazo de la acción incoada, por cuanto, en primer término, esta fue instaurada inicialmente ante la Sala de Casación Penal de dicha corporación, la cual la rechazó, siendo entonces materia de decisión definitiva por la autoridad judicial competente para conocerla y en consecuencia, no puede ser intentada nuevamente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 38 del Decreto 2591 de 1991.

Sostienen los señores magistrados, que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca no podía asumir el conocimiento y darle trámite a la referida acción, en tanto la Constitución Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales, amén que el artículo 235 de la codificación superior, determinó que el conocimiento del recurso extraordinario de casación, es una atribución de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, sin que, ningún órgano ni corporación judicial pueda actuar como Tribunal de Casación.

Señalaron igualmente en punto de la vigencia del Decreto 1382 de 2000 que debía ser cumplido inexorablemente por las autoridades judiciales (fls. 89 al 93).

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá y la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad, no hicieron pronunciamiento alguno al respecto.

El fallo impugnado

La Sala a quo en decisión calendada el 5 de junio de 2007, profirió el fallo objeto de impugnación, denegando la nulidad deprecada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y concediendo la tutela invocada a través de apoderado por el señor José Raúl Jiménez, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Cafetero en Liquidación.

En consecuencia, la Sala a quo dejó sin valor ni efecto la sentencia proferida el 27 de marzo de 2007 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, así como la sentencia de segunda instancia de fecha 21 de octubre de 2005 y la de primera instancia calendada 6 de octubre de 2003, proferida por el Juzgado Diecinueve laboral del Circuito de Bogotá y ordenó “... que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la hora en que se notifique este proveído, deberá gestionar y pagar el valor de la próxima mesada debidamente indexada, y dentro del plazo de diez días hábiles deberá gestionar y pagar el valor del retroactivo ordenado en la providencia, haciendo los reajustes y descuentos a que haya lugar de conformidad con el orden jurídico vigente en esta materia”.

Razones de la impugnación

La decisión anterior fue objeto de impugnación por parte de los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiterando los planteamientos hechos en el escrito inicial en cuanto a la casación como atribución exclusiva de esa corporación, por ser el “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, y, como tal, órgano límite; en lo atinente al fenómeno de la cosa juzgada, citando algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional al respecto, como principio “fundamental para concretar la seguridad jurídica que es el eje de toda la convivencia social y de la fe en las instituciones por parte de la ciudadanía”; en punto a la autonomía e independencia judicial, que no puede ser vulnerado por otras altas corporaciones; y, en fin, sobre la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales, con sustento en la Sentencia C-543 de 1992, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 “bajo el argumento de constituir un exabrupto jurídico el aceptar tal clase de tutela”.

Concluyen los impugnantes manifestando que “lo que sucede en este y otros eventos similares es que más que un asunto disciplinario o penal, existe un preocupante pero razonable conflicto jurídico en la cúpula de la justicia sobre los alcances de la Constitución Política de Colombia en materia del titular de la decisión final en asuntos de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa que exige una solución de diálogo institucional entre quienes están directamente involucrados o una resolución a través del derecho legislado”.

En definitiva, solicitan se revoque el fallo impugnado y se declare la improsperidad de la acción.

Impugnó igualmente el fallo de tutela el Banco Cafetero en Liquidación, de conformidad con el escrito radicado el día 12 de junio de 2007, en el cual manifestó:

Respecto del cumplimiento del fallo de tutela de fecha 5 de junio de 2007 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, manifestó que “la entidad en la actualidad se encuentra realizando la reliquidación de la pensión del señor Jiménez a fin de proceder a cancelar los correspondientes valores que resulten a su favor. siendo del caso informarle que la mesada del accionante correspondiente al mes de junio de 2007 será cancelada —con la indexación ordenada— el día 25 del presente mes con la nómina de pensionados”.

Como fundamentos de su impugnación reitera los argumentos expresados con motivo de la contestación considerando que en el caso del accionante no resulta procedente la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión oficial, comoquiera que fue causada el día 6 de marzo de 1991, esto es, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que fue la que consagró la actualización monetaria dentro de aquellas pensiones legales causadas en de (sic) su vigencia, así mismo la pensión del actor fue reconocida antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.

Afirma que el derecho del actor es de rango legal y no constitucional, cuya interpretación y aplicación corresponde únicamente al juez del trabajo y no al de tutela, por lo cual considera no puede ordenarse la indexación de la primer mesada pensional, citando para el efecto varios pronunciamientos de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Reitera los argumentos en relación con la cosa juzgada y solicita un pronunciamiento expreso sobre el tema de la prescripción establecida en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, en relación con las mesadas pensionales anteriores al 11 de octubre del año 2002.

Consideraciones de la Sala

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, proclamó que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley”. Igualmente, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos de las Naciones Unidas, de 1966, incorporó también el llamado recurso efectivo, con el mismo propósito.

Se ve así, que la tendencia moderna en punto de los derechos que se consideran esenciales al individuo, no es tanto la de definirlos y clasificarlos, como la de procurar la efectividad de los mismos.

A tono con ello, el Constituyente de 1991 estableció la acción de tutela como mecanismo sui generis para evitar el desbordamiento o la inercia de las autoridades públicas o de los particulares, en los precisos eventos previstos en la ley, cuando tal actividad u omisión pone en peligro o vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En materia de tutela, está suficientemente decantado que con este especial mecanismo se procura, ante todo, hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas, mediante un procedimiento breve y expedito que sirva para alcanzar tal objetivo.

La Constitución Política, al introducir la herramienta que cristalizare la justa aspiración de los asociados de ver amparados derechos fundamentales, sentó los derroteros para que fuese posible erradicar de nuestro medio los atentados, a tan preciados derechos, posibilitando así el amparo jurídico en procura de salvaguardar los derechos constitucionales de todas las personas, ante la amenaza o vulneración de los mismos.

Es así como el amparo obedece a situaciones concretas, siendo el juez constitucional, quien determina su alcance respecto de la acción fáctica presentada por el accionante, procediendo así la acción, ante la inexistencia de otro medio de defensa judicial o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Una vez determinado el alcance de la tutela, es preciso detenernos frente a la cuestionada competencia por parte de la jurisdicción disciplinaria para conocer de la presente acción, en tanto, los señores magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, han sostenido al contestar la demanda que la corporación de primera instancia, no podía asumir el conocimiento y dar trámite a la presente solicitud de amparo incoada por el señor José Raúl Jiménez, en tanto la Carta Política no previó expresamente la tutela contra decisiones judiciales y que el artículo 235 de la Constitución determinó que el conocimiento del recurso de casación era de competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, sin que ningún órgano ni corporación judicial pueda actuar como Tribunal de Casación.

Apartándose la colegiatura de las respetables apreciaciones de la accionada, es preciso anotar, en primer lugar, que si bien es cierto el artículo 86 de la Constitución Política no es explícito en cuanto la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es claro y preciso en cuanto la establece a favor de toda persona, para que la ejerza en todo momento y lugar, cuando quiera que sus derechos fundamentales resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, siendo incontestable que la Corte Suprema de Justicia, es una de ellas, sin que la norma superior, de obligatorio cumplimiento, predique restricción alguna.

Ahora bien, no se discute que la función de casación es una atribución propia y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, y cuando los jueces de tutela conocen de solicitudes de amparo dirigidas por los ciudadanos contra decisiones de casación, no pretenden asumir, ni asumen tal función, sino la de jueces constitucionales de protección de derechos fundamentales, cuando ahí sí, en las sentencias de casación, se incurre en vías de hecho.

En segundo término, es la Corte Constitucional, máximo órgano dentro de la jurisdicción constitucional, quien dentro de su marco de competencia, determina los efectos y alcance de los fallos de tutela, siendo la propia accionada la que reconoce la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1382 de 2000, el cual lleva implícita la aceptación de que la Corte Suprema de Justicia es uno de los jueces de tutela de instancia, y de que por tanto, sus decisiones en este campo están sujetas a la eventual revisión de la Corte Constitucional.

Por último, frente a lo sostenido por la Sala accionada referido a que el accionante ya había ejercido la presente acción y esta fue decidida, si bien tal argumento no se reitera en el escrito de impugnación, ha de afirmarse que dicho ejercicio se vio frustrado por la decisión de rechazo de la misma, por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como lo afirmara la propia accionada, decisión meramente procesal, incumpliéndose por demás lo preceptuado en el Decreto 1382 de 2000, quedando entonces el actor habilitado para acudir a otro juez constitucional con los mismos fines perseguidos con la solicitud de amparo radicada en la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo dispuesto en el auto proferido por la Corte Constitucional el 3 de febrero de 2004, mediante el cual decidió en relación con un buen número de tutelas instauradas ante la Corte Suprema de Justicia frente a las cuales esta corporación resolvió no admitir su trámite, expresándose allí:

“Primero. Decidir que los accionantes a los que se refiere la parte motiva de esta providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte. Por secretaría ofíciese a cada uno de los accionantes.

Segundo. Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración del derecho de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, por no admitir a trámite la acción de tutela contra providencia de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), incluyendo una corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de justicia, para reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte”.

Decisión mediante la cual, la Corte Constitucional pretendió viabilizar el trámite de la acción de la tutela, en concordancia con la teleología del artículo 86 de la Constitución Política y la defensa del ciudadano de acceder a la administración de justicia, por lo cual esta corporación considera que el juez de primera instancia procedió en debida forma, al acoger la decisión del alto tribunal constitucional, órgano límite en esta materia.

Sean las anteriores razones más que suficientes, para no aceptar las consideraciones realizadas por la demandada, en aras de preservar la voluntad del constituyente, negando la nulidad deprecada, como en efecto se hará.

Debe indicarse, finalmente, que la competencia para asumir el conocimiento sobre la presente acción de tutela, obedece al estricto cumplimiento del auto proferido por la Corte Constitucional el 3 de febrero de 2004, en concordancia con los artículos 4º, 86, y 229 de la Constitución Política, haciéndose necesario precisar que ante la expedición por parte del ejecutivo el 19 de agosto de 2004 del Decreto 2637, el cual desarrolló el Acto Legislativo 3 de 2002, el mismo deviene en inaplicable, ello con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, por cuanto es abiertamente violatorio del artículo 254.2 ibídem. Lo anterior conduce a seguir aplicando el Decreto 1382 de 2000, normatividad declarada conforme a derecho, por la Sección Primera del Consejo de Estado y avalada en reiterados pronunciamientos por la Guardiana de la Constitución.

Del asunto en concreto

El sub lite se refiere a la impugnación presentada por los señores magistrados de la colegiatura accionada, así como del Banco Cafetero en Liquidación, contra el fallo de primera instancia que decidió conceder la tutela invocada de los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso, a la seguridad social, al principio de favorabilidad en relación con el derecho al trabajo y a la primacía de la realidad sobre las formas, por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con el fallo del 27 de marzo de 2007, mediante el cual resolvió NO CASAR la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 31 de octubre de 2005, que confirmó la proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de la misma ciudad del 6 de octubre del 2003, que absolvió a la parte demandada en relación con las pretensiones de la demanda, dentro del proceso ordinario que promovió el señor José Raúl Jiménez contra el Banco Cafetero S.A. Bancafé (hoy en liquidación) y el Ministerio de Defensa, incurriendo en vía de hecho por violación del artículo 228 de la Carta Política, de acuerdo con la Sentencia SU-120 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.

En múltiples ocasiones esta corporación ha venido insistiendo en el sentido de precisar que el carácter residual y subsidiario de la acción de tutela, obliga al juez constitucional a valorar previamente los requisitos que tornan procedente ese excepcional amparo, y solamente en el evento de ser positivo ese juicio de procedibilidad, adentrarse en el fondo de la actuación atacada para determinar si en verdad se incurrió en vulneración de algún derecho fundamental.

Ciertamente, en el caso sub examine, no merece reparo alguno la procedencia formal de la acción, en primer término por cuanto el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial que le permita buscar la protección de los derechos que considera conculcados, ante la decisión del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria de no casar la providencia de segunda instancia, negando la indexación de la primera mesada pensional, operando así la primordial de las características del amparo constitucional deprecado, cual es, la subsidiariedad.

Verificado así el juicio de procedencia de la acción incoada, procede la colegiatura a adentrarse en el fondo del asunto, a fin de establecer si se vulneraron o no derechos fundamentales del accionante, con el proferimiento de la sentencia de casación atacada, advirtiéndose desde ya, que esta será analizada de conformidad con los parámetros contemplados en la Sentencia SU-120 de febrero 13 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.

Esta corporación, al decidir sobre un caso idéntico, en providencia radicada bajo el Nº 200409666, hizo las siguientes consideraciones:

“(...) 4.2.1. El valor de la jurisprudencia como ciencia auxiliar del derecho, debe ofrecer seguridad jurídica y respeto al principio de la igualdad.

En ese sentido la Corte ha sido clara en señalar:

“Para que una jurisprudencia pueda calificarse como precedente, debe responder al criterio manifiesto y uniforme de una corporación judicial, en donde todos sus integrantes (jueces individuales o colegiados) tienen la obligación de ser consistentes en sus decisiones, porque en ello se fundamenta no solo la seguridad jurídica, sino el respeto al principio de igualdad, pues no sería justo que casos iguales fuesen decididos de manera distinta por un mismo juez. No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que el juez no está obligado, a mantener su criterio, “a efectos de no vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica (que tiene como uno de sus fundamentos, el que se otorgue la misma solución dada a casos similares —precedentes—), el funcionario que decide modificar su criterio tiene la carga de exponer las razones y fundamentos que lo han llevado a ese cambio” (11) .

4.2.2. Cuatro razones para respetar el precedente.

Ha dicho la Corte Constitucional que todo juez debe ser consistente en sus decisiones y que en un ordenamiento jurídico o en un sistema de derecho legislado como el colombiano, el respeto por el precedente debe darse por cuatro razones esenciales, que son:

“En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos” (12) .

4.2.3. El valor de la ratio decidendi.

Siguiendo las orientaciones de la Corte Constitucional, al respecto ha señalado:

“Los jueces tienen la obligación de fundamentar sus decisiones, “no en criterios ad hoc, caprichosos y coyunturales, sino con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestos a aplicar en casos semejantes en el futuro” (13) , lo cual se constituye en la ratio decidendi o razón de la decisión, es decir, la base sobre la cual el juez en aplicación del derecho vigente, edifica o fundamenta una decisión. Por lo tanto, la aplicación de la ratio decidendi en una sentencia, “resulta de la necesidad de que los casos no sean decididos caprichosamente sino con fundamento en normas aceptadas y conocidas por todos, que es lo único que legitima en una democracia el enorme poder que tienen los jueces... de decidir sobre la libertad, los derechos y los bienes de las otras personas” (14) .

4.2.4. El valor de la Corte Constitucional al ejercer la eventual revisión de los fallos de tutela.

De acuerdo con las orientaciones de la Corte Constitucional, su papel no es otro, que “el de unificar a nivel nacional los criterios judiciales en la interpretación y aplicación de las normas constitucionales, precisando el alcance de los derechos fundamentales, trazando pautas acerca de la procedencia y desarrollo del amparo como mecanismo de protección y efectividad de los mismos y estableciendo la doctrina constitucional, que, según el artículo 8º de la Ley 153 de 1887, declarado exequible por Sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995, es obligatoria para los jueces en todos los casos en que no haya normas legales exactamente aplicables al asunto controvertido” (15) .

Según la Corte, para unificar la jurisprudencia constitucional, al interpretar la Constitución, define dentro de las alternativas concebibles, la opción más compatible con la Norma Superior. Opción que se fundamenta en la doctrina constitucional y en la ratio decidendi, en la cual recae el carácter vinculante, por abarcar “el criterio jurídico determinante así como las razones inescindiblemente relacionadas con el decisum y sin las cuales la decisión del caso no sería comprensible o carecería de fundamento... surge de la propia lectura autorizada de la Constitución por parte del órgano constitucional encargado de velar por su interpretación y aplicación integrales... se proyecta —en virtud del principio de igualdad, de la seguridad jurídica, del principio de confianza legítima, y de la supremacía de la Constitución— más allá del caso concreto y tiene la fuerza y el valor de precedente para todos los jueces en sus decisiones . Una vez fijado con autoridad, por el órgano competente y siguiendo el procedimiento constitucional para ese fin, el significado de la norma constitucional, este se integra a ella y adquiere fuerza vinculante al ser parte del derecho a curo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado social de derecho” (16) (subrayado y resaltado fuera del texto).

Por lo tanto, si bien el artículo 230 Superior establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, ese concepto no “abarca exclusivamente las leyes en sentido formal, sino que comprende obviamente la Constitución y, en un sentido amplio, el derecho dentro del cual la ratio de las sentencias ocupa un lugar primordial puesto que le confieren efectividad a las normas, al concretar sus alcances . Además, de lo contrario —es decir, de escindirse la norma de la ratio que le fija su significado para asegurar su aplicación efectiva y la concreta para precisar sus alcances— se rompería la unidad del ordenamiento jurídico y se resquebrajaría su coherencia en desmedro de la seguridad jurídica, de la aplicación igual de Ias normas a casos iguales y de la confianza legítima de los habitantes en que en derecho será aplicado de manera consistente y predecible” (17) (subrayado y resaltado fuera del texto).

4.2.5. Conclusiones.

Las anteriores reglas son básicas para realizar una elucidación coherente, basándose precisamente en la jurisprudencia, desarrollada desde la perspectiva de la Corte Constitucional como órgano de cierre, para que la interpretación resulte válida.

Obsérvese cómo el precedente reorienta el principio de inmediatez y obliga al juez adentrarse al fondo del asunto, permite analizar los derechos fundamentales, los cuales van más allá de la simple legalidad. Así mismo, la doctrina constitucional facilita el desarrollo armónico de la Carta Política y permite a los jueces decir el derecho en pro de la justicia, convirtiendo de manera paulatina en una realidad las estructuras del Estado social de derecho forjadas por el constituyente de 1991.

4.3. Aspectos fundamentales de la Sentencia SU-120 de 2003 frente a la indexación de la primera mesada pensional.

Si el precedente judicial resulta básico para aplicar el derecho desde una perspectiva más justa, debe entonces examinarse a fondo el citado fallo de la Corte, pues a través de esa decisión se revela realmente el problema de los pensionados, a quienes de manera diferenciada y discrecional se les reconoce o se les niega la indexación de la primera mesada pensional, además de que en la aludida providencia, se establecieron unos criterios que deben tenerse en cuenta para determinar si se puede reliquidar la primera mesada pensional, para lograr un indiscutible equilibrio económico que los favorezca.

En primer orden, antes de plasmar los asuntos más relevantes del citado proveído, es menester señalar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de la competencia que le concedió los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991, profirió sentencia, con ponencia del magistrado Álvaro Tafur Galvis, dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá; por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y por el Consejo Superior de la Judicatura; y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para decidir las acciones instauradas por Gonzalo Humberto Pachón Guevara, Lucrecia Vivas de Maya y Carlos Hernán Romero Perico respectivamente, contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Igualmente, debe advertirse que la Corte Constitucional revocó el fallo proferido por esta colegiatura, el cual fue aprobado en acta de la Sala número 24 del 3 de abril de 2001 (18) y en su lugar decidió proteger los derechos fundamentales de la accionante (Lucrecia Vivas de Maya) a que se refieren los artículos 13, 29, 48 y 53 de la Constitución Política.

Así las cosas, el referido precedente resulta obligatorio, pero antes de analizar el fondo del asunto planteado, debe extractarse del fallo en comento, los siguientes apartes para proceder de conformidad.

4.3.1. La unificación de la jurisprudencia nacional, función inequívoca de la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido puntualizó la Corte Constitucional:

“Ahora bien, con miras a lograr una aplicación consistente del ordenamiento jurídico, a la Corte Suprema de Justicia se le ha confiado el deber de unificar la jurisprudencia nacional. Labor que ha sido entendida por esta corporación i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante la ley —porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma manera—, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual —por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta permite a los hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo—, y (iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe —porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los intereses particulares en litigio (19) .

En suma i) una misma autoridad judicial —individual o colegiada— no puede introducir cambios a sus decisiones sin la debida justificación, ii) los jueces no pueden apartarse por su sola voluntad de las interpretaciones que sobre el mismo asunto ha hecho la Corte Suprema de Justicia, y iii) esta no puede renunciara a su labor de darle unidad al ordenamiento jurídico”.

4.3.2. Parámetros para la unificadora interpretación judicial.

Señaló la Corte Constitucional:

“Con respecto a la sujeción de los jueces a la doctrina probable, como unificadora de la interpretación judicial, la posibilidad de modificar dicha doctrina, y la labor que cumple la Corte Suprema de Justicia en su conformación, la jurisprudencia de esta corporación tiene definido:

a) Que razones de elemental justicia, seguridad jurídica, libertad de acción y control de la actividad judicial permiten a los asociados exigirles a los jueces que respeten el principio de igualdad resolviendo los casos que así lo permitan de la misma manera (20) .

b) Que dada la intensidad y la complejidad de las actividades sociales, propias de las comunidades contemporáneas, “la estabilidad de la ley en el territorio del Estado y en el tiempo no son garantías jurídicas suficientes (...) es necesario que la estabilidad sea una garantía jurídica con la que puedan contar los administrados y que cobije también a la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. Solo así se puede asegurar la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º)” (21) .

c) Que el estado de relativa certeza que crea el respeto de las decisiones judiciales previas “no debe ser sacralizado”, porque la realización de la justicia es un valor de naturaleza superior, las normas jurídicas requieren que los jueces adecuen sus decisiones a las situaciones cambiantes y los errores cometidos siempre demandan ser enmendados (22) .

De ese modo no todas las decisiones de los jueces tienen la misma fuerza normativa, y la sujeción de estos a la doctrina probable no implica que la interpretación de la ley deba permanecer inmutable, lo que acontece es que en el Estado social de derecho a los asociados los debe acompañar la certidumbre (1) que las mutaciones jurisprudenciales no serán arbitrarias, (2) que la modificación en el entendimiento de las normas no podrá obedecer a un hecho propio del fallador, (3) que de presentarse un cambio intempestivo en la interpretación de las normas tendrá derecho a invocar en su favor el principio de la confianza legítima, que lo impulsó a obrar en el anterior sentido (23) , y (4) que si su derecho a exigir total respeto por sus garantías constitucionales llegare a ser quebrantado por el juez ordinario, podrá invocar la protección del juez constitucional.

Es que los asociados requieren confiar en el ordenamiento para proyectar sus actuaciones, de manera que tanto las modificaciones legales, como las mutaciones en las interpretaciones judiciales deben estar acompañadas de un mínimo de seguridad —Constitución Política, artículo 58 —, en consecuencia los jueces actúan arbitrariamente y por ello incurren en vía de hecho, cuando se apartan, sin más, de la doctrina probable al interpretar el ordenamiento jurídico”.

4.3.3. La ley, la jurisprudencia y las situaciones no previstas en la legislación laboral.

“De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Política y de acuerdo con lo reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo (24) , entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie (25) .

Pero no es lo único, al tenor de lo previsto en el artículo 230 de la Carta Política, el principio pro operario es un recurso obligado del fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el ordenamiento (26) .

El sentido protector del derecho del trabajo se refleja, entonces, en la solución de conflictos normativos, en la interpretación de preceptos dudosos, y en la solución de situaciones no reguladas en beneficio de la parte débil de la relación: porque las normas laborales tienen como fin último el equilibrio de las relaciones del trabajo, objetivo que comporta inclinar la relación en beneficio del estado de inferioridad económica del trabajador, por ser este el que venera la injusticia que se pretende corregir.

Ahora bien, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo i) estableció la pensión de jubilación a cargo del patrono y a favor del trabajador, con 20 años de servicios continuos o discontinuos a la misma empresa y 50 de edad para la mujer o 55 para el hombre “equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios”: ii) previó que, sin distingo, el trabajador que se retire o sea retirado del servicio sin haber cumplido la edad requerida sería pensionado al cumplirla y iii) dispuso un monto mínimo ($ 60) y uno máximo ($ 600) para la prestación - varias veces modificados.

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por su parte, dispone que la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la prestación, de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tenían treinta y cinco o más años de edad si son mujeres, o cuarenta o más años de edad si son hombres, o quince o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al que dichas personas se encuentren afiliadas.

Sobre el ingreso base para liquidar la pensión la norma en cita determina que para las personas que les faltaren menos de diez años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor.

También el artículo en mención prevé que al entrar a regir la Ley 100 quienes hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, sin perjuicio de no haberse hecho el reconocimiento, tendrán derecho a que se les liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que cumplieron tales requisitos.

Se tiene entonces que las disposiciones antes transcritas determinan con claridad el ingreso base para liquidar la pensión de vejez de quienes se encuentran laborando cuando cumplen la edad requerida para acceder a la pensión, pero que tal claridad no se presenta respecto de la forma de liquidar dicho ingreso cuando el trabajador no ha percibido asignación del mismo empleador ni cotizado al sistema de seguridad social, en el lapso comprendido entre el cumplimiento de los veinte años de servicio y la edad requerida para acceder a la prestación.

Sin embargo existen diversas disposiciones en el ordenamiento que permiten al fallador llenar el vacío legislativo a que se hace referencia, como va a verse.

De antemano ha de decirse que la congelación del salario para acceder a la pensión de jubilación no se encuentra prevista en ninguna norma, es más, habida cuenta que el artículo 261 del Código Sustantivo del Trabajo —norma que la establecía para quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio continuaban vinculados al mismo empleador— fue derogado por el artículo 14 de la Ley 171 de 1961 y no ha sido restablecido, puede afirmarse que la liquidación de la base pensional a partir del último salario devengado, sin reajustes, no tiene asidero en el ordenamiento (resaltado fuera de texto(sic)).

El artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como fue subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, sobre el salario base para liquidar el derecho a la pensión después de 10 y de 15 años de servicio establece:

“La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE”.

Las leyes 4ª de 1976 y 71 de 1988 dispusieron el reajuste anual de las pensiones del sector privado, público, oficial y semioficial, así como de las que tiene a su cargo el Instituto de Seguro Social, con base en el aumento del salario mínimo legal. Y la última de las nombradas dispuso que ninguna pensión podía ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de 15 veces dicho salario, salvo lo previsto en la misma disposición.

El artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, también dispuso al respecto:

“El Gobierno Nacional establecerá un régimen de pensiones, reajustes y sustituciones de las mismas para los representantes y senadores. Aquellas y estas no podrán ser inferiores al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista. Y se aumentará en el mismo porcentaje en que se reajuste el salario mínimo legal. Parágrafo. La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones se hará teniendo en cuenta el último ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los representantes y senadores en la fecha en que se decreta la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva”.

Y el artículo 6º del Decreto 1359 de 1993 preceptúa, respecto de la liquidación de reajustes de pensión de los congresistas:

“La liquidación de las pensiones, reajustes y sustituciones a que se refiere el artículo anterior, en ningún caso ni en ningún tiempo podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que durante el último año y por todo concepto devenguen los congresistas en ejercicio: ni estará sujeta al límite de cuantía a que hace referencia el artículo 2º de la Ley 71 de 1988”.

Por su parte el artículo 1º de la Ley 445 de 1998, en consideración al sistema de reajuste pensional previsto en las normas anteriores, que a la postre condujo a la pérdida del valor real de las pensiones que inicialmente superaban el salario mínimo, con el objeto de mantener el poder adquisitivo de todas las mesadas pensionados, dispone.

“ART. 1º—Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, conservando estos últimos su régimen especial, tendrán tres (3) incrementos, los cuales se realizarán el 1º de enero de los años 1999, 2000 y 2001. Para el año de 1999, este gobierno incluirá en el presupuesto de dicho año, la partida correspondiente.

El incremento total durante los tres años será igual al 75% del valor de la diferencia positiva, al momento de la entrada en vigencia de esta ley, que resulte de restar del ingreso inicial de pensión, el ingreso actual de pensión.

En caso de que el resultado de aplicar dicho porcentaje supere los dos (2) salarios mínimos, el incremento total será este último monto de dos (2) salarios mínimos, dicho incremento total en tres incrementos anuales iguales, que se realizarán en las fechas aquí mencionadas. Si la diferencia entre el ingreso inicial y el ingreso actual de pensión es negativa, no habrá lugar a incremento.

PAR. 1º—Los incrementos especiales de que trata el presente artículo, se efectuarán una vez aplicado el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y para los pensionados de la Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional, se efectuarán conservado su régimen especial.

PAR. 2º—Para efectos de lo establecido en la presente ley, se entiende por ingreso inicial anual mensualizado, recibido por concepto legal y extralegal, en términos de salarios mínimos de la época que percibió el servidor por concepto de la pensión durante el año calendario inmediatamente siguiente a aquel en que se inició el pago de la misma. Así mismo, se entiende por ingreso actual el ingreso anual mensualizado por concepto legal y extralegal, en términos de salarios mínimos, que se recibe por razón de la pensión en el año calendario inmediatamente anterior a aquel en el cual se realice el primer incremento.

PAR. 3º—El ingreso anual mensualizado en términos de salarios mínimos, es igual al valor de la totalidad de las sumas pagadas al pensionado por mesadas pensionales durante el respectivo año calendario, dividido por doce y expresado en equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes en ese año. Para efectos de este cálculo se tomarán la totalidad de las mesadas pensionales pagadas entre enero a diciembre del mismo año” (27) .

La Ley 100 de 1993 establece una norma general en materia de reajuste, cual es que, a partir de su vigencia, todas las pensiones deberán ser reajustadas, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, y que las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente serán reajustadas de oficio cada vez y en el mismo porcentaje en que el Gobierno Nacional incremente dicho salario —artículo 14—. Y la misma normatividad, respecto del ingreso base de liquidación preceptúa:

“ART. 21.—Ingreso base de liquidación. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.

La Corte Constitucional, con base en la normativa transcrita concluyó:

i) No existe normativa que establezca con precisión la base para liquidar la pensión de jubilación de quien se retire o sea retirado del servicio sin cumplir la edad requerida – el inciso segundo del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo no la precisa;

ii) Ninguna disposición ordena indexar esta base salarial expresamente;

iii) No existe precepto que excluya o prohíba tal indexacción.

No obstante existe un principio constitucional claro, esto es que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales” —Constitución Política, artículo 53—, y suficientes disposiciones del ordenamiento que denotan un afán permanente del legislador por compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

En este orden de ideas, incumbe al juez confrontar la situación concreta de las personas que aspiran a acceder a la pensión en las condiciones anotadas y remediar la injusticia que se deriva de la omisión legislativa anotada, obrando en todo conforme lo habría hecho el legislador, de haber considerado la situación específica, es decir conforme con la Constitución Política.

De modo que en su misión de determinar el referente para resolver las situaciones planteadas por los accionantes, sobre la base salarial para liquidar la primera mesada pensional, la accionada tenía que proceder como lo indican las normas relativas al tema, comoquiera que el legislador de haber considerado las particularidades que los actores afrontan habría optado por la indexación del promedio de los salarios devengados en el último año de servicios —artículo 260 Código Sustantivo del Trabajo—, o por el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios o rentas sobre las cuales el afiliado cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento, según el caso.

Lo anterior porque

i) así acontece con el trabajador que es despedido después de diez o más años de trabajo, sin poder aspirar a una mesada pensional,

ii) esta es la solución adoptada por la ley para liquidar las pensiones, reajustes y sustituciones de los excongresistas, y

iii) esto ocurre con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes del sector público del orden nacional, financiadas con recursos del presupuesto nacional, del Instituto de Seguros Sociales, así como las de los pensionados de las Fuerzas Armadas Militares y de la Policía Nacional.

4.3.4. La equidad debe ser un principio básico para decidir.

Señaló en esta oportunidad la Corte Constitucional, que:

Dado que la equidad, la jurisprudencia constitucional y los principios generales del derecho laboral indican que los espacios dejados por el legislador, no pueden ser llenados por el juzgador a su arbitrio, por su mera voluntad, sino consultando los criterios auxiliares de la actividad judicial —Constitución Política, artículo 230 —.

Sobre la necesidad de acudir a la equidad, para remediar las injusticias derivadas de la aplicación de las fuentes formales a un caso concreto, dadas las particularidades de la situación o en razón de no haber previsto el ordenamiento su solución concreta, resulta pertinente traer a colación las siguientes consideraciones:

“5.3 Lugar y función de la equidad en el derecho. Las anteriores consideraciones de la Corte Constitucional abordan la cuestión del lugar y la función de la equidad dentro del derecho. Básicamente, el lugar de la equidad está en los espacios dejados por el legislador y su función es la de evitar una injusticia como resultado de la aplicación de la ley a un caso concreto. La injusticia puede surgir primero, de la aplicación de la ley a un caso cuyas particularidades fácticas no fueron previstas por el legislador, dado que este se funda para legislar en los casos usuales, no en los especiales y excepcionales. La omisión legislativa consiste en no haber contemplado un caso especial en el cual aplicar la regla general produce un electo injusto. Segundo, la injusticia puede surgir de la ausencia de un remedio legal, es decir, ante la existencia de un vacío. En esta segunda hipótesis, la equidad exige decidir como hubiera obrado el legislador. En la primera hipótesis la equidad corrige la ley, en la segunda integra sus vacíos. Así entendida, la equidad brinda justicia cuando de la aplicación de la ley resultaría una injusticia.

Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio en el sentido de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia (summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius semper quaerendum est eaquabile, neque enim aliter ius esset) (28) .

Las consideraciones anteriores no apuntan a señalar hitos históricos en la evolución del concepto, sino que son pertinentes en la medida en que indican tres rasgos característicos de la equidad. El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes —sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial— es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que decidir en equidad no es de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aun la injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal.

En efecto, la equidad ha influido en distintos aspectos del derecho —como en sus doctrinas e instituciones— así como en las distintas ramas del saber jurídico.

La equidad ha inspirado numerosas doctrinas jurídicas consideradas novedosas al momento de su creación pero que hoy parecen necesarias. La teoría de la imprevisión, la teoría sobre el equilibrio económico de los contratos, la teoría del enriquecimiento sin causa, son tan solo algunos ejemplos.

En cuanto a la influencia del principio de equidad en las diferentes ramas del saber jurídico, la equidad además de ser tenida como principio general del derecho (C.P., art. 230), en materia civil ha llevado al desarrollo de diversas instituciones como por ejemplo, el abuso del derecho, el enriquecimiento sin causa, la lesión enorme, la indexación de las sentencias por inflación: la ley de protección a la mujer cabeza de familia (29) o la ley estatutaria de participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, a los cargos de dirección en la administración pública (30) , la responsabilidad solidaria, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, que según las normas de procedimiento civil deben atender los principios de reparación integral y equidad (31) , el ejercicio de las facultades de las juntas administradoras de las unidades inmobiliarias cerradas de imponer el pago de un canon, en condiciones de justicia y equidad (32) , etc. En materia laboral, la equidad se expresa, entre otras materias, en el equilibrio salarial según la cantidad y calidad del trabajo, en el subsidio familiar, en la favorabilidad para el trabajador en caso de duda, en régimen salarial y prestacional de los servidores públicos (33) (34) .

4.3.5. Los derechos de los pensionados.

Ha señalado la Corte, con respecto al poder adquisitivo de la pensión que:

— El establecimiento de regímenes diferenciados en materia pensional no discrimina per se a los trabajadores excluidos de la previsión, salvo que de tal establecimiento se derive “un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable (...)” (35) .

— Que aunque “el reajuste de las pensiones tiene por objeto proteger a las personas de la tercera edad, quienes por las condiciones físicas derivadas de la edad o enfermedad, se encuentran en la imposibilidad de obtener otros recursos distintos para su subsistencia y la de su familia”; y sin desconocer que los “incrementos periódicos que consagra la Constitución (arts. 48 y 53), permiten que las mesadas no pierdan su capacidad adquisitiva en beneficio de los pensionados (...)”; corresponde al legislador establecer la proporción en que las pensiones deben incrementarse, al igual que la oportunidad y la frecuencia del incremento (36) . Con miras a lograr un uso adecuado de los recursos del sistema solidario de seguridad social (37)

— Tales incrementos deben consultar “en la medida de lo posible el equilibrio en el sistema, fundado en principios como la solidaridad y universalidad del mismo” (38) ; sin desconocer la especial protección quienes se encuentran “por razones económicas, en situación de debilidad manifiesta frente a los demás” (39) .

— Cuando el valor actual de la pensión y el valor inicial de la misma arrojan una diferencia a favor del trabajador, los obligados deben reintegrar lo dejado de pagar, para que “quienes con el paso de los años han visto aminorar el poder adquisitivo de su pensión (...) logren compensar el desmedro patrimonial sufrido (...) porque (...) el ente estatal debe permanecer vigilante de los derechos de los pensionados, sin distingo de su capacidad económica, debido a que integran uno de los grupos sometidos a su especial protección (...) (40)(41) .

(...).

“En suma, al decidir sobre la procedencia de indexar la primera mesada pensional, los jueces no pueden desconocer la necesidad de mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y el valor adquisitivo de las pensiones como lo indican los artículos 53 y 230 de la Carta Política. Y tampoco pueden apartarse del querer legislador, para quien ha sido una preocupación constante regular el monto y la oportunidad de los reajustes pensionales.

De manera que si el juzgador no opta por lo expuesto, sino que decide resolver sobre la indexación de la primera mesada pensional acudiendo a soluciones que no consultan los criterios auxiliares de la actividad judicial, hacen necesaria la intervención del juez constitucional para restablecer los derechos fundamentales mínimos de los trabajadores...

(...).

Conforme a lo dicho, puede afirmarse que bajo el nuevo esquema constitucional, no es suficiente con que los trabajadores gocen de los mismos derechos y prerrogativas reconocidos en el ordenamiento jurídico, ni que sus conflictos de orden laboral sean conocidos y fallados por unos mismos jueces. También es imprescindible que en la aplicación de las fuentes formales de derecho, reciban un tratamiento igualitario y que, en caso de duda sobre el contenido de las mismas, se opte por la interpretación que les resulte más favorable.

(...).

Si el derecho a la igualdad exige como presupuesto de aplicación material, el que las autoridades dispensen la misma protección y trato a quienes se encuentren bajo idéntica situación de hecho, no cabe duda que este se transgrede cuando un mismo órgano judicial modifica sin fundamento sólido el sentido de sus decisiones en casos que se muestran sustancial y fácticamente iguales. En la Sentencia C-104 de 1993, esta corporación dispuso que el derecho de acceso a la administración de justicia comporta también el derecho a recibir un trato igualitario. Al respecto, expresó que “El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ibídem, de tal manera que el derecho de ‘acceder’ igualitariamente ante los jueces implica no solo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de los jueces y tribunales ante situaciones similares” (M.P. Alejandro Martínez Caballero) (43) .

4.4. Conclusiones de la Corte Constitucional en relación con el tema de la indexación y la disímil jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Después de transcribir amplios apartes de la extensa providencia de la Corte Constitucional y siguiendo en todo momento sus orientaciones, literalmente se toman las conclusiones realizadas por la guardiana de la Constitución, las cuales para una mayor ilustración, son plasmadas de la siguiente manera:

4.4.1. Existe en el ordenamiento un vacío legislativo del fenómeno de la indexación (mecanismo de revalorización de ciertas obligaciones dinerarias), el cual no se presenta respecto de la primera mesada pensional, toda vez que el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo “dispuso de manera expresa factores económicos precisos” para calcularla.

4.4.2. Se indexan las obligaciones puras y simples, existentes y exigibles, cuya fuente es la ley, siempre que esta no haya previsto ningún mecanismo para que el acreedor incumplido logre restablecer el equilibrio económico generado por el incumplimiento.

4.4.3. La jurisprudencia relativa a la procedencia de la indexación de las prestaciones económicas en el derecho laboral, se fundamenta en la equidad. La Sala de Casación Laboral precisó que solo se indexan las prestaciones económicas a cargo del patrono, comoquiera que la “(...) desigualdad que caracterizó las relaciones entre quienes estuvieron vinculados por un contrato de trabajo no desaparece por la circunstancia de quien fuera trabajador se jubile y deba por ello hacerse acreedor a una pensión, máxime en un caso que por las particulares circunstancias del mismo la pensión de jubilación no está a cargo de la seguridad social sino [del empleador] (...)”.

4.4.4. La “indexación laboral” ajusta la obligación de pagar una suma de dinero al real poder adquisitivo del peso colombiano, lo cual se comprueba mediante los diferentes fallos de la Sala de Casación Laboral, comenzando por la sentencia de 18 de agosto de 1982, la que se ocupó por primera vez del tema.

Ningún argumento nuevo ha introducido los fallos posteriores o los salvamentos de voto; no obstante, en todos ellos se afianza la reevaluación judicial en la equidad, bien fuera de manera explícita o implícitamente.

4.4.5. La Sala de Casación Laboral puso siempre de presente que la reevaluación judicial de la obligación dineraria con su respectiva corrección, no procedía cuando operaba cualquier otro mecanismo mediante el cual se lograra compensar esta pérdida del poder adquisitivo del peso y, el consiguiente perjuicio del acreedor.

Ello es así, pues el acreedor por regla general en los asuntos laborales es el trabajador, quien además también es, por obvias razones y salvo rarísimas excepciones, la parte débil de la relación de trabajo, por tal motivo la equidad imponía un correctivo al rigor de la ley.

4.4.6. La Sala accionada entre los años 2000 y 2002, acogiendo la pretensión de extrabajadores ha condenado a las empresas obligadas a indexar la primera mesada pensional, ya sea:

• Porque “habiéndose cumplido el requisito de la edad de los 55 años, en vigencia de la Ley 100 de 1993, por disposición de la misma ley, era procedente el reajuste del valor inicial de la pensión reconocida al demandante” —sentencias 13.153, 15.836 y 17.569, entre otras—; o

• Porque lo debido a que “lo que aquí se debate si bien distinto a otros casos en los que el reconocimiento de la pensión fue en vigencia de la Ley 100 de 1993, pero similar a otros tantos en que se ha accedido a la indexación tienen pleno respaldo en lo previsto en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887” —sentencias 13.905 y 17.739— (44) .

4.4.7. La indexación de la primera mesada pensional, tiene como fundamento las previsiones de los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, ha dicho la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“Y precisamente una situación inequitativa semejante es la que se presenta en un asunto como el que se estudia, pues no siendo objeto de discusión, al tenor de la documental de folio 81 a 88, que a la fecha de terminación del vínculo, el 31 de marzo de 1977, el actor devengaba de la demandada un salario promedio mensual de $ 41.385, varias veces superior al salario mínimo legal entonces vigente, no consulta el criterio de coordinación económica y de equilibrio social con el que se deben aplicar las normas laborales (CST , art. 1º), que cuando el seis (6) de marzo de 1986, algo más de ocho (8) años después, la demandada le reconoció al ex trabajador su pensión de jubilación, hubiera tasado su monto con estricta referencia al valor nominal de aquella remuneración, para obtener una obligación pensional a su cargo de $ 31.038.98 (fls. 89 a 96), escásamente superior al valor del salario mínimo legal vigente en este último año, lo cual denota la evidente depreciación del signo monetario colombiano.

La aludida circunstancia evidencia un fenómeno económico del que no puede sustraerse el derecho del trabajo y de la seguridad social, ni pasar por alto la jurisprudencia, pues hacerlo implica olvidar que las normas del derecho social, al tenor del artículo 1º del Código Sustantivo del Trabajo, se deben aplicar con criterio de coordinación económica y equilibrio social, que impone, con fundamento en el artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo el reconocimiento de la indexación, porque de no hacerlo se vulnera tal mandato, ya que es indiscutible que el hecho notorio de la inflación terminaría perjudicando, contra la equidad, a una sola de las partes de la relación contractual: el trabajador, que no es el llamado a soportar las negativas consecuencias de ese fenómeno económico, toda vez que él no tiene la posibilidad de tomar las medidas para protegerse del mismo en razón de que su aporte en el contrato es su trabajo: situación que no puede predicarse con respecto al empleador, porque este sí tiene o debe tener el control financiero, así sea relativo, de la actividad donde aquel presta el servicio, motivo por el cual es dable afirmar que es a él a quien corresponde prever y asumir las consecuencias de las fluctuaciones económicas, debido a que está en capacidad de tomar las medidas de orden financiero necesarias para resguardarse de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y una de ellas sería el reconocimiento de una pensión de jubilación actualizando el valor del salario que años atrás devengó el trabajador. Así razonó la Corte en su sentencia de casación del 10 de diciembre de 1998, radicación 10939 (45) .

4.4.8. Es deber de la Corte Suprema de Justicia ofrecer y dar seguridad jurídica a los ciudadanos, por cuanto en materia de indexación ha producido sentencias, en que han intervenido conjueces (46) , en unos casos a favor de trabajadores, y en otros en contra (…)”.

Por tal motivo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado:

“(...) quiere la Sala puntualizar que aunque es cierto que en algunas ocasiones se han proferido decisiones en las que ha salido avante la tesis de la indexación para aplicarla al reajuste de la base salarial de una pensión, y no en otras, no lo es menos que en cada una de ellas se han explicado con suficiente solidez las razones para ello. Además, es obvio, y así siempre ocurrirá que los supuestos de hecho de una demanda varíen respecto de otra, pese a que en algunas oportunidades se presenta identidad en el demandado.

De otro lado y en lo que tiene que ver con la figura de los conjueces, —lo que en ocasiones puede llevar a la expedición de decisiones distintas según quien intervenga como tal— es una creación legislativa surgida frente a la necesidad de reemplazar al juzgador cuando por una u otra razón legal se ve impedido o inhabilitado para dictar un fallo. Y ni la ley ni los magistrados podrán garantizar jamás, que el pensamiento de los conjueces sea siempre el mismo respecto de un determinado punto de derecho. Frente a esta consideración humana, elemental por demás. aparece apenas obvia la imposibilidad de garantizar la unidad jurisprudencial cuando actúa uno u otro conjuez”.

Y para concluir, consideró:

“Para fijar el monto pensional, dado que el actor fue desvinculado a partir del 15 de septiembre de 1982, se tendrá en cuenta la normatividad vigente en dicha época, esto es, los artículos 68 y 73 del Decreto 1848 de 1969, así como también el 36 de la Ley 100 de 1993.

Conforme lo anterior y con el querer contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cual es de actualizar la pensión hasta el momento en que se entre a disfrutar de la misma, resulta apropiado actualizar la base salarial, teniendo en cuenta la variación anual del índice de devaluación de precios al consumidor entre la fecha en que el demandante fue desvinculado y la del momento en que le fue concedido el derecho pensional, así como el promedio de lo devengado en el último año de servicios” (47) .

“El actual criterio mayoritario reafirma que en el sistema legal colombiano no existe una regla general que preceptúe que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sea una carga económica que debe asumir el deudor, con mayor razón tratándose de pensiones de jubilación, las que por su alto contenido económico, se han convertido en uno de los factores que más ha contribuido a afectar la capacidad económica de las empresas, la que indiscutiblemente se traduce en últimas en la imposibilidad de ofrecer más y mejores fuentes de trabajo. “—T-503.695— (48) .

4.4.9. Empero, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en todas las decisiones atinentes a la indexación de la primera mesada pensional, ha considerado los mismos presupuestos de hecho para negar o conceder la prestación, a saber: el tiempo de servicio prestado por el trabajador, la vinculación al mismo empleador, la edad alcanzada por aquel al término de la relación laboral, y el monto de la primera mesada reconocida por el obligado.

Y resulta claro que establecidos los requisitos antes relacionados, la accionada acude a la normatividad vigente a tiempo del reconocimiento, para determinar si concede o niega la pretensión, como lo indican varias de sus decisiones.

De suerte, que frente al imperativo legal antes expuesto, no hay motivo válido que pueda ahora aducirse por el juez laboral para sustraerse a la actualización de la base salarial de la pensión, ya que si antes se alegaba carencia de un basamento legal, hoy no puede hacerse, cuando, además, el sistema de seguridad social que creó la comentada ley responde a postulados constitucionales establecidos en los artículos 48 y 53, el primero de ellos en cuanto en su inciso final ordenó que “La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante” y el segundo citado en su inciso tercero, respecto a que el “Estado garantiza el derecho al pago oportuno al reajuste periódico de las pensiones legales” (49) .

4.4.10. Pese a todo la alta corporación en materia de casación debe respetar el principio constitucional de la igualdad real de los ciudadanos ante la ley y dar respuesta adecuada a las cambiantes realidades sociales. Así mismo, está obligada a garantizarles a los asociados una unidad interpretativa en torno del tema del equilibrio patrimonial de las prestaciones laborales en general y de sus mesadas pensionales en particular.

Ha dicho la guardiana de la Constitución que “el mandato de aplicar la ley de manera general y uniforme —Constitución Política, artículo 13— está dirigido a todos los jueces y magistrados, singulares y colegiados, de manera que los cambios de jurisprudencia, además de objetivos y razonables, deben sopesar los efectos que sus modificaciones ocasionan en los intereses en litigio.

Porque mientras para la accionada fallar en uno o en otro sentido puede no tener trascendencia, siempre que ambos sentidos se encuentren explicados. para el pensionado hacerse acreedor a una u otra decisión significa la cabal efectividad de sus derechos sociales. De manera que no puede entender por qué, estando en las mismas circunstancias que las suyas, otro pensionado, en tanto él no podrá mantener el poder adquisitivo de su pensión”.

Esta superioridad colige, que no son múltiples las variantes utilizadas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia colombiana al momento de valorar la indexación en cada caso, aunque sus providencias resultan ser cambiantes, dependiendo del criterio de los conjueces. Es precisamente ese hecho, el que genera una desigualdad a los asociados que demandan justicia, obteniendo resultados contradictorios pese a que los denominadores son similares.

Entonces, el llamado de la guardiana de la Constitución está dirigido a mantener una igualdad, que deja de tener un estatus de ideal, si se aplica la normativa de manera similar con principios que van más allá del derecho, como es el de la equidad, el cual sorprendentemente fue usado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde 1982 y abandonado según el arbitrio de los conjueces al momento de aplicar la no muy pacífica indexación de la primera mesada pensional, para resarcir la pérdida del valor adquisitivo del peso en pro del trabajador colombiano, quien es como se ha dicho, la parte débil de la relación contractual”.

De acuerdo con los lineamientos señalados por la Corte Constitucional, se procede a analizar el asunto planteado por el apoderado del actor José Raúl Jiménez.

Conforme la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que:

El señor José Raúl Jiménez promovió el recurso extraordinario de casación contra la sentencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, mediante la cual confirmó la decisión proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo proferido el 6 de octubre de 2003 que absolvió a las demandadas de las pretensiones deprecadas.

Fueron hechos de la demanda los siguientes:

El actor nació el día 6 de marzo de 1936; prestó sus servicios a la Nación - Ministerio de Defensa, en los períodos comprendidos entre el 1º de enero de 1958 al 9 de agosto de 1959; del 1º de septiembre de 1959 al 15 de septiembre de 1960 y del 16 de noviembre de 1960 al 15 de febrero de 1963. Igualmente, laboró para el Banco Cafetero, hoy Bancafé, desde el 1º de diciembre de 1966 hasta el 14 de diciembre de 1982.

El Banco Cafetero, a través de Resolución 71 del 15 de abril de 1993, le reconoció pensión de jubilación compartida con el Ministerio de Defensa, a partir del 6 de marzo de 1991, cuando cumplió 55 años de edad, teniéndole en cuenta un promedio mensual de $ 35.434.54 devengado durante el último año, suma a la que luego de aplicársele el 75%, arrojó un total de $ 26.578.91.

En el acto administrativo que otorgó la pensión, se le reconoció como tal la suma de $ 51.720 mensuales, equivalentes al salario mínimo legal para 1991.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a través de la sentencia demandada, proferida el 27 de marzo de 2007, con ponencia del Magistrado Luis Javier Osorio López, al resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto por el actor, señaló en punto de la variación de la tesis de la Sala, por cuanto la teoría mayoritaria era partidaria de que no se aplicaba la indexación de la primera mesada pensional, y al apoyarse el tribunal en la sentencia del 18 de agosto de 1999, no había incurrido en la interpretación errónea adjudicada en la censura, pues actuó conforme a los parámetros de interpretación expuestos por la posición mayoritaria de la Corte en la oportunidad antedicha.

Encontrándose así que los argumentos expuestos por la accionada varían y en cada caso existe un razonamiento jurídico, desconociéndose de esta manera el derecho a la igualdad e inaplicando los principios generales del derecho para decidir en equidad. Y es que al comparar los argumentos expuestos por la Sala de Casación Laboral con las razones expresadas por la Corte Constitucional en las tantas veces citada SU-120 de 2003, no puede dejar de sobresalir la contradicción en que incurre la Sala accionada, en tanto y como lo reseñó el alto Tribunal Constitucional, entre los años 2000 y 2002, muchas de las demandas de ex trabajadores fueron favorables a sus pretensiones, ordenando a las empresas indexar la primera mesada pensional, sin que exista entonces, como se pretende hacer ver, una reiterada interpretación del asunto.

Igualmente, y conforme a las orientaciones de la Corte Constitucional, no existe una disposición legal que determine la forma de hacer la reliquidación de la primera mesada pensional, en tanto, analizado el numeral 2º del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, se advierte que la citada disposición no prevé el factor económico para liquidar la primera mesada pensional, por lo tanto, al no existir expresa norma legal, la Sala accionada, tiene que el salario para calcular el valor inicial de la pensión (51) , es con base en “(...) las razones de justicia y equidad que han determinado la elaboración y aplicación concreta de la teoría de la indexación o actualización monetaria (...)”, protegiéndose de esta manera, la parte débil de la relación del proceso inflacionario.

“Por su parte, el inciso primero del artículo 260 del Código Sustantivo de Trabajo prevé el factor que debe tenerse en cuenta para liquidar la primera mesada pensional, cuando eltrabajador alcanza la edad requerida y los servicio estando vinculado al mismo empleador, puesto que la norma dispone:

“Todo trabajador que preste sus servicios a una misma empresa de capital de ochocientos mil pesos ($ 800.000) o superior que llegue o haya llegado a los cincuenta y cinco (55) años si es varón, o a los cincuenta (50) años si es mujer, después de veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Código, tiene derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación o pensión de vejez, equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los salarios devengados en el último año de servicio” (resaltado fuera de texto).

Siguiendo las pautas de la jurisprudencia laboral, a las que alude la Corte Constitucional —desde sus inicios— la accionada ha entendido “para los efectos de liquidar la pensión de jubilación (...) cuando cumplidos los veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente, como último año “el vigésimo que corresponde al hecho generador de la prestación y no el último servido en la empresa(52) (resaltado fuera del texto).

Esto mismo, determinó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la siguiente decisión:

“Ahora bien, la prueba del capital de la empresa o patrono, que por mandato legal es de su cargo, cuando el derecho a la pensión de jubilación se adquiere por el trabajador durante el desempeño de las labores, o en otras palabras, durante la vigencia del contrato y se retira de inmediato de su cargo, es la correspondiente al año próximo anterior a la terminación de la relación laboral. Mas no ocurre lo mismo cuando cumplidos los veinte años de servicios la edad la cumple el trabajador posteriormente, terminado ya el contrato de trabajo, pues hasta entonces en relación con la pensión no se han cumplido todos los requisitos de ley, caso en el cual la prueba es la del año inmediatamente anterior a aquel en el cual con la edad requerida, adquirió el derecho a la prestación. Y es que en verdad es en el momento en que nace el derecho cuando interesa conocer si el patrono tiene la capacidad económica que la ley señala para asumir la correlativa obligación al mismo derecho, de reconocer y pagar la pensión jubilatoria. Así, pues, el capital de la empresa que corresponde tener en cuenta, es el existente en el momento mismo en que el trabajador ha completado las dos condiciones exigidas por el artículo 260 tantas veces citado para poder reclamar su pensión y no el poseído por la empresa o patrono cuando en el patrimonio del trabajador no existía el derecho a reclamar tal prestación” (Casación, oct. 30/70)” (53) (resaltado del texto).

De tal modo que el tiempo de prestación del servicio continuo o discontinuo al mismo empleador, y la calidad empresarial de este, son factores que no demandan interpretación, cuando se trata de establecer el reconocimiento de la pensión de jubilación prevista en el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, pues como se indicó la prueba para hacer la liquidación es la del año inmediatamente anterior a aquel, en el cual con la edad requerida, adquirió el derecho a la prestación.

Igualmente, los artículos 21 y 288 de la Ley 100 de 1993, disponen que el promedio para la liquidación de la pensión de jubilación se hace de acuerdo con la inflación y el principio de favorabilidad.

Señala el artículo 21:

“Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley. el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1.250 semanas como mínimo”.

El artículo 288 reza:

“Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de las disposiciones de esta ley”.

Es así como ante la inexistencia de norma laboral expresa cuando el trabajador renunció o ha sido despedido del cargo, transcurriendo varios años, hasta llegar a la edad de obtener su derecho pensional, no puede ser de recibo dentro del Estado social de derecho, que quien prestó sus servicios a una empresa sea sorprendido con una liquidación de la primera mesada pensional basada en el salario mínimo, cuando coexisten disposiciones análogas que permiten inferir la forma en que debe procederse, amén de que jamás nadie podrá ser desmejorado en su ingreso, en pro de la empresa, ya sea pública o privada, por una interpretación restringida de la normativa.

En ese orden de ideas, es cuando surgen los criterios auxiliares de la actividad judicial, establecidos en los artículos 48, 53 y 230 de la Carta, para determinar cuál año define, tanto el capital declarado de la empresa obligada a la prestación como el monto de la misma, cuando el trabajador se retire o sea retirado de la empresa sin haber cumplido la edad expresada.

En ese sentido, señaló la Corte Constitucional:

• Que en relación con los derechos de los trabajadores la autonomía judicial es relativa, y se restringe mucho más cuando se trata de resolver sobre “los principios mínimos fundamentales”, que conforman el estatuto del trabajo, en los términos del artículo 53 de la Carta, como lo indica la máxima guardiana de la Constitución, en esta decisión:

“Es forzoso que el fallador entienda la norma de manera que la opción escogida sea la que beneficie en mejor forma y de manera más amplia al trabajador, por lo cual, de acuerdo con la Constitución, es su deber rechazar los sentidos que para el trabajador resulten desfavorables u odiosos. El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto y a la Constitución lo ha hecho por él y de manera imperativa y prevalente. No vacila la Corte en afirmar que toda trasgresión a esta regla superior en el curso de un proceso judicial constituye vía de hecho e implica desconocimiento flagrante de los derechos fundamentales del trabajador, en especial el del debido proceso” (54) .

• No puede tampoco ignorarse el principio de la irrenunciabilidad de los derechos mínimos de los trabajadores sobre el de la autonomía de la voluntad, la que no opera cuando una de las partes se encuentra, necesariamente, como el trabajador, en estado de debilidad manifiesta”.

Es así como, analizadas las consideraciones de la Sentencia SU-120 de febrero 13 de 2003 con los argumentos de la Sala accionada, debe concluirse que la decisión cuestionada es claramente contradictoria con sus propios fallos que favorecen las pretensiones de los pensionados y es contraria al ordenamiento constitucional, constituyéndose así en una vía de hecho, al desconocer lo dispuesto en el artículo 228 de la Constitución Política, que ordena a los jueces resolver los asuntos que les han sido confiados buscando la efectiva realización de los derechos fundamentales.

Ha sostenido la Corte Constitucional, que cuando los jueces no consideran los derechos fundamentales mínimos, garantizados en los artículos 25, 48 y 53 de la Carta Política, trasgreden los artículos 29, 228 y 230 ibídem e incurren en vía de hecho, en tanto dichos preceptos regulan los derechos y prerrogativas de los trabajadores y de los pensionados e informan todas las previsiones del ordenamiento.

De la misma manera, y frente al vacío legal, decidió hacer una interpretación restrictiva de la normatividad, desconociendo principios generales del derecho en pro del trabajador que favorecen al accionante, variando discrecionalmente su posición sin un criterio jurídico determinante, en tanto la misma Sala Laboral de le Corte Suprema de Justicia, estableció en su propia jurisprudencia la manera de hacer la liquidación de la primera mesada pensional, tendiente a equilibrar a favor del trabajador la pérdida de la fuerza adquisitiva.

Por todas las razones expuestas, y con fundamento en el multicitado precedente judicial, Sentencia SU-120 de 2003, se confirmará íntegramente el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca el 5 de junio de la presente anualidad, mediante la cual concedió la tutela invocada a través de apoderado, por el señor José Raúl Jiménez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Cafetero en liquidación, adicionándolo en lo referente a la prescripción cuyo pronunciamiento solicita el impugnante.

Ello por cuanto, las decisiones que se han proferido para proteger los derechos fundamentales de los accionantes que se encuentran en situación similar a la del aquí actor, no van a ser cumplidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues su respuesta al requerimiento realizado por el juez constitucional de tutela ha sido: “En defensa de la Constitución Política y de la ley, mantiénese la sentencia ejecutoriada el ..., que resolvió el recurso extraordinario de casación interpuesto por ..., la cual surte plenos efectos jurídicos y estése a lo resuelto en ella para todos los fines” (55) .

Al respecto esta colegiatura en un caso idéntico, en providencia aprobada en Sala 147 de octubre 13 de 2004, señaló:

“Esta situación resulta reiterativa y perjudica el derecho del accionante, quien no tendrá una solución adecuada frente al derecho amparado, circunstancia que fácilmente puede constatarse con el cuadro de radicados, el cual versa sobre el tema de indexación de la primera mesada pensional y que tiene la siguiente relación:

RadicaciónMagistradoSalaFecha del fallo
200401018Dr. Henao5028 de abril de 2004
200409939Dr. Coral5028 de abril de 2004
(sic) 200409939Dr. Coral5028 de abril de 2004
200401116Dr. Bueno5403 de mayo de 2004
200401201Dr. Coral5603 de mayo de 2004
200401583Dr. Campo6631 de mayo de 2004
200401610Dr. Campo6631 de mayo de 2004
200400444Dr. Bueno7007 de junio de 2004
200401902Dr. Coral7416 de junio de 2004
200400443Dr. Henao7623 de junio de 2004
200402220Dr. Coral8307 de julio de 2004
200402221Dr. Henao8307 de julio de 2004
200402225Dr. Bueno8307 de julio de 2004
200402228Dr. Flechas8814 de julio de 2004
200402315Dr. Ortiga8814 de julio de 2004
200403192Dr. Coral10718 de agosto de 2004
200401522Dr. Bueno11801 de septiembre de 2004

Ahora bien, ese hecho surge por la desavenencia que en materia laboral existe entre jurisdicciones, tal y como lo indica la entidad accionada, por tener una disímil postura con respecto de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pese al hecho de que se trata de una sola administración de justicia y, ante la necesidad de buscar una alternativa que proteja la interpretación legal y comprenda el contorno del derecho fundamental de los trabajadores, quienes en últimas resultan sacrificados por la reiterada negativa a indexar la primera mesada pensional con una nueva providencia, la máxima guardiana de la Constitución señaló: “Cuando no existe superior que obligue al inferior a cumplir con las órdenes de tutela o cuando el superior no toma las determinaciones que debe tomar, el punto de apoyo para el juez es efecto útil de las sentencias.

(...).

Si quienes incumplen son los magistrados de las altas cortes y se da la orden de proferir una sentencia de reemplazo o adoptar una decisión judicial que haga cesar la violación de los derechos fundamentales, la alternativa es clara:

(...).

Otro camino es el de prever, en el propio fallo, un eventual incumplimiento y por consiguiente tomar decisiones que compromete al funcionario judicial que incurrió en la vía de hecho sino a los terceros intervinientes” (1)(sic) .

En ese sentido deben tenerse en cuenta otros precedentes:

“En estos eventos, la intervención del tribunal constitucional se toma indispensable, pues (...) las altas cortes no tienen superior jerárquico en su respectiva jurisdicción y, por tanto no encuentran en el juez de tutela de primera instancia el funcionario idóneo para conminarlas al cumplimiento de la decisión desobedecida, y tampoco el competente para tramitar el correspondiente incidente de desacato...”

“En procura de hacer realidad la orden de protección incumplida por una alta corporación de justicia, también en nuestro derecho interno se ha acudido al expediente de restablecer la vigencia de la decisión reemplazada con la providencia declarada nula en vía de tutela” (2) .

Dichos antecedentes sirvieron de base para la decisión reciente del máximo Tribunal Constitucional, el cual mediante Auto de Sala Plena del 21 de septiembre de 2004, atendiendo la solicitud de cumplimiento de la Sentencia SU-120 de 2003 declaró ejecutoriada (i) la sentencia adiada el 3 de marzo de 1999, proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá; (ii) los fallos adoptados el 4 de mayo y el 30 de junio de 1999 por el Juzgado Noveno Laboral de Bogotá y por la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Bogotá y iii) la decisión del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Villavicencio, adoptada el 5 de mayo del mismo año; en los casos de Gonzalo Humberto Pachón Guevara contra Bancafé, Lucrecia Vivas de Maya contra la citada entidad bancaria y Carlos Hernán Romero Perico contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, respectivamente.

Los motivos que llevaron a tal determinación, fueron: “La Corte reiteró que en casos de incumplimiento de sus decisiones, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades para aplicar las medidas sancionatorias previstas en el Decreto 2591 de 1991 y resolver sobre responsabilidades, indemnizaciones y costas, la propia Corte puede adoptar las medidas conducentes a hacer cesar la violación del derecho conculcado, hasta que esté completamente restablecido o eliminadas las causas de la amenaza” (3) .

De tal suerte que las circunstancias en el caso sub examine son idénticas a las que fueron relacionadas en el cuadro de radicados; por ende son previsibles los resultados del presente fallo de tutela, y ante los claros precedentes enunciados, el juez constitucional puede en el propio fallo, vaticinar su eventual incumplimiento y tomar las medidas necesarias con el fin de enfrentar la amenaza a los derechos fundamentales, derivada de una actuación judicial que se apartará del fallo de tutela.

Por tal razón, y debido al especial papel de la Corte Constitucional, como intérprete auténtico de la Carta y guardiana de su integridad y supremacía, corresponde a esta corporación buscar una solución que sea benéfica al actor y evite una dilación innecesaria a la misma administración de justicia que requiere de la economía procesal y celeridad en sus decisiones (4) .

Por eso, la medida que se va a tomar tiene como base las consideraciones no solo de los citados antecedentes sino otros fallos proferidos por el máximo Tribunal Constitucional, los cuales sirven de pauta para hacer viable y eficaz los derechos fundamentales del señor José Raúl Jiménez.

En ese orden de ideas, se tiene:

6.1.Una sentencia no es un acto formal. Si la sentencia en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no solo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley, no puede esta convertirse en un simple acto formal, pues ello quebrantaría la existencia de los pilares del Estado de derecho e incrementaría soluciones alejadas de la normatividad, en tanto que su razón de ser vivifica para los asociados, la satisfacción de los intereses sociales y los derechos fundamentales de la persona (5) .

6.2.Los efectos de una sentencia de tutela no pueden sujetarse a interpretaciones. Si una sentencia es el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo, procesal de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, atendiéndose a la existencia de unas normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto, necesariamente el individuo que se ha visto beneficiado con un fallo que ampara su derecho fundamental a la igualdad frente a otros individuos a los que se les ha indexado, restableciéndosele de esta manera el valor de su mesada pensional, no puede quedar supeditado a las oscilaciones de los jueces, quienes atenidos a los efectos de la cosa juzgada nuevamente le niegan su indiscutible derecho; pues con ello se quebrantaría la eficacia del derecho y el acceso a la administración de justicia (6) .

6.3.Un fallo de tutela repara un derecho fundamental. Si una sentencia de tutela ampara un derecho fundamental, ante un fallo del Tribunal de Casación fue porque este emitió una sentencia opuesta a las normas constitucionales y legales, lo cual lo convertía en una “vía de hecho”; por ende era necesario enmendar o corregir en forma inmediata esa situación, con el fin de que cesaran los daños irreparables a las personas afectadas por el desconocimiento de sus derechos esenciales (igualdad, debido proceso y seguridad social), por tal motivo no puede ignorarse la decisión que ampara dichos derechos, con el argumento que el fallo de casación tiene el carácter de definitivo (7) .

6.4.La casación una gran opción jurídica. Sí la casación, resulta ser el medio de impugnación extraordinario idóneo y eficaz para remediar aquellos hechos que se alejan del concepto de derecho y justicia; pero al actor se le niega tal posibilidad pese a otros fallos que la misma Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha proferido en ese sentido, con dicha posición se desconocen los principios básicos previstos en la Constitución y la ley (8) .

6.5.La misión de la casación. Si la casación fue establecida principalmente en interés de la ley y su misión consiste en reparar los agravios inferidos a las partes con sentencias de otras instancias y, con ella se pretende hacer efectivo el derecho material (C.P., art. 228), como las demás garantías debidas a las sujetos procesales (sic), no puede presentarse una situación que por un lado reconozca la indexación de la primera mesada pensional y por el otro, se profieran sentencias de casación que la niegan, por cuanto resulta evidente que el mismo Tribunal desconocería su misión para unificar la jurisprudencia nacional, amén que al momento de dar una solución, decide rechazar a prima facie la jurisprudencia constitucional tendiente a reparar los posibles perjuicios generando confusión al usuario y a la misma administración de justicia, desquebrajándose de esta forma la idea de un Estado social de derecho (9) .

6.6. El fallo de tutela no vulnera la autonomía funcional. Igualmente, se tiene que la jurisprudencia constitucional no repudia la autonomía funcional e independencia (C.P., art. 228) al indicar los parámetros que deben seguirse en un determinado caso; por ende no pueden los jueces de la República apartarse de la línea jurisprudencial trazada por la Alta Corte, pues si respetase el sentir de ese nuevo derecho, se lograría la unificación jurisprudencial, la agilidad y celeridad en las decisiones judiciales; no hacerlo de esa manera, significa que la tutela no puede restablecer derechos fundamentales conculcados.

6.7.La casación no puede vulnerar la certeza jurídica. Si los fines de la casación consisten en reparar los agravios inferidos con la sentencia de otra instancia, no resulta lógico ni admisible, (a la luz de nuestra Norma Superior) que, en lugar de enmendar dentro del mismo juicio el daño eventualmente infligido, se niegue ese derecho al actor con el argumento que sus decisiones son infranqueables, pese al error de que en una misma situación se juzgue de manera diferente, por cuanto ello derriba la certeza jurídica.

6.8.La situación del actor. Ante la imposibilidad de rectificar por la misma autoridad su error en la forma de interpretar el mismo hecho y, ante la insistente negativa a modificar la decisión cuestionada para restablecer un derecho fundamental acompañado por la reticencia para resarcir en una etapa ulterior el agravio contra el actor, el perjuicio se convierte en irreversible e irremediable, por ende, la alternativa de solución no puede quedar a la deriva, pues con ello se afecta el derecho al acceso a la administración de justicia y si privilegia lo material frente a lo sustancial.

6.9.La solución. Los problemas prácticos de la administración de justicia no pueden solucionarse con el sacrificio de derechos fundamentales de las personas. En caso de presentarse conflicto entre un derecho fundamental e inalienable de la persona humana, y la conveniencia de adecuar una institución a objetivos prácticos alcanzables de otro modo, sin duda prevalece la garantía del primero, pues debe haber remedios adecuados que no resulten violatorios de los derechos fundamentales y del ordenamiento superior, por cuanto lo definitivo es la búsqueda de una solución satisfactoria al derecho fundamental de la persona y el interés general de la sociedad.

6.10.La razón de ser de la solución. En un Estado social de derecho resultaría desestructurado e incoherente proteger la intangibilidad del fallo bajo la falacia del principio de la cosa juzgada, puesto que el fin del proceso debe ser la sentencia justa, aquella que esté en plena concordancia con la Constitución y la ley, pues deben salvaguardarse valores más trascendentales que la cosa juzgada, como la justicia y los derechos fundamentales y, en ese sentido, se ha admitido la procedencia de la tutela originada en vía de hecho y el principio de prevalencia del derecho sustancial para lograr la pacífica convivencia entre colombianos.

En conclusión, esta colegiatura está en la obligación de brindar una solución al usuario acorde con los criterios de razonabilidad y protección de valores más trascendentes, por tal motivo y, ante la negativa de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a casar su propio fallo y atendiendo el claro objetivo del fallo de tutela, el cual es hacer viable la primacía del derecho material frente al canon constitucional de la igualdad, con base en la jurisprudencia constitucional que dice:

“En todos los casos mencionados la jurisprudencia ha entendido que se desvirtuaría la Carta Política, en cuanto se quebrantaría la prevalencia del derecho sustancial, el acceso efectivo a la justicia y el principio de economía procesal, en detrimento de los derechos fundamentales en juego, si se forzara el uso del medio judicial ordinario, a sabiendas de su ineptitud en el caso concreto, cerrando de manera absoluta la vía contemplada en el artículo 86 de la Constitución” (10) .

Se procederá entonces a buscar una solución ajustada a derecho con el propósito de proteger el valor de la indexación, la cual según el criterio de la Corte Constitucional es una forma de resarcir “un perjuicio —el ocasionado por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria—, ... pues siempre los montos por pagar tendrán que indexarse para sostener su valor real” (11) .

Ahora bien, en el caso sub lite proceden los siguientes interrogantes: ¿Por qué el juez de segunda instancia procede a dar una solución al accionante, sin esperar los resultados de un incidente de desacato? ¿Por qué motivo no esperar la revisión de la Corte Constitucional?

Las respuestas a dichos interrogantes, son de orden didáctico, por cuanto la Sala considera que las diez razones invocadas anteriormente, resultan ser más que suficientes para proceder a proteger de manera efectiva los derechos del actor, empero existen explicaciones adicionales, tales como:

La omisión de un pronunciamiento de fondo por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pese a existir una sentencia de amparo constitucional sobre la cuestión planteada en la demanda de tutela, es obvia frente a los anotados antecedentes, en ese sentido indica la Corte Constitucional, si “la accionada desatiende un fallo de tutela vulnera la violación del derecho de acceso a la aplicación de justicia del actor”.

La Corte Constitucional así lo entendió, al decidir sobre la exequibilidad del inciso 2 del artículo 48 del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, dijo en la Sentencia C-037 de 1996 (Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo Mesa):

“Por lo demás, cabe puntualizar que las sentencias judiciales a través de las cuales se deciden acciones de tutela, solo tienen efectos en relación con las partes que intervienen en el proceso (D. 2591/91, art. 36). Sin embargo, la doctrina constitucional que define el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sentada por la Corte Constitucional, con ocasión de la revisión de los fallos de tutela, trasciende las situaciones concretas que le sirven de base y se convierte en pauta que unifica y orienta la interpretación de la Constitución. El principio de independencia judicial, tiene que armonizarse con el principio de igualdad en la aplicación del derecho, pues, de lo contrario se corre el riesgo de incurrir en arbitrariedad. La jurisprudencia de los altos órganos jurisdiccionales, por medio de la unificación doctrinal, persigue la realización del principio de igualdad. Por consiguiente, sin perjuicio de lo observado respecto de la doctrina constitucional, la exequibilidad del segundo numeral del artículo 48, materia de examen, se declarará bajo el entendido de que las sentencias de revisión de la Corte Constitucional, en las que se precise el contenido y alcance de los derechos constitucionales, sirven como criterio auxiliar de la actividad de los jueces, pero si estos deciden apartarse de la línea jurisprudencia! trazada en ellas, deberán justificar de manera suficiente y adecuada el motivo que les lleva a hacerlo, so pena de infringir el principio de igualdad” (12) .

De otro lado, si la Corte Suprema de Justicia solo está sometida en sus providencias al imperio de la ley como lo consagra el Estatuto Superior en su artículo 230; y si, por ello mismo, sus pronunciamientos son independientes y autónomos y no quiere plegarse al pensamiento de la Corte Constitucional en esta materia, pues la Sala de manera respetuosa atenderá la doctrinaconstitucional, basándose en las normas constitucionales y cualificando el sentido de dichas normas, de conformidad con el alcance que ha realizado el intérprete autorizado de la Constitución.

Y, sobre el caso que se analiza debe darse una protección inmediata a los derechos fundamentales y resulta obvia la doctrina constitucional al señalar que “otro camino que tiene el juez constitucional de tutela es prever en el propio fallo, un eventual incumplimiento y por consiguiente tomar decisiones que compromete al funcionario judicial que incurrió en la vía de hecho sino a los terceros intervinientes(13) .

De tal suerte, que esta corporación no puede pasar por alto la renuencia que ha protagonizado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia frente a la orden de indexar la primera mesada pensional, quebrantándose de esta manera los derechos fundamentales de los pensionados, a tiempo que desestabiliza los valores propios del Estado Social de Derecho, por ende debe acudirse a la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual mediante Sentencia T-1686 de 2000 (14) , indicó:

“La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona (que se constituye en su derecho fundamental) de acceder materialmente a la administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los valores del Estado de derecho.

“A no dudarlo, un signo inequívoco de decadencia institucional y de debilitamiento de la democracia es la pérdida del respeto y acatamiento a las determinaciones de los jueces, encargados de definir el derecho y de suministrar a la sociedad, con arreglo a la Constitución y a las leyes, las fórmulas pacíficas de solución de los conflictos que surgen en su seno.

“El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho, garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad. La falta de efectividad de lo dispuesto por el juez haría nugatoria la posibilidad material de realización de la justicia...”.

Así mismo dijo la Corte Constitucional en Sentencia T-329 de 1994 (15) :

“Ha de partirse del supuesto de que el orden jurídico fundado en la Constitución no podría subsistir sin la debida garantía del acatamiento a los fallos que profieren los jueces. Ellos han sido revestidos de autoridad suficiente para resolver los conflictos que surgen en los distintos campos de la vida en sociedad y, por tanto, constituyen elemento fundamental de la operatividad y eficiencia del Estado de derecho.

“Un sistema jurídico que únicamente descansa sobre la base de verdades teóricas no realiza el orden justo preconizado en el Preámbulo de la Carta. Tan precario sentido tiene una estructura judicial que no adopta decisiones con la rapidez y oportunidad requeridas como una que funcione adecuadamente pero cuyos fallos, por falta de cumplimiento de quienes están obligados por ellos, se convierten en meras teorías. En tal hipótesis no solo se quedan escritas las providencias mismas sino las normas sustantivas que les sirven de fundamento.

“En el caso de los derechos fundamentales, de cuya verdadera eficacia ha querido el Constituyente ocuparse en forma reiterada, el desacato a las sentencias judiciales que los reconocen es en sí mismo un hecho flagrantemente violatorio del ordenamiento fundamental.

“Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías constitucionales.

“De allí se desprende necesariamente que si la causa actual de la vulneración de un derecho está representada por la resistencia de un funcionario público o de un particular a ejecutar lo dispuesto por un juez de la República, nos encontramos ante una omisión de las que contempla el artículo 86 de la Carta, como objeto de acción encaminada a la defensa efectiva del derecho constitucional conculcado. Al fin y al cabo, se trata de acudir a una instancia dotada del suficiente poder como para lograr que de manera cierta e indudable tengan vigencia en el caso concreto las prescripciones abstractas de la Constitución.

“El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”.

Por tanto, cuando el obligado a acatar un fallo lo desconoce, no solo viola los derechos que con la providencia han sido protegidos, sino que se interpone en el libre acceso a la administración de justicia, en cuanto la hace imposible, frustrando así uno de los cometidos básicos del orden jurídico, y truncando las posibilidades de llevar a feliz término el proceso tramitado.

Es así como, con la determinación anunciada se materializa la naturaleza y esencia misma de la acción de tutela como mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales, conjurando las situaciones atentatorias o violatorias de los derechos constitucionales fundamentales que de antemano se sabe se mantendrán, frente a la entronizada reticencia de la Corte Suprema de Justicia, en tanto el perjuicio irremediable se hace manifiesto, para esta corporación sí se envía a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a proferir un nuevo fallo.

Ahora bien, la entidad accionada, Banco Cafetero en Liquidación, solicitó pronunciamiento respecto de la prescripción de las mesadas pensionales indexadas a las que no estaría obligada la entidad a pagar.

Teniendo en cuenta, lo preceptuado por el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, en punto de la prescripción que en materia laboral es de tres años, contados a partir de la fecha en que la obligación se haya hecho exigible, y lo determinado por el artículo 489 ibídem, el cual reza: “El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, acerca de un derecho debidamente determinado, interrumpe la prescripción por una sola vez, la cual principia a contarse de nuevo a partir del reclamo y por un lapso igual al señalado para la prescripción correspondiente”, y en el sub lite, el reconocimiento de la pensión fue decretada a partir del 6 de marzo de 1991, de conformidad con la Resolución 71 de fecha 15 de abril de 1993, así mismo el actor agotó la vía gubernativa como presupuesto previo para acudir a la jurisdicción ordinaria, presentando la respectiva petición en el mes de octubre de 2001 y la demanda ordinaria laboral en el mes de noviembre de la misma anualidad, siendo admitida el día 30 del citado mes y año.

Deviniendo así, que la orden a impartir al accionado Banco Cafetero en Liquidación, con fundamento en lo dispuesto en el citado artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, es que pague al actor los valores reconocidos como indexación que correspondan a las fechas concernientes a los tres años anteriores a petición que haya elevado el aquí accionante a dicha entidad y en forma continua e ininterrumpida.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Negar la nulidad deprecada por la accionada Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2. ADICIONAR el fallo calendado el 5 de junio de la presente anualidad, mediante el cual concedió la tutela invocada a través de apoderado, por el señor José Raúl Jiménez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y el Banco Cafetero en Liquidación, en el sentido de que el pago de la indexación ordenado, deberá efectuarse, respecto de las mesadas pensionales cuyo derecho no haya prescrito, conforme los razonamientos expuestos en precedencia.

3. Confirmar en todo lo demás el fallo objeto de impugnación.

4. Súrtase las notificaciones de rigor, contenidas en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

5. Envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Continúan firmas en la acción de tutela de José Raúl Jiménez contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Temístocles Ortega Narváez, Presidente, ausente por comisión—Eduardo Campo Soto, vicepresidente—Guillermo Bueno Miranda—Fernando Coral Villota—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Leonor Perdomo Perdomo, no asistió con excusa.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

(11) Corte Constitucional. Sentencia T-321 de 1998. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.

(12) Corte Constitucional. Sentencia SU-047 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.

(13) Idem.

(14) Idem.

(15) Corte Constitucional. Sentencia T-068 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(16) Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

(17) Idem.

(18) Rad. 20009286.

(19) Idem.

(20) En la Sentencia SU-047 de 1999 M(s) P(s) Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, esta corporación señaló cuatro razones que hacen imperativo el respeto del precedente judicial: la seguridad y la coherencia que reclama todo sistema jurídico, el respeto por las libertades ciudadanas y la necesidad de favorecer el desarrollo económico, la sujeción de los jueces al principio de igualdad, y la necesidad de controlar el desempeño de los administradores de justicia.

(21) Sobre la función estabilizadora del derecho en las comunidades contemporáneas se puede consultar la Sentencia C-836 de 2001, Rodrigo Escobar Gil,

(22) En la Sentencia SU-047 de 1999, ya citada la Corte expuso que aunque esencial en el Estado de derecho, el respeto por el precedente se supedita a la realización de la justicia material, que demanda cada caso concreto, a la necesidad de enmendar las equivocaciones del pasado, y al imperativo de adecuar las decisiones al contexto histórico en el que se profieren.

(23) Sobre la confianza legítima como principio protector de los administrados contra las modificaciones bruscas e intempestivas de las autoridades jurisdiccionales se pueden consultar las sentencias T-538 de 1994, T-321 y C-321 de 1998.

(24) “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad

(25) Consultar entre otras, la Sentencia C-168 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(26) Respecto de la analogía, legis o juris, según se acuda a una norma, o a principios extraídos de diversas disposiciones, para resolver un supuesto no previsto expresamente en ninguna de las fuentes formales utilizadas, se puede consultar la Sentencia C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(27) Sentencias C-067 de 1999, M.P. María Victoria Sáchica Méndez y C-1336 de 2000, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(28) Jaime M. Mans Pigarnan, Los principios generales del derecho. Bosch. Barcelona. 1947 (Equidad).

(29) Ley 82 de 1993.

(30) Ley 581 de 2000.

(31) Ley 446 de 1998, artículo 16.

(32) Ley 428 de 1998, artículo 24.

(33) Ley 4ª de 1993.

(34) Sentencia SU-837 de 2002 M.P. Manuel José Cepeda.

(35) Sentencia C-173 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(36) Sentencia C-067 de 1999 M.P. María Victoria Sáchica Méndez.

(37) Sentencia C-155 de 1997 M.P. Fabio Morón Díaz.

(38) Sentencia C-067 de 1999, en el mismo sentido C-529 de 1996 M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(39) Sentencia C-387 de 1994 M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(40) C-546 de 1992 M.P. Ciro Angarita Barón y Alejandro Martínez Caballero.

(41) C-1336 de 2000 M.P. Álvaro Tafur Galvis.

(42) (Sic).

(43) Sentencia SU-1185 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(44) En los siguientes pronunciamientos puede ser estudiada la posición de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adoptada desde julio de 2000 —en algunas ocasiones— que ha permitido a algunos extrabajadores, que alcanzaron la edad requerida para acceder a la pensión de jubilación, después de terminar su relación laboral con el obligado, mantener el nivel adquisitivo de su ingreso. Cabe precisar que en dos de los casos en comento, la Sala accionada se basó en lo dispuesto en los artículos 19 del Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 153 de 1887 para reconocer la pretensión; y en los otros, dado que el trabajador alcanzó la edad en vigencia de la Ley 100 de 1993, aplicó esta normatividad: Sentencias 13.153 M.P. Luis Gonzalo Toro, 26 de septiembre de 2000, Salustino Reyes contra Banco Popular: 13.293 M.P. Luis Gonzalo Toro, 26 de septiembre de 2000, José Eduardo Briceño contra Banco de Bogotá; 13.426, M.P. Luis Gonzalo Toro, agosto 8 de 2000, José Nicolás Lemus contra Banco Popular; 13.905, M.P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000, Enrique Durán contra Bancafé; 14.740 M.P. Francisco Escobar Henríquez, enero 17 de 2001, Rómulo Augusto Rodríguez Vidal contra Bancafé; 15.908. M.P. Francisco Escobar Henríquez, febrero 12 de 2001, Luis Eduardo Castro Sierra contra Bancafé; 15654. M.P. Francisco Escobar Henríquez, mayo 31 de 2001, Belisario Nicolás Aponte contra Bancafé y Cajanal: 15836 M.P. Isaura Vargas Díaz, 28 de agosto de 2001. Alfonso Puentes contra Electrificadora de Santander S.A. ESP; 15.696 julio 27 de 2001: 15.697 M.P. Luis Gonzalo Toro, 17 de octubre de 2001, Gustavo Pabón Rangel contra Bancafé: 17.053, marzo 20 de 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz, Mario Cabrera Morales contra Bancafé; 17.569: M.P. Luis Gonzalo Toro, 11 de julio de 2002, José Alberto Arango contra Bancafé; 17.739: M.P. Luis Gonzalo Toro, 25 de julio de 2002, Luis Arnulfo Toro contra Bancafé.

(45) Sentencia 13905, M.P. Fernando Vásquez Botero, 1º de agosto de 2000; en igual sentido Sentencia 17.739, M.P. Luis Gonzalo Toro, 25 de julio de 2002.

(46) En las sentencias 13.652 y 13.449 que negaron a los accionantes la prestación invocada, actuaron como conjueces los señores Hernán Guillermo Aldana y Arturo Linares Ortega; en tanto en las decisiones examinadas, en las que han intervenido en tal calidad los señores Enrique Arrázola Arrázola —13.905 y 15.654—, Benjamín Ochoa Moreno —14.740, 17.569 y 17739—, y Manuel Enrique Daza Álvarez —15.098—, la indexación fue concedida.

(47) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 15.697 M.P. Luis Gonzalo Toro, 17 de octubre de 2001.

(48) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 1º de mayo de 2000, M.P. Germán Valdés Sánchez, expediente 13.652.

(49) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia 13.153, 26 de septiembre de 2000, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa.

(50) Sic.

(51) Sentencia 8616 —nota 49—.

(52) Sentencia de 16 de diciembre de 1953, en igual sentido sentencias de 11 de agosto de 1954, 22 de marzo de 1955, 5 y 12 de mayo de 1955. Revista Derecho del Trabajo, volúmenes XIX, XX y XXII.

(53) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, M.P. Hernán Guillermo Aldana Duque, radicación 2435, 21 de septiembre de 1988.

(54) Sentencia T-001 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(55) Ver entre otros los radicados 20040272772, 200409666, 200403192, 200401201.

(1) (sic) Sentencia SU-1158 del 4 de diciembre de 1993.

(2) Corte Constitucional, auto de febrero 17 de 2004. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

(58) Magistrado Álvaro Tafur Galvis. Auto de Sentencia SU 120 de 2003. Sala Plena del 21 de septiembre de 2004.

(59) “El acceso a la administración de justicia implica, entonces la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o restablecimiento de sus derechos que consagra la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados (Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión Nº 5 sentencia Nº T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado José Gregorio Hernández Galindo).

(58) (sic) Magistrado Álvaro Tafur Galvis. Auto de Sentencia SU-120 de 2003. Sala Plena del 21 de septiembre de 2004.

(59) (sic) “El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o restablecimiento de sus derechos que consagra la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados” (Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 5, Sent. T-173 mayo 47/93. M.P. José Gregorio Hernández Galindo).

(5) Corte Constitucional. T-324 de 1994. “El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios”.

(6) Corte Constitucional T-606 de 1999 “Por tanto, se hace necesario que el juez constitucional asuma en debida forma su función de protección y garantía de los derechos fundamentales, analizando, tal como lo dice el mismo Decreto 2591 de 1991, las circunstancias propias de los casos sometidos a su conocimiento, antes de denegar el amparo que se le solicita. Análisis que no solo debe hacerse en relación con las circunstancias endógenas sino exógenas que rodean al individuo que solicita la protección, como lo sería, en este caso, la situación económica del país que obliga al Estado, como responsable de garantizar el pago en tiempo de las mesadas pensionales, realizar las gestiones que sean necesarias para que los pensionados puedan recibir en tiempo esta. El juez de tutela no puede ser ajeno a esta obligación impuesta al Estado, porque hace parte de él”.

(7) Corte Constitucional T–056 de 1994. “Al juez de tutela le corresponde llevar la justicia a los hechos dentro de los parámetros determinados en la Constitución Política; de esta manera le da dinamismo al derecho y busca plasmar en cada fallo el consenso de la sociedad frente al ordenamiento jurídico. Se impone pues, frente al concepto que reduce el derecho a una mera técnica de aplicación abstracta de las normas. Es quien debe desentrañar el contenido material de los derechos fundamentales y procurar su eficacia con base en los límites antes aludidos”.

(8) Corte Constitucional C–215 de 1994. “La mayor fluidez y el menor rigorismo en la técnica de los recursos en sede de casación, no significa en ningún modo que el tribunal competente para conocer de ellos pueda verse desnaturalizado en sus funciones por las razones que se examinan; simplemente se trata de hacer menos rígidas las previsiones para atender a la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho procesal, y para reconocer que el examen de las causales no puede, en todo caso, ser agravado por presupuestos que enerven el acceso a la justicia y limiten en buena medida la unificación de la jurisprudencia nacional y la realización del derecho objetivo”.

(9) Ibídem. “No puede entenderse que la casación se haya convertido en una tercera instancia, ni que se eliminaron los requisitos de forma propios de la demanda de casación. La estructura general del recurso se mantiene, y no fue convertido en la última reforma, en una modalidad recursiva de orden procesal, tan amplia como puede serlo la apelación, en razón de las especiales características y finalidades de aquel recurso.

(10) Sentencia 001 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(11) Sentencia SU-400 de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(12) Cfr. Corte Constitucional. Sala de Revisión Nº 2. Sentencia T-123 de 1995. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.

(13) Sentencia SU-1158 del 4 de diciembre de 1993.

(14) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(15) M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

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