Sentencia 1100122100002001-3300-01 de mayo 7 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Dr. Nicolás Bechara Simancas

Bogotá, D.C., siete de mayo de dos mil uno

Ref.: Expediente 1100122100002001-3300-01

Decide la Corte la impugnación interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, proferido el 28 de marzo de 2001, dentro de la acción de tutela impetrada por Gloria del Carmen Rengifo Padilla contra el Juzgado Cuarto de Familia de Bogotá.

Antecedentes

Considera la actora que su derecho fundamental al debido proceso se encuentra lesionado con la actuación judicial surtida por la accionada, quien al frente del conocimiento del proceso ordinario promovido por aquélla Contra Rafael Eduardo Montejo y otra, no ha dictado sentencia, pues primero decretó en dos oportunidades pruebas de oficio y finalmente aceptó el trámite de un incidente de nulidad, pese a no ser procedente por hallarse el proceso en estado de dictar sentencia.

Demanda en consecuencia la intervención del juez de tutela como mecanismo transitorio para que le sea restablecido el derecho que considera le ha sido violado con la actuación judicial.

Respuesta de la accionada

La accionada remitió al juez constitucional copia de la actuación surtida y en la que se denuncia la agresión al debido proceso. No hizo pronunciamiento específico en relación con las pretensiones demandadas en la acción de tutela.

Sentencia del tribunal

Luego de subsanar una causal de nulidad advertida por la Corte, y precisar la procedencia excepcional de la acción de tutela, concluye el tribunal que la actuación realizada por la accionada al decretar pruebas de manera oficiosa y ordenar el trámite del incidente de nulidad formulado por la parte demandada en el proceso, no constituye en modo alguno un proceder arbitrario o injusto que vulnere los derechos fundamentales del reclamante, pues por el contrario, justamente esa actividad del juez está salvaguardándolos, al tratar de adquirir los mayores elementos posibles para decidir.

Respecto de la orden oficiosa de práctica de pruebas, después de transcribir a espacio una decisión de la Corte, relativa a la facultad que tiene el juez para hacerlo, concluye que con dicho proceder no se vulneró derecho alguno y lo propio ocurre al haber dispuesto el trámite del incidente de nulidad, porque cuando ello ocurrió, por razón de las pruebas decretadas oficiosamente el proceso había salido del despacho.

No encuentra probada el tribunal la vía de hecho denunciada y niega por tanto el amparo solicitado.

Impugnación

Con similares argumentos a los que exhibe la demanda de tutela, la accionante impugna la decisión precedente.

Consideraciones

1. “Los términos procesales establecidos por la ley, corresponden a límites en el tiempo que se imponen con el fin de dar agilidad a la actividad jurisdiccional, permitiendo no sólo la ejecución continuada de diferentes etapas procesales, sino también para garantizar de esta manera el debido proceso y el acceso a la justicia por parte de los particulares que así lo requieran. Es fundamental señalar, que los términos procesales no sólo limitan o restringen las actuaciones de los particulares en el tiempo con el fin de darle orden al proceso judicial, sino que también los obliga tanto a ellos como a los jueces a desarrollar ciertas actuaciones en los plazos estipulados, los cuales, de no cumplirse generarían un verdadero caos de la justicia.

“Sin embargo, los límites señalados por los términos judiciales para la ejecución de un acto procesal, como resolver recursos, o incluso emitir un fallo, no se cumplen de manera rigurosa. En esta conducta incurren los jueces, no encontrándose justificación razonable, y de hallarla, deberá ser legítima en la medida en que sea la consecuencia de situaciones sobrevinientes e insuperables, aun cuando la actuación del juez aparezca diligente. La mora judicial conlleva una violación clara y ostensible del derecho fundamental al debido proceso como así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia T-348 del 27 de agosto de 1993...”.

“El incumplimiento y la inejecución sin justa causa o razón cierta de una actuación que por sus características corresponde adelantarla de oficio al juez, desconocen y vulneran los presupuestos esenciales del principio y derecho fundamental al debido proceso. Dentro de este contexto, los derechos a que se resuelvan los recursos interpuestos, a que lo que se decida en una providencia se haga conforme a las normas procesales, y a que no se incurra en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones que corresponden al juez como autoridad pública, hacen parte integral y fundamental del derecho al debido proceso, y al acceso efectivo a la administración de justicia”.

“Ahora bien, la mora judicial sólo se justificaría en el evento en que, ante la diligencia y celeridad judicial con la que actúe el juez correspondiente, surjan situaciones imprevisibles e ineludibles que no le permitan cumplir con los términos judiciales señalados por la ley” (1) .

(1) Corte Constitucional, Sentencia T-502 de 1997.

En torno a la celeridad en la administración de justicia, la misma sentencia que se viene mencionado, cita y transcribe apartes de la Sentencia C-37 del 5 de febrero de 1996, del siguiente tenor:

“Sin embargo, debe advertirse que la sanción al funcionario judicial que entre en mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones procesales, es asunto que debe ser analizado con sumo cuidado. En efecto, el responsable de evaluar la situación deberá estimar si dicho funcionario ha actuado en forma negligente o si, por el contrario, su tardanza se encuentra inmersa dentro de alguna de las causales de justificación de responsabilidad, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable. Así mismo, debe esta corporación advertir que la función en comento le corresponde asumirla al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos seccionales —como se desprende de lo dispuesto en los numerales 3º y 4º del artículo 256 de la Carta Política—, o a los jueces cuando ejercen la potestad disciplinaria respecto de sus subalternos, salvo en lo que atañe a los magistrados que gozan de fuero constitucional especial, caso en el cual esa labor deberá ser realizada por el Congreso de la República, sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, para “vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (...)” ( C.P., art. 277-6). Para lograr los anteriores cometidos, naturalmente deberán respetarse las prescripciones propias del debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa para explicar las razones por las cuales se incurrió en mora injustificada en el trámite de los asuntos judiciales”. (negrilla fuera de texto) (2) .

(2) Sentencia citada.

2. En el caso sometido a consideración de la Sala, se hace preciso observar, de acuerdo con lo que indican las copias de la actuación adelantada por la juez accionada, que a partir del ingreso del proceso al despacho de la juez para proferir la sentencia y ya agotado el término previsto en la ley para que tal acto se produjera, por decisión oficiosa del titular del despacho al decretar pruebas que considera necesarias para su decisión, el expediente salió del despacho para su práctica, según lo indican los folios 520 a 534 del cuaderno principal de la tutela; inicialmente y después de superar algunas dificultades, logró recepcionarse el testimonio ordenado oficiosamente por el juez, prueba que por los motivos que historia el proceso, si bien no tuvo la celeridad que es de esperarse, la demora en su práctica no puede ser imputable a la juez que la ordenó.

Posteriormente se decretó una prueba pericial tendiente a establecer el valor de los bienes, el avalúo de frutos, expensas y mejoras, y se recibió solicitud de nulidad, a la cual postreramente se le dió trámite.

El ideal que se espera en la práctica de pruebas de oficio, es que su decreto sea el resultado reflexivo del juez en torno a la necesidad de su proveimiento, y que por lo mismo se disponga la realización de todas las que se consideren indispensables en un solo acto, porque debe suponerse que la necesidad de su practica ha quedado cabalmente advertida después de la ponderación de los hechos, y una vez el juez se dispone a dictar su sentencia.

No resulta ser lo más práctico ni lógico para los fines del proceso, y por esta razón es una conducta que en principio reprocha la Corte, que se profiera una serie de ordenes escalonadas de pruebas de oficio, pues en estos eventos puede quedar la sensación de que el verdadero móvil del juez sea la dilación del término para dictar sentencia, y de ahí la conveniencia de que, en la medida de lo posible, dicho funcionario trate por todos los medios de aglutinar en una sola decisión el decreto de la totalidad de pruebas que considere fundamentales para decidir, porque así su conducta se ajusta más a los principios fundamentales que gobiernan el procedimiento, y especialmente aL de la celeridad en las actuaciones judiciales.

3. Pese a que en el presente asunto la juez accionada no dispuso en un solo acto la práctica de la totalidad de los medios echados de menos por ésta y aun cuando, así mismo, distanció sin razón válida aparente el decreto de una y otra de las pruebas que oficiosamente decreto, lo cierto es que, con todo y ello, no resulta de los medios de convicción recogidos en esta acción de tutela la evidencia de que su actuar haya estado orientado como lo afirma la accionante, por el ánimo de dilatar el proceso o en particular el término para dictar sentencia, pues lo que objetivamente muestran los documentos allegados y en especial la actuación procesal adelantada por dicha funcionaria es que ésta dispuso llevar a efecto dos pruebas oficiosas, y que como en el interregno entre la práctica de una y otra el demandado en aquel trámite propuso incidente de nulidad procesal, aquella se vio precisada a darle curso al mismo al reingresar a despacho la actuación; conducta, la primera, que si bien no consultó el principio de la economía procesal, probatoriamente no tiene aquí otra manifiesta connotación en punto a la dilación preconcebida del proceso, y justificada la segunda desde esta perspectiva en y por cuanto el trámite de ese incidente era pertinente habiendo salido, como se sabe, el expediente a secretaría.

4. Ha sostenido la Corte que el decreto oficioso de pruebas halla sólido respaldo en los artículos 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil que otorgan a los jueces de instancia la facultad-deber de decretar pruebas de oficio cuando las consideren indispensables para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes, disposición que, valga reiterarlo, se funda en la “lógica y obvia razón de que a pesar de que en el común de los procesos se controvierten intereses privados, la justicia no puede volverle la espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una posición eminentemente pasiva, si encuentra que decretando pruebas de oficio puede a la postre mediante ellas verificar los hechos alegados por las partes y lograr que en definitiva brille la verdad y, por tanto, se imponga la justicia. Fundado en este criterio, no es facultativo del juzgador decretar pruebas de oficio, sino que en toda ocasión, en la debida oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieren ser demostrados, así la parte que los alega hubiese sido desidiosa en esa labor, es un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es éste el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los artículos 37-4, 179 y 180 del Código de Procedimiento Civil (GJT CXCII, pág. 233).

Desde luego nada se opone y por el contrario se ajusta cabalmente al principio de la economía procesal, como ya se expresó, que todas las pruebas de oficio puedan decretarse en un solo acto, sólo que cuando no sucede así y de hecho éstas se disponen en actos o decretos separados, no por esa sola circunstancia puede deducirse una conducta dilatoria del proceso por parte del juez, pues para llegar a esa conclusión en cada caso concreto deberá mediar una prueba indicativa de tal acontecimiento, que aquí se echa de menos.

5. Por consiguiente y en atención a las consideraciones precedentes, no se advierte la vulneración del derecho denunciada en la demanda de tutela, razón suficiente para que la Sala confirme la decisión adoptada por el a quo que negó la prosperidad de la acción.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Entérese a las partes de lo aquí decidido y remítase este expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese.

Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Manuel Ardila Velásquez—Nicolas Bechara Simancas—Jorge Antonio Castillo Rugeles—José Fernando Ramírez Gómez—Jorge Santos Ballesteros—Silvio Fernando Trejos Bueno. 

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