Sentencia 11001 3103 016 1994 13368 01 de enero 26 de 2006 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: expediente 11001 3103 016 1994 13368 01

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo

Bogotá, D.C., veintiséis de enero de dos mil seis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Liminarmente se advierte que el cargo planteado, en rigor, envuelve alegatos de instancia, más que elementos de juicio dirigidos a acreditar los supuestos yerros fácticos en que habría incurrido el tribunal, pues, en últimas, los profusos argumentos del recurrente sobre la legitimación en la causa; la condición de propios o sociales de los dineros con que se pagó el precio, y los efectos que tiene la representación en el negocio jurídico ajustado por el representante —aspecto en el que el casacionista sugiere la existencia de un “autocontrato”—, más que evidenciar distorsiones del juzgador en la contemplación objetiva de las pruebas, tienen el propósito de convencer a la Corte de que el contrato de compraventa cuestionado, sí tuvo causa ilícita, porque se celebró para defraudar a la sociedad conyugal, muy al contrario de lo que concluyó el sentenciador, a partir de las mismas pruebas señaladas por el impugnante.

Es así que la acusación, a la postre, refleja una contienda de opiniones: la del recurrente, enfrentada a la del tribunal, con lo cual se olvida que demuestra quién coteja el contenido material de la prueba, con la versión que de ella trae la sentencia, no así el que se limita a contrastar pareceres, por juiciosas que sean las razones de contraste.

2. Pero al margen de esta problemática, es de ver que si bien le asiste razón al recurrente en lo tocante con la legitimación en la causa del cónyuge sobreviviente, para pedir la nulidad absoluta de los negocios jurídicos en que intervino su marido, así lo haya hecho como representante de uno de los hijos, el cargo no está llamado a prosperar en la medida en que la acusación confunde la causa ilícita con la causa de la simulación, sin que esta, en línea de principio, pueda servir como detonante de la invalidez de un contrato, como lo ha entendido esta corporación.

a) En efecto, se sabe que la nulidad absoluta “puede alegarse por todo el que tenga interés en ello”, pues así lo establece el artículo 2 de la Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del C.C. Y también es conocido que ese interés, amén de ser actual, serio y concreto, debe estar vinculado a una determinada relación sustancial de la que haga parte el tercero, en la que tenga incidencia el contrato cuestionado y, por tanto, la sentencia que llegue a adoptarse en el juicio de invalidez, exigencia apenas natural si se tiene en cuenta, de un lado, que, por regla, los contratos privados únicamente conciernen a quienes se comprometieron en su celebración y, del otro, que en tratándose de esa clase de nulidad, cualquier otro interés, como el moral o el que surge de la misma ley, solo puede ser amparado por solicitud del ministerio público, como la misma disposición lo señala.

Sobre este particular ha precisado la Sala, que “el interés que legitima al tercero es un interés económico que emerge de la afección que le irroga el contrato impugnado. (Casaciones de 17 de agosto de 1893, G. J. t. IX, pág. 2; 13 de julio de 1896, G. J. t. XII, pág. 13; 29 de septiembre de 1917, G. J. t. XXVI, pág. 180; 8 de octubre de 1925, G. J. t. XXXV, pág. 7; 20 de mayo de 1952, G. J. t. LXXII, pág. 125, entre otras). Desde luego que el ‘interés’ al cual se refiere el artículo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del interés para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivaría del despacho favorable de la pretensión, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relación sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio económico o moral, pero en el ámbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el interés debe existir para el momento de la demanda, descartándose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros” (Cas. Civ., ago. 2/99; exp. 4937).

Se tiene pues que anduvo errado el tribunal cuando afirmó que la demandante no tenía legitimación para plantear la nulidad absoluta del contrato a que se refiere la demanda, pues al margen de la distinción doctrinal entre ese presupuesto de la pretensión y el apellidado interés para obrar, lo cierto es que, ex lege, la señora Huertas, en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Edgar Vásquez Mondragón, con quien tenía una sociedad conyugal que se disolvió por la muerte de este, se encuentra habilitada para reclamar la nulidad absoluta del contrato de compraventa que su esposo celebró en representación de su hijo Edgar Enrique Vásquez Cortés. En ello, entonces, debe rectificarse la postura del sentenciador de segundo grado, pues disuelta la sociedad conyugal por causa de la muerte de uno de los cónyuges, el cónyuge sobreviviente tiene derecho a impugnar los negocios jurídicos celebrados por el otro.

b) Con todo, como ya se anticipó, la censura no es exitosa porque la causa de la simulación, si es que ella se configuró, no puede invocarse también como motivo de nulidad absoluta de un contrato, so capa de ser ella una causa ilícita, en sí misma considerada.

A este respecto, es útil memorar que la pretensión principal formulada por la demandante, fue la de simulación relativa del contrato de compraventa celebrado entre Edgar Vásquez Cortés, representado por su padre Edgar Vásquez Mondragón, y Luis Enrique Morillo Álvarez, la que fue denegada en las instancias. Pero en ella no insiste más el recurrente, quien ahora, en esta sede, la abandonó para centrar su acusación en el pronunciamiento que se hizo en torno a la primera pretensión subsidiaria, tocante con la nulidad absoluta de dicho contrato, por supuesta causa ilícita. Y también conviene recordar, que la súplica simulatoria se fincó, entre otras reflexiones, en que la razón por la cual se hizo figurar en el contrato al hijo por el padre, siendo que éste —según la demanda— fue el verdadero comprador, fue la de “distraer dolosamente los bienes de la sociedad conyugal” (hecho 22, cdno. 1), argumento que también colacionó la libelista para justificar la existencia de una causa ilícita (hecho 17, fl. 34, ib.).

Si ello es así, resulta claro que, al margen de si ese hecho se probó, lo cierto es que un mismo motivo fue invocado como detonante de la simulación relativa y de la nulidad absoluta por causa ilícita, acaso olvidando que la ilicitud del motivo que induce a contratar, solo provoca la invalidez, stricto sensu, en tratándose de negocios jurídicos ciertos y reales —lo que supone entonces su existencia jurídica—, no así enfrente de negocios fingidos o aparentes, total o parcialmente. De allí que sea algo contradictoria la postura asumida por la parte demandante, pues si el contrato de compraventa es simulado, como lo sostuvo en las instancias, no puede ahora, en sede de casación, afirmar —implícitamente— que no lo es, en orden a fincar un cargo en el que reprocha al tribunal por no haber para mientes en pruebas que, a su juicio, dan cuenta de una causa ilícita propiamente dicha.

Pero con independencia de esta problemática, es útil memorar que en el derecho patrio toda obligación surgida de un contrato bilateral, debe tener una causa real y lícita, que según la doctrina mayoritaria se vislumbra en el interés concreto que impulsa a cada una de las partes a celebrar el respectivo negocio jurídico, sin identificarse con la contraprestación, como inicialmente lo sostuvo la escuela clásica. Si ese móvil es ficticio, aparente o artificial, o está prohibido por la ley, o es contrario al orden público, o a las buenas costumbres (C.C., art. 1524), el contrato, aunque verdadero —pues las partes quisieron celebrarlo y efectivamente lo celebraron—, será nulo, en los primeros eventos porque la causa es irreal, en los segundos por ilícita. Pero es indiscutible que el contrato existió y que fue ley para las partes, al punto que si se satisfizo la prestación correspondiente, no podrá repetirse lo pagado si se descubre que, a sabiendas, se contrató bajo causa ilícita (art. 1515, ib.).

Cosa distinta acontece en los negocios simulados, en los que las partes no quisieron obligarse, o lo hicieron en términos distintos de los que refiere el respectivo contrato. En ellos, de manera particular en la simulación absoluta, stricto sensu, no hay ley contractual propiamente dicha, porque la farsa o pantomima no obligan, ni al amparo de ellas pueden construirse prototípicos lazos obligacionales. En palabras breves, el contrato simulado intrínsecamente no vincula, justamente porque se trata de una mentira. Y aunque es lo usual que se simule un contrato teniendo las partes una finalidad específica, ese móvil no es, no puede ser, el designio que constituye la típica causa para contratar, precisamente porque las partes no quisieron hacerlo, sino apenas aparentar. Por eso el motivo que induce a simular es causa de la simulación, que no de contrato alguno.

Sobre este particular, ha precisado la Sala que “la nulidad sustantiva, en cualquiera de sus especies, no puede predicarse sino de actos jurídicos propiamente dichos, es decir, de los que tienen una real formación” (G.J. LXXVII, pág. 792). Por consiguiente, “mientras en los contratos serios la causa ilícita engendra la nulidad de estos, en los negocios simulados la ilicitud del móvil o causa simulandi, no produce la misma consecuencia extintiva. En tales negocios, la causa simulandi, lícita o ilícita, sirve para explicar el porqué de la ficción o del engaño a terceros, pero no tiene repercusión alguna sobre la validez o la ineficacia del contrato real u oculto, el cual tiene una causa propia que lo rige y que determina su validez o su nulidad” (se resalta; sent., feb. 24/94; cfme. CCXXXVII, pág. 347). Con otras palabras, “Mientras que la causa ilícita destruye o está en aptitud de destruir el negocio jurídico por razón del vicio congénito que en sí lleva, la causa simulandi no produce semejante resultado respecto del convenio real disfrazado, el que, considerado aisladamente, debe tener su propia causa —lícita o ilícita—, a virtud de la cual genera, con independencia de la causa simulandi, efectos en derecho, o carece de ellos, según sea la calidad de su misma causa” (G.J. LXXVII, pág. 793; cfme. LXXVIII, págs. 556 y 845).

Así las cosas, como la protesta del recurrente se encamina fundamentalmente a demostrar, que fue el señor Vásquez Mondragón quien celebró el contrato de compraventa con el señor Luis Enrique Morillo, solo que hizo figurar como comprador a su hijo Edgar Vásquez Cortés, para defraudar a la sociedad conyugal que el primero tenía con la señora Huertas, deviene claro que, en últimas, lo que se plantea es la existencia de una causa simulandi ilícita en la celebración del referido contrato, y no que se hubiere configurado una causa ilícita en la venta ajustada entre Vásquez Cortés y Morillo, o, en gracia de discusión, en la que, según la censura, habrían celebrado Vásquez Mondragón y Morillo.

De allí, entonces, que resulte inane toda pesquisa dirigida a verificar si el tribunal cometió error de hecho en la apreciación de las pruebas que, según el censor, acreditaban que los dineros con que se pagó el precio de compra del inmueble pertenecían a la sociedad conyugal, e incluso, todo ejercicio dirigido a establecer si en realidad de verdad, el juzgador se equivocó en la apreciación de las pruebas que demostraban que la figuración del señor Vásquez Cortés en ese contrato, obedeció al propósito de defraudar a dicha sociedad, pues aunque se diera razón al impugnante, tales hechos apenas probarían la causa de una simulación relativa, por interposición de persona, lo que en ningún caso provocaría la nulidad absoluta del negocio jurídico cuestionado, a la luz de la doctrina de esta Sala, como se acotó.

En cualquier caso, no se pierda de vista que la sola circunstancia de que uno de los cónyuges emplee dineros llamados a integrar el haber social, para pagar obligaciones a cargo de terceros, no es indicativo, per se, de fraude a la sociedad conyugal, como tampoco indicio grave de que sea simulado el contrato del que emana la obligación solucionada, pues bien se sabe que durante el matrimonio y mientras no deba liquidarse la sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de los bienes que figuren a su nombre (L. 28/1932, art. 1º). Por ende, sobre la base de no controvertirse que, en el caso sub lite, el padre utilizó recursos de su patrimonio para solventar la obligación que contrajo a nombre de su hijo, en un negocio jurídico en el que aquel fungió como representante legal de este, no resulta trascendente establecer si dichos dineros eran bienes sociales o propios, calificación que no quita ni pone ley, habida cuenta que el señor Vásquez Mondragón podía disponer libremente de ellos y, por tanto, aplicarlos al pago de la deuda contraída a nombre de Edgar Vásquez Cortés.

Ya lo había dicho la Corte en la sentencia de 29 de abril de 1971, citada por los juzgadores de instancia, al señalar que no se puede “suponer que cuando un representante legal o convencional compra un bien para su representado y paga el precio con dineros propios —no en el sentido de bienes propios, sino de recursos sobre los que tiene disposición— la compra ha de entenderse realizada para sí...”. Por tanto, “si el padre de familia, representante legal y nato de sus hijos no emancipados, celebra en nombre de estos un contrato de compraventa de inmueble, en que los mismos aparecen como compradores, el derecho crediticio correlativo a la obligación de dar que contrae el vendedor se radica directamente en cabeza de dichos menores, no del padre, y se satisface, como en el caso de autos, mediante la tradición registral del dominio que así se transfiere directamente a aquellos. Equivocado es, entonces, decir que el padre compró para sí..., pues en virtud de la representación legal, aquel en ningún momento recibe los efectos del contrato, ni de la tradición de la cosa vendida...”. Más aún, “si cualquier tercero que no tenga interés alguno en la solución de la deuda puede pagar por el deudor, con mayor razón puede y debe hacerlo el padre de familia, evento en el cual, también por virtud de la representación, dicho pago se entiende hecho directamente por el hijo”. “Es pues, manifiestamente equivocado también desconocer este efecto legal del pago y suponer, en su lugar, que el representante que paga el precio adquiere para sí la cosa vendida y no para el representado...” (se resalta; G.J. CXXXVIII, págs. 308 a 316).

Resta decir que el intento del impugnante por demostrar que en el presente caso, el acto de representación del hijo por el padre, traduce un autocontrato, amén de no resultar del todo comprensible, parte de un supuesto que no es exacto, cual es que el señor Vásquez Mondragón, no solo obró en nombre de su hijo, “sino también como parte del mismo negocio”, pues, dice la censura, “en su reserva mental lo que el pretendía era comprar el inmueble de marras para utilizarlo mientras el estuviera en vida” (fl. 33, cdno. 4). Es esta una mera conjetura, por lo demás extraña al recurso de casación, que carece de soporte legal y probatorio.

En cualquier caso, como al perfeccionamiento del contrato de compraventa en cuestión, concurrieron dos personas distintas, los señores Vásquez, quien compró representado por su padre, y el señor Morillo, quien vendió actuando en nombre propio, resulta claro que la noción de autocontrato no puede aplicarse a dicha hipótesis, si se considera que el también apellidado autoacto, o contrato consigo mismo, solo se configura, según lo entiende la doctrina especializada —o la ley, según el caso, esto es, en los eventos en que se ocupa directa y puntualmente del tema, como tiene lugar en otras latitudes—, cuando un determinado negocio jurídico se concluye con la participación de un único sujeto, quien interviene en él con diversas calidades jurídicas, bien porque funge como representante de todas las partes comprometidas, bien porque es el representante de una de ellas, frente a la cual, correlativamente, es cocontratante a nombre propio. En este sentido, como lo explicita el profesor Guillermo Ospina Fernández, “se estructura el autocontrato siempre que el representante interviene en un negocio jurídico, no solamente en nombre de su representado, sino también como parte en el mismo negocio” (1) .

Luego cabe predicar la existencia de un autocontrato, en los eventos de contratación del representante consigo mismo. Y como el recurrente no disputa que en la venta censurada intervinieron física u ontológicamente dos sujetos distintos: el señor Luis Enrique Morillo, como vendedor del inmueble, quien obró en interés personal, y el señor Rafael Edgar Vásquez, como representante de su hijo Edgar Vásquez, con todo lo que ello envuelve, es incontestable que mal puede reprocharse al tribunal de no haber considerado que se configuró un autocontrato, pues el señor Rafael Edgar Vásquez contrató a nombre de su descendiente, pero no del citado vendedor.

3. Así las cosas, el cargo no prospera.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha y procedencia preanotadas.

No se condena en costas, dada la rectificación doctrinaria que se hace al tribunal.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Teoría general de los actos o negocios jurídicos. Bogotá. Temis. 1980. Pág. 358. Cfme. Héctor Masnatta, quien relieva que la autocontratación es “la figura que nace cuando un representante concluye consigo mismo actos jurídicos como tal o como representante y en simultánea representación de un tercero (supuesto de doble representación), o pone en comunicación dos patrimonios independientes, mediante una relación de derecho nacida de las declaraciones de voluntad que emite y merced al poder de disposición que goza sobre aquellas”. La autocontratación. Buenos Aires. Depalma. 1965.

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