Sentencia 1100131030301998068102 de marzo 10 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Exp. C 1 00131030301998-0681-02

Magistrado Ponente:

Dr. Jaime Alberto Arrubla Paucar

Bogotá, D.C., diez de marzo de dos mil cinco.

Decídese el recurso de casación que interpuso la sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada, respecto de la sentencia de 22 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario de Robinson Trujillo Lozano contra la recurrente.

Antecedentes

1. El demandante convocó a la sociedad demandada a un proceso ordinario para que se declare que esta es responsable del pago del siniestro, hurto del automotor BMW 3281, modelo 1996, placa BHT-075, acaecido el 20 de octubre de 1997, según la póliza de seguros de 17 de julio del mismo año, con vigencia hasta el 17 de julio de 1998, y que como consecuencia se le condene a cancelar a su favor el valor asegurado de $ 65.000.000, junto con los intereses al doble de la tasa certificada por la Superintendencia Bancaria.

2. En lo pertinente, como sustento de las pretensiones, el demandante afirma que con base en el contrato de seguro citado, en su calidad de tomador, asegurado y beneficiario, amén de propietario del vehículo hurtado, solicitó el pago del siniestro, pero la aseguradora, luego de exigir el traspaso del aludido bien, objetó la reclamación, argumentando que el 27 de agosto de 1997 había “operado la transferencia del interés que tenía sobre el citado bien”, sin que esa circunstancia hubiere sido oportunamente informada.

Agrega que si bien en la mentada fecha suscribió el contrato de compraventa del vehículo asegurado con José Norbey Gutiérrez Guevara, el agente de seguros que conoció el hecho no informó, como se le hizo saber, que el referido contrato no es real, sino que simplemente se celebró para distraer el bien de la sociedad conyugal que tenía con su esposa, debido a los conflictos que habían surgido con esta.

3. La sociedad demandada se opuso a las pretensiones, en lo esencial, porque para la época del siniestro el demandante carecía de las calidades que alega respecto del automotor asegurado, para lo cual formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa, ausencia de interés asegurable, inexistencia de la obligación, inoponibidad(sic) del contrato de compraventa, nadie puede alegar su propia culpa y disminución del deducible pactado.

4. El Juzgado Treinta Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia de 30 de diciembre de 1999, declaró fundadas las tres primeras excepciones y denegó las pretensiones. Decisión que el tribunal revocó en el fallo recurrido en casación, al resolver el recurso de apelación que interpuso el demandante y en su lugar condenó a la aseguradora a pagar el valor de la indemnización, previo el deducible pactado, junto con los intereses moratorios a partir del 22 de noviembre de 1997, al doble de la tasa legal vigente certificada por la Superintendencia Bancaria.

La sentencia impugnada

1. Refiriéndose al interés asegurable, el tribunal encontró que inclusive frente al mencionado contrato de compraventa del automotor del caso, para la fecha del siniestro el demandante no solo “permaneció como propietario titular” y poseedor material, sino que tenía a su cargo la obligación, “real o ficticia, de hacer la transferencia de la propiedad”.

Con fundamento en el artículo 1107 del Código de Comercio, consideró que no cualquier acto jurídico entre vivos tenía la virtud de extinguir el contrato de seguro, sino que se requería de uno que produjera la “transferencia del interés asegurado o la enajenación del vehículo” hurtado, como es, además del referido contrato de compraventa, la inscripción del título en el competente registro terrestre automotor, en los términos del artículo 6º de la Ley 53 de 1989, y esto no tuvo ocurrencia.

Por lo tanto, el documento “en que la defensa y el a quo encuentran estribo para el argumento conforme al cual el actor había transferido el objeto asegurable, riñe no solamente con el hecho de que cuando ocurrió el siniestro legalmente el dueño del automotor lo era el demandante, sino con la circunstancia verificada en la primera instancia y bien traída a colación en el fallo impugnado, según el cual en el momento del hurto él mismo era quien detectaba la posesión del bien y ante terceros era el dueño del vehículo asegurado”.

2. Con relación a las excepciones propuestas, el tribunal, salvo la de disminución del deducible pactado, las encontró infundadas.

2.1. Las que declaró probadas el juzgado, porque el “interés asegurable siempre permaneció en la órbita del actor”, dado que se demostró, con los testimonios de los empleados del demandante y lo declarado por el comprador, que este carecía de los medios económicos para adquirir un vehículo como el de las características que informa el proceso.

Con todo, el pago de parte del precio, según reza el contrato de compraventa, no conllevaba la transferencia del citado interés, menos la enajenación del vehículo, porque el demandante no se relevó de la obligación de conservar el bien hasta la tradición, señalada entre otras cosas para después de cuando ocurrió el siniestro, y porque esa tradición nunca se llevó a cabo.

2.2. Es clara la inoponibilidad del contrato de compraventa del automotor a la sociedad demandada, inclusive su “rescisión” posterior a la ocurrencia del siniestro por los mismos contratantes, pero como la simulación del aludido contrato no era el objeto del proceso y como ambos negocios carecían de “entidad suficiente para aniquilar el interés asegurado que ha acompañado al acto”, dadas la posesión material y la titularidad del vehículo en cabeza del demandante durante la vigencia del contrato de seguro, “inocuo resulta un pronunciamiento al respecto”.

3. Así las cosas, conocido el “siniestro con las copias que reposan en el cuaderno 2, así como con los documentos tendientes a demostrar la reclamación y su objeción por parte de la demandada”, con el mismo valor probatorio de sus “originales”, pues fueron compulsadas en la inspección judicial “sobre los documentos que se encuentran en poder de la convocada”, y visto que la objeción contra la reclamación no se probó, el tribunal infirmó, en los términos dichos, la sentencia del juzgado.

El recurso de casación

Los tres cargos propuestos, con apoyo en el artículo 368, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, la Corte los resolverá en el mismo orden, por ser el que lógicamente les corresponde.

Cargo primero.

1. Denuncia la violación de los artículos 1077 del Código de Comercio y 254 del Código de Procedimiento Civil, como consecuencia de la comisión de errores de derecho en la apreciación de las pruebas.

2. Afirma la recurrente que el tribunal tuvo por demostrada la ocurrencia del siniestro con las copias que obran en el cuaderno 2, en su entender adosadas en la diligencia de inspección judicial, lo cual no es cierto, porque tales documentos fueron aportados “en copia simple” por la sociedad demandada. El hecho, en consecuencia, no se encuentra acreditado, en consideración a que dicha prueba no reúne los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil para ser apreciada.

Lo único que en tales documentos obra sobre la ocurrencia del siniestro, es la copia de la denuncia penal del hurto del vehículo, pero dicho medio no tiene ninguna eficacia probatoria dado que no fue compulsado de su “original o de la copia autenticada” en el curso de la inspección judicial. Como la denuncia debe reposar en las dependencias de la policía metropolitana de Bogotá, la copia de la misma “solamente podría (sic) ser aportada al proceso ... debidamente autorizada por la autoridad competente de policía”.

3. En ese orden, la recurrente concluye que han debido negarse las pretensiones.

Consideraciones

1. Perfilado el ataque a demostrar que el riesgo asegurado, el hurto del automotor, no fue acreditado, pertinente resulta señalar que si bien las copias a que se alude no se compulsaron en el curso de la inspección judicial, sino que fueron aportadas en “copia simple” por la sociedad demandada, para el estudio del cargo es indiferente la oportunidad procesal en que se adosaron, porque amén de que pertenecen al mundo del proceso, lo que se discute es su eficacia probatoria.

Así mismo, que desde el comienzo del proceso, inclusive en la sentencia del juzgado, no se puso en tela del juicio el acaecimiento del mentado hecho, sino que se tuvo como superado, al punto que ese mismo suceso constituye la base de las objeciones y excepciones de mérito de la aseguradora, que son actuaciones que preceden a la aportación de las aludidas copias.

2. Distinto es que, a última hora, la sociedad demandada, en el marco del recurso de casación, le reste eficacia probatoria a los documentos que en “copia simple” aportó, incluida la denuncia penal del hurto del automotor. Esto porque aparte de no haber impugnado tales documentos al momento en que, en cumplimiento del auto de pruebas, los adosó, en ningún otro acto procesal, ni siquiera en los alegatos de instancia, manifestó que por tratarse de “copias” que se encontraban desprovistas de autenticidad, en los términos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, los hechos a los que se referían no podían tenerse por acreditados.

En ese orden, las circunstancias que se alegan en el cargo no pueden admitirse en casación por constituir un medio nuevo, ajeno del todo a lo que en realidad fue objeto de discusión en el proceso. La Corte tiene explicado que “lo que no se alega en instancia, no existe en casación” (LXXXIII-57), como sería, por ejemplo, pretender infirmar una sentencia “con base en defectos legales que se le imputan a la aducción de la prueba”, porque al ser planteamientos tardíos resultarían violatorios del derecho de defensa y reñidos con la índole y esencia del recurso extraordinario (Cfr. sents. mar. 10/2000 y de mar. 24/2004).

3. El cargo, en consecuencia, no prospera.

Cargo segundo

1. Acusa la violación directa, por errónea interpretación, del artículo 1107 del Código de Comercio.

2. Manifiesta la recurrente que, para el tribunal, mientras el contrato de compraventa del vehículo involucrado no se haya inscrito en el registro automotor, no puede haber tradición del dominio y tampoco transferencia de la cosa a la que está vinculada el seguro.

Interpretación de la cual discrepa, porque como el contrato de seguro “se celebra en consideración a la persona del asegurado, y precisamente producto de ello es el artículo 1107 del Código de Comercio”, lo relevante de la citada norma no es la condición jurídica del bien asegurado en punto de su transferencia a una tercera persona para que opere la extinción automática de dicho contrato, sino que lo fundamental es que haya existido una transferencia de la cosa, así el modo de la tradición de los bienes sujetos a registro, como los automotores terrestres, no se hubiere realizado.

Al asegurador, por tanto, lo que le interesa saber es quién es el adquirente del bien asegurado, por ser esta una de las primordiales causas para contratar. “El hecho de que esté pendiente un acto diferente y consecuencial como la tradición no significa que no exista una relación económica entre el comprador y el bien, que precisamente constituye el interés asegurable que tiene la nueva persona con quien el asegurador no desea contratar”.

Como la compraventa de automotores es un contrato consensual, es claro que la relación económica entre el comprador y el bien que ha adquirido se genera a partir del contrato a efectos de radicar en él la existencia de interés asegurable, que no de la tradición.

3. Por lo anterior, la recurrente concluye que el tribunal interpretó erróneamente el alcance del anotado precepto.

Consideraciones

1. La controversia se reduce a elucidar si para la extinción automática del contrato de seguro, ante la “transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro”, según lo establece el artículo 1107 del Código de Comercio, es necesario sumarle un ingrediente subjetivo.

Lo anterior, porque en la base de la tesis de la sociedad recurrente, el “carácter intuitu personae del contrato de seguro” es lo “fundamental” a tener en cuenta “para desentrañar el verdadero alcance de la norma en cita”, dado que el citado contrato se celebra es “en consideración a la persona del asegurado, y precisamente producto de ello es el artículo 1107 del Código de Comercio”.

2. El asegurador, es cierto, no asume los riesgos con un criterio netamente objetivo, sino que los selecciona, entre otras circunstancias, conforme a los atributos subjetivos del asegurado, bien desde el punto de vista de la relación jurídica o económica en que se halla con respecto a la cosa o persona sobre la cual ha de versar el seguro, ya desde el ámbito de su moralidad. Recíprocamente, ante un eventual riesgo que puede ser objeto de seguro, el tomador de la póliza, en la generalidad de las veces también asegurado, le asiste la libertad de contratar la cobertura con el asegurador que le ofrezca la suficiente solvencia moral, técnica y financiera.

En concordancia, desde el proyecto de reforma del Código de Comercio de 1958, exposición de motivos, Ministerio de Justicia, página 262, que es el antecedente inmediato del artículo 1107 del Código de Comercio, en cuyo tenor se establece el carácter subjetivo o intuitu personae del contrato de seguro, la comisión revisora señaló que “Si algo debe tener en mira el asegurador es el riesgo moral que está estrechamente vinculado a la persona del asegurado, a su solvencia moral, a su prudencia, a su idoneidad y a todo el conjunto de sus atributos espirituales”.

El anterior criterio, empero, no es absoluto, porque si bien el artículo 654 del derogado Código de Comercio Terrestre, conservó, como regla de principio, el carácter objetivo o intuitu rei del contrato de seguro, según el cual transmitida a título universal o singular la propiedad de la cosa asegurada, el seguro corría en provecho del adquirente, sin necesidad de cesión, también es cierto que actualmente ese principio es de aplicación estricta.

Síguese, entonces, que solo excepcionalmente la “transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro”, no produce la extinción automática del contrato de seguro. Ocurre lo propio, verbi gratia, en los casos de estipulación contractual (C. Co., art. 1107, inc. 3º), en las pólizas a la orden (art. 1051), y al portador en los seguros de transportes (arts. 1117 y 1125), entre otros, eventos en los que el seguro sigue a la cosa asegurada y no a la persona del asegurado.

Lo significativo es que para que la “transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro”, produzca “automáticamente la extinción del contrato”, en los seguros intuitu personae, o su subsistencia, en los seguros intuitu rei como el del caso, es la concurrencia del título y el modo.

En la exposición de motivos del proyecto de reforma del Código de Comercio de 1958, se dijo que “La sola celebración del contrato de compraventa, verbigracia, no origina la extinción del seguro. Es menester que se efectúe la tradición de la cosa vendida. Porque, como es bien sabido, la compraventa por sí sola no transmite el dominio, y el vendedor corre los riesgos mientras la cosa está en su poder” (ob. cit., pág. 263).

Del mismo parecer es la doctrina especializada al decir que para tales propósitos “bastan el título (la compraventa, la donación, la permuta, etc.), y la tradición, que es el modo como se adquiere el dominio” (Ossa G.J. Efrén: Teoría general del seguro. El contrato. Ed. Temis. 1991, págs. 294, 295 y 513).

Refiriéndose a la extinción automática del contrato de seguro, la Corte tiene explicado que el “presupuesto fáctico del artículo 1107 en estudio es puramente objetivo, como se desprende de su lectura, y consiste, sencillamente, en la extinción del contrato de seguro como consecuencia de la traslación jurídica por acto entre vivos del interés asegurable o de la cosa sobre la cual recae el seguro; y esta disposición ha de entenderse en íntima relación con el artículo 1086 del Código de Comercio, que en la parte pertinente dispone: El interés (asegurable) deberá existir en todo momento, desde la fecha en que el asegurador asuma el riesgo. La desaparición del interés llevará consigo la cesación o extinción del seguro” (sent. 064, mayo 24/2000).

3. En ese orden, como en sentir del recurrente para la extinción automática del contrato de seguro en virtud de la transferencia por acto entre vivos del interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro, es suficiente el título y no el modo de la tradición del dominio, claramente se advierte que el tribunal no pudo interpretar erróneamente el artículo 1077 del Código de Comercio, porque como quedó explicado, para tales propósitos, aunado al título, es necesaria la tradición.

Ahora, con independencia de considerar cómo se realiza la tradición del dominio de los automotores , terrestres, tanto en materia comercial como en derecho civil, pues es un punto que no aparece planteado en el cargo, pese a que el tribunal consideró que tratándose de “compraventa de vehículos automotores entre particulares”, la “tradición se realiza con la inscripción del negocio en el registro terrestre automotor”, lo cierto es que como lo explicó la Corte en sentencia 074 de 20 de junio de 2000, transcrita en lo pertinente por el sentenciador, el contrato de compraventa simplemente es fuente de obligaciones, y que por lo tanto, no tiene la virtud, per se, de transferir el derecho real de dominio, como sí la tradición, pero en el caso, según se concluyó, ni la inscripción del título ni la entrega material de la cosa se verificó.

4. Así las cosas, el cargo no se abre paso.

Cargo tercero

1. Enrostra la violación directa del artículo 83 de la Ley 45 de 1990 y del parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, “en punto a la condena al pago de intereses de mora”.

2. Expresa la recurrente que el tribunal dispuso pagar intereses al doble del bancario corriente que certifique la autoridad competente, olvidando que la primera disposición citada, que así lo autorizaba, fue derogada por la segunda, a partir del 4 de agosto de 1999, para en su lugar ordenar cancelar “un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”.

3. Solicita, en consecuencia, que se modifique la decisión en el “sentido de que el artículo 83 de la Ley 45 de 1990 debe aplicarse hasta el 3 de agosto de 1999 y a partir de la fecha anotada debe aplicarse el parágrafo del artículo 111 de la Ley de 510 de 1999”.

Consideraciones

1. La condena que se impuso a la sociedad demandada de pagar, a “título de intereses moratorios”, calculados sobre el valor de la indemnización, a partir del 22 de noviembre de 1997, el “equivalente a la tasa máxima legal vigente que certifique la Superintendencia Bancaria”, obedece, seguramente, a que así fueron solicitados.

2. Si bien los aludidos réditos estaban autorizados para la época en que debía cumplirse por la aseguradora el pago el siniestro, inclusive para la fecha de presentación de la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, el tribunal no percató que en la época de la sentencia, la aludida disposición había sido derogada por el parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999.

Con tal proceder, es indudable que el tribunal aplicó como absoluto el principio sobre que “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”, contenido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, desconociendo que existen excepciones, como la prevista en el numeral 2º, ibídem, aplicable al caso, porque siendo los intereses moratorios una sanción por el incumplimiento de lo estipulado en el contrato, esa infracción corresponde castigarse “con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”.

Así lo ha explicado suficientemente la Corte en sentencias 51 de 2000 y 78 de 2002, entre otras, aclarando que si el aludido incumplimiento, como es el caso, “se inicia antes del tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena (el pago de intereses moratorios) deberá imponerse consultando una u otra ley, es decir, computando por separado los que se señalan en cada una de ellas para el período de su vigencia, e ilegal sería imponer la sanción en comento por todo el período de infracción con fundamento en una sola de ellas”.

3. El cargo en consecuencia resulta fundado, razón por la cual en el punto el fallo del tribunal debe ser casado.

Sentencia sustitutiva

1. Como la decisión a proferir se proyecta únicamente en lo relativo a la condena al pago de intereses moratorios, contenida en el numeral cuarto de la parte dispositiva de dicho fallo, la Corte, como juzgador de instancia, debe limitarse a corregir el yerro advertido, reproduciendo las demás determinaciones, las cuales salieron airosas del ataque, lo mismo que la fecha en que debía pagarse el valor del siniestro, esta por no haber sido objeto de impugnación.

2. Más, sucedidas las infracciones en el tránsito de legislaciones, la aseguradora debe reconocer y pagar al demandante por concepto de interés moratorio, durante la vigencia del artículo 83 de la Ley 45 de 1990, la tasa máxima permitida, y a partir de la entrada en rigor del parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, uno igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria, aumentado en la mitad, hasta cuando se verifique el pago de la obligación, respetándose sí las fluctuaciones sucedidas en cada período y sin que en ninguno de ambos casos se pueda exceder el límite de la usura (Cfr. sent. mayo 30/96, CCXL-704).

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia de 22 de noviembre de 2000, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil de Descongestión, en el proceso ordinario de Robinson Trujillo Lozano contra la sociedad Aseguradora Solidaria de Colombia Limitada, y actuando en sede de instancia decide “REVOCAR la providencia objeto de censura”, y como consecuencia;

RESUELVE:

a) “1. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada, salvo la denominada al límite de la responsabilidad de la aseguradora se le disminuye el deducible pactado.

“2. Declárase contractualmente responsable a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia por la ocurrencia del siniestro del vehículo detallado en la póliza de seguros Nº 97180001553 de 970717.

“3. Condénase a la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia a pagar el valor de la indemnización, menos el deducible pactado, es decir, la suma de $ 58.500.000.

“4. Condénase a la demanda a reconocer sobre la suma indicada en el numeral tercero de esta parte resolutiva, a título de intereses moratorios”, desde el “22 de noviembre de 1997” y hasta que se produzca su pago, durante la vigencia del artículo 83 de la Ley 45 de 1990, la tasa máxima permitida, y a partir del parágrafo del artículo 111 de la Ley 510 de 1999, uno igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria, aumentado en la mitad, respetándose las fluctuaciones periódicas sucedidas y sin que en ninguno de los dos casos se pueda exceder el límite de la usura.

“5. Condénase en costas de la primera instancia a la sociedad demandada en un 90%. Tásense.

“6. Sin costas en esta instancia”.

b) Sin costas en casación frente a la prosperidad del recurso.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo pertinente.

Magistrados: Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno, en permiso—Cesar Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.

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