Sentencia 11005 de diciembre 12 de 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Betancur Jaramillo

Santafé de Bogotá, D.C., diciembre doce de mil novecientos noventa y seis.

Ref.: Exp. 11.005

Indemnizaciones

Actor: Beatriz Cárdenas de Valencia

Demandada: La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional

EXTRACTOS: «2. Los accidentes aéreos han sido manejados por la Sala dentro del régimen de la responsabilidad presunta, en el cual, para que nazca la obligación de reparación en la entidad demandada basta la demostración del daño y la relación de causalidad, debiendo aquélla, para exonerarse de responsabilidad acreditar el rompimiento del vínculo de causalidad mediante la prueba de alguno de los eventos contemplados en el artículo 1880 del Código de Comercio, en el cual está excluida expresamente la fuerza mayor. Tal posición jurisprudencial encuentra hoy pleno respaldo frente al artículo 90 de la Constitución Política que ordena al Estado indemnizar los daños antijurídicos que cause a los particulares.

Sobre este punto pueden consultarse, entre otras, las sentencias del 11 de octubre de 1991 (Exp. 6429, actor Fabio Eloy Aragón González, ponente, Carlos Betancur Jaramillo) del 27 de febrero de 1992 (Exp. 6798, actor: Mercedes León de Parada y otros, ponente, Dr. Daniel Suárez Hernández) y la del 10 de marzo de 1995 (Exp. 9628, actor Hernando Alberto Gómez, ponente Carlos Betancur Jaramillo).

En la primera de las sentencias citadas, cuya tesis fue modificada sólo en el sentido de precisarse el término de responsabilidad presunta en lugar del de falla presunta, se señala:

“Efectivamente como lo dice el a quo el teniente José Teoclístides Aragón Díaz pereció cuando estaba en ejecución de una actividad peligrosa (el manejo de un helicóptero de la fuerza aérea); actividad que hizo presumir la falla del servicio y que le permitió a sus damnificados limitarse a probar su muerte y la relación de causalidad que existió entre ésta y la actividad que cumplía”.

“Ha dicho la jurisprudencia que la falla del servicio puede ser presunta o no; dándose aquélla cuando, en razón de la actividad peligrosa que desempeña la administración en su provecho o beneficio, esa falla se presume; porque exigir lo contrario impondría a la persona que ha sufrido el perjuicio la demostración de una conducta irregular o por fuera de los cánones del buen servicio, la mayoría de las veces prácticamente imposible o muy difícil. Baste pensar en esa prueba cuando el vehículo, un avión por ejemplo, queda totalmente destrozado luego del accidente”.

Y en la segunda de las sentencias citadas, luego de hacerse un recuento acerca de las posiciones jurisprudenciales anteriores a la expedición el Código de Comercio, se señala:

“En estas condiciones se llegó a la actual posición legislativa y jurisprudencial, derivadas de los artículos 1003 y 1880 del estatuto comercial, según los cuales el transportador aeronáutico responde por el daño ocasionado en caso de muerte o lesión del pasajero, para lo cual sólo se requiere demostrar que el hecho que lo causó se produjo a bordo de la aeronave o durante cualesquiera de las operaciones de embarque o desembarque, a excepción de aquellos casos en los que el transportador compruebe que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue imposible tomarlas y, de otra parte, que los daños sucedieron por obra de un tercero, por culpa del pasajero o por enfermedad de éste no agravada por hechos atribuibles al transportador, según lo consagra el artículo 1003 del citado ordenamiento. Se consagró así la presunción de culpa del transportador aéreo y se le impidió alegar a su favor la fuerza mayor como excluyente de responsabilidad, por cuanto el artículo 1880 del Código de Comercio, al consagrar las causales de exoneración del artículo ibídem, expresamente omitió relacionar la fuerza mayor”.

“Ahora bien, sin desconocer que en el caso bajo estudio no se dio en forma expresa un contrato remunerado de transporte entre el Estado y los pasajeros del vuelo accidentado, porque dicha relación se había constituido con la empresa o empresas comerciales que se encontraban laboralmente inactivas, en tales condiciones podría estudiarse bajo el enfoque de un transporte benévolo o gratuito no necesariamente enmarcado en el plano contractual, pues conforme lo establece el artículo 995 del Código de Comercio, “el transporte benévolo o gratuito no se tendrá como contrato mercantil sino cuando sea accesorio de un acto de comercio”, accesoriedad que no se presenta en el sub judice, donde lo que ciertamente se dio fue la prestación por parte de la Fuerza Aérea Colombiana de un servicio público de transporte legalmente establecido”.

“Conforme a lo anterior y si se maneja la situación bajo la óptica del transporte benévolo o gratuito, porque, se repite, entre el transportador y la pasajera no se dio ningún contrato de transporte, bien podía reclamar los actores la responsabilidad extracontractual de la demandada mediante el ejercicio de la acción de reparación directa, con el respaldo complementario de las disposiciones del Código de Comercio. Agrégase a lo anterior que el artículo 1006 del mismo estatuto autoriza el ejercicio de la acción contractual, y la extracontractual en forma separada o continua, condicionado tal ejercicio a que no se acumulen dichas acciones en un mismo proceso”.

3. En el sub judice, estando probado el daño y su relación de causalidad con la actividad de la administración, ni se alegó y menos se acreditó alguna de dichas circunstancias; por el contrario, tal como lo señaló el a quo, con las pruebas del expediente lo que se acreditó fue la existencia de falla en el servicio como causante del accidente, pues los informes técnicos evidencian que el helicóptero emprendió el viaje en condiciones meteorológicas adversas y por lo tanto imprudentes y sin que mediara un adecuado mantenimiento.

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