Sentencia 1107 de noviembre 1º de 1994 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES PARA SER ELEGIDO CONGRESISTA

LA DESTITUCIÓN DE UN CARGO COMO CAUSAL

EXTRACTOS: «El acto administrativo mediante el cual la gobernación de Cundinamarca, a través del Decreto 00295 de febrero 15 de 1994, impuso al demandado, a solicitud de la Procu-raduría tercera delegada para la vigilancia administrativa, la sanción de destitución del cargo de alcalde de Soacha y como consecuencia de ella lo inhabilitó “para el desempeño de funciones públicas” por el término de un año, no tiene ni por su origen, ni por su naturaleza la condición de una decisión judicial, que, por tal razón, pueda considerarse como un impedimento jurídicamente viable para limitar el ejercicio de la ciudadanía en los términos del artículo 98 de la Carta Política. Por tanto no es aceptable, por este aspecto, la solicitud de nulidad impe-trada por la parte actora.

Pero si lo anterior es cierto, también lo es que la prohibición contenida en el artículo 17 de la Ley 13 de 1984 y calificada por el legislador como inhabilidad, invocada por la parte coadyuvante como causal de nulidad en referencia con el artículo 228 del CCA, fue expedida con el fin, entre otros objetivos, de asegurar a la sociedad la moralización pública como instrumento eficaz para lograr que la función estatal, en todas las ramas del poder y a todos los niveles, sea ejercida por personas intachables que exhiban una hoja de vida sin antecedentes penales y disciplinarios que los inhabilite para el desempeño de cualquier función estatal; y que asegure al ente social que el servicio que han de prestar los llamados o elegidos para un cargo oficial, se ciña a los postulados éticos que exige el buen servicio público.

Si bien la inhabilidad invocada se encuentra incorporada dentro del texto de una ley (la 13 de 1984) que regula la administración del personal civil y demás personas que prestan su servicio en la rama ejecutiva del poder público, es innegable el alcance universal de su contenido ético, claramente expresado en su artículo primero, dirigido a garantizar a la sociedad, toda ella sin limitación alguna, la moralidad y eficacia en la prestación del servicio; y esta finalidad de incuestionable alcance general por la índole de la materia que regula, no puede restringirse para excluir de sus fines y objetivos a individuos y grupos que por no pertenecer a la rama ejecutiva del poder público, estarían exceptuados de esta limitación erigiéndose de esta inusual forma en una casta de privilegiados cubierta con el manto protector de la impunidad.

La actividad del hombre dentro del Estado de derecho, democrático y civilizado, se encuentra enmarcada y dirigida por un conjunto de normas de contenido ético que caracterizan el comportamiento universal de la sociedad y se identifican con la moral social para regular el orden jurídico de un país. Este conjunto de preceptos tiene su origen en el pueblo, que es el depositario de la soberanía, y en la medida en que van siendo incorporados al ordenamiento legal positivo o van llenando los vacíos que la ley no regula, se tornan obligatorios de una manera general, no sólo por su especial contenido ético, sino porque se convierten en normas de interés público que, por serlo, prevalecen y se imponen sobre las de naturaleza individual o de grupo.

Desde ese punto de vista, la aplicación de esta clase de preceptos se hace imperativa para todos los hombres por igual, sin distinciones ni odiosas discriminaciones.

Lo anterior nos está indicando que teniendo el artículo 17 de la Ley 13 de 1984 una innegable finalidad de interés público dirigido a evitar que el servidor del Estado sancionado con la destitución pueda ejercer, dentro de cierto tiempo, una nueva función pública, su prohibición debe extenderse al ejercicio de toda clase de cargos, servicios y dignidades y con mayor razón a los que se accede en virtud de la confianza otorgada por el pueblo mediante el sufragio.

Más allá de considerar que los candidatos a congresistas gozan por este hecho de un fuero especial, como parece sugerir el interviniente Omar Hernán Benavides Calderón sin razón valedera para ello, es necesario tener en cuenta que quienes aspiran a un cargo público y al ejercicio del poder político deben estar libres de todo impedimento y que las sanciones disciplinarias cuando traen anejas la prohibición del ejercicio de la función pública, impiden el nombramiento y la elección y, por ende, el desempeño de toda actividad en los diversos cargos de las ramas del poder público.

Ahora bien, si por virtud de lo dispuesto en el artículo 228 del CCA la jurisdicción contencioso administrativa puede declarar la nulidad de un acto de elección cuando el candidato tenga un impedimento para ser elegido, no queda duda de que la sanción impuesta al señor Fernando Ramírez Vásquez, impidiéndole ejercer funciones públicas por el lapso de un año, es razón suficiente para anular su elección como representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca para el período 1994-1998 declarada en el acta E-26 del 18 de marzo de 1994, y para cancelar su credencial.

En conclusión, estando el doctor Fernando Ramírez Vásquez imposibilitado por ley —art. 17 de la Ley 13 de 1984— para ejercer por un año toda función pública en virtud de la sanción de destitución que le fue impuesta, y siendo la actividad de congresista una de las más importantes y calificadas funciones públicas, su elección bajo tales parámetros resulta inválida a la luz de lo establecido en el artículo 228 del CCA, por hallarse impedido para ser elegido como representante a la Cámara.

No está la Sala de acuerdo con el planteamiento del demandado respecto a que solamente pueden considerarse como causales de inhabilidad las contenidas en el artículo 179 de la Constitución, reproducidas a su vez en el ar-tículo 280 de la Ley 5ª de 1992.

El régimen de inhabilidades de los congresistas, si bien tuvo un desarrollo más preciso, armónico y drástico dentro de la reforma constitucional de 1991, no descartó y menos prohibió el establecimiento y vigencia de causales de origen legal que como la establecida en el ar-tículo 17 de la Ley 13 de 1984 no son contrarias a la Carta sino que por el contrario contribuyen a que la finalidad moralizadora, que por este aspecto la caracteriza, pueda tener un efectivo y amplio desarrollo para bien de la sociedad y saneamiento de las costumbres parlamentarias.

Tan cierto es que el régimen de inhabilidades no se halla limitado a sólo las causales constitucionales contenidas en el artículo 179 de la Constitución Nacional, que éstas fueron reproducidas en la Ley 5ª de 1992, y en el Acto Legislativo Nº 3 de diciembre 15 de 1993 parágrafo 1º de su artículo 2º se hizo expresa referencia a su existencia legal haciéndolas extensivas a quienes como candidatos no elegidos deban asumir las funciones de los miembros electos de las corporaciones públicas durante sus faltas absolutas y temporales. Luego es la misma Constitución la que explícitamente admite tanto la existencia de las inhabilidades de origen legal como su aplicación a los congresistas. Por lo mismo es lógico concluir que la causal consagrada en el artículo 17 de la Ley 13 de 1984, no incompatible con las establecidas en la Constitución, puede ser reconocida como fuente de impedimento para anular la elección del doctor Fernando Ramírez Vásquez como representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca para el período constitucional 1994-1998, pues para la época en que fue elegido como tal estaba vigente la prohibición que le impedía ejercer funciones públicas.

Así las cosas, la vacancia que produce la declaratoria de nulidad debe ser provista en la forma como lo disponen los artículos 134 y 261 de la Constitución Política, modificados por el artículo 1º del Acto Legislativo Nº 03 de 15 de diciembre de 1993, en concordancia con el ar-tículo 274 de la Ley 5ª de 1992».

(Sentencia de noviembre 1º de 1994. Expediente 1107. Consejero Ponente: Dr. Miguel Viana Patiño).

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