Sentencia 11090 de noviembre 22 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FALLA DEL SERVICIO DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS

CASO EN QUE LA FALLA NO ES LA CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO

EXTRACTOS: «1. Se encuentra acreditado en el expediente que el menor Cristian Eduardo Gómez Pulgarín falleció el 8 de agosto de 1992, en el municipio de Flandes, Tolima por “politraumatismo por caída de gran altura”, según consta en el registro civil de defunción (fl. 7, c. 1).

El menor falleció mientras desarrollaba una práctica de paracaidismo deportivo con la escuela Aguilas Doradas, que utilizó para la realización de la misma la aeronave de matrícula HK-1105, de propiedad de la empresa Aeroexpreso La Frontera Ltda, al mando del piloto Richard Enrique Bayter Cifuentes. Estos hechos fueron aceptados por ambas partes sin discusión.

II. La parte demandante pretende derivar la responsabilidad de la Nación por las fallas del servicio del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, DAAC, que en su criterio consistieron en: a) permitir que la escuela de paracaidismo referida dictara cursos sin licencia; b) no ejercer un adecuado control de la práctica del paracaidismo deportivo y c) no impedir la realización del vuelo en el que viajaba el menor, a pesar de que la empresa aérea no contaba con la correspondiente autorización. También señala que en la última omisión incurrieron además los agentes de la policía que prestaban sus servicios de vigilancia en el aeropuerto de Flandes en esa fecha.

Por su parte, la entidad demandada se opuso a las pretensiones argumentando que el hecho no les es imputable, ya que la muerte del menor se produjo por mal ajuste de las bandas elásticas del paracaídas y la Aeronáutica Civil no tenía el deber legal ni reglamentario de vigilar ese hecho, pues su función es la mantener y controlar la seguridad en vuelo de las aeronaves, y en relación con la actividad deportiva, reglamentarla de manera general e imponer las sanciones correspondientes a quien desconozca tales regulaciones.

III. Para establecer si se produjo o no la falla del servicio aducida por los demandantes, debe precisarse en primer lugar cuál es la responsabilidad del Estado en relación con la práctica de dicho deporte.

Los artículos 1782, 1790, 1901, 1815 y 1873 del Código de Comercio establecen el deber de la autoridad aeronáutica de reglamentar la navegación aérea y en especial, determinar los requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves; dictar las normas de operación y mantenimiento de las mismas; determinar las funciones que deba cumplir el personal aeronáutico; las condiciones y requisitos necesarios para su ejercicio y la expedición de las licencias respectivas; clasificar los aeródromos y determinar los requisitos que éstos deben cumplir, de acuerdo con la reglamentación internacional; clasificar los servicios aéreos, los explotadores y las rutas y señalar las condiciones para obtener los respectivos permisos de operación.

Con fundamento en esas disposiciones, el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil expidió la Resolución 2450 de 1974 o manual de reglamentos aeronáuticos, el cual estaba vigente a la fecha de los hechos. De este acto se destacan las disposiciones pertinentes para la solución de la controversia:

1. En la parte segunda, capítulo I de dicho acto se dispuso que los alumnos, los paracaidistas y los instructores de paracaidismo deportivo requerían licencia técnica para el ejercicio de su actividad, la cual debía ser expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica, a solicitud de los interesados y previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

“2.5.6. Paracaidista deportivo

2.5.6.1. Alumno paracaidista deportivo requisitos.

a) Tener una edad mínima de diez y ocho (18) años. Los solicitantes menores de edad, deben presentar autorización escrita y autenticada de sus padres o tutores legales.

b) Presentar certificado sobre instrucción en tierra de:

1. Conocimientos de los diferentes, tipos de paracaídas, su operación y funcionamiento.

2. Manejo en tierra, doblaje y empaque de paracaídas.

3. Teoría del salto automático.

4. Técnicas de emergencia y reglas de seguridad.

5. Conocimientos generales del estado del tiempo y elementos meteorológicos.

2.5.6.2. Paracaidista deportivo - requisitos.

a) Los mismos requisitos exigidos en los puntos 1 y 2 para la licencia de alumno paracaidista deportivo.

b) Presentar certificado de la entidad autorizada en la especialidad en la que conste que el aspirante ha efectuado:

1. Siete saltos con dispositivo automático.

2. Saltos con apertura manual.

3. Un salto con uso de paracaídas auxiliar.

c) Requisitos psico-físicos: Certificado médico de tercera clase.

2.5.6.3. Instructor de paracaidista deportivo - requisitos.

a) Ser titular de la licencia de paracaidista deportivo.

b) Comprobar una experiencia de cincuenta (50) saltos con apertura manual.

c) Tener certificado médico vigente (fls. 174-175, c. 5)”.

2. En cuanto a la autoridad y responsabilidad del piloto al mando, el mismo manual señala que éste es responsable de la operación y seguridad de la aeronave y tanto los miembros de la tripulación como los pasajeros están sujetos a su autoridad (num. 4.1.1.2, fl. 269, c. 5).

3. Sobre los requisitos generales de despacho de aeronaves se señala que ningún vuelo debe ser autorizado sin el visto bueno de una oficina o centro de despacho, debidamente aprobado (num. 4.2.9.5, a, fl. 352, c. 5).

4. En la parte quinta del manual sobre “reglamento del aire” se señala que salvo en casos de emergencia, no se harán descensos en paracaídas sin la autorización previa del departamento (num. 5.4.5., fl. 449, c. 5).

5. En la sección segunda del capítulo VI de la parte cuarta del manual, se contemplan las disposiciones que regulan los aerocubles, en relación con los cuales se señala que su operación en el país se sujetará a las normas técnicas contempladas en dicha sección en la parte tercera y en las demás regulaciones concordantes (nums. 4.6.2.1. a 4.6.3.0., fls. 404-407, c. 5).

En dichas disposiciones se prevé que ningún aeroclub podrá organizar, dirigir o fomentar actividades de carácter turístico, deportivo o de enseñanza si no dispone del correspondiente permiso de operación expedido por el departamento, previo cumplimiento de los requisitos. Dicho permiso deberá contener de manera específica la actividad que se autoriza, así como las restricciones y recomendaciones del caso y sólo podrán ejercer aquella actividad que expresamente esté consignada en él. De igual manera, los aerocubles deben organizar estadísticas de horas de vuelo de pilotos y aeronaves.

6. Se establece además que la actividad de paracaidismo deportivo solamente podrá ser ejercida en aerocubles o por personas que se constituyan como tales para este propósito; su ejercicio y el de toda actividad relacionada, entendida como tal la desarrollada en aerocubles con el fin de utilizar para el descenso desde aeronaves en vuelo el dispositivo llamado paracaídas con propósitos deportivos, se sujetará a las siguientes disposiciones:

“a) Los saltos en paracaídas efectuados por razones de emergencia no son considerados como actividad de paracaidismos deportivo.

b) Ningún alumno de escuela autorizada para tal efecto, podrá efectuar saltos con apertura manual sin antes haber efectuado, por lo menos cinco saltos con apertura automática controlados por un instructor.

c) las aeronaves utilizadas para las prácticas de saltos, deben ser acondicionadas de tal manera que sean aptas la clase de salto que se vaya a efectuar.

d) Cada persona que vaya a efectuar un salto, debe ir provista de un paracaídas principal y uno auxiliar, los dos de tipo aprobado, y vestir overol apropiado, botas y casco protector.

e) Los interesados, deben demostrar que cuentan con las instalaciones apropiadas y los demás medios para la revisión, doblaje y empaque de cada paracaídas después de haber sido usado o cuando haya permanecido almacenados por períodos mayores de cuarenta y cinco (45) días.

f) Los aerocubles o grupos asociados de personas interesadas en desarrollar actividades de paracaidismo deportivo, demostrarán que cuentan con instructor licenciado en la especialidad.

g) Las solicitudes para autorizaciones de saltos en paracaídas, deben contener la siguiente información:

1. Fecha y hora de la iniciación de salto o saltos.

2. Ubicación y sitio del salto o saltos o zona de caída, con relación a la ciudad o aeródromo escogidos.

3. Identificación de la aeronave o aeronaves que van a utilizarse para efectuar el salto.

4. Altura sobre el terreno desde la cual se va a efectuar el salto.

5. Nombre, licencia y dirección completa del solicitante o solicitantes.

6. Frecuencias de radio de la aeronave o aeronaves.

h) Ninguna persona efectuará salto en paracaídas y ningún piloto el mando podrá permitirlo, si no tiene la correspondiente licencia.

i) Toda persona, antes de efectuar su primer salto debe poseer la licencia de alumno paracaidista, como mínimo.

j) La altura mínima de apertura del paracaídas, no deberá ser menor de 1000 pies (300) metros, sobre el terreno.

k) Antes de efectuar una práctica de saltos, debe verificarse la dirección y velocidad del viento, tanto en la altura como en la superficie. La velocidad del viento no debe ser mayor de:

1. Alumnos: de 6 a 10 nudos.

2. Paracaidistas: de 10 a 15 nudos.

l) Las zonas de práctica deben ser aprobadas previamente por el departamento y estar libres de obstáculos dentro de un radio mínimo de:

1. 500 metros, para alumnos.

2. 300 metros, para paracaídas licenciados.

3. 200 metros, para instructores licenciados.

m) No se efectuarán saltos en paracaídas, dentro de nubes o formaciones de ellas.

n) Las altitud máxima para saltos sin equipo de oxígeno, será de 14.000 pies (4.270 metros) sobre el nivel del mar.

o) No se efectuarán saltos en paracaídas, sobre o dentro de zonas prohibidas o restringidas, si no se está plenamente autorizado por la autoridad correspondiente de control de la zona.

p) No se efectuarán saltos e paracaídas, sobre o dentro de una zona congestionada en la ciudad, población o reunión de personas al aire libre sin el correspondiente permiso del departamento, el que debe haberse solicitado y expedido con anterioridad de veinticuatro (24) horas hábiles”. (num. 4.6.2.10, págs. 405-406, c. 5).

En síntesis, de las disposiciones citadas se deduce que para el ejercicio de todas las actividades relacionadas con la aviación, que incluye las prácticas de paracaidismo deportivo, se requiere de licencia expedida por el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil. De igual manera, los vuelos que vayan a realizarse deben ser autorizados por una oficina facultada para tal efecto.

IV. Como se señaló antes, no se discute en el proceso que el día 8 de agosto de 1992, despegó del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, Tolima, la aeronave HK-1105 de propiedad de la empresa Aeroexpreso La Frontera, al mando del piloto Richard Bayter Cifuentes, con el fin de realizar una práctica de paracaidismo en la que participaron el menor Cristian Eduardo Gómez Pulgarín y el instructor Héctor Alirio Forero Quintero.

En relación con las licencias y autorizaciones requeridas de acuerdo con la ley y el reglamento citado, obran en el proceso las siguientes pruebas:

(...).

En síntesis, se advierte que para la práctica de paracaidismo deportivo en la cual perdió la vida el menor Cristian Eduardo Gómez Pulgarín, el instructor, el piloto y el controlador de vuelo contaban con las respectivas licencias expedidas por el DAAC; la empresa de aviación tenía permiso de operación; la escuela de paracaidismo Aguilas Doradas había recibido reconocimiento deportivo de la junta administradora seccional de deportes de Cundinamarca; pero ni la escuela de paracaidismo ni el menor poseían licencia del DAAC, para la práctica del deporte y la dirección general de operaciones no había concedido autorización a la escuela ni a la empresa de aviación para efectuar entrenamientos o prácticas de paracaidismo, en la fecha de los hechos.

Sin embargo, a pesar de carecer de las licencias y autorizaciones referidas, ni el controlador ni ninguna otra autoridad aeronáutica o policiva impidieron la realización de dicho vuelo que partió del aeropuerto Santiago Vila del municipio de Flandes (Tolima) el 8 de agosto de 1992, con el fin de que el menor Cristian Eduardo Gómez realizara la práctica de paracaidismo en la cual perdió la vida, por lo cual hay lugar a considerar que la entidad demandada incurrió en la falla del servicio que señalan los demandantes.

V. En relación con las circunstancias en las cuales se produjo el accidente, obran en el expediente las siguientes pruebas:

1. El informe sobre el accidente de paracaidismo (fl. 1-14, c. 2), presentado por la comisión investigadora del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, señala:

(...).

En síntesis, el informe señala que la escuela de paracaidismo no contaba con el permiso de operación que expide el DAAC, el menor no cumplía con los requisitos exigidos en el manual de reglamentos aeronáuticos, a pesar de contar con autorización sin autenticar de uno de sus padres; el empacador de los paracaídas de la escuela Aguilas Doradas y quien empacó por últimas vez el paracaídas con el que saltó el menor Cristian E. Gómez P., no poseía licencia que lo acreditara como tal y que en ningún momento el piloto, el controlador de turno ni el instructor de paracaidismo informaron del accidente a la división de seguridad aérea del DAAC.

Finalmente se afirma que se pudo observar en el video que las bandas elásticas del lado izquierdo y derecho del paracaídas que utilizó el menor que resultó muerto, estaban sujetando la misma tapa, lo que constituye una falla mortal.

2. En el acta 3 de la división de seguridad aérea del DAAC, los miembros de la comisión constituida para investigar las causas del accidente e integrada por expertos de la FAC y del DAAC, establecieron que el paracaídas principal que utilizó el menor Cristian Gómez no hizo su apertura normal o no se abrió por encontrarse la tapa derecha asegurada con los broches de los elásticos del lado izquierdo constituyendo una falta moral, emergencia que se hubiera podido superar si el menor hubiera operando el paracaídas de reserva (fls. 20-22, c. 2).

3. Mediante la Resolución 13696 del 10 de diciembre de 1992 el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil resolvió sancionar a la Escuela de Paracaidismo deportivo Aguilas Doradas Ltda, con multa de cinco mil salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a esa fecha a diez millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos (fls. 23 y 24, c. 4).

(...).

De las pruebas que se acaban de citar puede concluirse que la causa del accidente estuvo asociada o fallas en el cierre del paracaídas, a la inmadurez sicológica o a la insuficiente instrucción brindada al menor que le impidió sortear con pericia la emergencia y abrir el paracaídas de reserva.

VI. De conformidad con el artículo 90 de la Constitución “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.

La imputación es el elemento de la responsabilidad que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En el caso concreto puede concluirse que si bien las autoridades aeronáuticas incurrieron en una falla del servicio al no ejercer un control eficaz sobre la autorización del vuelo, la muerte del menor Cristian Eduardo Gómez Pulgarín no fue el resultado de esa falla y por lo tanto, el daño no le es imputable al Estado.

En efecto, es claro que las más elementales normas de seguridad enseñan que la práctica del paracaidismo deportivo y de la aviación en general, de la cual el primero necesariamente depende, deben estar debidamente controlados para proteger la vida no sólo de los deportistas sino también de pasajeros y tripulantes.

También es cierto que en el manual de reglamentos aeronáuticos se establece que toda persona antes de realizar su primer salto debe contar con la respectiva licencia y que de no tenerla ningún piloto al mando podrá permitir el salto, prohibición que rige en todo el territorio nacional y para cuya violación se prevén sanciones. De igual forma se sanciona el no informar al departamento de manera inmediata la ocurrencia de accidentes o incidentes de los cuales se tenga conocimiento (nums. 4.6.2.10., lit. h, y 7.4.3., lits. e y g).

Constituye también una infracción ordenar al comandante o piloto actos que impliquen violación de los reglamentos y disposiciones impartidas por el departamento siempre y cuando se pongan en peligro la seguridad de la aeronave, la propia y la de terceros y realizar vuelos de demostración, pruebas técnicas o vuelos de instrucción sin el permiso correspondiente (nums. 7.4.3., lit. e y 7.4.4. lit. ñ).

En consecuencia, no hay duda que en el caso concreto la entidad demandada a través de sus agentes incurrió en una falla del servicio por omisión de sus deberes de control de la aviación y en particular, sobre la realización de vuelos para la práctica de paracaidismo deportivo.

Ahora bien, el resultado, en este caso la muerte del menor Cristian Eduardo Gómez Pulgarín, se produjo cuando intentó su primer salto de paracaidismo deportivo, en un vuelo particular autorizado irregularmente por el controlador aéreo del aeropuerto de Flandes-Tolima, quien al igual que el piloto no verificaron los permisos y autorizaciones respectivas.

El problema fundamental que debe resolverse ahora es si entre el resultado —la muerte del menor— y la falta de control sobre el despacho del vuelo existe un vínculo que permita imputarle al Estado ese hecho o si el mismo es sólo atribuible a los particulares que intervinieron en la práctica deportiva.

En relación con el problema de la causalidad se han elaborado en la doctrina varias de las teorías, de las cuales se destacan las más utilizadas por la jurisprudencia. La primera, denominada equivalencia de las condiciones, según la cual todos los factores determinantes en la realización de un resultado tienen la misma importancia, pues sólo la conjunción de tales factores lo hace posible y la segunda, denominada teoría de la causalidad adecuada o eficiente, de acuerdo con la cual la causa jurídicamente relevante de un hecho la constituye sólo el evento que suprimido mentalmente conduce a la desaparición del resultado.

En consecuencia, en términos de la teoría de la equivalencia de las condiciones, un comportamiento constitutivo de falla del servicio es causa del daño, en todo evento en el que ella esté presente como parte del conjunto de condiciones que intervinieron en su realización; en tanto que de acuerdo con la teoría de la causalidad adecuada o eficiente, sólo será causa del daño, la falla del servicio que se realiza en el resultado, esto es, la falla que al ser teóricamente suprimida, hace imposible explicar el resultado jurídicamente relevante.

La primera teoría ha sido rechazada por la jurisprudencia ya que no resulta útil para establecer en casos concretos a quién puede atribuirse la comisión de un hecho, pues por ejemplo, en relación con un homicidio, desde el punto de vista causal es tan relevante la conducta de quien causa la lesión como de aquel que fabricó el arma o la vendió y aun de los mismos padres del homicida que le dieron vida.

Por el contrario, la teoría de la causalidad eficiente tiene mayor acogida, especialmente en los eventos en los cuales se conoce la causa inmediata del hecho, pues en estas condiciones es posible realizar el ejercicio teórico de suprimirla para establecer cuál es la relevancia jurídica de las demás causas que intervinieron en su realización.

En el caso concreto, aplicando esta última teoría, si hipotéticamente se suprimiera la conducta omisiva de los funcionarios competentes del Departamento Administrativo de Aeronaútica Civil y en su lugar se supusiera que éstos luego de exigir las licencias reglamentarias, concedieron la autorización requerida para la realización del vuelo, el daño también se hubiera producido, ya que la causa del mismo no fue la falta de esa autorización.

Sin embargo, no es posible suprimir el incorrecto doblaje del paracaídas o la deficiencia en la instrucción brindada al menor, o su inmadurez sicológica para enfrentar situaciones de gran riesgo, que fueron las circunstancias que le impidieron accionar el paracaídas de emergencia, para explicar la muerte del menor Cristian Eduardo, tal como se desprende de las conclusiones del informe de accidente presentado por la comisión investigadora del DAAC que se transcribió con el numeral VI de esta providencia.

En este orden de ideas, aunque las autoridades aeronáuticas incurrieron en falla del servicio por no impedir el despegue de un vuelo no autorizado, esa falla no explica el resultado, pues el vuelo hubiera podido despegar de una pista no sometida a control y vigilancia. Es más, el vuelo hubiera podido contar con todas las autorizaciones y los particulares comprometidos en la práctica deportiva contar con todas las licencias exigidas y el resultado seguiría siendo posible, pues lo que produjo el accidente no fue la falta de control de dicho vuelo sino del doblaje del paracaídas, error que no es atribuible a la entidad demandada, pues no le correspondía a ésta verificar tal hecho sino a los particulares encargados de la práctica.

En consecuencia, la falla del servicio no fue causa eficiente en la producción del daño, pues con ella o sin ella el mismo se hubiera producido. Por la tanto, dicho daño no es atribuible a la entidad demandada.

Es claro que el problema de la imputación no puede ser resuelto con un simple encadenamiento causal, como sucedería con apoyo en la teoría de la equivalencia de las condiciones, que en el pensamiento actual ha sido superada, como se señaló antes.

En conclusión, a pesar de que la entidad demandada tiene a su cargo el deber de dictar los reglamentos que rijan la actividad aeronáutica; de expedir las licencias a quienes cumplan los requisitos señalados en éstos para la práctica de la aviación y actividades conexas y de sancionar a quienes los desconozcan, estas circunstancias no la obligan a responder por todos los daños causados por los particulares que ejerzan dicha actividad sino sólo en cuanto la omisión o ineficiente ejercicio de sus funciones de inspección o vigilancia hubieran sido las causas eficientes de los daños y no solamente causas concurrentes en su producción.

VII. Considera la Sala, además, que el daño no es atribuible solamente a los particulares que intervinieron en la práctica de paracaidismo sino también a los padres del menor.

En efecto, en la demanda se afirmó que el señor Carlos Eduardo Gómez Suárez inscribió a su hijo menor Cristian Eduardo como alumno de la escuela de paracaidismo (fl. 17, c. 1). Afirmación que corroboró el mismo señor en la declaración de parte que rindió ante la Fiscalía (fls. 17-22, c. 3), en la cual agregó que se había decidido a matricular al menor en la escuela de paracaidismo porque allí le habían asegurado que a pesar de que se trataba de un deporte peligroso, con las debidas precauciones el riesgo se reducía a cero. Agregó que había firmado en la escuela un formato de autorización, con el que la madre del menor estuvo de acuerdo.

De igual manera, la señora Cielo Pulgarín Loaiza, madre del menor, al rendir declaración dentro del proceso penal (fls. 10-14), sostuvo que el menor fue inscrito en el curso de paracaidismo ya que el capitán de la academia aseguró que no era peligroso, que de la torcedura de un pie o una mano no pasaba y que como el niño era tan inteligente había asimilado muy bien los conceptos.

Debe advertirse que aunque para la fecha del accionante —8 de agosto de 1992—, Cristian Eduardo tenía 13 años de edad, pues nació el 2 de junio de 1979, según consta en el registro civil de su nacimiento (fl. 8, c. 12), el problema de la culpa debe estudiarse en relación con sus padres y no con aquél, toda vez que el límite de edad previsto en el artículo 2346 del Código Civil corresponde a la actividad del menor que causa el daño y no cuándo resulta ser víctima de éste (CSJ., sent., nov. 23/49).

En este orden de ideas, hay lugar a afirmar que la autorización dada por los padres para que su hijo de tan solo 13 años participara en un deporte de considerable riesgo, implicaba la asunción de dicho riesgo porque sin haber querido, obviamente, la realización del daño, aceptaron que se expusiera a éste.

Los doctrinantes Mazeaud-Tunc distingue entre el simple conocimiento de un riesgo potencial y la asunción de riesgos y concluyen que el primer evento no tiene ninguna incidencia sobre la responsabilidad del demandado, en tanto que en el segundo hay lugar a reducir esa responsabilidad. En todo caso, señalan, es necesario referirse al caso concreto para establecer en cuál de estas dos situaciones jurídicas se encuadra la conducta y considerar el momento histórico en el que se produzca el hecho, pues el desarrollo puede implicar que una actividad que antes era riesgosa deje de serlo después y citan algunos ejemplos:

“Al subir a un automóvil para efectuar un trayecto normal, se conocen los riesgos, sin aceptarlos; pero, ¿no se aceptan cuando se toma asiento en un automóvil de carreras cuyo conductor va a entregarse a pruebas de velocidad? Se conocen los riesgos cuando se toma asiento en ciertas "atracciones" de feria; ¿no se consiente en ellos cuando la "atracción" es sumamente peligrosa? Al jugar al tenis, se conocen los riesgos; se consienten los mismos cuando uno se entrega a un juego brutal y peligroso, como el boxeo, el rugby. Se conocen los riesgos de una intervención quirúrgica benigna, los de una radioscopia, los de un tratamiento radioterápico; se aceptan los de una operación peligrosa. Cuando se caza se conocen solamente los peligros corridos; ¿no son aceptados cuando se caza colocándose en un puesto peligroso? El ciclista que circula por una carretera conoce los riesgos de accidentes; ¿no consiente en el daño cuando se obstina en permanecer sobre su izquierda para impedir que lo adelante un automóvil? El que toma parte en una manifestación política conoce los riesgos de los tumultos, sin consentir en el daño; ¿no consiente en él cuando se trata de una manifestación violenta que sabe que debe chocar con las fuerzas de la policía? (1) ”.

(1) MAZEAUD-TUNC. “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual”. Buenos Aires, Ediciones jurídicas Europa-América, tomo segundo, volumen II, págs. 80-81.

Desde esta perspectiva puede considerarse que en el caso concreto por tratarse de un deporte de alto riesgo y en particular para un menor que por su edad no había alcanzado la madurez suficiente para afrontar situaciones de peligro, los padres del menor asumieron culposamente el riesgo al permitir que practicara dicho deporte.

VIII. El tribunal condenó en costas a la parte demandante. La Sala revocará el fallo en este aspecto, por considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 hay lugar a condenar en costas a la parte vencida, sólo en la medida en que su conducta sea temeraria porque no le asiste al demandar u oponerse “un fundamento razonable, o hay de su parte una injustificada falta de colaboración en el aporte o práctica de pruebas, o acude a la interposición de recursos con un interés meramente dilatorio”. En el caso concreto, si bien la parte demandante resultó vencida en el juicio, no incurrió en conductas dilatorias o temerarias como las señaladas, pues sin abuso del derecho trató de acreditar un hecho configurativo de responsabilidad del Estado. Asunto distinto es que a partir de la valoración de las pruebas recaudadas, se hayan negado sus pretensiones.

En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado porque el daño no es imputable al Estado, pero se revocará en lo relacionado con la condena en costas».

(Sentencia de noviembre 22 de 2001. Expediente 11.090. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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